Judicial
Munguía Payes confirma que sabía del uso excesivo de los testigos criteriados y de quejas de los mismos para ser obligados a mentir bajo amenazas de ser involucrados en crímenes durante la gestión de Douglas Meléndez
El Ministro de la Defensa, David Munguía Payes, hizo unas fuertes declaraciones recientemente a un medio nacional, en las que confirma claramente que el exfiscal Douglas Meléndez utilizó, excesivamente, y de manera poco transparente a muchos testigos criteriados en casos «sonados en nuestro país durante su gestión.
El ministro Payes se refirió a Meléndez como un hombre «mediático», que no creía que era corrupto, sin embargo que era obsesionado. Recordemos que el ministro tiene acceso a información de inteligencia de alto rango, por lo que sus palabras no pueden ni deberían ser tomadas a la ligera bajo ninguna circunstancia o pasar inadvertidas.
En el corto video, Payes dice que Douglas Meléndez fue un funcionario que condenaba a las personas mediáticamente, y en declaraciones más delicadas, se refirió al uso que éste hizo de los testigos criteriados: «También hizo uso excesivo de los testigos criteriados».
Yo tuve la mala experiencia de conocer algunos casos, que se fueron a quejar inclusive con nosotros, en donde los querían obligar a los testigos a decir cosas que no le constaban, bajo amenazas de que si no lo hacían los iban a involucrar en los crímenes
Ministro de Defensa, David Munguía Payes
El ministro aclaró que ante esas prácticas, claramente corruptas del exfiscal Meléndez, no podía estar de acuerdo con esos fiscales. No cabe duda que las declaraciones de Munguía Payes vienen a confirmar que durante la gestión de Douglas Meléndez el uso de testigos criteriados dejó muchas dudas y ahora están saliendo a la luz los verdaderos testimonios, en los que se confirma el sometimiento de los testigos para decir la versión que la fiscalía necesitaba, como se ha denunciado en distintos medios nacionales.
Diario Digital Cronio publicó el pasado 6 de marzo de este año, una Investigación especial denominada: Exfiscal Douglas Meléndez fabricó caso “Corruptela” obligando a seis testigos criteriados para que dieran testimonios falsos, la cuál hacía alusión a una denuncia de 17 páginas que puede traspapelarse fácilmente o pasar inadvertida para muchos, sin embargo, devela una posible trama de corrupción al interior de una de las principales instituciones públicas que combaten el delito, en la que un grupo de fiscales y personal administrativo fueron obligados a mentir, inventar testimonios y delitos para hundir a personas que posiblemente no eran del agrado del exfiscal Meléndez y así él (exfiscal) usar estos casos para hacer campaña mediática para su reelección al cargo.
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INVESTIGACIÓN / Exfiscal Douglas Meléndez fabricó caso “Corruptela” obligando a seis testigos criteriados para que dieran testimonios falsos
INVESTIGACIÓN PARTE II / Caso Corruptela utiliza testigos que, bajo amenaza, aceptan ser criteriados para contruir el proceso en beneficio de Douglas Meléndez
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
