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MIDES denuncia ante FGR a alcaldía de San Salvador por estafa agravada
Alcaldía de San Salvador genera otra crisis de basura por no pagar combustible y a empresa de servicio de góndolas
Carlos Miranda, Apoderado Judicial de la empresa MIDES, propietaria del Relleno Sanitario de Nejapa, informó que una nueva crisis de basura se avecina para la ciudad de San Salvador, luego que este martes los empleados de desechos sólidos dieran a conocer que por falta de pago a la empresa que provee de combustible diésel a los camiones recolectores de basura de la alcaldía capitalina, estos no fueron utilizados para el recorrido habitual.
En ese sentido, también dijo que la empresa que proporciona el servicio de las góndolas tampoco salió a trabajar, debido a que la comuna no les ha hecho efectivo el pago de varias facturas.
Según los empleados de la alcaldía de San Salvador, a la gasolinera se le deben seis meses del suministro de combustible.
“Los camiones no han salido a trabajar por falta de pago a proveedores de diésel. No se les ha pagado la factura desde hace seis meses y ahora los proveedores se han rehusado a dar combustible”, explicó uno de los trabajadores que realizó la denuncia.
Se dijo que los camiones se encuentran cargados con basura estacionados en la Planta de Transferencia Aragón y que no han podido depositar los desechos en las góndolas para que sean enviados a MIDES a su disposición final.
Este problema se genera a pocos días que la alcaldía de San Salvador recibiera parte de los 75 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda entrego en concepto de distribución de FODES a cada uno de los alcaldes para que puedan pagar el traslado de desechos sólidos, salarios y pago de proveedores, como también, en la emergencia que generó la tormenta Eta y ahora Iota.
Recientemente la capital se vio hundida de basura por el despido de trabajadores de desechos sólidos, y porque otros también reclaman el pago de los descuentos que les han realizado de AFP, ISSS, renta, Fondo Social para la Vivienda y de préstamos bancarios.
En su oportunidad los empleados de la alcaldía de San Salvador confirmaron que algunos fueron separaron de sus cargos porque el alcalde presuntamente ha firmado un contrato con una empresa colombiana para la recolección de la basura.
Por la aproximación de la tormenta tropical Iota, en conferencia de prensa de esta tarde la comisionada presidencial para Operaciones de Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, pidió a todos los alcaldes del país y en especial a Ernesto Muyshondt, que recojan la basura que se encuentra acumulada en las calles a fin de evitar inundaciones por las lluvias que se pueden originar en las próximas horas.
Tesorero de Ernesto Muyshondt denunciado por estafar con cheques sin fondos a empresa MIDES
La sociedad Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES SEM de C.V) interpuso una demanda por estafa agravada contra el tesorero de la alcaldía de San Salvador, Fernando Heriberto Portillo Linares, debido al incumplimiento de la comuna en el pago de la deuda derivada del servicio de disposición de desechos sólidos.
Según la denuncia, entre el 20 de marzo y el 20 de julio del presente año, la comuna libró a favor de la empresa, siete cheques sin fondos, que servirían para pagar una deuda por más de $1,373, 251, pero apenas honró con 100 mil dólares.
Linares ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de estafa agravada, “bajo la modalidad de cometimiento por medio de cheques sin provisión de fondos”, sostiene la empresa en un escrito entregado.
La parte acusadora señala que Portillo Linares se perfila como el principal autor de los hechos defraudatorios que serían constitutivos de los delitos de estafa agravada y actos arbitrarios, cometidos el primero en perjuicio de MIDES, S.E.M. DE C.V., y el segundo en perjuicio de la Administración Pública y subsidiariamente de MIDES, S.E.M. DE C.V.
Los apoderados legales de MIDES y la alcaldía de San Salvador dirigida por Ernesto Muyshondt, en su momento llegaron a un acuerdo para solventar la deuda existente de un millón 373 mil 251 dólares, si que ello generara intereses con por medio del plan de pago que acordaron en cuatro cuotas.
Se dijo que la alcaldía entregaría un primer abono de $370 mil 472 el 20 de marzo de 2020, un segundo de $368,751 el 31 de marzo y otro de $257,898 el 17 de abril, pero, llegada la fecha, incumple su compromiso y entrega hasta el 26 de marzo un primer cheque por $370,472 que no tenía fondos.
Ante la insistencia de la empresa demandante, la comuna emite otros tres, uno por $100,000 y otros dos por $135,236.48 y $135,236.49 respectivamente, pero solo el primero tenía provisión de fondos.
Los reclamos continuaron y otros dos cheques por $135,236.48 librados a fecha 22 de mayo y 5 de junio de 2020 respectivamente, por la alcaldía de San Salvador, “no pudieron hacerse efectivos por insuficiencia de fondos”. La conducta delictiva se repitió con otros dos cheques por $135,236.48 el primero y por $135,236.49 el segundo, emitidos el 13 y el 20 de julio pasados.
“La conducta del tesorero municipal resulta más sospechosa, cuando en reiteradas ocasiones y públicamente el señor alcalde Municipal de San Salvador, Ernesto Luis Muyshondt García-Prieto ha manifestado que la AMSS nunca ha emitido cheques sin fondo a MIDES, S.E.M. DE C.V.”, señala el escrito presentado ante la FGR.
A esta situación se añade el hecho de que la alcaldía dirigida por Muyshondt ha comprometido “flujos futuros” de los ingresos municipales recolectados vía tasa de disposición de desechos sólidos, para el pago de una titularización, lo que viola la ley, sostiene la denuncia.
Afirma MIDES que el tesorero de la alcaldía de San Salvador “avala un uso indebido de la tasa municipal que fue creada única y exclusivamente para efectuar el pago del servicio de disposición final de los desechos sólidos”, desviando fondos que deberían garantizarle a los capitalinos que el dinero que pagan por el traslado de la basura al relleno sanitario no se utilice para otros fines.
La demandante afirma que la alcaldía de San Salvador ingresa una cantidad millonaria producto del cobro de tasas a los ciudadanos por disposición final y que solo entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2018 recaudó 16 millones 468 mil 648 dólares, según estableció el examen especial de la Corte de Cuentas, mientras que para ese mismo período MIDES solo facturó $1,939,353.87, quedándole a las arcas municipales casi $14.5 millones de excedente, por lo que no comprenden la aparente insolvencia financiera e incumplimiento en el pago de la disposición final de desechos sólidos.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
