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Judicial

“Los voy a buscar para matarlos”, últimas palabras de una víctima antes de ser asesinada en Sensuntepeque.

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“Los voy a buscar para matarlos”, le dijo supuestamente el ahora occiso. El amago fue debido a que los pandilleros le habían matado un hijo, así que movido por el resentimiento les dijo eso y empuñaba un arma corto punzante.

El pandillero que lo escuchó hablar le contó al “palabrero” alrededor de 15 días después de eso. Por ello, el marero ordenó una golpiza de dos minutos con puntapiés incluido, por el olvido.

“Algo podía pasar y uno sin darse cuenta, ni saber por qué”, le reclamó el jefe de la estructura al otro facineroso. Además, mencionó: “no podemos permitir que este señor nos amenace. La mara se respeta” y planificaron el homicidio para el 12 de agosto de 2017. Esto sucedió en un sector de Sensuntepeque.

Ahora los nueve implicados en la muerte de Manuel de Jesús Laínez Chávez están bajo detención provisional impuesta por el
Juzgado Especializado de Instrucción “C” por agrupaciones ilícitas y un homicidio agravado.

La jueza también autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) cuatro meses para que se profundice en las investigaciones. Además, la togada basó su resolución en que existen suficientes elementos para no otorgar otra medida.

Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de solicitar una audiencia especial de revisión de medidas y que la defensa presente los arraigos familiares laborales y domiciliares, como establece la Ley.

Según datos, los facinerosos operaban en Sensuntepeque, Cabañas y se dedicaban a planificar hechos delictivos; entre los cuales se menciona el homicidio de la persona antes referida. Los acusados son: Ever Alexander Pérez, Manuel de Jesús Romero Callejas, María Santos Cruz, José Domingo Villanueva Cruz, Joaquín Reynaldo Pereira Guevara, Salvador Noel Cruz Guevara, Santos Ernesto Alvarado Pineda, Carmen Elizabeth Alvarado Alvarado y José Manuel Castro.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron el pasado 24 de enero a los justiciables en el municipio ya referido. Dentro de 16 semanas se espera que la FGR presente el respectivo dictamen de acusación y luego realizar la audiencia preliminar.

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Condenan a 15 pandilleros de la MS-13 en San Miguel

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.

Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.

Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.

Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.

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Prisión para dos miembros de la pandilla 18 por extorsión en San Salvador

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.

Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.

El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.

Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.

Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.

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Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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