Judicial
Sujetos son condenados a 82 años de cárcel por secuestrar a madre e hija en Quezaltepeque: Exigían $15,000 a familiares
Set Mauricio Muñoz Sorto y Karen Lisseth Beltrán Velásquez fueron condenados a 82 y 4 años de cárcel respectivamente por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla por el delito de secuestro y otros ilícitos en perjuicio de las víctimas «Violeta» y «Dalia» por el que fueron sentenciados. En el caso de «Violeta» está desaparecida hasta hoy.
Muñoz Sorto fue sentenciado a:
- 3 años por el delito de tenencia y portación de arma de fuego
- 5 años y 4 meses por el delito de privación de libertad
- 14 años por dos robos a las dos víctimas
- 60 años por el secuestro
Mientras que, Beltrán Velásquez fue condenada a:
- 4 por privación de libertad
De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados secuestraron a las víctimas el 25 de enero del 2021, en el Cantón Primavera de Quezaltepeque, La Libertad. Dos días después de la desaparición de ambas víctimas (madre e hija), una mujer llamó a clave «Clavel» madre y abuela de las víctimas, a quien le exigieron $15,000 a cambio de entregar con vida a las mujeres.
Uno de los policías investigadores asignados al caso, relató ante el juez que ese día que clave «Clavel» recibió tres llamadas en la que le dijeron que primero entregarían a «Dalia2 en Metrocentro, en una segunda llamada les dijeron que en el parque Infantil y en la tercera, que finalmente sería en las afueras de la Panadería El Rosario, ubicada en la Alameda Juan Pablo Segundo.
En ese lugar rescataron a «Dalia» quien contó a los agentes que «una mujer vestida de pantalón negro y blusa roja la había ido a dejar a ese lugar». Luego del hecho realizaron un operativo de búsqueda, pero no fue localizada en ese momento.
El día del rescate, «Clavel» recibió otra llamada en la que pedían $15,000 por la libertad de «Violeta» y tras una negociación entregaron el dinero; sin embargo, la víctima no apareció.
El reporte detalla que, tras una negociación, el 21 de enero de este año, víctima «Clavel» llegó a un acuerdo con los secuestradores de recibir $3,000 a cambio de la libertad de la víctima, y a pesar realizaron el dinero por el rescate, la víctima aún no aparece.
Por este mismo caso también está involucrada una menor de edad que fue procesada y condenada en un tribunal de menores de Santa Tecla, ya que fue la responsable de negociar con la víctima para el pago del rescate de las víctimas.
Imagen de referencia
La Unidad Especializada de Delitos de Homicidio y Antipandillas, de la Fiscalía General de la República (FGR), logró condenar a 28 miembros de pandilla por los delitos de Proposición y Conspiración para cometer el delito de Homicidio. Los terroristas pertenecen a la pandilla Barrio 18 sureños y se encontraban recluidos en el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate, donde habrían cometido los ilícitos.
Según las investigaciones de la Fiscalía, al inicio del mes de abril del año 2019 los condenados comenzaron a planear el asesinato de cuatro miembros de la misma estructura criminal, bajo el supuesto de haber traicionado a dicha organización.
En horas de la tarde, del 12 de abril del año en mención, sin mediar palabra, los procesados comenzaron a golpear a las víctimas hasta asesinar a cuatro de ellas.
Las responsabilidades penales se dividen de la siguiente manera: Nueve pandilleros, líderes de rango medio, fueron condenados a 46 años de prisión por el delito de Proposición y Conspiración para cometer el delito de Homicidio. Mientras que diecinueve miembros de la pandilla fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de Homicidio.
El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana validó toda la prueba presentada por los fiscales, en la que resalta la prueba técnica y científica que ha logrado individualizar a cada implicado y la función que cumplió en los hechos acusados.
Judicial
Por poseer material pornográfico de menores en su celular es condenado a 10 años de prisión
Melvin Alexander Herrera González -miembro de la pandilla 18 sureños- alías “chilillo” fue sentenciado a 10 años de cárcel por poseer en su celular, material pornográfico de niñas menores de 15 años; las víctimas no han sido identificadas.
Según la representación fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA) de Zaragoza, Herrera Gonzáles fue detenido por orden judicial el 17 de septiembre de 2021, en la carretera El Litoral, a 200 metros aproximadamente del redondel Conchalío, del departamento de La Libertad, por el delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación y Robo Agravado; sin embargo, al momento de incautar su teléfono celular se encontró el material pornográfico.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, donde el juez valoró la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y lo delcaró culpable de los delitos de Utilización de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad en Pornografía a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (8 años de cárcel), y por la Adquisición o posesión de material Pornográfico de Niñas, Niños, Adolescentes o personas con discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (2 años de prisión).
Ana Silvia Vásquez Morán pasará sus próximos 15 años tras los barrotes de una prisión por haber recibido dinero a través de un depósito electrónico, que fue exigido con amenazas a muerte.
El fiscal del caso -que conforma el Grupo Antiextorsiones- demostró con diferentes pruebas que la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas desde el 25 de enero del año 2018, en las que le demandaron la entrega de mil dólares.
Al final, la víctima se comprometió con los extorsionistas a entregar $50 dólares de manera mensual.
El 9 de febrero del 2018 se concretó la entrega a través de los servicios electrónicos de una compañía telefónica, y fue depositado a nombre de la incriminada.
Después de las investigaciones pertinentes, la FGR giró la orden de captura contra Vásquez Morán, y posteriormente enfrentó un juicio en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, el cual la declaró responsable del delito de Extorsión Agravada.
