Judicial
Sujetos son condenados a 82 años de cárcel por secuestrar a madre e hija en Quezaltepeque: Exigían $15,000 a familiares
Set Mauricio Muñoz Sorto y Karen Lisseth Beltrán Velásquez fueron condenados a 82 y 4 años de cárcel respectivamente por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla por el delito de secuestro y otros ilícitos en perjuicio de las víctimas «Violeta» y «Dalia» por el que fueron sentenciados. En el caso de «Violeta» está desaparecida hasta hoy.
Muñoz Sorto fue sentenciado a:
- 3 años por el delito de tenencia y portación de arma de fuego
- 5 años y 4 meses por el delito de privación de libertad
- 14 años por dos robos a las dos víctimas
- 60 años por el secuestro
Mientras que, Beltrán Velásquez fue condenada a:
- 4 por privación de libertad
De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados secuestraron a las víctimas el 25 de enero del 2021, en el Cantón Primavera de Quezaltepeque, La Libertad. Dos días después de la desaparición de ambas víctimas (madre e hija), una mujer llamó a clave «Clavel» madre y abuela de las víctimas, a quien le exigieron $15,000 a cambio de entregar con vida a las mujeres.
Uno de los policías investigadores asignados al caso, relató ante el juez que ese día que clave «Clavel» recibió tres llamadas en la que le dijeron que primero entregarían a «Dalia2 en Metrocentro, en una segunda llamada les dijeron que en el parque Infantil y en la tercera, que finalmente sería en las afueras de la Panadería El Rosario, ubicada en la Alameda Juan Pablo Segundo.
En ese lugar rescataron a «Dalia» quien contó a los agentes que «una mujer vestida de pantalón negro y blusa roja la había ido a dejar a ese lugar». Luego del hecho realizaron un operativo de búsqueda, pero no fue localizada en ese momento.
El día del rescate, «Clavel» recibió otra llamada en la que pedían $15,000 por la libertad de «Violeta» y tras una negociación entregaron el dinero; sin embargo, la víctima no apareció.
El reporte detalla que, tras una negociación, el 21 de enero de este año, víctima «Clavel» llegó a un acuerdo con los secuestradores de recibir $3,000 a cambio de la libertad de la víctima, y a pesar realizaron el dinero por el rescate, la víctima aún no aparece.
Por este mismo caso también está involucrada una menor de edad que fue procesada y condenada en un tribunal de menores de Santa Tecla, ya que fue la responsable de negociar con la víctima para el pago del rescate de las víctimas.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
