Judicial
Presentan requerimiento de acusación contra hombres que calcinaron a motorista de transporte privado
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó al Juzgado Primero de Paz de Concepción Batres, Usulután, el requerimiento de acusación contra Miguel Ángel Martínez González, alías Zancudo, de 44 años; Ciro Alberto Rodezno González, de 36; José Rónal Lizama Martínez, de 28 y Ángel Antonio Gaitán Melara, de 20, por Homicidio Agravado y Daños Agravados.
La institución fiscal solicitó al Tribunal la detención provisional para los cuatro vinculados al caso.
La FGR les atribuye la planeación y ejecución del homicidio de un hombre el 26 de febrero de este año, en la calle a las Salinas, caserío La Zorra, cantón San Felipe, de Concepción Batres, Usulután.
A la víctima le dispararon y posteriormente fue calcinada en el interior de un vehículo tipo sedán, placas particulares P-696700. La identidad de la víctima será confirmada con el resultado del ADN, pero se presume que se trata de Sergio Bisael Centeno, de 36 años, quien trabajaba en una plataforma de transporte privado.
Los familiares de la víctima identificaron el vehículo y aseguraron a las autoridades policiales y fiscales que Centeno salió a hacer un viaje al mediodía -26 de febrero- y no supieron nada de él hasta el 27 de febrero que fue localizado el vehículo y el cuerpo calcinado.
La investigación preliminar establece que los cuatro hombres participaron directa e indirectamente en el crimen. Gaitán Melara se encargó de trasladar hasta el cantón Santa Lucia al usuario de la plataforma de transporte.
“Le hablaron a la víctima y le dijeron que lo iban a esperar en la carretera El Litoral -cantón Santa Lucia-, cuando llega (la víctima) le pide el usuario que le haga un viaje hasta la última casa del cantón San Felipe”, indicó el fiscal del caso.
Cuando la víctima ingresa a la calle principal del cantón en mención, los imputados Martínez González, Rodezno González y Lizama Martínez le dan seguimiento en un pick-up azul.
“Al llegar a la última casa del cantón, la víctima se percata que lo iba siguiendo, y cuando ve que zancudo se baja del pick-up, acelera el carro y le dan persecución aproximadamente 100 metros, pero por el tipo de calle ya no pudo seguir avanzado”, agregó el fiscal del caso.
Martínez González y Rodezno González se bajaron del pick-up , le dispararon dos veces cada uno a la víctima y posteriormente incendiaron el vehículo con el cuerpo en el interior.
La FGR incautó el vehículo en que los hechores se movilizaron para cometer el crimen y una motocicleta que utilizaron para actos preparatorios del homicidio, además cuentan con bitácoras de llamadas, entre otros.
La FGR descarta que los procesados sean miembros de pandillas.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
