Judicial
Presentan acusación contra diez cómplices del asesino de Chalchuapa
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes el requerimiento de acusación en contra de diez cómplices del asesino de Chalchuapa, Hugo Osorio, por los delitos de desaparición de personas y agrupaciones ilícitas por hechos cometidos en el municipio de Chalchuapa entre los años 2020 y 2021.
Según las investigaciones fiscales, todos los señalados tenían una organización criminal de cabecillas, ejecutores y colaboradores que cumplían funciones específicas para ocultar y desaparecer personas, de las cuales se estiman son 13 víctimas.
El escrito fue presentado este viernes en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana; la audiencia de imposición de medidas fue programada para que se desarrolle este sábado a las 9:00 de la mañana.
El pasado 8 de mayo la Policía Nacional Civil (PNC) recapturó a los señalados luego que el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Santa Ana ordenara su libertad.
Ante la decisión del tribunal, la Fiscalía giró nueva orden de captura para todos los señalados por agrupaciones ilícitas. Las investigaciones han determinado que existe una vinculación con Osorio, quien el 10 de junio de 2022 fue condenado a 70 años de cárcel por un doble homicidio de una mujer y su hija, cuyos cuerpos fueron encontrados en la vivienda del criminal, este hecho permitió encontra más cadáveres en la casa del asessino serial.
Acerca del autor
En una sorpresiva resolución, la Cámara Tercera de lo Penal ha revocado la medida de detención provisional impuesta al exalcalde capitalino, Ernesto Muyshondt.
Cabe mencionar que esta medida fue decretada en audiencia inicial por el juez Tercero de Paz de San Salvador, quien lo acusaba de apropiación indebida de retenciones tributarias.
Según la acusación, Muyshondt habría dejado de pagar al Ministerio de Hacienda importantes sumas correspondientes a los ingresos de la Dirección General de Desechos Sólidos durante su gestión como alcalde. Sin embargo, el tribunal superior ha decidido que el exfuncionario, quien se encuentra hospitalizado desde el 25 de julio en un centro asistencial privado, cumpla arresto domiciliario en lugar de la detención provisional.
La resolución de la Cámara también incluye un cambio de medida para el extesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares, quien deberá pagar una fianza de $10,000. Asimismo, se confirman las medidas sustitutivas decretadas a favor del director de Desechos Sólidos, Francisco José Rivera Chacón.
El caso se basa en la retención de impuestos sobre la renta por un monto de $275,145.31, que con multas e intereses aumenta a más de $500,000. Durante la audiencia inicial, se discutió la gravedad de los delitos imputados a los involucrados y la posibilidad de fuga.
La revocatoria de la detención se fundamenta en la falta de fundamentación y en una errada interpretación del Código Procesal Penal. El artículo 331 inciso primero, que especifica el peligro de fuga de un imputado, se refiere a delitos graves como homicidio y extorsión, los cuales no están presentes en este caso. Además, el artículo siguiente, el 332, sugiere que los jueces pueden imponer otras medidas cuando se trate de delitos menores.
La Cámara Tercera de lo Penal consideró las circunstancias fácticas y probatorias del caso, concluyendo que no existe un riesgo extraordinario de fuga u obstaculización de la investigación. Por lo tanto, ha decidido revocar la medida de detención provisional y sustituirla por otras medidas como el arresto domiciliario, una fianza de $50,000 y el uso de brazalete electrónico.
Esta decisión ha generado controversia y sorpresa en el ámbito político y judicial, especialmente debido a la implicación previa de Muyshondt en un proceso por supuestas negociaciones ilícitas con pandillas en busca de beneficios electorales en las elecciones de 2014. En ese caso, el Juzgado Segundo de Instrucción había impuesto medidas similares a las ratificadas por la Cámara Tercera de lo Penal.
La resolución ha dejado una incógnita sobre el futuro del exalcalde y ha avivado el debate sobre la justicia y el sistema penal en el país.
Acerca del autor
Marcos Antonio Palacios Montoya fue condenado a 20 años de prisión por extorsionar a un comerciante del municipio de Concepción Batres, Usulután, entre 2017 y 2019.
El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel declaró culpable a Palacios Montoya, de Extorsión Agravada en Modalidad de Delito Continuado, gracias a las pruebas presentadas en vista pública por la Fiscalía General de la Republica (FGR).
Según la acusación fiscal, el comerciante pagó desde el 2017 hasta abril de 2019, $25 mensuales a la Clica Tiny Winy Locos Salvatruchos de la MS13, para que no lo mataran.
Las pruebas presentadas por la FGR demostraron que el imputado llegó 4 veces al negocio de la víctima a recoger el dinero.
Por este mismo hecho, el 28 de julio de 2021 la FGR logró una condena de 20 años de prisión para José Antonio Saravia Díaz.
Acerca del autor
Carlos Fredy Rosa Meléndez, capturado el pasado 5 de junio en Mejicanos por varios delitos sexuales, deberá seguir en prisión; así lo determinó el Juzgado Primero de Paz de Mejicanos al finalizar la audiencia inicial.
El proceso penal judicializado con reserva total es por los delitos de posesión y adquisición de pornografía infantil por medio de tecnologías de la Información y las comunicaciones, violación en menor e incapaz, agresión sexual en menor e incapaz, utilización de niños y adolescentes en pornografía infantil.
La Fiscalía General de la República ha detallado que tras una investigación internacional contra una red de pedófilos, recibió la advertencia de que en El Salvador se estaba cometiendo delitos contra menores de edad.
La investigación inició con un reporte enviado por la Embajada de los Estados Unidos, mediante el cual se detectó un número de teléfono que estaba subiendo imágenes y videos de niños a internet.
La Fiscalía con el apoyo la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron la casa del agresor sexual y buscaron toda aquella evidencia que pueda servir para obtener una pronta justicia para las víctimas.
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