Judicial
Pandilleros son sentenciados a pagar 60 años de cárcel por triple homicidio cometido en Sonsonate
El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a Walter Antonio Blanco Hernández y Marvin Esaú Escobar a purgar una pena de 60 años en prisión por un cometer un triple homicidio, en el cantón Cusamaluco, Nahuizalco, departamento de Sonsonate.
Las investigaciones señalan que el hecho ocurrió el 12 de agosto y se debió por una rivalidad entre pandillas. Las victimas mortales son Cecilio Alberto Corado Ramírez y los hermanos Carlos Alexander Morales Paíz y Wenceslao Ernesto Morales Paíz.
En otros casos judiciales, fue condenado a 14 años de prisión Óscar Armando Soriano Saravia por los delitos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Salvador René Hernández Lue y Wendy Carolina Pérez Galdámez, ocurridos en 2018.
Mientras que en procedimiento abreviado Leonidas Abel Cardona Ancheta fue condenado a dos años de prisión por el delito de proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada, en perjuicio de dos víctimas con régimen de protección.
Similar condena fue la que recibió Carlos Enrique Ochoa Paredes, también fue condenado a dos años de cárcel por actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas de tráfico ilícito bajo la modalidad de concurso real y agrupaciones ilícitas. Para ambos la penalidad les fue reemplazada por trabajo de utilidad pública.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
El 20 de junio de 2010, un ataque que estremeció al país reveló ser un «acto de venganza». Carlos Alberto Avendaño Dubon, junto a otros criminales ya condenados, buscaba venganza por la muerte de un miembro de su pandilla. Planeaban atacar a motoristas y cobradores de la ruta 32, alegando su colaboración con «una clica contraria».
Se ejecutaron dos atentados el mismo día: uno donde incendiaron un microbús con pasajeros adentro, y otro liderado por Carlos Avendaño, quien disparó hacia una unidad de transporte. En este segundo ataque, perdieron la vida un hombre y una niña de 11 años, además de herir a otros dos pasajeros.
Después de analizar las pruebas, el juez del Tribunal 5° Contra el Crimen Organizado condenó a Carlos Avendaño a 80 años de prisión: 50 años por los dos homicidios agravados y 30 por dos homicidios agravados tentados. Cabe destacar que Avendaño ya cumplía condena en La Esperanza por el delito de agrupaciones ilícitas.
El 22 de enero, Jova V. recibió mensajes de un familiar en Estados Unidos prometiendo una visita y enviando maletas.
Para recibirlas, le pidieron depositar $3,000 a la cuenta de Katherine Estefany M. J. Jova transfirió el dinero y esperó las maletas.
Al día siguiente, otro número le informó que las maletas contenían dinero en efectivo, exigiendo más dinero para enviarlas. Jova, sospechando, consultó a su familiar, quien negó haber enviado algo.
Descubrieron que era una estafa. Jova denunció y Katherine Estefany fue detenida.
En la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango autorizó la conciliación. Katherine Estefany M. pagó $3,300 para resarcir los daños.
