Imagen de referencia

Condenas de 16 y 11 años de cárcel fueron impuestas por dos tribunales de sentencia de San Salvador, a extorsionistas que exigían diversas cantidades de dinero a víctimas con régimen de protección.

Uno de los expedientes fue en contra de Henry Geovany Iraheta, quien extorsionó con $3,000 a un comerciante en el municipio de Ayutuxtepeque, el 7 de diciembre del año 2021.

Según la acusación fiscal, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvieron cuando recogía el dinero que miembros de la estructura criminal exigía a la víctima a través de llamadas telefónicas.

El comerciante decidió interponer la denuncia a raíz de las amenazas a muerte que recibía de los pandilleros, así se conoció en la vista pública que desarrolló el Tribunal Primero de Sentencia de la capital.

En un segundo juicio, el Tribunal Quinto de Sentencia encontró responsables de extorsión a seis miembros de la pandilla 18 quienes en los años 2019 y 2020 estuvieron extorsionando con $300 quincenales a «Rai» clave de una víctima con régimen de protección.

En la vista pública la Fiscalía General de la República expuso al tribunal que los mareros bajo amenazas obligaron a «Rai» a entregarles $200 semanales, pero negoció que les pagaría $300 quincenales.

El denunciante ante las constantes coacciones acudió a las autoridades para informar sobre la extorsión y de esa manera la Fiscalía y Policía abrieron un expediente para investigar el caso.

Para identificar a los pandilleros utilizaron la técnica de las entregas controladas para recopilar pruebas y evidenciar a los extorsionistas.

Efectivos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) ubicaron a un sujeto perfilado como miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Se trata de alias “Saylin”, quien fue capturado en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Chilanguera, municipio de Chirilagua, San Miguel.

De acuerdo con las autoridades, este sujeto intentaba esconderse de la justicia, por lo que será investigado para determinar en los hechos delictivos en que podría haber participado.

Inicialmente será procesado por agrupaciones ilícitas, delito por el cual podría ir hasta 20 años tras las rejas.

Ana Yudy Gómez Díaz, una mujer acusada de estafa agravada está encerrada en el Penal de Apanteos, en Santa Ana, luego de perjudicar a varias víctimas.

Según investigaciones de la Fiscalía General de la República la mujer operaba a través de redes sociales captando la atención de pequeños comerciantes para que invirtieran su dinero con ella, ofreciéndoles ganar entre el 15 y 33% de sus inversiones.

Ahora, está nuevamente acusada de estafa agravada en perjuicio de 17 víctimas más, esto en el Juzgado Primero de Paz, de Santa Tecla. La cantidad estafada en total asciende a los 143 mil 700 dólares, ya que las víctimas hicieron inversiones que van entre los 3 mil a 31 mil dólares y ahora exigen que les devuelvan su dinero.

El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla realizó audiencia inicial y tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y la defensa, la juez ordenó la detención provisional de la imputada y ordenó acumular el caso al proceso que ya se ventila en el Juzgado 2° de Instrucción de Santa Tecla.