Judicial
Ordenan juicio para 6 mexicanos por tráfico de cocaína valorada en más de $20 millones
Seis hombres de nacionalidad mexicana tendrán que enfrentar un juicio para que respondan penalmente por traficar 809 kilos de cocaína con un valor de $20 millones 338 mil 260 dólares.
La resolución fue emitida este mediodía después del desarrollo de la segunda audiencia -contra los imputados- en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador, en la que ofrecieron suficientes pruebas periciales, documentales y testimoniales para demostrar la responsabilidad de los incriminados.
Los imputados fueron interceptados por la Fuerza Naval el 4 de mayo del año 2022 a 480 millas náuticas al sur de La Bocana El Cordoncillo, La Paz, en una lancha de tres motores.
Los incriminados son: Noé Mendoza López, Gabino Florza Santos, Irán Jesús García Mendoza, Gildardo Lavarriaga Rodríguez, Jesús Daet Nicanov Rodríguez y José Martín Ojeda Santos.
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En una sorpresiva resolución, la Cámara Tercera de lo Penal ha revocado la medida de detención provisional impuesta al exalcalde capitalino, Ernesto Muyshondt.
Cabe mencionar que esta medida fue decretada en audiencia inicial por el juez Tercero de Paz de San Salvador, quien lo acusaba de apropiación indebida de retenciones tributarias.
Según la acusación, Muyshondt habría dejado de pagar al Ministerio de Hacienda importantes sumas correspondientes a los ingresos de la Dirección General de Desechos Sólidos durante su gestión como alcalde. Sin embargo, el tribunal superior ha decidido que el exfuncionario, quien se encuentra hospitalizado desde el 25 de julio en un centro asistencial privado, cumpla arresto domiciliario en lugar de la detención provisional.
La resolución de la Cámara también incluye un cambio de medida para el extesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares, quien deberá pagar una fianza de $10,000. Asimismo, se confirman las medidas sustitutivas decretadas a favor del director de Desechos Sólidos, Francisco José Rivera Chacón.
El caso se basa en la retención de impuestos sobre la renta por un monto de $275,145.31, que con multas e intereses aumenta a más de $500,000. Durante la audiencia inicial, se discutió la gravedad de los delitos imputados a los involucrados y la posibilidad de fuga.
La revocatoria de la detención se fundamenta en la falta de fundamentación y en una errada interpretación del Código Procesal Penal. El artículo 331 inciso primero, que especifica el peligro de fuga de un imputado, se refiere a delitos graves como homicidio y extorsión, los cuales no están presentes en este caso. Además, el artículo siguiente, el 332, sugiere que los jueces pueden imponer otras medidas cuando se trate de delitos menores.
La Cámara Tercera de lo Penal consideró las circunstancias fácticas y probatorias del caso, concluyendo que no existe un riesgo extraordinario de fuga u obstaculización de la investigación. Por lo tanto, ha decidido revocar la medida de detención provisional y sustituirla por otras medidas como el arresto domiciliario, una fianza de $50,000 y el uso de brazalete electrónico.
Esta decisión ha generado controversia y sorpresa en el ámbito político y judicial, especialmente debido a la implicación previa de Muyshondt en un proceso por supuestas negociaciones ilícitas con pandillas en busca de beneficios electorales en las elecciones de 2014. En ese caso, el Juzgado Segundo de Instrucción había impuesto medidas similares a las ratificadas por la Cámara Tercera de lo Penal.
La resolución ha dejado una incógnita sobre el futuro del exalcalde y ha avivado el debate sobre la justicia y el sistema penal en el país.
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Marcos Antonio Palacios Montoya fue condenado a 20 años de prisión por extorsionar a un comerciante del municipio de Concepción Batres, Usulután, entre 2017 y 2019.
El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel declaró culpable a Palacios Montoya, de Extorsión Agravada en Modalidad de Delito Continuado, gracias a las pruebas presentadas en vista pública por la Fiscalía General de la Republica (FGR).
Según la acusación fiscal, el comerciante pagó desde el 2017 hasta abril de 2019, $25 mensuales a la Clica Tiny Winy Locos Salvatruchos de la MS13, para que no lo mataran.
Las pruebas presentadas por la FGR demostraron que el imputado llegó 4 veces al negocio de la víctima a recoger el dinero.
Por este mismo hecho, el 28 de julio de 2021 la FGR logró una condena de 20 años de prisión para José Antonio Saravia Díaz.
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Carlos Fredy Rosa Meléndez, capturado el pasado 5 de junio en Mejicanos por varios delitos sexuales, deberá seguir en prisión; así lo determinó el Juzgado Primero de Paz de Mejicanos al finalizar la audiencia inicial.
El proceso penal judicializado con reserva total es por los delitos de posesión y adquisición de pornografía infantil por medio de tecnologías de la Información y las comunicaciones, violación en menor e incapaz, agresión sexual en menor e incapaz, utilización de niños y adolescentes en pornografía infantil.
La Fiscalía General de la República ha detallado que tras una investigación internacional contra una red de pedófilos, recibió la advertencia de que en El Salvador se estaba cometiendo delitos contra menores de edad.
La investigación inició con un reporte enviado por la Embajada de los Estados Unidos, mediante el cual se detectó un número de teléfono que estaba subiendo imágenes y videos de niños a internet.
La Fiscalía con el apoyo la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron la casa del agresor sexual y buscaron toda aquella evidencia que pueda servir para obtener una pronta justicia para las víctimas.
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