Judicial
Nulidad absoluta en el «Caso Corruptela» por prefabricación de pruebas del exfiscal Douglas Meléndez y compañia
Este día, la Jueza 7o de Paz, sin dejarse presionar ni engañar por el ente fiscal, falló a favor de cuatro fiscales que, según el requerimiento fiscal, estaban vinculados a los hechos del denominado “Caso Corruptela” en que supuestamente con sus actuaciones habían favorecido al empresario Enrique Rais, al quedar al descubierto la prefabricación de pruebas, se declaró el fallo judicial de Sobreseimiento Definitivo.
Las partes procesales estaban citadas a las 10:00 am, del miércoles 11 de diciembre de este año, en el juzgado 7o de Paz de esta ciudad, para conocer la resolución de la auidencia inicial efectuada en contra de los fiscales Carolina Jeanette Manzanares Noches, Yesenia Carolina Aguilar de Ayala, Mauricio Alberto Aguilar Rivas y Marta Cecilia Colindres Flores, a quienes se acusaba de los delitos de omisión de la investigación, falsedad documental agravada y privación ilegal de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
La fiscalía acusaba a los cuatro fiscales, como una derivación de hechos del caso que el ex fiscal Douglas Meléndez presentó mediáticamente como el “caso corruptela”, en que supuestamente se había determinado una red de corrupción dirigida por el Ex Fiscal General, Luis Martínez, quien supuestamente había recibido dádivas de parte de los empresarios Enrique Rais y Hugo Blanco, para que los eximiera de responsabilidades, omitiendo investigación y faltando al cumplimiento de sus deberes.
De manera, que la decisión de la Jueza 7o de Paz de Sobreseer definitivamente a los cuatro fiscales acusados, confirma lo que siempren han expresado los abogados del empresario Enrique Rais, que los señalamientos contra el empresario fueron fabricados por el Ex Fiscal Meléndez con la intención de proseguir contra éste una persecución penal ilegal y arbitraria y además buscar votos para su reelección aparentando que estaba realizando un combate a la corrupción, cuando en realidad dejó de perseguir a personas y casos sobre los que sí existían pruebas de corrupción.
Cronología del Caso Corruptela
Desde el pasado 29 de enero del 2019 cuando los seis testigos criteriados
en el caso “Corruptela”, decidieron denunciar las amenazas y vejámenes a los que fueron sometidos por el exfiscal Meléndez y auxiliares, Diario Digital Cronio se dio a la tarea de investigar, y se dedujo gravísimos señalamientos contra el exfiscal a quien se imputó directamente como el que habría orquestado todo el caso “Corruptela” sin pruebas ni testigos. Luego de esperar que se determinará una sentencia, ahora, el juzgador nos da la razón de la veracidad de los hechos denunciados en honor a la verdadera justicia y legalidad.
Con las declaraciones de los criteriados, desde aquel 29 de enero, dejaban clara la imagen de un funcionario totalmente corrupto, sin escrúpulos, que para lograr su cometido de impulsar otro “sonado caso de combate a la corrupción” no le importó obligar a seis de sus funcionarios para que rindieran testimonios falsos durante el proceso judicial que se sigue a su antecesor el también fiscal Luis Martínez, al empresario Enrique Rais y a decenas de señalados más de participar en esos ilícitos.
Desde esa fecha, se destapó la olla de corrupción y podredumbre del proceder del exfiscal Douglas Meléndez y sus allegados.
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Confesiones basadas en coacciones y torturas.
En el caso corruptela, la prueba empleada por la fiscalía para acusar a Enrique Rais, fueron las confesiones extra judiciales de los cuatro testigos con criterio de oportunidad que posteriormente renunciaron a tal condición. En enero de este año y a días que asumiera en el cargo como Fiscal General, Raúl Melara, estos fiscales interpusieron denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos y ante la misma Fiscalía, informando que fueron coaccionados psicológica y físicamente para que suscribieran las confesiones extrajudiciales que les habían redactado, las cuales no coincidían con la realidad de los hechos.
Al aceptar el juez de paz, la renuncia del criterio de oportunidad, la fiscalía volvió a victimizar a estas personas, iniciando contra ellos una acusación y exponiéndolos públicamente como delincuentes, a pesar que en realidad eran víctimas de las acciones ilegales y fraudulentas del Ex Fiscal Meléndez y algunos de sus más cercanos colaboradores, afirmó una fuente consultada.
De acuerdo a los abogados del empresario Hugo Blanco, la decisión de la Jueza 7o de Paz, viene a hacer justicia a estas personas que fueron injustamente acusados y están a la espera que igual ocurra con respecto a su cliente, quien es víctima de las falsas imputaciones que fiscalía basó en las confesiones extrajudiciales obtenidas ilegalmente, por lo que también están confiandos que obtendrán un sobreseimiento definitivo para su defendido.
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La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
