Judicial
Nulidad absoluta en el «Caso Corruptela» por prefabricación de pruebas del exfiscal Douglas Meléndez y compañia
Este día, la Jueza 7o de Paz, sin dejarse presionar ni engañar por el ente fiscal, falló a favor de cuatro fiscales que, según el requerimiento fiscal, estaban vinculados a los hechos del denominado “Caso Corruptela” en que supuestamente con sus actuaciones habían favorecido al empresario Enrique Rais, al quedar al descubierto la prefabricación de pruebas, se declaró el fallo judicial de Sobreseimiento Definitivo.
Las partes procesales estaban citadas a las 10:00 am, del miércoles 11 de diciembre de este año, en el juzgado 7o de Paz de esta ciudad, para conocer la resolución de la auidencia inicial efectuada en contra de los fiscales Carolina Jeanette Manzanares Noches, Yesenia Carolina Aguilar de Ayala, Mauricio Alberto Aguilar Rivas y Marta Cecilia Colindres Flores, a quienes se acusaba de los delitos de omisión de la investigación, falsedad documental agravada y privación ilegal de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
La fiscalía acusaba a los cuatro fiscales, como una derivación de hechos del caso que el ex fiscal Douglas Meléndez presentó mediáticamente como el “caso corruptela”, en que supuestamente se había determinado una red de corrupción dirigida por el Ex Fiscal General, Luis Martínez, quien supuestamente había recibido dádivas de parte de los empresarios Enrique Rais y Hugo Blanco, para que los eximiera de responsabilidades, omitiendo investigación y faltando al cumplimiento de sus deberes.
De manera, que la decisión de la Jueza 7o de Paz de Sobreseer definitivamente a los cuatro fiscales acusados, confirma lo que siempren han expresado los abogados del empresario Enrique Rais, que los señalamientos contra el empresario fueron fabricados por el Ex Fiscal Meléndez con la intención de proseguir contra éste una persecución penal ilegal y arbitraria y además buscar votos para su reelección aparentando que estaba realizando un combate a la corrupción, cuando en realidad dejó de perseguir a personas y casos sobre los que sí existían pruebas de corrupción.
Cronología del Caso Corruptela
Desde el pasado 29 de enero del 2019 cuando los seis testigos criteriados
en el caso “Corruptela”, decidieron denunciar las amenazas y vejámenes a los que fueron sometidos por el exfiscal Meléndez y auxiliares, Diario Digital Cronio se dio a la tarea de investigar, y se dedujo gravísimos señalamientos contra el exfiscal a quien se imputó directamente como el que habría orquestado todo el caso “Corruptela” sin pruebas ni testigos. Luego de esperar que se determinará una sentencia, ahora, el juzgador nos da la razón de la veracidad de los hechos denunciados en honor a la verdadera justicia y legalidad.
Con las declaraciones de los criteriados, desde aquel 29 de enero, dejaban clara la imagen de un funcionario totalmente corrupto, sin escrúpulos, que para lograr su cometido de impulsar otro “sonado caso de combate a la corrupción” no le importó obligar a seis de sus funcionarios para que rindieran testimonios falsos durante el proceso judicial que se sigue a su antecesor el también fiscal Luis Martínez, al empresario Enrique Rais y a decenas de señalados más de participar en esos ilícitos.
Desde esa fecha, se destapó la olla de corrupción y podredumbre del proceder del exfiscal Douglas Meléndez y sus allegados.
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Confesiones basadas en coacciones y torturas.
En el caso corruptela, la prueba empleada por la fiscalía para acusar a Enrique Rais, fueron las confesiones extra judiciales de los cuatro testigos con criterio de oportunidad que posteriormente renunciaron a tal condición. En enero de este año y a días que asumiera en el cargo como Fiscal General, Raúl Melara, estos fiscales interpusieron denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos y ante la misma Fiscalía, informando que fueron coaccionados psicológica y físicamente para que suscribieran las confesiones extrajudiciales que les habían redactado, las cuales no coincidían con la realidad de los hechos.
Al aceptar el juez de paz, la renuncia del criterio de oportunidad, la fiscalía volvió a victimizar a estas personas, iniciando contra ellos una acusación y exponiéndolos públicamente como delincuentes, a pesar que en realidad eran víctimas de las acciones ilegales y fraudulentas del Ex Fiscal Meléndez y algunos de sus más cercanos colaboradores, afirmó una fuente consultada.
De acuerdo a los abogados del empresario Hugo Blanco, la decisión de la Jueza 7o de Paz, viene a hacer justicia a estas personas que fueron injustamente acusados y están a la espera que igual ocurra con respecto a su cliente, quien es víctima de las falsas imputaciones que fiscalía basó en las confesiones extrajudiciales obtenidas ilegalmente, por lo que también están confiandos que obtendrán un sobreseimiento definitivo para su defendido.
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Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
