Judicial
Nulidad absoluta en el «Caso Corruptela» por prefabricación de pruebas del exfiscal Douglas Meléndez y compañia
Este día, la Jueza 7o de Paz, sin dejarse presionar ni engañar por el ente fiscal, falló a favor de cuatro fiscales que, según el requerimiento fiscal, estaban vinculados a los hechos del denominado “Caso Corruptela” en que supuestamente con sus actuaciones habían favorecido al empresario Enrique Rais, al quedar al descubierto la prefabricación de pruebas, se declaró el fallo judicial de Sobreseimiento Definitivo.
Las partes procesales estaban citadas a las 10:00 am, del miércoles 11 de diciembre de este año, en el juzgado 7o de Paz de esta ciudad, para conocer la resolución de la auidencia inicial efectuada en contra de los fiscales Carolina Jeanette Manzanares Noches, Yesenia Carolina Aguilar de Ayala, Mauricio Alberto Aguilar Rivas y Marta Cecilia Colindres Flores, a quienes se acusaba de los delitos de omisión de la investigación, falsedad documental agravada y privación ilegal de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
La fiscalía acusaba a los cuatro fiscales, como una derivación de hechos del caso que el ex fiscal Douglas Meléndez presentó mediáticamente como el “caso corruptela”, en que supuestamente se había determinado una red de corrupción dirigida por el Ex Fiscal General, Luis Martínez, quien supuestamente había recibido dádivas de parte de los empresarios Enrique Rais y Hugo Blanco, para que los eximiera de responsabilidades, omitiendo investigación y faltando al cumplimiento de sus deberes.
De manera, que la decisión de la Jueza 7o de Paz de Sobreseer definitivamente a los cuatro fiscales acusados, confirma lo que siempren han expresado los abogados del empresario Enrique Rais, que los señalamientos contra el empresario fueron fabricados por el Ex Fiscal Meléndez con la intención de proseguir contra éste una persecución penal ilegal y arbitraria y además buscar votos para su reelección aparentando que estaba realizando un combate a la corrupción, cuando en realidad dejó de perseguir a personas y casos sobre los que sí existían pruebas de corrupción.
Cronología del Caso Corruptela
Desde el pasado 29 de enero del 2019 cuando los seis testigos criteriados
en el caso “Corruptela”, decidieron denunciar las amenazas y vejámenes a los que fueron sometidos por el exfiscal Meléndez y auxiliares, Diario Digital Cronio se dio a la tarea de investigar, y se dedujo gravísimos señalamientos contra el exfiscal a quien se imputó directamente como el que habría orquestado todo el caso “Corruptela” sin pruebas ni testigos. Luego de esperar que se determinará una sentencia, ahora, el juzgador nos da la razón de la veracidad de los hechos denunciados en honor a la verdadera justicia y legalidad.
Con las declaraciones de los criteriados, desde aquel 29 de enero, dejaban clara la imagen de un funcionario totalmente corrupto, sin escrúpulos, que para lograr su cometido de impulsar otro “sonado caso de combate a la corrupción” no le importó obligar a seis de sus funcionarios para que rindieran testimonios falsos durante el proceso judicial que se sigue a su antecesor el también fiscal Luis Martínez, al empresario Enrique Rais y a decenas de señalados más de participar en esos ilícitos.
Desde esa fecha, se destapó la olla de corrupción y podredumbre del proceder del exfiscal Douglas Meléndez y sus allegados.
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Confesiones basadas en coacciones y torturas.
En el caso corruptela, la prueba empleada por la fiscalía para acusar a Enrique Rais, fueron las confesiones extra judiciales de los cuatro testigos con criterio de oportunidad que posteriormente renunciaron a tal condición. En enero de este año y a días que asumiera en el cargo como Fiscal General, Raúl Melara, estos fiscales interpusieron denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos y ante la misma Fiscalía, informando que fueron coaccionados psicológica y físicamente para que suscribieran las confesiones extrajudiciales que les habían redactado, las cuales no coincidían con la realidad de los hechos.
Al aceptar el juez de paz, la renuncia del criterio de oportunidad, la fiscalía volvió a victimizar a estas personas, iniciando contra ellos una acusación y exponiéndolos públicamente como delincuentes, a pesar que en realidad eran víctimas de las acciones ilegales y fraudulentas del Ex Fiscal Meléndez y algunos de sus más cercanos colaboradores, afirmó una fuente consultada.
De acuerdo a los abogados del empresario Hugo Blanco, la decisión de la Jueza 7o de Paz, viene a hacer justicia a estas personas que fueron injustamente acusados y están a la espera que igual ocurra con respecto a su cliente, quien es víctima de las falsas imputaciones que fiscalía basó en las confesiones extrajudiciales obtenidas ilegalmente, por lo que también están confiandos que obtendrán un sobreseimiento definitivo para su defendido.
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El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
