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Judicial

Norman Quijano será juzgado por la Cámara Primero de lo Penal tras negociar con pandillas

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La Asamblea Legislativa le eliminó ayer el fuero constitucional a Norman Noel Quijano González, diputado de ARENA en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), para que enfrente la justicia por los delitos penales de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.  
 
Dicho proceso será llevado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. El desafuero fue aprobado con 66 votos de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y VAMOS, mientras que los diputados del partido de Quijano — ARENA— solo se hicieron presentes a la instalación de la plenaria y posteriormente abandonaron el Salón Azul; por lo tanto, se les descontará el día laboral.  
 
Los cinco partidos que votaron a favor del dictamen de la comisión especial de antejuicio concluyeron que había suficientes elementos testimoniales y documentales ofertados por la Fiscalía que demostraron la participación de Quijano en la negociación con los grupos terroristas. El parlamentario tricolor ha enfrentado dos antejuicios por los mismos delitos.  

El primero fue a petición del fiscal general, Raúl Melara, en noviembre de 2020, cuando era diputado de la Asamblea Legislativa, pero por falta de votos no fue desaforado. En esa oportunidad, el FMLN insistió en el desafuero, pero ayer simplemente no votó y tampoco razonó la decisión. En agosto de ese año la cámara que verá el caso le había suspendido temporalmente la orden de captura. 

El segundo antejuicio fue promovido desde el 3 de noviembre de este año por el nuevo fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, y desarrollado por la nueva Asamblea Legislativa, teniendo la mayoría calificada la bancada de Nuevas Ideas.  
 
Según el requerimiento fiscal, Quijano, quien huyó desde mayo pasado hacia Honduras, y miembros de su equipo de campaña sostuvieron varias reuniones con integrantes de estructuras delincuenciales y les ofrecieron beneficios económicos y sociales a cambio del respaldo electoral en las elecciones presidenciales de 2014.  
 
En esos comicios Quijano competía como el candidato de ARENA a la presidencia de la república para el período 2014-2019, y su contendiente era Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, ahora nacionalizado nicaragüense y señalado de cometer actos de corrupción en su Gobierno. 

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La acusación señala que una de las reuniones de Quijano con pandilleros fue desarrollada en la sede de la Red Nacional de Pastores, en la colonia Flor Blanca, de San Salvador, previo a la segunda vuelta de la campaña electoral. En la primera vuelta el candidato arenero obtuvo al menos 500,000 votos menos que Sánchez Cerén.  
 
La Fiscalía dice que Quijano ofreció en ese encuentro a los cabecillas $100,000 del presupuesto general del Estado de 2015 para la rehabilitación de exintegrantes, recursos que serían administrados por las alcaldías; también les ofreció $100 millones en programas sociales y consensuar el nombramiento del próximo ministro de Seguridad.  
 
Los pandilleros grabaron en video dicha reunión, que luego, en el proceso de investigación, fue incorporado por la Fiscalía como parte de las pruebas para solicitar el desafuero del excandidato presidencial.

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Prisión para sujeto que abusó sexualmente de víctima con discapacidad

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Gracias a las abundantes pruebas presentadas en juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que Germán Peñate Miranda fuera condenado a 24 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz agravada.

Las investigaciones demostraron que Germán Peñate agredió sexualmente a una menor de edad con discapacidad; los abusos fueron cometidos en la casa de habitación de la víctima, ubicada en Jardines de Zaragoza, en La Libertad.

Durante 11 años, el imputado estuvo acompañado con la madre de la víctima y mientras ella salía a trabajar, él tocaba inapropiadamente a la menor.

Por su discapacidad, la victima no podía comunicar el daño que le causaba el individuo.

Cuando la menor cumplió 16 años, el imputado la violó y producto del abuso, la víctima quedó embarazada; fue la madre la que interpuso la denuncia en diciembre de 2022.

En la audiencia desarrollada por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, la FGR logró demostrar con abundante documentación, peritajes de medicina legal y a través de una prueba de ADN que el imputado era el agresor directo.

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Cámara fija para el 3 de abril juicio contra Norman Quijano acusado de negociar con pandillas

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La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha señalado para el próximo 3 de abril la vista pública de Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia del partido ARENA en el 2014.

El exfuncionario será enjuiciado como reo ausente ya que nunca se sometió al proceso penal y huyó del país antes de ser acusado por la Fiscalía General de la República.

Quijano, se expone a una condena de hasta 21 años de cárcel si es encontrado culpable de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, que son los dos delitos que el ministerio público le atribuye.

La Fiscalía ha sostenido en la acusación, que Quijano se reunió con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.

En ese encuentro, solicitó a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.

Al excandidato a la presidencia por ARENA, en la audiencia preliminar se le procesó aplicando el artículo 345 no reformado ya que los hechos ocurrieron en el año 2014 y cuando el caso fue judicializado en enero de 2022, todavía no se habían enmendado la ley en lo relativo a agrupaciones ilícitas que ahora sanciona con penas de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y establece cárcel de 40 y 60 años a los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas. El artículo 345 fue reformado por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo de 2022.

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Con respecto al fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal señala que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será castigado con prisión de cuatro a seis años.

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Se instala audiencia probatoria contra la exdiputada del FMLN, Lorena Peña por enriquecimiento ilícito

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Esta mañana se instaló la audiencia probatoria (juicio) contra la exdiputada del FMLN, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, por enriquecimiento ilícito por un monto de $277,482.54 dólares.

Se espera que la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador brinde la resolución el próximo 5 de marzo a las 14:15 horas.

Los fiscales del caso pretenden que el total del dinero sea reintegrado al Estado y que la exdiputada sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.

Durante la diligencia judicial, la representación fiscal presentó, entre otras pruebas, una pericia financiera contable con la que se establecen las 7 irregularidades que no ha podido justificar Lorena Peña en su calidad de exparlamentaria, en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018, por un total de $140,521.60 dólares.

Las inconsistencias en su incremento patrimonial de forma injustificada o ilícita se reflejan en depósitos bancarios en efectivo, en la adquisición de dos inmuebles y el pago de tarjetas de créditos.

Mientras que, a la hija de la exdiputada, Ana Virginia Guardado Peña, se le ha demandado por 8 irregularidades consistentes en pagos bancarios en efectivo y en pago de tarjetas de crédito por un monto de $136,960. 94 dólares.

El expediente fiscal por enriquecimiento ilícito fue abierto después que la Corte de Suprema de Justicia (CSJ), en pleno, notificó de las irregularidades detectadas por la Sección de Probidad.

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