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Mujer pagará 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante con $40 en San Salvador
A 10 años de prisión fue condenada Daniela Esmeralda Solano Cuellar, por haber extorsionado con $40 a un comerciante, en San Salvador, según quedó establecido en la vista pública que realizó el Tribunal Segundo de Sentencia.
La denuncia de la víctima y una entrega de dinero controlada que agentes especializados antiextorsiones documentaron, fueron contundentes para que el juez de la causa le impusiera la pena mínima por ese delito.
La víctima con régimen de protección, quien llegó a declarar al juicio, dijo que a su negocio llegaron a exigirle dinero y que acordó entregarles $40 ya que la amenazaron con asesinarla junto a su familia.
El comerciante comenzó a ser chantajeado en abril del año 2021 y la denuncia la interpuso en mayo, pero a través de entregas controladas identificaron a Solano Cuellar en julio del mismo año.
Agentes policiales que llegaron a declarar manifestaron que en una primera entrega de dinero no lograron identificar a la imputada, pero en un segundo pago sí la perfilaron y esas fotografías fueron incluidas a un álbum anexado al expediente.
La víctima en su declaración también sostuvo que los agentes policiales la asesoraron para que instalara cámaras de videovigilancia en su negocio para que verificara cuando llegaran los extorsionistas.
El juez al momento de emitir la sentencia condenatoria, expreso que hubo dolo por parte de la mujer y que tenía conocimiento claro que estaba extorsionando y por eso le impuso los 10 años.
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Presentan requerimiento de acusación contra hombres que calcinaron a motorista de transporte privado
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó al Juzgado Primero de Paz de Concepción Batres, Usulután, el requerimiento de acusación contra Miguel Ángel Martínez González, alías Zancudo, de 44 años; Ciro Alberto Rodezno González, de 36; José Rónal Lizama Martínez, de 28 y Ángel Antonio Gaitán Melara, de 20, por Homicidio Agravado y Daños Agravados.
La institución fiscal solicitó al Tribunal la detención provisional para los cuatro vinculados al caso.
La FGR les atribuye la planeación y ejecución del homicidio de un hombre el 26 de febrero de este año, en la calle a las Salinas, caserío La Zorra, cantón San Felipe, de Concepción Batres, Usulután.
A la víctima le dispararon y posteriormente fue calcinada en el interior de un vehículo tipo sedán, placas particulares P-696700. La identidad de la víctima será confirmada con el resultado del ADN, pero se presume que se trata de Sergio Bisael Centeno, de 36 años, quien trabajaba en una plataforma de transporte privado.
Los familiares de la víctima identificaron el vehículo y aseguraron a las autoridades policiales y fiscales que Centeno salió a hacer un viaje al mediodía -26 de febrero- y no supieron nada de él hasta el 27 de febrero que fue localizado el vehículo y el cuerpo calcinado.
La investigación preliminar establece que los cuatro hombres participaron directa e indirectamente en el crimen. Gaitán Melara se encargó de trasladar hasta el cantón Santa Lucia al usuario de la plataforma de transporte.
“Le hablaron a la víctima y le dijeron que lo iban a esperar en la carretera El Litoral -cantón Santa Lucia-, cuando llega (la víctima) le pide el usuario que le haga un viaje hasta la última casa del cantón San Felipe”, indicó el fiscal del caso.
Cuando la víctima ingresa a la calle principal del cantón en mención, los imputados Martínez González, Rodezno González y Lizama Martínez le dan seguimiento en un pick-up azul.
“Al llegar a la última casa del cantón, la víctima se percata que lo iba siguiendo, y cuando ve que zancudo se baja del pick-up, acelera el carro y le dan persecución aproximadamente 100 metros, pero por el tipo de calle ya no pudo seguir avanzado”, agregó el fiscal del caso.
Martínez González y Rodezno González se bajaron del pick-up , le dispararon dos veces cada uno a la víctima y posteriormente incendiaron el vehículo con el cuerpo en el interior.
La FGR incautó el vehículo en que los hechores se movilizaron para cometer el crimen y una motocicleta que utilizaron para actos preparatorios del homicidio, además cuentan con bitácoras de llamadas, entre otros.
La FGR descarta que los procesados sean miembros de pandillas.
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Marvin Eduardo Calderón Barrientos fue declarado culpable de haber cometido el delito de Extorsión Agravada, contra un comerciante de Santa Ana. El imputado exigió $16 mil dólares a la víctima a cambio de atentar contra su vida.
En el juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó suficientes pruebas que respaldaron la acusación contra el terrorista, quien por medios anónimos demandaba el pago de la cantidad de dinero en mención.
Los hechos por los cuales fue condenado Marvín fueron cometidos en noviembre del año 2015 en el municipio de Metapán.
La víctima tras haber recibido el anónimo exigiendo la fuerte suma de dinero interpuso la denuncia y es así como se montó un procedimiento para hacer la entrega del dinero de forma controlada y poder capturarlo.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana impuso una pena de 12 años de prisión.
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El 22 de noviembre de 2021, en la morgue del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, del hospital regional de Santa Ana, fue reconocido el cadáver de un bebé de siete horas de nacido.
La madre del menor de edad interpuso la denuncia por homicidio culposo en la modalidad de negligencia médica, en perjuicio de su hijo. Por este caso son procesados cinco médicos del referido nosocomio.
Según la denuncia de la mamá del recién nacido, ella no recibió la atención mínima hospitalaria al momento de que atendieran su parto, situación que desencadenó en asfixia perinatal por aspiración de excremento (meconio), según el dictamen médico forense.
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana realizó audiencia inicial en contra de los cinco doctores y, tras analizar las pruebas indiciarias presentadas por la representación fiscal, entre ellas los peritajes al expediente clínico, determinó que existen suficientes elementos para que el caso pase a la etapa de instrucción, por lo que ordenó la continuación del proceso contra las cinco personas, sin medidas a cumplir en esta fase.
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