Judicial
Inicia juicio contra de 10 exfuncionarios en el caso Saqueo Público
En el caso conocido como «Saqueo Público» el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, ha comenzado este martes la vista pública en contra de 10 imputados vinculados a la red de corrupción que creó el expresidente de la República, Mauricio Funes.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa por los delitos de lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y casos especiales de lavado de dinero.
El ministerio público dispone de más de 2,500 documentos, 114 testigos, pericias financieras contables tributarias y 21 asistencias internacionales, que le fueron admitidas en la audiencia preliminar y que comenzarán a ser evaluadas por el tribunal en el juicio programado para un mes.
Los fiscales pretenden probar con pericias financieras contables, tributarias que los procesados supuestamente se apropiaron de fondos públicos que el Ministerio de Hacienda asignó a la Presidencia del de la República para el rubro de gastos reservados entre 2009 y 2014.
Una de las pericias clave es el análisis contable que hizo un experto donde confirma que Funes en su mandato presidencial utilizó el mecanismo de refuerzos presupuestarios para apropiarse de $351,035,400.
Esa pericia denominada «Auditoría Forense Pericial Financiera Contable de Gestión Administrativa y Funcional» evidencia que en los registros del Ministerio Hacienda, entre el 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, aparece que el presupuesto para la partida de Gastos Reservados que la Asamblea Legislativa aprobó a la Presidencia de la República fue de $80,818,285.
Pero Funes no conforme con esos fondos ideó un plan delictivo para que vía refuerzos presupuestarios se le incrementara la partida secreta conocida como «Rubro 54315 Gastos Reservados».
El aumento fue del 300% equivalente a $270,217,115.49, llevándolo a apropiarse de $351,035,400.49, en toda su gestión y las personas que hoy comienzan a ser enjuiciadas formaron parte de esa estructura criminal, según la acusación de la Fiscalía. Funes huyó de la justicia en 2016 hacia Nicaragua.
Como el plan era perder el rastro de esos fondos entregados como gastos reservados a la Presidencia de la República, desde la cuenta subsidiaria del tesoro público el dinero comenzó a ser trasladado a cuentas que estaban a nombre de personas particulares en el Banco Hipotecario.
Los titulares de esas cuentas particulares eran Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, quienes al tener el dinero se encargaron de depositarlo a través de cheques. Estas dos personas también fueron parte de la red que utilizó el expresidente Antonio Saca.
A juicio del ministerio público, esas acciones son graves pues los imputados violaron a la normativa administrativa que ya determina los mecanismos a seguir en manejo de los fondos públicos.
Los abogados particulares al momento de iniciar el juicio han presentado varias peticiones. Una de ellas es una excepción perentoria de cosa juzgada en el caso de Vanda Pignato.
El defensor dice que ella ya fue juzgada en un juicio civil por enriquecimiento ilícito de $135,536.15, fondos con los cuales pagó tarjetas de crédito y otros productos financieros, en esa demanda fue absuelta de responsabilidad y en este proceso de Saqueo Público son los mismos hechos acusados lo cual se convierte en un doble juzgamiento y que sea exonerada por el delito de lavado de dinero.
La defensa también ha solicitado la exclusión como testigo criteriado de José Francisco Cáceres Saldaña, exsecretario privado de Mauricio Funes ya que la calidad de criteriado no se le otorgó debidamente.
Y también han solicitado que no se entre a valorar algunos documentos entregados por Cáceres Saldaña ya que no se siguió la debida cadena de custodia.
Además pretenden que no se tome en cuenta un punto de pericia de un análisis financiero contable realizado a los gastos reservados y que afecta a David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia.
LOS ENJUCIADOS
- Vanda Pignato, exprimera dama, señalada por la Fiscalía de lavado de dinero y simulación de delitos.
- José Miguel Antonio Menéndez Avelar, dueño de COSASE, acusado de lavado de dinero y de activos, y defraudación al fisco.
- Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Mauricio Funes, procesado por el delito de lavado de dinero y de activos.
- Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos.
- Rigoberto Palacios Panameño, ex jefe de contabilidad, enfrenta el juicio por peculado.
- Luis Miguel Ángel García, acusado de lavado de dinero y de activos.
- Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos.
- Pablo Gómez, exasistente técnico de la Presidencia, acusado de peculado, lavado de dinero y de activos.
- Jorge Alberto Hernández Castellano, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial, enjuiciado por peculado.
- David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, acusado de lavado de dinero.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
