Judicial
Inicia juicio contra de 10 exfuncionarios en el caso Saqueo Público
En el caso conocido como «Saqueo Público» el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, ha comenzado este martes la vista pública en contra de 10 imputados vinculados a la red de corrupción que creó el expresidente de la República, Mauricio Funes.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa por los delitos de lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y casos especiales de lavado de dinero.
El ministerio público dispone de más de 2,500 documentos, 114 testigos, pericias financieras contables tributarias y 21 asistencias internacionales, que le fueron admitidas en la audiencia preliminar y que comenzarán a ser evaluadas por el tribunal en el juicio programado para un mes.
Los fiscales pretenden probar con pericias financieras contables, tributarias que los procesados supuestamente se apropiaron de fondos públicos que el Ministerio de Hacienda asignó a la Presidencia del de la República para el rubro de gastos reservados entre 2009 y 2014.
Una de las pericias clave es el análisis contable que hizo un experto donde confirma que Funes en su mandato presidencial utilizó el mecanismo de refuerzos presupuestarios para apropiarse de $351,035,400.
Esa pericia denominada «Auditoría Forense Pericial Financiera Contable de Gestión Administrativa y Funcional» evidencia que en los registros del Ministerio Hacienda, entre el 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, aparece que el presupuesto para la partida de Gastos Reservados que la Asamblea Legislativa aprobó a la Presidencia de la República fue de $80,818,285.
Pero Funes no conforme con esos fondos ideó un plan delictivo para que vía refuerzos presupuestarios se le incrementara la partida secreta conocida como «Rubro 54315 Gastos Reservados».
El aumento fue del 300% equivalente a $270,217,115.49, llevándolo a apropiarse de $351,035,400.49, en toda su gestión y las personas que hoy comienzan a ser enjuiciadas formaron parte de esa estructura criminal, según la acusación de la Fiscalía. Funes huyó de la justicia en 2016 hacia Nicaragua.
Como el plan era perder el rastro de esos fondos entregados como gastos reservados a la Presidencia de la República, desde la cuenta subsidiaria del tesoro público el dinero comenzó a ser trasladado a cuentas que estaban a nombre de personas particulares en el Banco Hipotecario.
Los titulares de esas cuentas particulares eran Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, quienes al tener el dinero se encargaron de depositarlo a través de cheques. Estas dos personas también fueron parte de la red que utilizó el expresidente Antonio Saca.
A juicio del ministerio público, esas acciones son graves pues los imputados violaron a la normativa administrativa que ya determina los mecanismos a seguir en manejo de los fondos públicos.
Los abogados particulares al momento de iniciar el juicio han presentado varias peticiones. Una de ellas es una excepción perentoria de cosa juzgada en el caso de Vanda Pignato.
El defensor dice que ella ya fue juzgada en un juicio civil por enriquecimiento ilícito de $135,536.15, fondos con los cuales pagó tarjetas de crédito y otros productos financieros, en esa demanda fue absuelta de responsabilidad y en este proceso de Saqueo Público son los mismos hechos acusados lo cual se convierte en un doble juzgamiento y que sea exonerada por el delito de lavado de dinero.
La defensa también ha solicitado la exclusión como testigo criteriado de José Francisco Cáceres Saldaña, exsecretario privado de Mauricio Funes ya que la calidad de criteriado no se le otorgó debidamente.
Y también han solicitado que no se entre a valorar algunos documentos entregados por Cáceres Saldaña ya que no se siguió la debida cadena de custodia.
Además pretenden que no se tome en cuenta un punto de pericia de un análisis financiero contable realizado a los gastos reservados y que afecta a David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia.
LOS ENJUCIADOS
- Vanda Pignato, exprimera dama, señalada por la Fiscalía de lavado de dinero y simulación de delitos.
- José Miguel Antonio Menéndez Avelar, dueño de COSASE, acusado de lavado de dinero y de activos, y defraudación al fisco.
- Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Mauricio Funes, procesado por el delito de lavado de dinero y de activos.
- Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos.
- Rigoberto Palacios Panameño, ex jefe de contabilidad, enfrenta el juicio por peculado.
- Luis Miguel Ángel García, acusado de lavado de dinero y de activos.
- Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos.
- Pablo Gómez, exasistente técnico de la Presidencia, acusado de peculado, lavado de dinero y de activos.
- Jorge Alberto Hernández Castellano, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial, enjuiciado por peculado.
- David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, acusado de lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
