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Judicial

Fiscal general afirma que resoluciones de Sala son “de obligatorio cumplimiento”

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El Fiscal General, Raúl Melara, recordó con publicaciones en sus cuentas de redes sociales que en El Salvador existe un Estado de derecho que contiene dentro de sí un sistema de pesos y contrapesos entre poderes públicos y al que todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios, están obligados a someterse.

“La Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) es parte de ese sistema y por ende, sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento”, señaló.

Advirtió, además, que la institución que administra “se mantendrá siempre como garante de la legalidad”.

Ayer los magistrados resolvieron que los decretos que ha emitido en las últimas cinco semanas la Presidencia de la República son inválidos en lo referente a  la facultad que se ha arrogado de retener y llevar a centros de contención a los ciudadanos que violen la cuarentena domiciliaria actualmente vigente.

“Los actos del Poder Ejecutivo como decretos o reglamentos no tienen validez alguna para limitar derechos fundamentales”, indicó la Sala en una resolución de seguimiento de los hábeas corpus donde se aclara que las retenciones realizadas por el Gobierno son ilegales.

Los magistrados señalaron que solo una “ley formal” puede amparar las retenciones, es decir, un decreto emitido por la Asamblea Legislativa.

El Gobierno ha reiterado que ciertos decretos Ejecutivos en el ramo de Salud Pública facultan a los cuerpos de seguridad realizar retenciones de quienes violen la cuarentena.

Sin embargo, la Sala invalidó esa postura y le ordenó al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, al Ministro de la Defensa, René Merino Monroy, y al Ministerio de Salud, Francisco Alabi, elaborar en “el plazo máximo de cinco días hábiles” un registro de las personas privadas de libertad por violación a la cuarentena.

Estos registros deben tener: datos de identificación de los retenidos, las condiciones en que fueron privadas de libertad (fecha, hora, lugar, motivos aducidos por la autoridad e identificación de quienes la realizaron), los lugares adonde fueron remitidos inmediatamente después de su privación de libertad y los lugares adonde fueron conducidos posteriormente.

Asimismo, la Sala ordenó al Ministro de Salud elaborar (en un plazo de tres días) la lista completa con nombres, cargos y centros de contención respectivos (ubicación o dirección, denominación y datos de contacto), de las personas que están administrando o que son responsables de cada uno de dichos lugares.

Después de esa resolución el presidente Nayib Bukele tuiteó que no iba acatar la resolución porque le estaba ordenando dejar morir a los salvadoreños.

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Judicial

Condenan a 12 años de cárcel al exsecretario exsecretario de la Alcaldía del Puerto de La Libertad por peculado

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La Fiscalía logró una condena de doce años de cárcel para Roberto Carlos García Girón, exsecretario de la Alcaldía del Puerto de La Libertad por el partido ARENA, procesado por el delito de peculado. El imputado también está obligado a restituir al Estado $33,900 dólares en concepto de responsabilidad civil.

La condena fue impuesta en ausencia del imputado, gracias a las reformas al Código Procesal Penal que permite juzgar y condenar a imputados prófugos de la justicia.

Durante el 2017, Girón desvió $101,700.00 dólares de la comuna municipal y utilizó su cargo para falsificar acuerdos municipales para hacer préstamos a nombre de la alcaldía y desviar el dinero a la sociedad H&D Servicios Empresariales S.A de C.V., quienes supuestamente brindaban diferentes servicios a favor de la municipalidad.

Todos estos trámites los realizó sin previa autorización del concejo municipal.

El juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Judicial

Finaliza juicio de exalcalde Ernesto Muyshondt

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El Tribunal Quinto de Sentencia finalizó el juicio que la Fiscalía General de la República le promueve al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios, acusados de retener y apropiarse de $5,492,588.48 de cuotas laborales.

Al dar por cerrados los debates, los jueces convocaron a fiscales y defensores para dar a conocer el fallo, el próximo viernes 21 de febrero a las 9:00 de la mañana.

La Fiscalía General de la República ratificó la solicitud de una sentencia condenatoria para los cuatro imputados.

Para el exalcalde han pedido una condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.

Al extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, el ministerio público pretende que se le impongan 20 años por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.

En el caso de Francisco José Rivera Chacón, acusado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales solicitaron 16 años y 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González.

Son señalados de afectar a 45 trabajadores de la municipalidad, para lo cual presentaron testigos quienes dijeron que hubo constantes pedidos de desembolsos de fondos para pagar cuotas previsionales y de crédito que los empleados tenían en bancos, pero nunca se hizo la transferencia, pese a que se retuvo los descuentos en las planillas.

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Judicial

Prisión para sujeto que agredió a una niña en reiteradas ocasiones

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Por violar y agredir sexualmente a una niña desde que tenía 8 años de edad, Jorge Alberto Alfaro Merino recibió 42 años con 6 meses de prisión. Los abusos los cometió desde el 2010 al 2016 en la jurisdicción de Sacacoyo, La Libertad Oeste.

Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfaro Merino era vecino y pareja de la madre de la víctima.

Desde el 2010, Merino ingresaba por las noches al cuarto de habitación de la menor, mientras todos dormían y aprovechaba esos espacios para tocarla; posteriormente, cuando la víctima tenía 12 años de edad, el imputado comenzó a violarla cada sábado en momentos que la madre salía de casa a trabajar. El imputado ingresaba a casa y tomaba a la menor por la fuerza.

Cuando la joven cumplió 14 años de edad y a pesar de las amenazas a muerte si contaba sobre los abusos, la víctima decidió marcharse de la casa y buscó refugio con su padre.

Tras 7 años de convivencia con su padre, la victima se armó de valor y decidió denunciar al imputado.

Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se estableció la participación del imputado en los abusos. Merino fue sentenciado a 16 años de cárcel por agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada, y 26 años y 6 meses más por violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Totalizando 42 años y 6 meses que el imputado estará en una prisión.

Además de la condena de cárcel impuesta en presencia del imputado, el juez le ordenó el pago de $500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

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