Judicial
«Estamos logrando verdadera justicia. No más tratos con delincuentes»: Rodolfo Delgado sobre caso de David Munguía Payés
El Juzgado Especializada de Instrucción A de San Salvador, ha resuelto que el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, debe enfrentar vista pública por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, al mismo tiempo le ha revocado el arresto domiciliar por la gravedad de los delitos.
El exfuncionario es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber facilitado y avalado la tregua entre pandillas.
En el expediente elevado a la última etapa del proceso, el ministerio público incorporó las declaraciones del testigo criteriado Noé y del testigo régimen de protección Franco, quienes ha revelado como se manejó la tregua con pandillas entre marzo de 2012 y agosto de 2013.
En las causas penales conocidas como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los criteriados y otros testigos entre los que figuran exfuncionarios y mediadores de ese proceso han dicho que Munguía Payés con el aval del expresidente Mauricio Funes, permitió una serie de ilegalidades a las pandillas.
Noé en la declaración anticipada rendida el 14 de octubre de 2020 ante el Juzgado Especializado de Instrucción A, dijo que la tregua permitió a las pandillas fortalecerse y hasta llegar a relacionarse con políticos y captar fondos para esas estructuras.
Noé ha manifestado que con la tregua «se les facilitó sembrar la semilla del mal», para el juez, lo manifestado por el criteriado es muy grave y que la FGR se quedó corta con los delitos acusados a Munguía Payés.
«Es bastante despreciable que el Estado o el gobierno haya realizado ese proceso de tregua y como juez estoy convencido de que no se trata de una política pública, sino que se buscaba obtener un beneficio personal», sostuvo el juez.
Cabe mencionar que, este proceso iniciado el 26 de julio del año 2020, también incluye al expresidente Mauricio Funes, quien fue separado del caso cuando se inició la audiencia preliminar ya que el Código Procesal Penal establece que sin la presencia de un imputado no se puede realizar esa diligencia.
El prófugo Mauricio Funes, es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, por haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas.
Según la acusación el expresidente asilado en Nicaragua y con siete órdenes de captura, tuvo conocimiento de las ilegalidades que se estaban cometiendo en el marco de la tregua con las pandillas, pero no hizo nada para detenerlas pues él lo que buscaba era una buena imagen de que en su gobierno los homicidios se habían reducido.
Reacciones:
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, había confirmado que las pruebas presentadas eran «contundentes, abundantes y suficientes», por lo que la resolución que se esperaba era favorable para pasar a etapa de juicio.
«Estamos logrando verdadera justicia. No más tratos con delincuentes. Pagarán los que tengan que pagar», expresó enfáticamente Delgado tras la resolución en el caso de Payés.
También, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reaccionó y reafirmó su compromiso para terminar con la impunidad que viene desde los Gobiernos de ARENA y FMLN.
«Años atrás el ex presidente Mauricio Funes junto con el ex ministro David Munguía Payés, negociaron con pandillas. Ahora, deben responder. Negociaron con la sangre de los salvadoreños, entrenaron a pandilleros en polígonos de tiro, les dieron miles de dólares a cambio de votos, los sacaron de las cárceles de máxima seguridad y les hicieron fiestas con prostitutas, por eso es que se oponen al Plan Control Territorial», aseguró el funcionario.
Las palabras del ministro Villatoro fueron contundentes y expresa el propósito del Plan Control Territorial liderado por el presidente Nayib Bukele de acabar con las prácticas de antes y luchar contra la impunidad.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
