Judicial
«Estamos logrando verdadera justicia. No más tratos con delincuentes»: Rodolfo Delgado sobre caso de David Munguía Payés
El Juzgado Especializada de Instrucción A de San Salvador, ha resuelto que el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, debe enfrentar vista pública por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, al mismo tiempo le ha revocado el arresto domiciliar por la gravedad de los delitos.
El exfuncionario es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber facilitado y avalado la tregua entre pandillas.
En el expediente elevado a la última etapa del proceso, el ministerio público incorporó las declaraciones del testigo criteriado Noé y del testigo régimen de protección Franco, quienes ha revelado como se manejó la tregua con pandillas entre marzo de 2012 y agosto de 2013.
En las causas penales conocidas como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los criteriados y otros testigos entre los que figuran exfuncionarios y mediadores de ese proceso han dicho que Munguía Payés con el aval del expresidente Mauricio Funes, permitió una serie de ilegalidades a las pandillas.
Noé en la declaración anticipada rendida el 14 de octubre de 2020 ante el Juzgado Especializado de Instrucción A, dijo que la tregua permitió a las pandillas fortalecerse y hasta llegar a relacionarse con políticos y captar fondos para esas estructuras.
Noé ha manifestado que con la tregua «se les facilitó sembrar la semilla del mal», para el juez, lo manifestado por el criteriado es muy grave y que la FGR se quedó corta con los delitos acusados a Munguía Payés.
«Es bastante despreciable que el Estado o el gobierno haya realizado ese proceso de tregua y como juez estoy convencido de que no se trata de una política pública, sino que se buscaba obtener un beneficio personal», sostuvo el juez.
Cabe mencionar que, este proceso iniciado el 26 de julio del año 2020, también incluye al expresidente Mauricio Funes, quien fue separado del caso cuando se inició la audiencia preliminar ya que el Código Procesal Penal establece que sin la presencia de un imputado no se puede realizar esa diligencia.
El prófugo Mauricio Funes, es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, por haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas.
Según la acusación el expresidente asilado en Nicaragua y con siete órdenes de captura, tuvo conocimiento de las ilegalidades que se estaban cometiendo en el marco de la tregua con las pandillas, pero no hizo nada para detenerlas pues él lo que buscaba era una buena imagen de que en su gobierno los homicidios se habían reducido.
Reacciones:
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, había confirmado que las pruebas presentadas eran «contundentes, abundantes y suficientes», por lo que la resolución que se esperaba era favorable para pasar a etapa de juicio.
«Estamos logrando verdadera justicia. No más tratos con delincuentes. Pagarán los que tengan que pagar», expresó enfáticamente Delgado tras la resolución en el caso de Payés.
También, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reaccionó y reafirmó su compromiso para terminar con la impunidad que viene desde los Gobiernos de ARENA y FMLN.
«Años atrás el ex presidente Mauricio Funes junto con el ex ministro David Munguía Payés, negociaron con pandillas. Ahora, deben responder. Negociaron con la sangre de los salvadoreños, entrenaron a pandilleros en polígonos de tiro, les dieron miles de dólares a cambio de votos, los sacaron de las cárceles de máxima seguridad y les hicieron fiestas con prostitutas, por eso es que se oponen al Plan Control Territorial», aseguró el funcionario.
Las palabras del ministro Villatoro fueron contundentes y expresa el propósito del Plan Control Territorial liderado por el presidente Nayib Bukele de acabar con las prácticas de antes y luchar contra la impunidad.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
