Judicial
Esperan proceso imparcial en audiencia inicial contra Juez de Paz de San José de La Fuente, La Unión
Esta mañana de lunes se desarrolla la Audiencia Inicial en contra de Daniel Alcides Campos Iglesias, Juez de Paz de San José de La Fuente de La Unión, procesado por amenazas con agravación especial y disparo de arma de fuego, en el Juzgado 3° de Paz de San Miguel.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado de manera express el requerimiento para que el imputado sea proceso por los delitos señalados y cometidos en contra de otro ciudadano, tras una discusión entre ambos que involucró a sus canes y dónde Campos Iglesias luego disparó al aire.
El caso que hoy se ventila en el juzgado correspondiente aparentemente tendría elementos suficientes para buscar una justicia selectiva en favor del acusado, por el hecho de ser juez, dejando aún lado otros casos que esperan por días el requerimiento para ser llevados a juicio y enfrentar la audiencia inicial.
Campos Iglesias le dijo a “Carlos” (nombre ficticio) que dejara de golpear a su perro, por lo que la víctima le reclamó porque había dejado salir a su perro.
Tras una breve discusión entre el juez Campos Iglesias y Carlos, éste siguió caminando con su esposa y su perro. Pero de repente, el juez salió con una pistola de su casa y amenazó a la víctima.
La intervención de varios vecinos evitó que la situación se complicara. Antes de entrar a su casa, el juez Campos Iglesias disparó al aire en varias ocasiones.
Minutos después llegó una patrulla de policías y arrestaron al juez Campos en flagrancia con base a la denuncia de la víctima.
El juez señalado, enfrenta la audiencia inicial donde se espera que el juzgado correspondiente lleve a cabo un proceso imparcial, cumpliendo los requerimientos establecidos, sin dar trato privilegiado al acusado y que prevalezca la justicia parcial.
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Daniel Alcides Campos Iglesias, es padre del Sigifredo Alcides Campos Crespo, exdirector del Centro de Escuchas de La Fiscalía General de la República (FGR) en la administración del exfiscal Douglas Meléndez.
Sigifredo Alcides Campos Crespo, confesó en su momento haberse tomado atribuciones en las escuchas telefónica utilizadas en el caso Rais- Martínez, sin la autorización previa del fiscal general, Douglas Meléndez, es por ello que aún está pendiente su resolución en la Sala de lo Penal.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
