Judicial
En el tema de plazos judiciales, juez Antonio “Toni” Durán contradice a Sala de lo Constitucional y produce incertidumbre entre litigantes
Un abogado consultado por este medio, quien pidió reserva de su nombre, en virtud que no quiere tener represalias como litigante, analizó lo expuesto por el Juez Antonio “Toni” Durán, quien cumple un interinato en uno de los tribunales de Segunda Instancia de la capital, quien publicó este día en su cuenta de la red social Facebook, un criterio relacionado a los plazos judiciales, en el cual contradice los últimos pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional, así como la disposición transitoria de suspensión de plazos administrativos.
A su consideración, lo expuesto por el juez “únicamente abona a la incertidumbre y ansiedad que se ha provocado en toda la población, especialmente en los usuarios del sistema judicial y en quienes tienen
trámites administrativos pendientes o en suspenso. Esto suma a los conflictos que se han visto entre Poderes del Estado durante las últimas semanas durante la pandemia mundial por el virus covid-19.”
Precisamente en su publicación, el citado juez, refiriéndose a los plazos judiciales afirmó que “jurídicamente, están corriendo desde el lunes 25 (de mayo). Los jueces no podemos suspender los plazos judiciales en cada
caso concreto”. A criterio del abogado consultado, esta es una publicación de graves consecuencia legales, porque muchos funcionarios judiciales confunden lo que es la “independencia judicial” con una conducta
que más bien es de “matonería jurídica” o “soberbia intelectual”, pues hay una serie de instrumentos con fuerza legal que se han referido a la situación de congelamiento de plazos judiciales y administrativos.
Evitar una crisis institucional y la inseguridad jurídica para usuarios del sistema judicial y litigantes, con respecto a los plazos judiciales en recursos o solicitudes que pudieran vencerse en momentos en que todo el país está inmerso en una cuarentena que limita por razones sanitarias los desplazamientos y requiere de distanciamiento social, motivó al fiscal general Raúl Melara, a solicitar con suficiente antelación a mantener
suspendidos los plazos legales y judiciales. Es así, que el 22 de mayo del presente año, la Asamblea Legislativa aprobó una disposición transitoria que permite suspender plazos judiciales y procesales de cualquier materia, ya sea civil, penal o mercantil, hasta el 29 de mayo de 2020, pues la normativa vigente vencía el 24 de mayo.
Esto desde el análisis del abogado entrevistado, es además de un esfuerzo integrado y articulado por conservar en todos los ámbitos del Estado de Derecho, una acción que evita más desgaste para el Órgano
Judicial, pues al existir una norma jurídica general, no habrá necesidad que los jueces y tribunales tengan que calificar cada caso en particular, pues no podemos olvidar que “al impedido con justa causa no le corre
término” pues toda la población se encuentra limitada en sus movimientos con el interés de ir bajando los contagios del virus.
Por eso cuando el juez Durán, en su misma publicación manifiesta: “La CSJ ya giró instrucciones para las notificaciones electrónicas e incluso se han estado recibiendo escrito vía correo electrónico”.
Según el abogado consultado, esto “es muy peligroso, pues hasta la fecha he revisado todos los medios de divulgación de la Corte Suprema de Justicia, y no he encontrado nada en tal sentido. Todos hemos conocido que se giraron instrucciones para que los jueces y tribunales siguieran ejerciendo sus funciones en todos aquellos casos donde la confluencia de otros derechos fundamentales como la libertad de los procesados, no puede afectarse, así como hemos visto a la Sala de lo Constitucional, enfocada en procesos constitucionales relacionadas con derechos que tengan especial sensibilidad durante la Pandemia del COVID-19”, explicó.
Esta no es la primera polémica generada por el juez Durán contra el Gobierno, pues hace unos días también retó al presidente de la República, Nayib Bukele, ante un conflicto generado sobre el cumplimiento de una
resolución de la Sala de lo Constitucional y el Gobierno de la República. Y cerró su publicación dejando entre ver que la actitud del presidente le podía constar en efectos legales, diciendo que la justicia podía tardar
pero llegaría.
Unos días después se corrió el rumor que mencionaba el intento de los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa para promover antejuicio contra el presidente Bukele. “Esperamos que las posiciones que está adoptando al juez Durán, que no debemos olvidar su investidura y la imparcialidad en su función, no tengan intereses políticos, pues no hay que dejar de lado, las relaciones cercanas de índole familiar del Juez, con personajes de la alta dirigencia del partido FMLN, como es Walter Durán, quien entre otros cargos fue embajador y representante diplomático en varios países, entre ellos China”, recordó el litigante.
Finalmente, para el abogado, la actitud del juez Durán de realizar una crítica política y considerarse un paladín del derecho al decir que como “funcionarios se deben a la ley”, pero hace lo contrario, primando su
criterio frente a la postura institucional. Y recomendó a todos los usuarios y abogados que tienen casos en el tribunal donde imparte justicia el juez que verifiquen la situación y si ha realizado algo contrario a la ley, procedan si es necesario inclusive haciendo las denuncias pertinentes.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
