Judicial
Empresario Enrique Rais pide a Sala de lo Penal abordar resolución de instancia de la ONU que califica de «arbitraria» su privación de libertad
El empresario Enrique Rais llamó a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) a ejercer el principio de «pronta y cumplida justicia» a su favor, a partir de la resolución emitida en su beneficio por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), organismo constituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su Opinión 67-2020, el GTDA estableció que «la privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Al respecto de tal decisión del organismo de la ONU, el empresario hizo llegar una misiva a manos de los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, donde expone la opinión del Grupo de Trabajo.
«Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar ‘pronta y cumplida justicia’, y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a mi persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la fabricación de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de órdenes de prisión preventiva arbitrarias, y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas, por tener calidad de cosa juzgada fraudulenta», manifestó en su misiva el empresario.
Rais explica que ante la ejecución de un proceso en su contra, «basado en pruebas ilícitas, espúreas y fraudes procesales», interpuso ante la Fiscalía General de la República sendas denuncias en contra de Wil Walter Ruiz Ponce, ex jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del ex fiscal general, Douglas Meléndez, así como contra un grupo de agentes y exagentes del Ministerio Público que recurrieron maniobras ilegales para incriminarlo.
También denunció a personal técnico de la Fiscalía por participar con acciones ilícitas en la presentación de pruebas.
«Los fiscales y exfiscales de crimen organizado, usando ‘testigos sin rostro’, ‘escuchas telefónicas Ilegales’ y ‘pruebas adulteradas’ violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA», señaló el empresario.
Recordó Rais que en ese momento inició una batalla legal en favor de sus derechos humanos ante el atropello del que era objeto por parte de agentes fiscales, pero que el juez 5° de Paz de San Salvador consideró que todos los graves hechos en su contra eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados.
«Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA, la cual establece en su numeral 64 lo siguiente: ‘El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del señor Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos'», instó el empresario
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 50 años de cárcel para José Eriberto Calidonio, por haber asesinado a una persona en el distrito de Apopa, jurisdicción de San Salvador Oeste.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han determinado que este criminal fue «contactado por el esposo de la víctima para que cometiera el crimen a cambio de dinero».
Calidonio, también apodado Bob Esponja, fue procesado por el delito de homicidio agravado, el cual está regulado en los artículos 128 y 129 del Código Penal. Este crimen sucedió el 18 de marzo de 2016.
«Ese hecho da inicio a partir de la planificación que fue realizada por el esposo de la víctima quien se pone en contacto con dos personas a quienes le ofrece dinero para que ejecuten a la esposa», explicó en su momento la fiscal del caso.
Uno de los criminales contratados es alias Bob Esponja; la víctima fue contactada por los delincuentes a eso de las 4:00 de la tarde y cerca de las 8:00 de la noche fue asesinada con un arma de fuego, según establecieron las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena de Zaida Lisseth Candel de Amaya, quien fue encontrada culpable del delito de tráfico ilícito de droga.
La FGR señaló que a Candel de Amaya y su esposo, Luis Alfonso Amaya Pineda, le encontraron cocaína y marihuana, tras un registro realizado en su vivienda ubicada en la residencial Bosque de Santa Elena Sur, en Antiguo Cuscatlán.
En total fueron siete kilos y medio de cocaína y 6,075 gramos de marihuana, valorada la totalidad de la droga en $197,220.78.
«Como resultado del registro con prevención de allanamiento se localizaron siete paquetes rectangulares, casi aproximadamente un kilo de cocaína más 10 porciones y también 6,075 gramos de marihuana», detalló el fiscal del caso.
#Condena I La @FGR_SV presentó abundante prueba pericial, documental y testimonial para lograr que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla imponga esta pena. pic.twitter.com/02PWNIWGX6
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 14, 2025
Las investigaciones señalan que la pareja estaba ligada a una estructura de narcotráfico que transportaba droga desde países centroamericanos, entre ellos Panamá y Costa Rica.
«La sentencia que se ha obtenido es una pena de prisión de 12 años por su participación en el tráfico ilícito en la modalidad de almacenamiento», añadió el fiscal.
