Judicial
Empresario Enrique Rais pide a Sala de lo Penal abordar resolución de instancia de la ONU que califica de «arbitraria» su privación de libertad
El empresario Enrique Rais llamó a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) a ejercer el principio de «pronta y cumplida justicia» a su favor, a partir de la resolución emitida en su beneficio por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), organismo constituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su Opinión 67-2020, el GTDA estableció que «la privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Al respecto de tal decisión del organismo de la ONU, el empresario hizo llegar una misiva a manos de los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, donde expone la opinión del Grupo de Trabajo.
«Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar ‘pronta y cumplida justicia’, y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a mi persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la fabricación de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de órdenes de prisión preventiva arbitrarias, y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas, por tener calidad de cosa juzgada fraudulenta», manifestó en su misiva el empresario.
Rais explica que ante la ejecución de un proceso en su contra, «basado en pruebas ilícitas, espúreas y fraudes procesales», interpuso ante la Fiscalía General de la República sendas denuncias en contra de Wil Walter Ruiz Ponce, ex jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del ex fiscal general, Douglas Meléndez, así como contra un grupo de agentes y exagentes del Ministerio Público que recurrieron maniobras ilegales para incriminarlo.
También denunció a personal técnico de la Fiscalía por participar con acciones ilícitas en la presentación de pruebas.
«Los fiscales y exfiscales de crimen organizado, usando ‘testigos sin rostro’, ‘escuchas telefónicas Ilegales’ y ‘pruebas adulteradas’ violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA», señaló el empresario.
Recordó Rais que en ese momento inició una batalla legal en favor de sus derechos humanos ante el atropello del que era objeto por parte de agentes fiscales, pero que el juez 5° de Paz de San Salvador consideró que todos los graves hechos en su contra eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados.
«Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA, la cual establece en su numeral 64 lo siguiente: ‘El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del señor Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos'», instó el empresario
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Acusados de estafar con paquetes turísticos seguirán en prisión mientras avanza investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que David Antonio Rugamas Leiva, Juan Carlos Henríquez López, Lised Cristina Posada Cuadros, Gregorio Andrés García Echeverry, Jonathan David Torres Builes y Natalia Paniagüa Jaramillo se mantengan en prisión mientras sigue la investigación en su contra por el delito de estafa.
A los imputados se les acusa de promover paquetes vacacionales a través de una falsa agencia de viajes, Trópico Travel. En este nuevo proceso se han registrado las denuncias de 51 víctimas
De acuerdo a la investigación y testimonios de las víctimas, los imputados vendían membresías turísticas con un amplio portafolio de beneficios, logrando que les pagaran con tarjetas de crédito, pero cuando las víctimas querían hacer uso de lo que habían adquirido, no pudieron.
El monto que se reclama en calidad de responsabilidad civil a favor de las víctimas es de $77,042.00 dólares.
La primera audiencia en contra de los imputados se realizó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, el caso pasa a la etapa de instrucción.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, la detención provisional en contra de Gerardo Quijada Orellana, mejor conocido como “Mr. Miyagui”, por el delito de estafa en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con las investigaciones, en abril de 2024, la víctima decidió llevar su vehículo al taller “GQ Racing”, propiedad de Quijada, para realizar una reparación.
Tras hacerle un scáner, le dijeron que la reparación por el cambio de árbol de llaves y cárter tendría un costo de $1,000, a lo que la víctima accedió y canceló.
El día de la entrega del vehículo, la víctima reportó el mismo fallo mecánico, razón por la que volvió a llevar el vehículo al taller, donde Quijada Orellana asumió el costo de la supuesta reparación por problemas en la bomba de gasolina. La víctima pidió que le entregaran la pieza dañada, pero el ahora procesado se negó.
El problema en el vehículo continúo, la víctima decidió llevar su vehículo a otro taller donde le diagnosticaron que el problema era con la caja de velocidades, con un costo de $1,200.
La víctima intentó contactar a Gerardo Quijada Orellana para que asumiera los costos, pero nunca le respondió
A 26 años de prisión fue condenada Flor Arely Molina tras ser hallada culpable de arrebatarle la vida a un pequeño de solo dos años y medio de edad, informó la Fiscalía General de la República (FGR), la tarde del viernes.
La FGR explicó que el menor perdió la vida tras ser golpeado. “Este lamentable hecho ocurrió en noviembre de 2023, en Santa Tecla, La Libertad”, añadieron autoridades.
Según el reporte, Molina era la cuidadora o niñera del menor, y fue valiéndose de esa situación que sucedieron los hechos.
Tras el desfile de pruebas el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso la sentencia ante la contundencia de las mismas. Por su parte, la Fiscalía dijo sentirse satisfecha con la condena.
