Judicial
Empresario Enrique Rais pide a Sala de lo Penal abordar resolución de instancia de la ONU que califica de «arbitraria» su privación de libertad
El empresario Enrique Rais llamó a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) a ejercer el principio de «pronta y cumplida justicia» a su favor, a partir de la resolución emitida en su beneficio por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), organismo constituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su Opinión 67-2020, el GTDA estableció que «la privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Al respecto de tal decisión del organismo de la ONU, el empresario hizo llegar una misiva a manos de los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, donde expone la opinión del Grupo de Trabajo.
«Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar ‘pronta y cumplida justicia’, y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a mi persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la fabricación de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de órdenes de prisión preventiva arbitrarias, y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas, por tener calidad de cosa juzgada fraudulenta», manifestó en su misiva el empresario.
Rais explica que ante la ejecución de un proceso en su contra, «basado en pruebas ilícitas, espúreas y fraudes procesales», interpuso ante la Fiscalía General de la República sendas denuncias en contra de Wil Walter Ruiz Ponce, ex jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del ex fiscal general, Douglas Meléndez, así como contra un grupo de agentes y exagentes del Ministerio Público que recurrieron maniobras ilegales para incriminarlo.
También denunció a personal técnico de la Fiscalía por participar con acciones ilícitas en la presentación de pruebas.
«Los fiscales y exfiscales de crimen organizado, usando ‘testigos sin rostro’, ‘escuchas telefónicas Ilegales’ y ‘pruebas adulteradas’ violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA», señaló el empresario.
Recordó Rais que en ese momento inició una batalla legal en favor de sus derechos humanos ante el atropello del que era objeto por parte de agentes fiscales, pero que el juez 5° de Paz de San Salvador consideró que todos los graves hechos en su contra eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados.
«Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA, la cual establece en su numeral 64 lo siguiente: ‘El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del señor Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos'», instó el empresario
La Policía Nacional Civil capturó a un joven de 18 años durante un allanamiento en una vivienda de la urbanización Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste.
El detenido, identificado como Néstor Alfredo Pérez Hernández, se dedicaba a la distribución y venta de drogas en la zona. Durante el operativo le decomisaron marihuana, metanfetamina, dinero en efectivo, una laptop, una tablet y un celular.
En las próximas horas será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
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Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS fueron condenados hasta con 53 años de prisión
Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 53 años de prisión por formar parte o liderar agrupaciones con estructura jerárquica y organizadas como la MS-13 que en el pasado infundieron terror e inseguridad en la población.
Según el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados formaban parte de la estructura que delinquían en diferentes sectores de Chalatenango en donde fueron capturados en 2022, durante el Régimen de Excepción.
Entre los condenados se encuentra el homeboy José Gerardo Hércules Pineda, alias «charcha», quien recibió una pena de 53 años de prisión; y los paros Luis Fernando Alvarado Reyes, alias «canchis»; Hugo Alberto Romero Castillo, alias «Hugo»; y Josué Ezequiel Marroquín Pineda, alias «beleti» o «zunso», fueron condenados a 26 años de prisión cada uno.
También recibieron una condena de 26 años de cárcel los colaboradores Yeimy Gregoria Clavel Quijada, también conocida como Yeimin Gregoria Clavel Quijada, alias «my friend» o «yeimi»; Ramón Ernesto Castillo Mejía, alias «gargamón»; Simón Alvarado Orellana, alias «Simón»; y Nelson de Jesús Palma Escobar.
Las condenas fueron impuestas por el delito de organizaciones terroristas con agravación especial por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 2, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial presentada por la Fiscalía General de la República.
