Judicial
Empresario Enrique Rais pide a Sala de lo Penal abordar resolución de instancia de la ONU que califica de «arbitraria» su privación de libertad
El empresario Enrique Rais llamó a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) a ejercer el principio de «pronta y cumplida justicia» a su favor, a partir de la resolución emitida en su beneficio por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), organismo constituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su Opinión 67-2020, el GTDA estableció que «la privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Al respecto de tal decisión del organismo de la ONU, el empresario hizo llegar una misiva a manos de los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, donde expone la opinión del Grupo de Trabajo.
«Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar ‘pronta y cumplida justicia’, y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a mi persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la fabricación de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de órdenes de prisión preventiva arbitrarias, y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas, por tener calidad de cosa juzgada fraudulenta», manifestó en su misiva el empresario.
Rais explica que ante la ejecución de un proceso en su contra, «basado en pruebas ilícitas, espúreas y fraudes procesales», interpuso ante la Fiscalía General de la República sendas denuncias en contra de Wil Walter Ruiz Ponce, ex jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del ex fiscal general, Douglas Meléndez, así como contra un grupo de agentes y exagentes del Ministerio Público que recurrieron maniobras ilegales para incriminarlo.
También denunció a personal técnico de la Fiscalía por participar con acciones ilícitas en la presentación de pruebas.
«Los fiscales y exfiscales de crimen organizado, usando ‘testigos sin rostro’, ‘escuchas telefónicas Ilegales’ y ‘pruebas adulteradas’ violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA», señaló el empresario.
Recordó Rais que en ese momento inició una batalla legal en favor de sus derechos humanos ante el atropello del que era objeto por parte de agentes fiscales, pero que el juez 5° de Paz de San Salvador consideró que todos los graves hechos en su contra eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados.
«Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA, la cual establece en su numeral 64 lo siguiente: ‘El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del señor Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos'», instó el empresario
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
