Judicial
Empresario Enrique Rais pide a Sala de lo Penal abordar resolución de instancia de la ONU que califica de «arbitraria» su privación de libertad

El empresario Enrique Rais llamó a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) a ejercer el principio de «pronta y cumplida justicia» a su favor, a partir de la resolución emitida en su beneficio por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), organismo constituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su Opinión 67-2020, el GTDA estableció que «la privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Al respecto de tal decisión del organismo de la ONU, el empresario hizo llegar una misiva a manos de los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, donde expone la opinión del Grupo de Trabajo.
«Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar ‘pronta y cumplida justicia’, y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a mi persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la fabricación de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de órdenes de prisión preventiva arbitrarias, y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas, por tener calidad de cosa juzgada fraudulenta», manifestó en su misiva el empresario.
Rais explica que ante la ejecución de un proceso en su contra, «basado en pruebas ilícitas, espúreas y fraudes procesales», interpuso ante la Fiscalía General de la República sendas denuncias en contra de Wil Walter Ruiz Ponce, ex jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del ex fiscal general, Douglas Meléndez, así como contra un grupo de agentes y exagentes del Ministerio Público que recurrieron maniobras ilegales para incriminarlo.
También denunció a personal técnico de la Fiscalía por participar con acciones ilícitas en la presentación de pruebas.
«Los fiscales y exfiscales de crimen organizado, usando ‘testigos sin rostro’, ‘escuchas telefónicas Ilegales’ y ‘pruebas adulteradas’ violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA», señaló el empresario.
Recordó Rais que en ese momento inició una batalla legal en favor de sus derechos humanos ante el atropello del que era objeto por parte de agentes fiscales, pero que el juez 5° de Paz de San Salvador consideró que todos los graves hechos en su contra eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados.
«Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA, la cual establece en su numeral 64 lo siguiente: ‘El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del señor Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos'», instó el empresario
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Prisión para sujeto que abusó de una niña de nueve años

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
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Prisión para profesor que abusó de una alumna

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
Judicial
Cárcel para mujer que vendió 100 gallinas ponedoras y nunca las entregó

A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.