Judicial
El duro reto de la FGR de extraditar a Mauricio Funes al país
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una misión cuesta arriba para poder extraditar al expresidente de la república, Mauricio Funes, así lo afirman expertos en temas constitucionales en una entrevista para El Salvador Times. Ellos explican que será un reto que podría llegar hasta la disolución de los delitos que pesan sobre Funes y una decena de personas.
El miércoles el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó orden de captura para el expresidente y otros acusados en el caso “Saqueo Público”, en el que la FGR presume que $351 millones fueron extraídos de forma fraudulenta del Estado con el objetivo de favorecer al círculo más cercano de Funes, quien esta asilado en Nicaragua desde el 6 de septiembre de 2016.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ulises del Dios Guzmán y el exfiscal Omar Pastor señalaron que el proceso de extradición de Funes y su grupo familiar es un trabajo cuesta arriba, ya que ellos están protegidos bajo la figura de asilo político otorgado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
“El asilo político opera como una especie de protección justamente en contra de los intentos de extradición. El asilo político es la antítesis de la extradición; en consecuencia la policía nicaragüense no lo va a capturar”, dijo Guzmán. Asimismo, afirmó que los cuerpos de seguridad dependen del gobierno de Ortega, los cuales solo se limitarían a notificar a las autoridades salvadoreñas que Funes está dentro de su territorio.
El exmagistrado explicó que dentro los pasos para extraditar a una persona consisten en que el fiscal instructor del caso deberá emitir un solicitud de extradición a los 12 magistrados de la Corte Plena en la CSJ, quienes serás los encargados de evaluar la constitucionalidad y la legalidad de los argumentos presentados por la FGR.
“En un primer momento en el país dependería de la decisión de la Corte; ocho magistrados (la mayoría) pueden decir que se tramite la extradición, pero también ocho magistrados pueden denegar el trámite”, explicó Guzmán.
Él enfatiza que si la Corte llegara a aprobar dicha solicitud para devolver a Funes a El Salvador, esta se encargaría, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de entregársela a la embajada de Nicaragua en el país o remitirla directamente al gobierno de Ortega.
Guzmán analiza que la respuesta de Nicaragua sería negativa, ya que argumentaría que el expresidente está bajo el blindaje de la figura del asilo «por ser un perseguido político”. Guzmán señaló que la extradición “va a depender de la voluntad del gobernante (Ortega). Mientras se mantenga el asilo político y la protección política no lo va a extraditar mucho más allá de los tratados internacionales”.
El jefe de la unidad Especializada Contra el Lavado de Activos, Jorge Cortez, explicó que con las diversas órdenes de captura a nivel nacional paralelamente se emitió una alerta a las oficinas de la Policía Internacional en El Salvador (Interpol, por sus siglas en ingles) para lanzar la emisión roja para todos los implicados, incluidos los que se encuentren asilados.
Sin embargo, Guzmán reiteró que esa petición no será efectiva para el expresidente Funes y su grupo familiar, precisamente, por estar asilados en el país centroamericano. De esta manera, como la Policía de Nicaragua ya conoce la dirección de residencia del exmandatario solo se limitaría a confirmar que aún está en el territorio.
El exmagistrado explicó que si el expresidente Funes no es llevado a tribunales, el juez lo declararía rebelde y el caso pasaría a una suspensión del proceso hasta llegar a una extinsión de todos los delitos que señalan al exmandatario.
“Existe la probabilidad por la prescripción. Las autoridades no tienen muchos recursos para estar ejerciendo el mismo tipo de presión. De modo tal que existe la probabilidad que simplemente no lo capturen y que transcurra el tiempo de la prescripción y después se extinga el proceso, donde el contara con la libertad”, explicó.
Funes, el nicaragüense
Una carta de salvación que tiene el expresidente salvadoreño es que el gobierno de Nicaragua le conceda la nacionalidad imposibilitando de manera súbita a la justicia salvadoreña, ya que las autoridades judiciales de ese país tendrían que procesarlo, pero todo dependería nuevamente del presidente Ortega.
El exfiscal, Omar Pastor, explicó que hay fuertes rumores de que Funes ya posee la nacionalidad nicaragüense. “Según dicen es ciudadano nicaragüense. No es posible extraditarlo”, dijo durante una entrevista a El Salvador Times. Pastor señaló que el expresidente es inocente, ya que no se le ha probado algunos nexos con los argumentos de la FGR.
Durante una entrevista radial, Cortez le dio la razón al expresidente Funes: “No hemos encontrado mayor evidencia vinculada a él (Mauricio Funes), tiene razón en eso”. Con tal afirmación deja en evidencia que no hay elementos que justifiquen la extradición del exfuncionario y su compañera de vida, Ada Mitchelle Guzmán.
El exmagistrado y el exfiscal concuerdan que el caso no es complicado, ya que el blindaje ha levantado un muro favorecedor para Funes, sobre todo porque la FGR aún no ha encontrado elementos firmes para condenarlo. “No hay pruebas y porque nunca ha sido condenado y llevado a juicio”, apuntó Pastor.
El tratado de extradición
Algunos partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa han solicitado ejecutar el Tratado Centroamericano de Detención y Extradición Simplificada, un convenio firmado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde explica las razones por las cuales una persona puede ser extraditada cuando un país lo solicita a otro.
Sin embargo, el expresidente Mauricio Funes se ha declarado como “perseguido político” por parte de las autoridades fiscales de El Salvador, este es un punto a favor para él ya que dentro de los estatutos del tratado establece en el capítulo cinco que el país se negará a proceder su extradición cuando la petición “ha sido formulada con el objeto de procesar a una persona por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad u opiniones políticas”.
Funes en varias ocasiones desde su cuenta de Twitter ha argumentado que es inocente de todos los delitos que pesan en su contra y asegura que todo es parte de un «show montado» por el fiscal general, Douglas Meléndez.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
