Judicial
Cuatro pandilleros le asestaron 14 balazos en la espalda a un agente del CAM de Apopa para robarle su pistola
Con 14 disparos y por la espalda, así fue como un grupo de pandilleros de la 18 asesinaron a un agente del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) cuando realizaba sus labores de seguridad en Apopa. Ahora los hechores esperan un juicio en su contra. Uno de ellos pidió perdón ya que decidió congregarse en una iglesia.
Reynaldo Hernández Mejía, de 43 años de edad, era un agente del CAM que había dedicado varios años a la corporación y el día que fue asesinado él no vio directamente a los ojos a sus verdugos, un grupo de cuatro pandilleros que orquestaron minuciosamente la muerte solo para robarle su arma de fuego lo asesinaron por la espalda.
Esto ocurrió a las 2:15 de la tarde del 23 de noviembre del 2015 cuando Reynaldo se encontraba brindando seguridad a un grupo de empleados municipales que realizaban trabajos de bacheo frente al centro escolar de Popotlán, sobre la calle Fernando Ibáñez y avenida Sihuatán.
La calle había sido cerrada y con el sol en el punto más alto hacía mucho calor en lugar y él se había apoyado en una pared mientras observaba a los trabajadores y a las personas que transitaban.
Sin embargo, al otro extremo de la calle aguardaban dos pandilleros de la 18 Sureños, quienes se habían percatado de la distracción del agente. Se comunicaban susurrando con un secretismo tal que Reynaldo jamás previó lo que estaba por ocurrir.
Un testigo que estaba cerca de ellos alcanzó a escuchar una conversación.
“¡Hey! Estos locos tienen que hacer la pegada ya. Hoy que no viene la jura (policía)”, le dijo Guillermo M., alias “Mango”, a otro de sus compañeros.
“Ya vienen”, le contestó inmediatamente Fidel M., alias “Chino”.
Al fondo de la calle se acercaban otros tres que caminaban rápido hasta juntarse con los otros que ya estaban cerca de la víctima.
El ataque
Reynaldo comenzó a dar unos pasos y quedó de espaldas. Esto fue el pase para que los hombres, sin levantar sospechas, se prepararan para dar su mejor golpe.
Los pasos comenzaron lentos, pero a medida iban avanzando se hacían más apresurados. En ese momento, Fidel y Franklin M., alias “Chindondo”, sacaron de sus cinturas las armas de fuego para matarlo.
La tarde tranquila fue interrumpida por los disparos que comenzaron a sonar uno tras otro. Reynaldo se derrumbó hasta quedar boca abajo sobre la acera, mientras que los empleados a los que este cuidaba salieron desperdigados.
Por un par de segundos el silencio regresó, pero nuevamente las balas salieron del arma de William R., alias “Diablito”, quien fue el encargado de rematarlo. Ya conforme con lo ocurrido Guillermo A., alias “Mango”, se agachó y tomó del cadáver el arma de Reynaldo.
Luego de cinco horas de trabajo, el informe forense del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que el agente del CAM presentaba 14 disparos en todo su cuerpo.
Tres enfrentan la justicia
Tiempo después, las investigaciones policiales dieron con dos testigos que habían presenciado el hecho y estos fueron los encargados de identificarlos hasta llegar a su captura. Posteriormente, fueron acusados de los delitos de homicidio y organizaciones terroristas.
Ambos concordaron que los asesinos eran pandilleros de la zona y que ese día era extraño verlos sobre una calle principal donde podían ser identificados
En la audiencia preliminar realizada en un juzgado de instrucción de San Salvador el 15 de enero del 2019, el abogado defensor de Franklin solicitó al juez que se modificara el delito de organizaciones terroristas para su defendido porque la Fiscalía General de la República (FGR) no había determinado la función dentro de la estructura y el rol que desempeñaron el día del asesinato.
En ese mismo momento, explicó que Fidel, otro de sus defendidos, no pudo haber participado en los hechos ya que tenía una lesión en su rodilla.
Ese mismo día Fidel se paró ante el tribunal y dijo: “Pido perdón. Me congrego en una iglesia y me he convertido. Tengo problemas en la rodilla y tengo pruebas de rayos equis».
Sin embargo, la Policía señaló que los sujetos tienen el cargo de ser palabreros en la urbanización Popotlán 1, en Apopa. Tres de los cuatro se encuentran resguardados en los centro penales que ellos solicitaron; el único que está ausente es Guillermo, quien aún es buscado por las autoridades.
Dentro de la vista pública se espera que testifiquen los dos testigos y el resto de las personas que estuvieron en la escena. El caso está en manos del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que para febrero tiene prevista la audiencia.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
