Judicial
Cuatro pandilleros le asestaron 14 balazos en la espalda a un agente del CAM de Apopa para robarle su pistola
Con 14 disparos y por la espalda, así fue como un grupo de pandilleros de la 18 asesinaron a un agente del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) cuando realizaba sus labores de seguridad en Apopa. Ahora los hechores esperan un juicio en su contra. Uno de ellos pidió perdón ya que decidió congregarse en una iglesia.
Reynaldo Hernández Mejía, de 43 años de edad, era un agente del CAM que había dedicado varios años a la corporación y el día que fue asesinado él no vio directamente a los ojos a sus verdugos, un grupo de cuatro pandilleros que orquestaron minuciosamente la muerte solo para robarle su arma de fuego lo asesinaron por la espalda.
Esto ocurrió a las 2:15 de la tarde del 23 de noviembre del 2015 cuando Reynaldo se encontraba brindando seguridad a un grupo de empleados municipales que realizaban trabajos de bacheo frente al centro escolar de Popotlán, sobre la calle Fernando Ibáñez y avenida Sihuatán.
La calle había sido cerrada y con el sol en el punto más alto hacía mucho calor en lugar y él se había apoyado en una pared mientras observaba a los trabajadores y a las personas que transitaban.
Sin embargo, al otro extremo de la calle aguardaban dos pandilleros de la 18 Sureños, quienes se habían percatado de la distracción del agente. Se comunicaban susurrando con un secretismo tal que Reynaldo jamás previó lo que estaba por ocurrir.
Un testigo que estaba cerca de ellos alcanzó a escuchar una conversación.
“¡Hey! Estos locos tienen que hacer la pegada ya. Hoy que no viene la jura (policía)”, le dijo Guillermo M., alias “Mango”, a otro de sus compañeros.
“Ya vienen”, le contestó inmediatamente Fidel M., alias “Chino”.
Al fondo de la calle se acercaban otros tres que caminaban rápido hasta juntarse con los otros que ya estaban cerca de la víctima.
El ataque
Reynaldo comenzó a dar unos pasos y quedó de espaldas. Esto fue el pase para que los hombres, sin levantar sospechas, se prepararan para dar su mejor golpe.
Los pasos comenzaron lentos, pero a medida iban avanzando se hacían más apresurados. En ese momento, Fidel y Franklin M., alias “Chindondo”, sacaron de sus cinturas las armas de fuego para matarlo.
La tarde tranquila fue interrumpida por los disparos que comenzaron a sonar uno tras otro. Reynaldo se derrumbó hasta quedar boca abajo sobre la acera, mientras que los empleados a los que este cuidaba salieron desperdigados.
Por un par de segundos el silencio regresó, pero nuevamente las balas salieron del arma de William R., alias “Diablito”, quien fue el encargado de rematarlo. Ya conforme con lo ocurrido Guillermo A., alias “Mango”, se agachó y tomó del cadáver el arma de Reynaldo.
Luego de cinco horas de trabajo, el informe forense del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que el agente del CAM presentaba 14 disparos en todo su cuerpo.
Tres enfrentan la justicia
Tiempo después, las investigaciones policiales dieron con dos testigos que habían presenciado el hecho y estos fueron los encargados de identificarlos hasta llegar a su captura. Posteriormente, fueron acusados de los delitos de homicidio y organizaciones terroristas.
Ambos concordaron que los asesinos eran pandilleros de la zona y que ese día era extraño verlos sobre una calle principal donde podían ser identificados
En la audiencia preliminar realizada en un juzgado de instrucción de San Salvador el 15 de enero del 2019, el abogado defensor de Franklin solicitó al juez que se modificara el delito de organizaciones terroristas para su defendido porque la Fiscalía General de la República (FGR) no había determinado la función dentro de la estructura y el rol que desempeñaron el día del asesinato.
En ese mismo momento, explicó que Fidel, otro de sus defendidos, no pudo haber participado en los hechos ya que tenía una lesión en su rodilla.
Ese mismo día Fidel se paró ante el tribunal y dijo: “Pido perdón. Me congrego en una iglesia y me he convertido. Tengo problemas en la rodilla y tengo pruebas de rayos equis».
Sin embargo, la Policía señaló que los sujetos tienen el cargo de ser palabreros en la urbanización Popotlán 1, en Apopa. Tres de los cuatro se encuentran resguardados en los centro penales que ellos solicitaron; el único que está ausente es Guillermo, quien aún es buscado por las autoridades.
Dentro de la vista pública se espera que testifiquen los dos testigos y el resto de las personas que estuvieron en la escena. El caso está en manos del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que para febrero tiene prevista la audiencia.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
