Judicial
Cuatro pandilleros le asestaron 14 balazos en la espalda a un agente del CAM de Apopa para robarle su pistola
Con 14 disparos y por la espalda, así fue como un grupo de pandilleros de la 18 asesinaron a un agente del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) cuando realizaba sus labores de seguridad en Apopa. Ahora los hechores esperan un juicio en su contra. Uno de ellos pidió perdón ya que decidió congregarse en una iglesia.
Reynaldo Hernández Mejía, de 43 años de edad, era un agente del CAM que había dedicado varios años a la corporación y el día que fue asesinado él no vio directamente a los ojos a sus verdugos, un grupo de cuatro pandilleros que orquestaron minuciosamente la muerte solo para robarle su arma de fuego lo asesinaron por la espalda.
Esto ocurrió a las 2:15 de la tarde del 23 de noviembre del 2015 cuando Reynaldo se encontraba brindando seguridad a un grupo de empleados municipales que realizaban trabajos de bacheo frente al centro escolar de Popotlán, sobre la calle Fernando Ibáñez y avenida Sihuatán.
La calle había sido cerrada y con el sol en el punto más alto hacía mucho calor en lugar y él se había apoyado en una pared mientras observaba a los trabajadores y a las personas que transitaban.
Sin embargo, al otro extremo de la calle aguardaban dos pandilleros de la 18 Sureños, quienes se habían percatado de la distracción del agente. Se comunicaban susurrando con un secretismo tal que Reynaldo jamás previó lo que estaba por ocurrir.
Un testigo que estaba cerca de ellos alcanzó a escuchar una conversación.
“¡Hey! Estos locos tienen que hacer la pegada ya. Hoy que no viene la jura (policía)”, le dijo Guillermo M., alias “Mango”, a otro de sus compañeros.
“Ya vienen”, le contestó inmediatamente Fidel M., alias “Chino”.
Al fondo de la calle se acercaban otros tres que caminaban rápido hasta juntarse con los otros que ya estaban cerca de la víctima.
El ataque
Reynaldo comenzó a dar unos pasos y quedó de espaldas. Esto fue el pase para que los hombres, sin levantar sospechas, se prepararan para dar su mejor golpe.
Los pasos comenzaron lentos, pero a medida iban avanzando se hacían más apresurados. En ese momento, Fidel y Franklin M., alias “Chindondo”, sacaron de sus cinturas las armas de fuego para matarlo.
La tarde tranquila fue interrumpida por los disparos que comenzaron a sonar uno tras otro. Reynaldo se derrumbó hasta quedar boca abajo sobre la acera, mientras que los empleados a los que este cuidaba salieron desperdigados.
Por un par de segundos el silencio regresó, pero nuevamente las balas salieron del arma de William R., alias “Diablito”, quien fue el encargado de rematarlo. Ya conforme con lo ocurrido Guillermo A., alias “Mango”, se agachó y tomó del cadáver el arma de Reynaldo.
Luego de cinco horas de trabajo, el informe forense del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que el agente del CAM presentaba 14 disparos en todo su cuerpo.
Tres enfrentan la justicia
Tiempo después, las investigaciones policiales dieron con dos testigos que habían presenciado el hecho y estos fueron los encargados de identificarlos hasta llegar a su captura. Posteriormente, fueron acusados de los delitos de homicidio y organizaciones terroristas.
Ambos concordaron que los asesinos eran pandilleros de la zona y que ese día era extraño verlos sobre una calle principal donde podían ser identificados
En la audiencia preliminar realizada en un juzgado de instrucción de San Salvador el 15 de enero del 2019, el abogado defensor de Franklin solicitó al juez que se modificara el delito de organizaciones terroristas para su defendido porque la Fiscalía General de la República (FGR) no había determinado la función dentro de la estructura y el rol que desempeñaron el día del asesinato.
En ese mismo momento, explicó que Fidel, otro de sus defendidos, no pudo haber participado en los hechos ya que tenía una lesión en su rodilla.
Ese mismo día Fidel se paró ante el tribunal y dijo: “Pido perdón. Me congrego en una iglesia y me he convertido. Tengo problemas en la rodilla y tengo pruebas de rayos equis».
Sin embargo, la Policía señaló que los sujetos tienen el cargo de ser palabreros en la urbanización Popotlán 1, en Apopa. Tres de los cuatro se encuentran resguardados en los centro penales que ellos solicitaron; el único que está ausente es Guillermo, quien aún es buscado por las autoridades.
Dentro de la vista pública se espera que testifiquen los dos testigos y el resto de las personas que estuvieron en la escena. El caso está en manos del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que para febrero tiene prevista la audiencia.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
