Judicial
Coyotes condenados por no querer devolver dinero a víctimas después de ser deportados
Dos sujetos han sido condenados a prisión por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de ciudadanos a los que les cobraron dinero para llevarlos a Estados Unidos, pero no lograron lo prometido.
Los sentenciados son Manuel de Jesús Montecino y Cristian Rafael Canizales, en dos hechos distintos.
El primero de los casos ocurrió cuando Montecino negoció con un ciudadano llevarlo al país norteamericano por un monto de $7,500, pero el trato no se cumplió porque la víctima fue detenida en México.
El afectado le pidió que le regresara el dinero, pero el traficante le dijo que no se le iba a entregar e, incluso, lo amenazó de muerte.
La víctima interpuso la denuncia y después de las investigaciones Montecino fue arrestado bajo cargos de tráfico ilegal de personas, delito por el que terminaría siendo condenado a cuatro años de prisión y el pago de $1,750 en concepto de responsabilidad civil.
El segundo caso tuvo lugar en 2015 cuando un ciudadano acordó pagarle $8,500 a Canizales para que lo llevara a Estados Unidos, pero su objetivo no se logró ya que fueron detectados por las autoridades y deportados al país.
El ciudadano denunció a Canizales y después de las investigaciones se emitió una orden de captura, pero el sujeto estuvo prófugo durante algún tiempo.
Después de ser arrestado fue presentado ante el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Tecla donde decidió declararse culpable y fue encarcelado por cuatro años.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana de viernes que se encuentra realizando las gestiones correspondientes ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio para que el exministro de Defensa, David Munguía Payés sea despojado de bienes que ascienden a los 4.6 millones de dólares.
Esta mañana el Ministerio Público presentó la solicitud de extinción de dominio ante la instancia judicial con la respectiva documentación.
“La FGR presenta la solicitud de extinción de dominio, ante el Juzgado Especializado, sobre los bienes del exministro de Defensa David Munguía Payés valorados en US$4,638,164.91”, indicaron las autoridades.
Entre los bienes que la FGR pretende sustraer y trasladar a favor del Estado se encuentran inmuebles, productos financieros y vehículos automotores, los cuales fueron obtenidos “producto de actividades ilícitas” durante la gestión del exfuncionario entre los años 2009 y 2019.
Actualmente, la Fiscalía ha acusado a Munguía Payés de los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios, delitos cometidos en el marco de la tregua entre pandillas durante la administración de Mauricio Funes, quien también enfrenta cargos por delitos de corrupción.
Un hombre fue condenado a pasar 12 años tras las rejas por el Tribunal Cuarto de San Salvador, porque lo encontró culpable de abusar de una niña en varias ocasiones.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el sujeto responde al nombre de Julio César Zarpate Escobar, de 31 años.
Las investigaciones del Ministerio Público detallan que el hecho ocurrió en la urbanización Valle Verde, del municipio de Apopa al norte de San Salvador entre los años 2019 y 2020.
El testimonio de la menor establece que, Zarpate Escobar apartaba a la víctima y la llevaba al cuarto matrimonial para agredirla.
Judicial
Armando Pineda, expresidente de la CSJ, podría pagar 10 años de cárcel por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes
El grupo de abogados del empresario Enrique Rais, denunció penalmente al expresidente de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda, por los delitos de Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes; el acusado podría pagar una pena de diez años de prisión.
Los defensores de José Aquiles Enrique Rais López, demostraron con base a la resolución que emitió la ONU, que el exmagistrado Pineda Navas, aplicó justicia selectiva en contra de Enrique Rais, y los delitos emitidos por el expresidente de la CSJ, se encuentran la omisión de la ejecución de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), sentenció que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y que se vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
Los abogados exhortaron al ministerio público a que se lleve a cabo una investigación profunda e independiente sobre la privación arbitraria de José Aquiles Enrique Rais López y aplique las medidas pertinentes contra los responsables.
El Abogado defenso Carlos Mauricio Miranda Rubio, afirmó que: “se han vulnerado derechos fundamentales, principalmente su afectación al derecho a la libertad es arbitraria, estamos conscientes que el interés del señor Rais, además de alcanzar justicia en las demandas penales, se pretende que este caso se vuelva un precedente de justicia para visibilizar todas las demandas penales del sistema de justicia”, destacó el defensor.
La Corte Suprema de Justicia descartó dar cumplimiento a lo emitido por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais, ignorando investigaciones contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raúl Melara.
La destitución de Carlos Sánchez Escobar fue por los actos de violación a Derechos Humanos y uso Ilegal de su cargo, aplicando a su conveniencia selectivamente las leyes y la Constitución, se espera que se le formule un antejuicio para comprobar los delitos de los cuales también se le acusa.
Al exmagistrado Pineda Navas, se le imputan los delitos de actos arbitrarios y según el artículo 230 del Código Penal, establece que “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Según el artículo 321 del mismo código, el delito de incumplimiento de deberes establece que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
