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Cárcel para acusados de asesinato de tres policías en Santa Ana
Foto: Cortesía
La tarde del pasado 28 de junio, tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron emboscados por miembros de la pandilla 18 cuando realizaban patrullaje preventivo en la colonia La Realidad, de Santa Ana. Las víctimas fueron el inspector Carlos Mauricio Velásquez Rodríguez y los agentes Franklin Antonio Lemus Mágico y Martha Lisseth Alas González.
Por el hecho, este día por la mañana se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas contra 10 personas en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, donde tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de La República de El Salvador se ordenó instrucción formal con detención provisional para ocho imputados por el delito de homicidio agravado; una imputada de los 10 procesados fue acusada únicamente por agrupaciones ilícitas a quien también el juzgado le decretó la detención provisional.
Finalmente, en el caso del imputado restante Rodolfo Alfredo Mejía, queda sobreseído de las acusaciones por motivo de fallecimiento.
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La Unidad Especializada de Delitos de Homicidio y Antipandillas, de la Fiscalía General de la República (FGR), logró condenar a 28 miembros de pandilla por los delitos de Proposición y Conspiración para cometer el delito de Homicidio. Los terroristas pertenecen a la pandilla Barrio 18 sureños y se encontraban recluidos en el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate, donde habrían cometido los ilícitos.
Según las investigaciones de la Fiscalía, al inicio del mes de abril del año 2019 los condenados comenzaron a planear el asesinato de cuatro miembros de la misma estructura criminal, bajo el supuesto de haber traicionado a dicha organización.
En horas de la tarde, del 12 de abril del año en mención, sin mediar palabra, los procesados comenzaron a golpear a las víctimas hasta asesinar a cuatro de ellas.
Las responsabilidades penales se dividen de la siguiente manera: Nueve pandilleros, líderes de rango medio, fueron condenados a 46 años de prisión por el delito de Proposición y Conspiración para cometer el delito de Homicidio. Mientras que diecinueve miembros de la pandilla fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de Homicidio.
El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana validó toda la prueba presentada por los fiscales, en la que resalta la prueba técnica y científica que ha logrado individualizar a cada implicado y la función que cumplió en los hechos acusados.
Judicial
Por poseer material pornográfico de menores en su celular es condenado a 10 años de prisión
Melvin Alexander Herrera González -miembro de la pandilla 18 sureños- alías “chilillo” fue sentenciado a 10 años de cárcel por poseer en su celular, material pornográfico de niñas menores de 15 años; las víctimas no han sido identificadas.
Según la representación fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA) de Zaragoza, Herrera Gonzáles fue detenido por orden judicial el 17 de septiembre de 2021, en la carretera El Litoral, a 200 metros aproximadamente del redondel Conchalío, del departamento de La Libertad, por el delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación y Robo Agravado; sin embargo, al momento de incautar su teléfono celular se encontró el material pornográfico.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, donde el juez valoró la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y lo delcaró culpable de los delitos de Utilización de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad en Pornografía a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (8 años de cárcel), y por la Adquisición o posesión de material Pornográfico de Niñas, Niños, Adolescentes o personas con discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (2 años de prisión).
Ana Silvia Vásquez Morán pasará sus próximos 15 años tras los barrotes de una prisión por haber recibido dinero a través de un depósito electrónico, que fue exigido con amenazas a muerte.
El fiscal del caso -que conforma el Grupo Antiextorsiones- demostró con diferentes pruebas que la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas desde el 25 de enero del año 2018, en las que le demandaron la entrega de mil dólares.
Al final, la víctima se comprometió con los extorsionistas a entregar $50 dólares de manera mensual.
El 9 de febrero del 2018 se concretó la entrega a través de los servicios electrónicos de una compañía telefónica, y fue depositado a nombre de la incriminada.
Después de las investigaciones pertinentes, la FGR giró la orden de captura contra Vásquez Morán, y posteriormente enfrentó un juicio en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, el cual la declaró responsable del delito de Extorsión Agravada.
