Judicial
Cámara rechaza recurso de apelación a petición de libertad condicional de Julio Rank
La Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria y Tránsito resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa del interno, Julio Humberto Rank Romero, condenado a la pena de cinco años de cárcel por el delito de lavado de dinero y activos.
El rechazo se dio porque la apelación, presentada por el abogado Lisandro Quintanilla, carece de elementos de fondo y forma, según la referida instancia, por lo tanto se devolvió el proceso al Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena para que continúe el trámite de Ley que corresponde.
En septiembre pasado, el Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, negó el beneficio de libertad condicional adelantada que solicitaba el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank.
Ante esto, la defensa apeló ante la Cámara, pero la negación fue ratificada por esta. Rank fue condenado a cinco años de cárcel y se declaró responsable civilmente por la cantidad de $8,381,130.39 por delitos relacionados al caso denominado «Destape a la Corrupción». Debido a un supuesto mal estado de salud, pedía ser beneficiado con libertad condicional adelantada.
Tras una audiencia de revisión de medidas que se realizó en agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la situación del exfuncionario no cumple con los requisitos para obtener el beneficio. Según la fiscal del caso, Rank se encuentra estable de salud, lo que refuta los argumentos planteados por la parte defensora.
Contrario a lo que manifiesta la FGR. La parte defensora asegura que Rank se encuentra en un estado «crítico» y que su vida «corre peligro a estar en la cárcel».
«Existen dos informes del Instituto de Medicina Legal que establecen que Julio Rank tiene una enfermedad crónica con daños severos en órganos blancos, eso es razón suficiente y se adapta a la normativa para que se le pueda otorgar una libertad condicional adelantada!», dijo Lisandro Quintanilla, abogado del exfuncionario.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
