Judicial
Abogados de Enrique Rais presentan denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C
Este día, el equipo de abogados que representan a Enrique Rais y su familia, presentaron una Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington D.C., con la finalidad que el organismo internacional investigue, analice y corrija las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades públicas y judiciales de El Salvador, en los casos a los que se vincula al empresario. Entre las instituciones denunciadas se encuentran la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Órgano Judicial.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).
Entre otras cosas, se ha solicitado al Organismo de Derechos Humanos adscrito a la Organización de Estados Americanos, que verifique y emita un informe sobre las violaciones a derechos fundamentales atribuidas al Estado de El Salvador tales como la violación al derecho a la libertad personal (Art. 7 de la Convención Americana) derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley –Juez Natural- (Art. 8.1 de la Convención Americana); el derecho al honor y a la dignidad (Art. 11 de la Convención Americana); la garantía de la presunción de inocencia (Art. 8.2 de la Convención Americana); el derecho a la intimidad y no interceptación ilegal de comunicaciones (Art. 11 de la Convención Americana); el derecho al secreto de la comunicación cliente-abogado (Art. 11 de la Convención Americana) y la garantía de la protección judicial, por medio de un recurso judicial efectivo. (Art. 25 de la Convención Americana) todas en relación con las obligaciones contenidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Enrique Rais.
Pese a que el empresario no ha sido condenado en ningún proceso penal, la petición que activa el sistema interamericano de protección a los derechos humanos pretende que un organismo internacional, legítimamente establecido e imparcial, analice las actuaciones de las Instituciones del Estado en los casos a los que se vincula al empresario Enrique Rais, al estimar los peticionantes que distintos funcionarios del Sistema Penal han generado con su actuar una serie de violaciones a garantías tuteladas por la Convención Americana y que el actual sistema PenalSalvadoreño no ofrece suficientes garantías para la Tutela Judicial Efectiva.
“Todo ciudadano o habitante de los países sometidos al sistema interamericano de derechos humanos tiene derecho a acudir a las instancias internacionales para denunciar los atropellos que un Estado a través de sus funcionarios e instituciones ha cometido en su contra”, acotó uno de los juristas del equipo legal del empresario… “Aun sin existir una sentencia que ponga fin al proceso, un ciudadano puede solicitar la intervención de la Comisión Interamericana, si el Estado denunciado no ha ofrecido garantías suficientes de tutela judicial efectiva, ya sea por negación del recurso judicial efectivo, por retardación de justicia o por silencio judicial excediendo los plazos razonables previamente determinados por la CIDH”…cerró el profesional del derecho.
Enrique Rais enfrenta desde la Administración del Ex Fiscal Douglas Meléndez una serie de procesos judiciales que han sido cuestionados en su validez y legalidad, a raíz de haberse confirmado la utilización en dichos procesos de escuchas telefónicas donde no consta la existencia previa de una autorización judicial para intervenir comunicaciones del empresario, ni hay garantía de legitimidad de las supuestas escuchas captadas, también se fundamentó en intervenciones telefónicas que según la ley debieron haberse destruido; así como la revelación de coacciones y presiones a empleados de la propia agencia fiscal para que declararan como testigos criteriado en casos de supuesta corrupción.
Por otro lado, distintas voces han surgido recientemente entre la población y en apoyo a la nueva administración del Ejecutivo, que exigen la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, al tenerse la percepción generalizada que ni el sistema judicial ni la Fiscalía General de la República ofrecen suficientes garantías de imparcialidad y objetividad para investigar y resolver conforme a la ley en los procesos penales.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
