Judicial
Abogada y su clientas protagonizan una pelea en la colonia Médica por disputa de $100
Una abogada y una de sus clientas protagonizaron una pelea que se trasladó a los tribunales en donde ambas dicen sentirse ofendidas, una por el dinero que entregó para un trabajo que nunca le hicieron y la otra por los golpes recibidos tras recibir un adelanto por un trato que no cumplió.
La división de un terreno familiar hizo que Yesenia C.,de 38 años, decidiera contratar los servicios profesionales de Mabel A. quien es una notaria que posee su despacho en la colonia Médica, situada en San Salvador.
El 20 de mayo de 2017, ambas mujeres acordaron la elaboración de un acta de partición por la que la abogado cobraría $600 que serían entregados en tres meses, por lo que como adelanto la interesada le entregó $100.
Cinco meses después, la incomodidad y desconfianza surgió en la clienta. El documento nunca fue entregado por la profesional, algo que llevó a Yesenia a declinar de los servicios de Mabel. Además, provocó el reclamo para que se le regresara el dinero que adelantó.
“A mí me dio desconfianza, porque la abogada nunca me dio nada y ella tenía en su poder papeles originales y firmados que me había solicitado para poder hacer el documento del terreno”, comentó Yesenia a El Salvador Times.
Para sorpresa de esta mujer, nunca obtuvo ni su dinero ni sus papeles que entregó para el procedimiento. Menos el documento legal que le asignaría parte del terreno a su nombre.
Los golpes por el dinero
Luego de que Yesenia llegara por tercera vez a solicitar el dinero dejado como anticipo, la abogada le aseguró que entre el 18 y el 29 de enero de este 2018 le entregaría sus $100.
Los días continuaron pasando y el monto adeudado nunca fue cancelado por parte de Mabel. Ante esto, el enojo de apoderó de Yesenia quien por cuarta vez se acercó a la oficina de la abogada a eso de las 9:00 de la mañana de la fecha límite en la que se suponía que recobraría el dinero.
Junto a su hija menor de edad, Yesenia estaba dispuesta a recobrar lo entregado, por lo que cuando vio salir a Mabel con otro abogado empleado de su despacho no resistió gritarle “ladrona”.
En ese momento, iniciaron los reclamos y con ello una batalla campal que dejó con lesiones a la hija de Yesenia e incluso la misma abogada. El desorden fue tal que las dos principales involucradas terminaron en el pavimento de una de las calles de la colonia Médica.
El juicio por lesiones y amenazas
Las diferencias entre ambas mujeres se hicieron más grandes cuando se enfrentaron en los tribunales por diferentes demandas que se han presentado luego de la batalla protagonizada en el despacho de Mabel.
El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador fue el encargado de desarrollar un juicio en contra de Yesenia, luego de que la abogada la acusara en la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de lesiones y amenazas.
Cinco salvadoreños elegidos al azar para conformar el jurado encargado de escuchar la parte acusadora y a la parte imputada decidieron brindar un fallo absolutorio a favor de Yesenia..
Días antes, Mabel fue encontrada culpable civilmente por el delito de lesiones, luego de que Yesenia desarrollara el papel de afectada e interpusiera en ese momento una demanda en contra de esta. Por ello, la notario deberá cancelar 10 salarios mínimos.
Debido a que hasta la fecha Yesenia no ha recuperado sus $100, ella interpondrá una segunda demanda contra Mabel. Esta vez por estafa, aunque no determinó fecha alguna en la que piensa ejecutar este segundo caso judicial en contra de la abogada.
“A mí me cuesta mi dinero, no tengo en mi bolsa los 100 dólares y con sacrificio he estado en procesos judiciales. Mi hija hasta perdió una entrevista de trabajo por andar en estas vueltas”, comentó con indignación la ahora afectada tras pasar por ser la imputada.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
