Judicial
Abogada y su clientas protagonizan una pelea en la colonia Médica por disputa de $100
Una abogada y una de sus clientas protagonizaron una pelea que se trasladó a los tribunales en donde ambas dicen sentirse ofendidas, una por el dinero que entregó para un trabajo que nunca le hicieron y la otra por los golpes recibidos tras recibir un adelanto por un trato que no cumplió.
La división de un terreno familiar hizo que Yesenia C.,de 38 años, decidiera contratar los servicios profesionales de Mabel A. quien es una notaria que posee su despacho en la colonia Médica, situada en San Salvador.
El 20 de mayo de 2017, ambas mujeres acordaron la elaboración de un acta de partición por la que la abogado cobraría $600 que serían entregados en tres meses, por lo que como adelanto la interesada le entregó $100.
Cinco meses después, la incomodidad y desconfianza surgió en la clienta. El documento nunca fue entregado por la profesional, algo que llevó a Yesenia a declinar de los servicios de Mabel. Además, provocó el reclamo para que se le regresara el dinero que adelantó.
“A mí me dio desconfianza, porque la abogada nunca me dio nada y ella tenía en su poder papeles originales y firmados que me había solicitado para poder hacer el documento del terreno”, comentó Yesenia a El Salvador Times.
Para sorpresa de esta mujer, nunca obtuvo ni su dinero ni sus papeles que entregó para el procedimiento. Menos el documento legal que le asignaría parte del terreno a su nombre.
Los golpes por el dinero
Luego de que Yesenia llegara por tercera vez a solicitar el dinero dejado como anticipo, la abogada le aseguró que entre el 18 y el 29 de enero de este 2018 le entregaría sus $100.
Los días continuaron pasando y el monto adeudado nunca fue cancelado por parte de Mabel. Ante esto, el enojo de apoderó de Yesenia quien por cuarta vez se acercó a la oficina de la abogada a eso de las 9:00 de la mañana de la fecha límite en la que se suponía que recobraría el dinero.
Junto a su hija menor de edad, Yesenia estaba dispuesta a recobrar lo entregado, por lo que cuando vio salir a Mabel con otro abogado empleado de su despacho no resistió gritarle “ladrona”.
En ese momento, iniciaron los reclamos y con ello una batalla campal que dejó con lesiones a la hija de Yesenia e incluso la misma abogada. El desorden fue tal que las dos principales involucradas terminaron en el pavimento de una de las calles de la colonia Médica.
El juicio por lesiones y amenazas
Las diferencias entre ambas mujeres se hicieron más grandes cuando se enfrentaron en los tribunales por diferentes demandas que se han presentado luego de la batalla protagonizada en el despacho de Mabel.
El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador fue el encargado de desarrollar un juicio en contra de Yesenia, luego de que la abogada la acusara en la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de lesiones y amenazas.
Cinco salvadoreños elegidos al azar para conformar el jurado encargado de escuchar la parte acusadora y a la parte imputada decidieron brindar un fallo absolutorio a favor de Yesenia..
Días antes, Mabel fue encontrada culpable civilmente por el delito de lesiones, luego de que Yesenia desarrollara el papel de afectada e interpusiera en ese momento una demanda en contra de esta. Por ello, la notario deberá cancelar 10 salarios mínimos.
Debido a que hasta la fecha Yesenia no ha recuperado sus $100, ella interpondrá una segunda demanda contra Mabel. Esta vez por estafa, aunque no determinó fecha alguna en la que piensa ejecutar este segundo caso judicial en contra de la abogada.
“A mí me cuesta mi dinero, no tengo en mi bolsa los 100 dólares y con sacrificio he estado en procesos judiciales. Mi hija hasta perdió una entrevista de trabajo por andar en estas vueltas”, comentó con indignación la ahora afectada tras pasar por ser la imputada.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
