Judicial
Abogada Tania Pastor exige se investigue con prontitud al exfiscal Douglas Meléndez por supuestas torturas a fiscales y empleados de la FGR
El ex fiscal de la República, Douglas Meléndez siguen ocupando agenda política a nivel nacional, tras ser denunciado por empleados y fiscales de presuntas torturas y violación a los derechos humanos de los demandados.
Los fiscales y trabajadores confesaron en su momento que fueron víctimas de torturas y acciones arbitrarias por parte del exfiscal Meléndez y su equipo más cercano de trabajo encabezado por su primo Wil Walter Ruiz y el fiscal Jorge Cortez (Jefe de la UIF) para obligarlos a ser “testigos criteriados y a mentir” y así fabricar el caso CORRUPTELA y perjudicar al empresario Enrique Rais, al exfiscal Luis Martínez, entre otros.
Tras esta serie de denuncias esta mañana de martes la abogada Tania Pastor pidió que se esclarezca con prontitud las denuncias en contra de Douglas Meléndez Ruiz y el resto de sus colaboradores señalados.
La profesional del derecho expresó en la entrevista de TVX que si el caso Corruptela fue llevado ante tribunales teniendo como origen las declaraciones falsas de los testigos criteriados de toda la investigación, el “caso se cae completo porque la nulidad va hasta atrás”.
Lo anterior según Tania Pastor, podría deberse a un posible caso de actos arbitrarios por parte del exfiscal general Douglas Meléndez o en su defecto a culpa de las personas criteriadas.
“¿Y esta afectación es culpa de los siete criterados, de los cuales se está investigando una tortura hacia ellos, o es culpa de una probable comisión de actos arbitrarios o abuso de autoridad por parte de Douglas Meléndez?”, externó.
“Yo si como población y como ciudadana exijo claridad y transparencia en que eso se dio”, agregó Pastor.
La abogada sostuvo que “cuando el río suena es porque trae piedras” refiriéndose a que hay tres casos aislados de denuncias en contra del exfiscal Meléndez, entre ellos el delito de utilizar el centro de escuchas telefónicas de forma ilegal para intervenir teléfonos de empresarios, secretarios generales de partidos políticos, diputados y periodistas. “Incluso el exfiscal Meléndez estaba escuchando al ahora fiscal general Raúl Melara”, dijo.
Se conoció que personalidades como Mauricio Interiano, de ARENA, Medardo González, del Fmln, Roberto Murray Meza, Julio Valdivieso, Mario Salaverría –mano derecha de Tomás Regalado- entre otros, eran escuchados ilegalmente por parte de Douglas Meléndez y su primo Wil Walter Ruiz.
“Esa es una de las violaciones que pueden haber, por lo que debe investigarse el exfiscal Meléndez”, afirmó Pastor.
Las otras denuncias son por fabricar el caso Corruptela y además obligar a testigos de otros casos a brindar declaraciones falsas.
La abogada sostuvo que el exfiscal Meléndez tenía intimidado a todo el sistema judicial y por eso no actuaron en su contra. “Douglas Meléndez insultó a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el pleno les dijo que tenían clicas dentro de la Corte; que tenían modus operandi; amenazó a abogados a que los investigaría”, expresó.
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de esta capital valoró casi en su totalidad la versión del testigo criteriado aportado por la representación fiscal, y estableció que lo vertido por esta figura junto a otras pruebas aportadas durante el proceso, eran suficientes para condenar a una estructura de 12 integrantes de mara 18 sureños que operaba en la ciudad de Cojutepeque a cuyos integrantes impuso penas carcelarias de hasta 112 años de prisión.
Las muertes de un activista de un partido político, de un miembro del CAM, así como un atentado en contra de una caseta de la PNC son parte de los hechos punibles que estos sujetos cometieron durante el tiempo que delinquieron en esa zona.
En total los 12 imputados enfrentaron el juicio bajo los delitos de Homicidio Agravado y homicidio agravado tentado, siendo estos nueve en su totalidad.
El jefe de la Unida de Vida de la oficina de Cojutepeque externo su complacencia con la resolución, debido a que se constituye en un fuerte golpe a las pandillas, en este caso a los 18 sureños, principalmente en la coyuntura actual en donde se libra una dura batalla en contra de estos grupos delincuenciales a nivel nacional.
«Sin duda este es un fuerte golpe que como Fiscalía le estamos dando a estos grupos criminales y en cierta forma una respuesta a las familias de las víctimas, que pedían justicia terrenal para los sujetos que les robaron las vidas de sus familiares», dijo.
Dentro de las condenas más ejemplarizantes y amplias que impuso el Juez Especializado están la de Edwin Geovany Laínez Abarca condenado a 112 años de prisión.
Además, José Ronald Hernández Hernández, 87 años de prisión; Manuel de Jesús Portillo, 75 años de cárcel, Salomón Eliazar Moreno, condenado a 50 años de prisión. El resto obtuvo penas de 25, 12 y 10 años de prisión.
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel dictaminó la condena a prisión impuesta a 55 pandilleros que operaban y delinquían en el occidente del país.
Los delincuentes recibieron penas que oscilan entre los 20 y 130 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con Centros Judiciales, Álvaro Misael Soriano Granados es el pandillero que recibió la mayor condena, siendo esta de 130 años de cárcel.
Estos sujetos cometieron la multiplicidad de estos hechos entre los años 2012 y 2015, en Usulután, y fueron capturados en el año 2020.
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Sujeto contactó a pandilleros para que acabaran con la vida de una persona con régimen de protección
El Juzgado Segundo de Instrucción, de San Salvador, ordenó apertura a juicio contra Víctor Manuel A., acusado de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), en septiembre del año 2020 el imputado contactó a miembros de estructuras criminales y les propuso que acabaran con la vida de una persona. Para tal fin, el imputado les ofreció dinero y les proporcionó toda la información de la víctima.
La juzgadora admitió todas las pruebas, incluyendo los relatos de testigos con régimen de protección y ratificó la detención provisional contra el imputado.
