Judicial
A diez años de prisión es condenado inspector de Centros Penales por acoso sexual
El inspector de la Dirección de Centros Penales Mario Antonio Cañénguez fue condenado la noche de este miércoles a una pena de prisión de 10 años por el delito de Acoso Sexual, en perjuicio de dos subalternas suyas.
El hecho por el cual fue procesado ocurrió en el mes de diciembre de 2016 al interior de la granja de rehabilitación Penal Juvenil, ubicada en el municipio de Ilobasco y en donde Cañénguez fungía como jefe de seguridad.
La fiscal de la Unidad de Delitos en contra del Menor y la Mujer de la Oficina de Ilobasco, Maricela Bran, informó que el imputado acosaba continuamente a las víctimas haciéndoles propuestas indecentes a fin de satisfacer sus instintos sexuales.
“Les decía que por su condición de jefe podía autorizar permisos o licencias si accedían a salir con él con fines sexuales”, manifestó la fiscal Bran.
La vista pública tubo lugar en el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de San Salvador, quien valoró y acreditó los elementos probatorios ofertados estableciendo que los mismos reunían los requisitos básicos para dictar una sentencia condenatoria.
Actualmente el imputado funge como inspector de la Dirección de Centros Penales, en las oficinas ubicadas en la zona oriental del país, específicamente en el departamento de Morazán.
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Una condena de 12 años de prisión fue impuesta a por el Tribunal de Sentencia de San Vicente luego de que fiscales de la oficina de esa cabecera departamental lograran demostrar la participación de David Danilo Fuentes Molina en el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz Continuada.
Refieren los fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia que los hechos ocurrieron desde 2016 hasta 2019 en el Caserío Río Frío, kilómetro ochenta, Cantón Parras Lempa, municipio y departamento de San Vicente.
“Aproximadamente desde que la víctima tenía seis años, en 2016, el imputado comenzó a practicarle tocamientos en diferentes partes del cuerpo cuando llegaba a su residencia”, comentó una fiscal.
El caso fue del conocimiento de familiares cuando la menor decidió contarle a su madre lo que le sucedía. Inmediatamente, la madre interpuso la denuncia ante la FGR y se ordenó la detención del imputado para que respondiera por el hecho punible que practicaba.
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, prevé instalar juicio contra el exdiputado suplente por el departamento de La Unión, Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años de edad, acusado por el delito de lavado de dinero y activos y cohecho activo.
Este día, las juezas del tribunal manifestaron que el juicio se instalará el jueves 20 de enero, a las 8:30 de la mañana, para darle tiempo a la defensora pública que estudie el caso, esto luego de haber declarado el abandono de sus defensores particulares por no presentarse a los llamados judiciales.
Según la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) el exdiputado presuntamente ofreció sobornos a varios alcaldes y ocultó cantidades de dinero, supuestamente obtenidas de manera ilícita de las municipalidades.
Además, manifestaron que presuntamente el acusado mantuvo negocios con un aproximado de 15 municipalidades de la zona oriental, a quienes presuntamente ofrecía el 10% del total de las obras, como sobornos con el fin de que le adjudicaran los proyectos, sin pasar por el procedimiento que exige la LACAP, por lo anterior se le atribuye que lavó de esta forma $13.4 millones de dólares, de los cuales 11 milllones ingresaron a sus cuentas personales y el resto a cuentas de sus sociedades.
Los hechos atribuidos al exlegislador suplente supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado.
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, ha iniciado este martes el proceso penal en contra de Norman Quijano, acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
El diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014, enfrenta la audiencia inicial por haber negociado con pandillas beneficios penitenciarios y entregado dinero a cambio que votaran para ser electo presidente de la República de El Salvador, pero esas elecciones las perdió frente al candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, prófugo asilado en Nicaragua.
Los magistrados de la cámara han comenzado a procesar a Quijano, luego que el ministerio público presentara la acusación formal con el aval de la Asamblea Legislativa que el pasado 15 de diciembre le retiró la inmunidad.
Fiscales del Grupo contra la Impunidad, están solicitando que se decrete la detención provisional y se gire orden de captura para garantizar la comparecencia en el proceso.
La audiencia inicial puede llevarse a cabo sin la presencia del imputado, no así la preliminar ya que el Código Procesal Penal exige que esté presente para que ejerza su defensa material y hasta controvertir la acusación fiscal. En el caso que se venza el plazo de instrucción y Quijano no esté a la orden de la Cámara, se archivarán las actuaciones.
Los nombres de Norman Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, aparecieron en la causa penal conocida judicialmente como «Operación Cuscatlán».
El testigo criteriado Noé, al declarar en una vista pública contra 425 miembros de la Mara Salvatrucha, que fueron condenados, dijo que él y otros cabecillas de las pandillas habían sostenido reuniones con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara (ambos prófugos).
Cuando el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador emitió el fallo contra los 425 mareros, divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con las pandilleros negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
Quijano es acusado de fraude electoral por haber entregado $100,000 a las pandillas, según ha dicho el testigo criteriado y las agrupaciones ilícitas es por las reuniones sostenidas para obtener beneficios electorales en la contienda presidencial del año 2014.
La Fiscalía dispone de videos en los que hace constar las reuniones que Quijano tuvo con los cabecillas de pandillas, esas negociaciones se dieron en la iglesia de una red de pastores.
