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Indignados tras no saber si enterraron a su familiar o a otra persona
En Ciudad Delgado una familia vivió todo un calvario tras cometer el error (como ellos lo llaman), de llevar a una anciana al Hospital Zacamil cuando ella presentó síntomas de COVID-19.
Los familiares aseguraron que todo comenzó el 19 de junio cuando María Margarita Matamoros, de 89 años, presentó por varios días fiebre y gripe. “Decidimos llevarla al Hospital Zacamil, donde la recibieron por sospecha de COVID, pero por varios días la tuvieron en un pasillo porque no había cama”, expresaron.
“De entrada les dijeron que había que esperar que alguien muriera para poder darle una cama. Así pasó tres o cuatro días en observación”, añadieron.
“Una nieta se quedó cuidándola por tres días; luego tuvo que retornar a su trabajo y la anciana quedó sola”, indicaron.
Los familiares dijeron que al quinto día, una empleada del Hospital Zacamil, les dijo que Margarita sería trasladada a un nosocomio de Jiquilisco.
Sin embargo, cuando ellos intentaron comunicarse con el personal de Salud de Jiquilisco les dijeron que ella no estaba internada allí. “Entonces ahí fue donde comenzó nuestra angustia”, expresaron.
Luego de mucho insistir llamando al Hospital Zacamil, les dijeron que allí estaba en el área conocida como Gripario y que en cuanto hubiera cama la ingresarían.
Sin embargo, los familiares le pidieron a la amiga y empleada que trabaja en el Zacamil, que les ayudara a indagar. Luego de que esa persona buscara minuciosamente, les dijo que les habían mentido, que la anciana no estaba en el hospital.
Fue entonces que una nieta de Margarita publicó el caso en Facebook con la foto de la anciana, denunciando la desaparición de su abuela y las mentiras que les habían dado en el Zacamil.
Una nieta de Margarita, se muestra indignada por la negligencia con que el sistema de salud trató el caso de su abuelita: desde no saber a dónde había sido enviada hasta dejar que sean las funerarias las que comuniquen la muerte de un ser querido.
Aunque refiere que a su abuela jamás le hicieron la prueba de COVID-19, los obligaron a sepultarla con el protocolo dispuesto para quienes fallecen por esa enfermedad, lo cual resulta mucho más caro por todos los implementos que usan los empleados de funerarias.
El guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, falleció el 19 de enero de 2026 mientras se encontraba privado de libertad en un centro penitenciario de El Salvador, donde enfrentaba cargos por estafa agravada y extorsión agravada en contra de una empresa de telecomunicaciones que opera en varios países de América Latina. La muerte ocurrió en el Hospital Nacional San Juan de Dios, en esta capital, debido a un sangrado del tubo digestivo, según informes preliminares de las autoridades médicas y penitenciarias.
De acuerdo con un oficio oficial emitido por el Centro Penitenciario, dirigido al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, Gaitán Paredes fue trasladado de emergencia al hospital el 18 de enero con síntomas de hipotensión y desequilibrio electrolítico. Al día siguiente, se confirmó su deceso.
Las autoridades penitenciarias notificaron inmediatamente a las instancias correspondientes, incluyendo la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
Gaitán Paredes, originario de Guatemala, se encontraba en situación de procesado en El Salvador. Los cargos en su contra incluían estafa agravada en perjuicio de entidades como Terra Tower Corp, TBS Management S.A., Continental Tower El Salvador Limitada de Capital Variable, Collocation Technologies El Salvador Limitada de Capital Variable, DT Holdings Inc. y Tierras Nacionales Ltda. de C.V.
Además, enfrentaba acusaciones de extorsión agravada contra una abogada y el empresario Jorge Alberto Francisco Hernández. El caso de Gaitán Paredes está vinculado a una red más amplia de presuntos delitos financieros transnacionales en Centroamérica.
En Guatemala, donde fue detenido inicialmente en marzo de 2025 en el Preventivo de la Zona 18 (Mariscal Zavala), se le asociaba con un «cártel financiero» que involucra fraude millonario y blanqueo de capitales, en colaboración con socios de fondos de inversión como TPG Peppertree. Estas actividades habrían afectado empresas en Guatemala y El Salvador, generando desempleo y pérdidas económicas significativas.
Durante su detención en Guatemala, pendiente de extradición a El Salvador, surgieron alertas sobre un posible plan de fuga. Fuentes de inteligencia penitenciaria reportaron pagos mensuales de hasta 5,000 dólares a estructuras criminales para protección interna y preparación de evasión. En mayo de 2025, se encontró un celular de alta gama en su celda durante una requisa, y en agosto y septiembre del mismo año, órdenes judiciales de traslado a otra prisión fueron ignoradas por motivos de seguridad. Gaitán Paredes contaba con privilegios como visitas familiares y acceso a abogados, lo que generó preocupaciones sobre posibles irregularidades en el sistema penitenciario guatemalteco. Autoridades anónimas exigieron investigaciones y medidas para prevenir fugas, destacando el riesgo para la integridad del sistema.
Fue extraditado a El Salvador el pasado septiembre, donde continuó su proceso judicial hasta su fallecimiento.
El caso con más imputados
Gaitán estaba siendo procesado junto a su hijo del mismo nombre, quien aún permanece en Guatemala, y junto a tres estadounidenses ejecutivos del fondo TPG Peppertree: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri.
Sobre los extranjeros pesan orden de captura internacional solicitadas a INTERPOL, emitidas por tribunales en El Salvador.
La empresa TPG Pepertree mantiene una fuerte disputa con la empresa Terra Towers por el control de Continental Towers. El caso los llevó a un arbitraje polémico en Nueva York, el cual finalmente finalizó sin darle la razón a ninguna de las partes.
Continental Towers ha denunciado irregularidades en el arbitraje, como violaciones de confidencialidad, manipulación de testimonios y filtraciones intencionales por parte de TPG Peppertree, que habrían sido utilizadas para presionar en procesos judiciales latinoamericanos.
El Ministerio Público guatemalteco ha advertido que el uso de arbitrajes para influir en causas penales podría constituir obstrucción de justicia. Se designó un interventor judicial para proteger activos de Continental Towers en Guatemala, y las investigaciones continúan con cooperación regional para esclarecer los delitos financieros involucrados.
Un grupo de 100 bachilleres de diferentes instituciones se sumó a los beneficiarios por la Asamblea Legislativa con becas universitarias para cursar una carrera en el centro de estudios de su preferencia.
La tercera edición del programa Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez se realizó el 17 de enero anterior, en el Centro Cívico Cultural Legislativo, y fue presidido por el presidente de ese órgano de Estado, Ernesto Castro.
Con los nuevos beneficiados ya son 350 becas otorgadas a jóvenes que residen en diferentes zonas del país, que mostraron interés por superarse para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
La primera edición de este programa se realizó el 11 de enero de 2025 y favoreció a 150 bachilleres; mientras que la segunda edición se efectuó el 16 agosto de ese mismo año, y brindó oportunidades de formación académica a 100 más.
«Nos sentimos genuinamente contentos de ver que alcanzamos los primeros 350 jóvenes que están becados y contando, porque a medio año [de 2026]vamos con otros, y a final del año vamos con otros», aseveró Castro.
Al último evento asistieron los seleccionados en compañía de sus padres o responsables, quienes recibieron un mensaje de motivación por parte del presidente del congreso para iniciar el proceso que busca formarlos como profesionales y ciudadanos responsables con su familia y la comunidad.
Castro destacó que, debido a los altos índices de violencia que existían, los sueños de muchos adolescentes se truncaron por la presión de las pandillas para que formaran parte de esos grupos.
«Lo que ahora estamos viviendo parecía inalcanzable», aseveró Castro, y recordó el apoyo legislativo que brindan a las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Más de 900 colegios privados de todo el país dieron inicio ayer al año escolar 2026, con más de 160,000 estudiantes matriculados.
La Asociación de Colegios Privados de El Salvador (Acpes) inauguró el año escolar con un acto cívico que se llevó a cabo en el Instituto Técnico de Ex Alumnos Salesianos (ITEXSAL), en el que participaron estudiantes y docentes de diferentes centros educativos.
Por ejemplo, participó el pabellón del Colegio Militar «General Tomás Regalado» y el alumno del Colegio León Sigüenza, Isaías Ezequiel, quien estuvo a cargo de dirigir la Oración a la Bandera Salvadoreña.
«Es el inicio de una etapa de funcionamiento de la educación privada con estándares normales de funcionamiento, quiere decir que el 100 % de la educación privada salvadoreña este día ya se encuentra activada en la presencialidad de las clases», expresó el presidente de la Acpes, Javier Hernández.
Explicó que el 52 % de los colegios privados mantiene para este 2026 la misma cantidad de estudiantes de años anteriores y un 23 % registran un incremento en el número de alumnos matriculados para este año comparado con 2025.
Mientras que, el otro 25 % de colegios privados registra una menor cantidad de matrículas, en comparación con 2025, dijo Hernández.
