Nacionales
Indignados tras no saber si enterraron a su familiar o a otra persona
En Ciudad Delgado una familia vivió todo un calvario tras cometer el error (como ellos lo llaman), de llevar a una anciana al Hospital Zacamil cuando ella presentó síntomas de COVID-19.
Los familiares aseguraron que todo comenzó el 19 de junio cuando María Margarita Matamoros, de 89 años, presentó por varios días fiebre y gripe. “Decidimos llevarla al Hospital Zacamil, donde la recibieron por sospecha de COVID, pero por varios días la tuvieron en un pasillo porque no había cama”, expresaron.
“De entrada les dijeron que había que esperar que alguien muriera para poder darle una cama. Así pasó tres o cuatro días en observación”, añadieron.
“Una nieta se quedó cuidándola por tres días; luego tuvo que retornar a su trabajo y la anciana quedó sola”, indicaron.
Los familiares dijeron que al quinto día, una empleada del Hospital Zacamil, les dijo que Margarita sería trasladada a un nosocomio de Jiquilisco.
Sin embargo, cuando ellos intentaron comunicarse con el personal de Salud de Jiquilisco les dijeron que ella no estaba internada allí. “Entonces ahí fue donde comenzó nuestra angustia”, expresaron.
Luego de mucho insistir llamando al Hospital Zacamil, les dijeron que allí estaba en el área conocida como Gripario y que en cuanto hubiera cama la ingresarían.
Sin embargo, los familiares le pidieron a la amiga y empleada que trabaja en el Zacamil, que les ayudara a indagar. Luego de que esa persona buscara minuciosamente, les dijo que les habían mentido, que la anciana no estaba en el hospital.
Fue entonces que una nieta de Margarita publicó el caso en Facebook con la foto de la anciana, denunciando la desaparición de su abuela y las mentiras que les habían dado en el Zacamil.
Una nieta de Margarita, se muestra indignada por la negligencia con que el sistema de salud trató el caso de su abuelita: desde no saber a dónde había sido enviada hasta dejar que sean las funerarias las que comuniquen la muerte de un ser querido.
Aunque refiere que a su abuela jamás le hicieron la prueba de COVID-19, los obligaron a sepultarla con el protocolo dispuesto para quienes fallecen por esa enfermedad, lo cual resulta mucho más caro por todos los implementos que usan los empleados de funerarias.
Principal
Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
Principal
Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
