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Gobierno registra los semestres más seguros de la última década en El Salvador
Los primeros semestres del Gobierno del presidente Nayib Bukele (de años 2020, 2021 y 2022) se convirtieron en los períodos más seguros de la historia reciente de El Salvador al sumar 1,682 homicidios y compararse con un período similar de la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén en el que hubo 7,710 muertes violentas a escala nacional, de acuerdo con las estadísticas de la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios.
Y al compararlo con el Gobierno de Mauricio Funes, los datos dan cuenta de que en el primer semestre de 2013 hubo 1,057 homicidios y 1,849 en 2014; ambos períodos corresponden al Gobierno del FMLN. A la luz de las estadísticas, la administración de Sánchez Cerén fue la más violenta, pues en los primeros seis meses de 2015 ocurrieron 2,865 homicidios, el pico más alto se dio en 2016, con 3,060 asesinatos, en 2017 (1,785), 2018 (1,810), 2019 (1,575).
Con la llegada del presidente Bukele y la puesta en marcha del Plan Control Territorial (PCT) en junio de 2019, los salvadoreños comenzaron a percibir una reducción histórica de la violencia homicida desde el segundo semestre de 2019. Entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2020 reportaron 596 muertes violentas, en 2021 hubo 637, y 449 en 2022.
La violencia homicida se disminuyó aún más desde finales de marzo de este año, cuando los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el régimen de excepción, una medida que dio herramientas legales al Gobierno para que combatiera frontalmente a las pandillas y que a la fecha reporta más de 46,000 mareros detenidos, la incautación de 1,235 vehículos y más de $1.5 millones que provenían principalmente del cobro de la extorsión y la venta de drogas.
El diputado Caleb Navarro destaca que la administración actual ha demostrado que el tema de la seguridad pública es prioridad y que ahora la población honrada goza una realidad muy distinta a la que se vivía 30 años atrás.
El parlamentario añade que periódicamente el Gabinete de Seguridad Pública da informes sobre el despliegue de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada a escala nacional llegando a desarticular a todos estos grupos criminales.
«Como diputados de la nueva Asamblea Legislativa acompañamos y aprobamos cada petición e iniciativa de nuestro presidente, porque vemos una proyección futurista que promete un mejor país con oportunidades para todos», indica el legislador.
Por su parte, el experto en criminología, Ricardo Sosa, refiere que la apuesta en seguridad permitió que el país no esté en la lista de los más violentos del mundo; por lo tanto, es uno de los grandes logros del PCT.
«Durante la administración del presidente Bukele, la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad ha mostrado una clara tendencia a la baja en los indicadores criminológicos, desde los primeros meses de su administración en 2019, para que los años 2020, 2021 y los primeros seis meses de este año dicha reducción se consolide. Los datos y la evidencia es lo que me indican», dice el experto.
El parlamentario afirma que la oposición ARENA-FMLN, a pesar de ver los resultados, se niega a dar sus votos; además, lamenta los comentarios «absurdos» que vierten al Gobierno Central.
«Ellos están llenos de envidia porque este Gobierno ha demostrado que en solo tres años la realidad del país se ha logrado cambiar sustancialmente, y ellos en más de 30 años no pudieron hacer nada; bueno, lo único que hacían era llenar sus bolsillos con el dinero del pueblo salvadoreño», recuerda Navarro.
El diputado citó como ejemplo a la legisladora del FMLN Anabel Belloso, quien días atrás dijo a través de su red social que el régimen de excepción solo servía para levantar una campaña publicitaria y que por ese motivo no brindó su voto para prorrogar la estrategia antipandillas.
«La oposición, por más que quiera inculcar dudas o entorpecer el progreso de El Salvador, jamás lo van a lograr; la ciudadanía avala al 100 % las acciones que ha tomado este Gobierno y son ellos mismos quienes pidieron una extensión más del régimen de excepción. ¿Y por qué será?
Pues ellos han visto los resultados notables, las encuestas no mienten, la realidad ha cambiado y seguirá a pasos agigantados», enfatiza el parlamentario.
El pasado 6 de julio, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, informó que un nuevo contingente de 1,400 efectivos militares será incorporado a tareas de apoyo al PCT para reforzar el combate a los grupos terroristas.
«Hicimos hace dos semanas la juramentación de 1,400 efectivos; ya a finales de este mes se estarán incorporando al Plan Control Territorial, y ya iniciamos el proceso de nuevo ingreso. Ahora van a ingresar más de 2,000», afirmó el funcionario.
El ministro añadió que con los nuevos ingresos se reforzarán los buenos resultados tanto en seguridad como en respuesta ante cualquier desastre natural, «porque tenemos más efectivos con los cuales dar esas respuestas a la población».
El jefe de la institución castrense destacó que el refuerzo de los nuevos 1,400 soldados es necesario porque los pandilleros tienen cierta capacidad de enfrentarse a las autoridades, como quedó demostrado con el asesinato de los tres efectivos de la PNC.
«Ante esa situación, nosotros seguimos cumpliendo con todos los protocolos de actuación, siempre respetuosos de nuestra doctrina en derechos humanos, pero por sobre todo están los derechos de la población, que es víctima de estos delincuentes», reiteró Merino Monroy.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó que durante este año, hasta el 14 de mayo, están en marcha 233 procesos de auditoría dirigidos a entidades del sector público y organismos que administran fondos estatales. También ha emitido 66 informes finales.
«En el marco del Plan Anual Operativo 2026, la entidad fiscalizadora superior tiene programada la realización de 533 actividades de fiscalización, de las cuales 237 examinarán el período 2025. Esto refleja un nivel alto de eficiencia, ya que demuestra que las auditorías se están desarrollando de manera oportuna y al día», detalló la institución.
Asimismo, indicó que de las 233 auditorías en ejecución, la institución registra un avance del 44 % respecto de lo programado para este año.
«El enfoque en auditar el año inmediato anterior, es decir, hasta diciembre de 2025, representa un avance en la fiscalización oportuna, permitiendo que los resultados técnicos sean utilizados de manera efectiva para corregir deficiencias y fortalecer la administración de los recursos públicos en las entidades sujetas a control», señaló el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa.
De igual forma, la entidad fiscalizadora lleva a cabo autorías internas de calidad, que permiten verificar procesos aplicando estándares internacionales (ISO 9001:2015) y asegurar que todo se ejecute en tiempo y forma; así como detectar oportunidades de mejora antes de auditorías externas y fortalecer el trabajo del talento humano y los resultados institucionales.
La CCR destacó que ha finalizado auditorías evaluando a 21 unidades organizativas.
«La calidad también se impulsa desde la evaluación interna. Impulsamos una gestión más eficiente, transparente y con estándares de calidad. Anticipamos oportunidades de mejora, optimizar procesos, y fortalecer los estándares institucionales con una gestión más eficiente», señaló la entidad.
La dinámica de inversión y construcción en El Salvador continúa marcando cifras históricas. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) informó que ha liberado cerca de $5,700 millones en proyectos de inversión únicamente en el Área Metropolitana de San Salvador, reflejando el auge que vive en la actualidad el sector y el desarrollo urbano en el país.
El director ejecutivo de Opamss, Luis Rodríguez, afirmó que dicha inversión liberada ha ido incrementando, y ejemplificó que hace dos años únicamente se habían liberado alrededor de $150 millones en proyectos.
«Actualmente estamos superando la barrera de los $5,700 millones», señaló Rodríguez, quien calificó el momento económico y urbanístico del país como uno de los más importantes de las últimas décadas.
En detalle, según estadísticas, el 49.7 % de los proyectos son habitacionales; el 11.6 % turísticos; el 12.8 % logísticos; 5.3 % comerciales, y un 20.5 % de uso mixto.
De acuerdo con el funcionario, El Salvador atraviesa un período de expansión inmobiliaria sin precedentes en Centroamérica, con crecimientos del sector construcción que en algunos momentos han superado el 30 %. Además, solo en ejecución ya se contabilizan cerca de $4,000 millones en proyectos activos durante los últimos dos años, dijo.
El impacto económico también se refleja en el empleo. La institución reportó aproximadamente 168,000 puestos de trabajo vinculados al sector construcción y toda su cadena de servicios asociados, incluyendo arquitectura, urbanismo, ingeniería y actividades complementarias, las cuales han registrado un crecimiento cercano al 50 %.
Asimismo, resaltó que este impulso responde a un trabajo coordinado entre el sector público y privado, basado en la generación de confianza y en la agilización de trámites para inversionistas y desarrolladores.
«Para que haya inversión tiene que haber confianza», enfatizó, al destacar que desde el Gobierno se han impulsado estrategias para facilitar permisos, modernizar normativas y acelerar procesos de aprobación de proyectos.
Uno de los segmentos que más crece es el desarrollo vertical. Actualmente, Opamss registra 89 proyectos verticales en ejecución y otros más están próximos a iniciar construcción en sectores de San Salvador Este y San Salvador Oeste.
Según Opamss, este fenómeno está transformando la morfología urbana de la capital y promoviendo una redensificación ordenada de la ciudad. Además, señalaron que la seguridad y la inversión pública en infraestructura estratégica han permitido impulsar nuevos planes de reurbanización y reconfiguración territorial.
La renovación de escuelas públicas continúa a nivel nacional con el programa Dos Escuelas por Día, algunas de ellas han necesitado más inversión para solucionar las necesidades de cada espacio y dejar ambientes apropiados para los niños y adolescentes, entre ellas cuatro centros educativos se modernizan con un financiamiento cerca a los 7 millones de dólares.
El Centro Escolar Cantón Dulce Nombre de San Pedro Masahuat, ubicado en La Paz Oeste tiene un monto de inversión de 1.1 millón para renovarlo, mientras que la Escuela Escolar La Rosa Blanca, ubicada en San Salvador Centro tiene una financiamiento de 1.9 millones.
Igual cantidad de 1.9 millones tiene destinada la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina en Apopa, San Salvador Oeste y el Centro Escolar 5 de Noviembre en San Salvador Centro también se está modernizando con un costo de 1.9 millones de dólares.
Con esta inversión se beneficiarán más de 1,169 alumnos en los cuatro centros educativos desde inicial, parvularia hasta educación básica. Del Centro Escolar Cantón Dulce Nombre se encuentran matriculados 147 alumnos, mientras que de la Escuela Escolar La Rosa Blanca son 192 estudiantes.
Por su parte, que mayor escolaridad reporta es la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina de Apopa con 503 estudiantes y el Centro Escolar 5 de Noviembre con 327 matriculados.
