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Gobierno propone nuevo modelo para impulsar el desarrollo municipal en todo el país
El Gobierno del presidente Nayib Bukele le dará un nuevo rostro a la inversión pública en los 262 municipios del país. El Ejecutivo busca que una parte de las transferencias económicas sea usada libremente por las comunas, y que el resto se ejecute directa y eficientemente en proyectos que impulsen el desarrollo de los pueblos y la calidad de vida de sus habitantes.
A través del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo presentó ayer a la Asamblea Legislativa varias iniciativas orientadas al desarrollo municipal, que incluyen una nueva legislación para las transferencias económicas a los gobiernos locales y la creación de una institucionalidad gubernamental para la inversión local.
La propuesta de la futura normativa para asignar recursos del Estado a las municipalidades, una vez aprobada y en vigor, establecerá que las asignaciones presupuestarias para cada municipio se otorguen basadas en criterios de población (50 %), de equidad (25 %), de pobreza (20 %) y de extensión territorial (5 %).
El Ejecutivo planteó que con la nueva normativa se trasladarán recursos del presupuesto general del Estado a cada alcaldía, «ajustados a los desafíos y las necesidades reales de cada municipalidad, así como a la situación de las finanzas públicas».
La nueva estructura del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) ahora estará constituida con el 1.5 % de los ingresos netos corrientes del presupuesto general.
La nueva designación económica para los municipios, según lo establece el proyecto de ley del Fodes, «deberá consignarse en el mismo [presupuesto] en cada ejercicio financiero fiscal y entregado de forma mensual».
Las transferencias a los 262 gobiernos locales se financiarán con subsidios y aportes estatales, aportes y donaciones, préstamos externos e internos, bonos u otros ingresos que por cualquier concepto reciban.
El presupuesto general del Estado para el año próximo es de $7,967 millones, de acuerdo con el anteproyecto de gastos, por lo que en 2022 las comunas en su totalidad recibiría $119.5 millones, que se repartirán según los criterios señalados.
Los jefes municipales podrán utilizar libremente el dinero que de forma directa les transferirá el Gobierno. «El citado porcentaje, a transferir a las municipalidades, será de libre disponibilidad», reza el inciso último del artículo 1 de la nueva ley del Fodes. Luego añade: «Por tanto, podrá ser destinados a los propósitos o finalidades que cada municipio estime conveniente y necesario para su circunscripción municipal».
La entrega material y efectiva del Fodes a las municipalidades será directamente efectuada por el Estado, a través del Ministerio de Hacienda.
La nueva legislación que regulará el Fodes es de carácter especial y, por tanto, prevalecerá sobre cualquier otra que la contraríe, incluso el Código Municipal.
Asimismo, establece que la Corte de Cuentas de la República y las direcciones generales de Tesorería y de Contabilidad Gubernamental serán las garantes del cumplimiento fiel de la normativa una vez entre en vigor.
El congreso recientemente aprobó la disposición especial transitoria que permite a la cartera de Hacienda auditar $191.7 millones que las alcaldías recibieron en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
La normativa surgió por la solicitud del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ante la pasividad de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para auditar y fiscalizar el uso de los fondos que recibieron las alcaldías.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda se encargará de asumir las deudas contraídas por las 262 municipalidades, mismas que tuvieron como respaldo las transferencias monetarias que recibían del Gobierno Central.
El proyecto de ley de creación del nuevo Fodes establece que será la Dirección General de Tesorería de Hacienda la que «asumirá la responsabilidad de realizar las transferencias de recursos para el pago de cuotas que los municipios adeudan a entidades financieras en todo el país».
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
