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Gobierno propone nuevo modelo para impulsar el desarrollo municipal en todo el país
El Gobierno del presidente Nayib Bukele le dará un nuevo rostro a la inversión pública en los 262 municipios del país. El Ejecutivo busca que una parte de las transferencias económicas sea usada libremente por las comunas, y que el resto se ejecute directa y eficientemente en proyectos que impulsen el desarrollo de los pueblos y la calidad de vida de sus habitantes.
A través del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo presentó ayer a la Asamblea Legislativa varias iniciativas orientadas al desarrollo municipal, que incluyen una nueva legislación para las transferencias económicas a los gobiernos locales y la creación de una institucionalidad gubernamental para la inversión local.
La propuesta de la futura normativa para asignar recursos del Estado a las municipalidades, una vez aprobada y en vigor, establecerá que las asignaciones presupuestarias para cada municipio se otorguen basadas en criterios de población (50 %), de equidad (25 %), de pobreza (20 %) y de extensión territorial (5 %).
El Ejecutivo planteó que con la nueva normativa se trasladarán recursos del presupuesto general del Estado a cada alcaldía, «ajustados a los desafíos y las necesidades reales de cada municipalidad, así como a la situación de las finanzas públicas».
La nueva estructura del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) ahora estará constituida con el 1.5 % de los ingresos netos corrientes del presupuesto general.
La nueva designación económica para los municipios, según lo establece el proyecto de ley del Fodes, «deberá consignarse en el mismo [presupuesto] en cada ejercicio financiero fiscal y entregado de forma mensual».
Las transferencias a los 262 gobiernos locales se financiarán con subsidios y aportes estatales, aportes y donaciones, préstamos externos e internos, bonos u otros ingresos que por cualquier concepto reciban.
El presupuesto general del Estado para el año próximo es de $7,967 millones, de acuerdo con el anteproyecto de gastos, por lo que en 2022 las comunas en su totalidad recibiría $119.5 millones, que se repartirán según los criterios señalados.
Los jefes municipales podrán utilizar libremente el dinero que de forma directa les transferirá el Gobierno. «El citado porcentaje, a transferir a las municipalidades, será de libre disponibilidad», reza el inciso último del artículo 1 de la nueva ley del Fodes. Luego añade: «Por tanto, podrá ser destinados a los propósitos o finalidades que cada municipio estime conveniente y necesario para su circunscripción municipal».
La entrega material y efectiva del Fodes a las municipalidades será directamente efectuada por el Estado, a través del Ministerio de Hacienda.
La nueva legislación que regulará el Fodes es de carácter especial y, por tanto, prevalecerá sobre cualquier otra que la contraríe, incluso el Código Municipal.
Asimismo, establece que la Corte de Cuentas de la República y las direcciones generales de Tesorería y de Contabilidad Gubernamental serán las garantes del cumplimiento fiel de la normativa una vez entre en vigor.
El congreso recientemente aprobó la disposición especial transitoria que permite a la cartera de Hacienda auditar $191.7 millones que las alcaldías recibieron en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
La normativa surgió por la solicitud del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ante la pasividad de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para auditar y fiscalizar el uso de los fondos que recibieron las alcaldías.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda se encargará de asumir las deudas contraídas por las 262 municipalidades, mismas que tuvieron como respaldo las transferencias monetarias que recibían del Gobierno Central.
El proyecto de ley de creación del nuevo Fodes establece que será la Dirección General de Tesorería de Hacienda la que «asumirá la responsabilidad de realizar las transferencias de recursos para el pago de cuotas que los municipios adeudan a entidades financieras en todo el país».
Claudia Hernández, gerente del Conapina, informó que los factores de riesgo que están identificando en casos de vulneración a la niñez y adolescencia se encuentran negligencia en el cuidado, maltrato y abuso sexual. Aseguró que ahora la primera medida no es retirar a los menores del hogar, sino a los agresores.
La gerente técnica del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en la entrevista de «El Urbano News», que las principales razones por cuales reciben denuncias y avisos de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia son negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual.
«Hay varios factores de riesgo, por un lado, las mayores razones por las cuales llegan casos a las Juntas de Protección tienen que ver con negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual. Estos son los mayores factores de riesgo por los cuales estamos captando casos y restituyendo derechos», comunicó.
Indicó que también registran nuevas amenazas en el entorno de la niñez y adolescencia vinculadas a drogas, adicciones, salud mental y el mundo virtual.
«El entorno virtual puede garantizar derechos, nos puede hacer más partícipes de la vida, pero también conlleva ciertos riesgos, como imitar otros patrones, desafíos que ponen en riesgo la vida de los adolescentes, filtrar información», detalló.
En ese sentido, Hernández explicó que con base a la Ley Crecer Juntos, el Conapina mantiene diversas medidas para brindar atención a los casos de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia.
Por ejemplo, cuenta con 16 juntas de protección, ubicada una en cada departamento del país y tres solo en San Salvador. También mantienen activada 24/7 la línea 119, en la cual reciben denuncias y avisos no solo de adultos, sino también de los mismos niños.
«Contamos con manuales, protocolos, planes, mecanismos, a través de los cuales la población puede alertarnos de situaciones para activar mecanismos. Uno de ellos son las juntas de protección. Estas son instancias administrativas de protección inmediata», explicó.
Por otro lado, informó que la institución está en proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia y de conformar comités locales de derechos en todos los municipios del país.
«Estamos en un proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y la adolescencia que están en la defensa de los derechos y en las cuales van a formar parte las mismas niñas, niños y adolescentes. Son células en cada comunidad. Luego tenemos los comités locales de derechos que están en cada municipio, estamos constituyéndolo y la meta es formar este año los 44 comités locales de derechos», añadió.
En 80 meses de gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la Fuerza Naval en coordinación con la Fiscalía y la Policía han logrado incautar, en altamar, un total de 81.8 toneladas de droga que equivalen a $1,937 millones. A través de los operativos, las autoridades también han logrado la captura de decenas de narcotraficantes extranjeros.
Según las estadísticas del Ministerio de Defensa, de los 200 narcotraficantes detenidos entre junio 2019 y febrero de 2026 un total de 87 son ecuatorianos, lo que representa el 44 % de los narcotraficantes capturados en altamar en toda la gestión del actual Gobierno, el resto son mexicanos, colombianos, guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses y panameños.
«Personas que han sido ubicadas desde que empezó a funcionar el Plan Control Territorial en 2019 son 200, y son de las siguientes nacionalidades: mexicanos se han ubicado 30 narcotraficantes; 87 ecuatorianos; 36 colombianos; 22 guatemaltecos; siete nicaragüenses; 16 costarricenses; y dos panameños; esos son los que hemos venido ubicando en el transcurso de estos años que han pasado desde junio de 2019 hasta la fecha», detalló el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
El funcionario detalló que en lo que va del presente año, además de la captura de 10 extranjeros a bordo del buque FMS Eagle, junto con la Policía Nacional Civil también ha incautado 7.41 toneladas de droga que representan $184.5 millones
«De esta manera la Fuerza de Tarea Naval Tridente sigue mostrando al mundo que cuando hay voluntad de hacer el trabajo se puede hacer, no importan las circunstancias y los obstáculos que estén por la Proa, la Marina Nacional de El Salvador, como parte integral de la Fuerza Armada continuará proporcionando el apoyo que requiere la Policía Nacional Civil para combatir los delitos en este caso del narcotráfico, y obviamente el trabajo que se realiza de manera conjunta con la Fiscalía General de la República es la que nos permite finalmente lograr el éxito en este tipo de operaciones», señaló Merino Monroy.
El ministro felicitó a militares y policías por el trabajo en conjunto para llevar tras las rejas a los narcotraficantes extranjeros, además reiteró que el país seguirá en la lucha para evitar que toneladas de drogas lleguen hasta sus destinos.
«Nuevamente quiero felicitar a los miembros de la Marina Nacional, a los miembros de la Policía que también colaboran con nosotros en este tipo de operaciones, decirles que continuaremos realizando este trabajo y que sepan los narcotraficantes que El Salvador es una muralla en el Pacifico y que vamos a seguir combatiendo, este tipo de flagelos, ya quedo demostrado que tanto en altamar como en nuestra zona costera junto con la Policía Nacional Civil estamos evitando que las aguas del Pacifico sean utilizadas para el narcotráfico», enfatizó Merino Monroy.
Las autoridades afirmaron que todos los detenidos ya han sido o serán acusados por el delito de tráfico internacional de estupefacientes.
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Autoridades verifican implementación de conectividad digital en escuela de San Salvador Centro
El secretario de Innovación, Daniel Méndez, junto a delegados de la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, realizaron este martes un recorrido en el Centro Escolar Fernando Llort, ubicado en San Salvador Centro.
El objetivo de esta visita es verificar la implementación del programa Conectividad Digital Social, una iniciativa orientada a garantizar el acceso a internet y dispositivos tecnológicos para estudiantes del sistema público.
Durante la visita, las autoridades constataron que el centro educativo cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria y que los estudiantes pueden conectarse sin dificultades, lo que permite fortalecer sus competencias digitales y mejorar sus procesos de aprendizaje.
Es importante mencionar que el objetivo de este programa es reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas a los estudiantes del sector público.
«Este proyecto nos permite cerrar cada vez más la brecha digital y acercar la tecnología a estudiantes, maestros y a toda la comunidad educativa. El aporte de la Unión con fondos no reembolsables ha sido invaluable para hacer realidad un proyecto que hace años parecía un sueño», dijo Méndez.
Como parte de esta iniciativa, los estudiantes del Centro Escolar Fernando Llort ahora cuentan con acceso a dispositivos electrónicos y conexión a internet estable.
El Salvador también ha realizado inversiones para brindar paquetes escolares a los estudiantes, los cuales incluyen uniformes, útiles escolares y dispositivos electrónicos, según el nivel académico.
Todo lo anterior como parte de una estrategia nacional orientada a modernizar el sistema educativo del país.
