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Gobierno propone aumentar el CESC a los grandes contribuyentes a partir del 2022
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele presentó una iniciativa para modificar la contribución que se aplica a los servicios de telecomunicaciones y a la adquisición de los productos relacionados, de manera que a partir de 2022 la absorban contribuyentes que reportan ganancias superiores a los $500,000.
La Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) dejará de estar vigente a partir del 4 de noviembre de este año. El Ejecutivo no lo contempla como fuente de ingreso para 2021, a excepción del grupo de contribuyentes que ya se ha mencionado.
Este año, en concepto de CESC se han recolectado $117.9 millones, de los cuales, $33.9 millones provienen de la que se carga sobre el consumo –el que ya no estará vigente a partir de noviembre– y $84 millones son por el aporte de los llamados grandes contribuyentes.
En esencia, se trata de un proceso gradual para el “traslado de la contribución especial que pagaban los ciudadanos comunes y corrientes a la contribución especial que pagan las grandes empresas”, dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
“Hemos venido a cumplir con la promesa del señor Presidente Nayib Bukele”, comentó, por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.
“Estamos tratando de apoyar directamente a los más vulnerables y a la población en general. Esta es una de las medidas: habrá muchas medidas más”, añadió también Castro.
En resumen, los consumidores no tendrán que absorber esta contribución cuando adquieran saldo o cargadores de celular, por ejemplo, el próximo año. Después, a partir de 2022, un grupo de 990 contribuyentes percibirá un aumento en la referida contribución, pero en función de sus ganancias.
El ministro Zelaya también mencionó que han dado “un año de gracia” para que las empresas ajusten sus cuentas al aumento del CESC, que pasará del 5% al 8%, cargado sobre las ganancias, Esto también se ha preparado así para prevenir cualquier inconsistencia en la declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2020 y que se presentara en abril de 2021.
El Gobierno afirmó su compromiso de evitar que se cargue la diferencia a los consumidores. “Vamos a establecer siempre los controles. Este es como el ISR: no se puede trasladar. Vamos a ser garantes, como Ministerio de Hacienda, porque se van a verificar todos los vectores y declaraciones y está la Defensoría del Consumidor”, expresó Zelaya.
“No creemos que sea un freno a la competitividad”, agregó el ministro de Hacienda. Es importante recordar que el CESC permite entregar el bono a los policías, que han sido un pilar fundamental en tiempos de pandemia y durante la ejecución del Plan Control Territorial. Es gracias a la efectividad de este Plan, impulsado por el Presidente Bukele, que los homicidios han bajado en más del 50%, así como la criminalidad en general.
Una joven de 18 años identificada como Mirza Acosta falleció la tarde del martes, horas después de resultar gravemente lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que de Metapán conduce a la frontera Anguiatú, a la altura del cantón El Limón, en el municipio de Santa Ana Norte.
La víctima era una de las siete personas que viajaban en un camión que se precipitó a un barranco en el kilómetro 122.5 de dicha vía, según reportes preliminares compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC).
Tras el siniestro, los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Acosta perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital local.
La División de Tránsito Terrestre de la PNC se presentó al lugar para realizar las investigaciones y determinar las causas del accidente.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el martes 8 de julio sin registrar homicidios a nivel nacional, sumando así 154 días sin muertes violentas en lo que va del año 2025.
Según el balance oficial, estos días sin homicidios se distribuyen de la siguiente manera: 6 días en julio, 25 en junio, 25 en mayo, 25 en abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.
La institución policial destacó que, desde junio de 2019 hasta el 30 de junio de 2025, se han contabilizado 948 jornadas sin homicidios en el país, lo que atribuyen a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, este último vigente desde el 27 de marzo de 2022.
En el marco de estas medidas, más de 86,000 personas —entre pandilleros y colaboradores— han sido capturadas y procesadas por delitos vinculados a agrupaciones ilícitas, según datos oficiales.
