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Gobierno inicia recolección de desechos solidos de los distritos de San Salvador Este
El Gobierno está enfocado en proteger la salud de las familias salvadoreñas y preservar el medio ambiente, por ello, ha puesto en marcha el trabajo de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, en el municipio de San Salvador Este.
La Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos, da vida a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, además, la normativa se encargará de regular de manera integral la gestión, recolección, traslado, aprovechamiento y disposición final de los residuos a escala nacional, garantizando que estas acciones se realicen de forma sanitaria y ambientalmente segura.
Este sábado, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y vocero de Andres, dio la orden de inicio a los trabajos en San Salvador Este, cubriendo los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. El funcionario destacó que se tiene a disposición más de 102 camiones recolectores, así como a más de 1,000 personas que se encargarán del barrido y la recolección de desechos.
“A partir de este día está habilitado, las 24 horas, el número 929 y el 2501-0203 para que toda la población salvadoreña que vive en San Salvador Este pueda hacer las denuncias y vamos a estar recibiendo todas las denuncias que lleguen también a la página web https://opinion.andres.gob.sv”, destacó Rodríguez.
El funcionario, además, destacó que a través de Andres se creará un tribunal sancionador para poder regular diferentes temas, entre ellos, las sanciones que se aplicarán. “Hay tres tipos de multas. Las leves, que van de los $20 a los $100, son para los que tiren basura en la calle, carreteras, playas, bosques, personas que no utilizan los depósitos adecuados”, detalló.
Las sanciones graves serán entre 101 a 1,000 salarios mínimos, mientras que las sanciones muy graves rondarán entre 1,001 a 10,000 salarios mínimos, que se aplicarán a negocios o empresas grandes, o municipalidades con niveles de contaminación mayores a lo que un ciudadano común puede generar.
El Gobierno del Presidente Bukele está enfocado en transformar integralmente a El Salvador y para ello es fundamental velar por la salud de la población, así como crear una cultura diferente en el tratamiento de los desechos y proteger al medio ambiente.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
