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Gobierno inicia recolección de desechos solidos de los distritos de San Salvador Este
El Gobierno está enfocado en proteger la salud de las familias salvadoreñas y preservar el medio ambiente, por ello, ha puesto en marcha el trabajo de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, en el municipio de San Salvador Este.
La Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos, da vida a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, además, la normativa se encargará de regular de manera integral la gestión, recolección, traslado, aprovechamiento y disposición final de los residuos a escala nacional, garantizando que estas acciones se realicen de forma sanitaria y ambientalmente segura.
Este sábado, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y vocero de Andres, dio la orden de inicio a los trabajos en San Salvador Este, cubriendo los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. El funcionario destacó que se tiene a disposición más de 102 camiones recolectores, así como a más de 1,000 personas que se encargarán del barrido y la recolección de desechos.
“A partir de este día está habilitado, las 24 horas, el número 929 y el 2501-0203 para que toda la población salvadoreña que vive en San Salvador Este pueda hacer las denuncias y vamos a estar recibiendo todas las denuncias que lleguen también a la página web https://opinion.andres.gob.sv”, destacó Rodríguez.
El funcionario, además, destacó que a través de Andres se creará un tribunal sancionador para poder regular diferentes temas, entre ellos, las sanciones que se aplicarán. “Hay tres tipos de multas. Las leves, que van de los $20 a los $100, son para los que tiren basura en la calle, carreteras, playas, bosques, personas que no utilizan los depósitos adecuados”, detalló.
Las sanciones graves serán entre 101 a 1,000 salarios mínimos, mientras que las sanciones muy graves rondarán entre 1,001 a 10,000 salarios mínimos, que se aplicarán a negocios o empresas grandes, o municipalidades con niveles de contaminación mayores a lo que un ciudadano común puede generar.
El Gobierno del Presidente Bukele está enfocado en transformar integralmente a El Salvador y para ello es fundamental velar por la salud de la población, así como crear una cultura diferente en el tratamiento de los desechos y proteger al medio ambiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
