Nacionales
Gobierno busca proteger jurídicamente a las familias afectadas por casos de estafa en adquisición de lotes y viviendas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como prioridad crear las condiciones idóneas para proporcionar un techo digno a las familias salvadoreñas y llevar seguridad jurídica a cientos de personas que, desde décadas atrás, se han visto afectadas en casos de estafa en la compra de propiedades, lotes o viviendas.
Un ejemplo de ello fue la iniciativa de ley presentada por parte del Gobierno del Presidente Bukele, a través del Ministerio de Vivienda, a la Asamblea Legislativa, para solucionar la problemática de 245 familias que décadas atrás fueron afectadas en casos de estafa, en el rubro de vivienda, por parte de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES), una caja de crédito a la que FONAVIPO otorgaba fondos para que esta brindara créditos a las personas para obtener una propiedad. Sin embargo, FONAVIPO no controló el proceder de esta institución y las 245 familias que adquirieron lotes en 12 municipios del país, en el año 1998, nunca recibieron su título de propiedad, según destacó anteriormente la ministra de Vivienda de Vivienda, Michelle Sol.
Posteriormente, el Órgano Legislativo aprobó la Ley Especial para la legalización de los inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra PROCADES. La ley establece que estos inmuebles serán transferidos en donación a favor de las familias que los adquirieron y cancelaron de manera parcial o total su valor.
La ministra de Vivienda destacó que, como este caso, existen otros similares en el país y el Gobierno del Presidente Bukele prevé evitar que cesen este tipo acciones, sobre todo entre los sectores más vulnerables y garantizar una protección jurídica para actuales o posibles nuevos casos.
Además, de esta ley, en junio del presente año, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 81 votos, la Ley Especial Transitoria para la Regularización de las Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual permite que alrededor de 350 mil familias puedan legalizar sus inmuebles adquiridos en lotes o parcelas.
Por ello, la titular de Vivienda sostuvo una reunión con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en la cual abordaron temas relacionados a esta ley, ya que, durante años el Estado dejó sin control ni fiscalización, permitiendo el engaño y estafa a las familias.
“Muchos lotificadores han jugado con las necesidades de la gente y tenemos indicaciones del Presidente Nayib Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento”, puntualizó la ministra Sol, durante la reunión con el fiscal general de la República.
“Le solicitamos que, cumpliendo los procesos de ley, puedan hacer una investigación en los casos que hemos identificado. Así, las familias podrán tener justicia y que, las personas que intenten aprovecharse de nuestra gente, lo piensen dos veces”, enfatizó la funcionaria.
El objetivo principal es que muchos lotificadores se acerquen al Ministerio de Vivienda y puedan regularizar sus proyectos y seguir el proceso para proporcionar las escrituras a las familias afectadas. “Lo único que vamos a pedir es que hay lotes en zonas de alto riesgo, buscar una zona donde las familias estén seguras, que no corran riesgos y que no estén en zonas de barrancos”, sostuvo la ministra Sol y añadió que en caso de los lotificadores que no actúen apegados a la ley serán denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Proporcionar a las familias salvadoreñas la seguridad jurídica de sus patrimonios es uno de los objetivos principales del Gobierno del Presidente Bukele. Para ello, acudirá a todas las instancias correspondientes y seguirá dando seguimiento por medio del Ministerio de Vivienda.
Nacionales
Productores reciben capacitación en agricultura climáticamente inteligente en la zona oriental
Leyda Lovo de Cardoza, es una productora que junto a otras seis personas en el distrito de Quelepa, San Miguel, se dedica a la producción de pepino, tomate y chile. Este grupo también forma parte de las 59 personas organizadas en 10 grupos productivos, seis de San Miguel y cuatro de Usulután, que iniciarán un proceso de fortalecimiento de capacidades en agricultura.
Dichas capacitaciones forman parte del programa «Fortalecimiento de capacidades para mujeres y jóvenes para la implementación de agricultura climáticamente inteligente en El Salvador».
«Nos sentimos contentos de haber sido elegidos para participar en este proyecto. Necesitamos una máquina para poder arar la tierra y una bomba achicadora para poder abastecernos del río», mencionó Leyda Lovo.
Este proyecto es implementado por el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) y el financiamiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de la República de Corea; en coordinación con el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
«Con este proyecto buscamos capacitar a mujeres y jóvenes en condición de vulnerabilidad al cambio climático con prácticas de agricultura climáticamente inteligente, asociatividad y habilidades empresariales. Tuvimos una muy buena experiencia en las ediciones 2024 y 2025, por lo que estamos muy emocionados de poder sumar nuevos grupos a nuestro proyecto», enfatizó Moon Do Kim, Gerente de Proyectos de GGGI.
El programa de capacitaciones es la primera fase de un proceso para fortalecer y desarrollar emprendimientos agrícolas, que incluye la elaboración de planes de negocio, y en una fase posterior, la provisión de capital semilla y asistencia técnica.
El pasado viernes 27 de febrero finalizó con una cifra de cero homicidios en todo el territorio salvadoreño, según indican las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicados esta madrugada.
Esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia suma 50 días sin homicidios en lo que va del 2026 y acumula 27 días sin homicidios en todo lo que va del mes.
Por otra parte, desde que el presidente Nayib Bukele llegó al frente del Ejecutivo en 2019 se han registrado 1,151 días sin homicidios, según indican las estadísticas policiales.
Los resultados en seguridad se les atribuye a estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como es el caso del Plan Control Territorial, y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
De los 1,151 días sin homicido en total, 1,037 se contabilizan durante el periodo de vigencia del régimen de excepción. Por otra parte, el pasado 15 de enero se alcanzó la histórica cifra de los mil días sin muertes a causa de la violencia.
De acuerdo con el balance de Seguridad, el 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este resultado supera al 2024, que concluyó con 279 días sin asesinatos, y al 2023, cuando se contabilizaron 247 jornadas libres de asesinatos.
Durante la madrugada de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), en trabajo coordinado con la Policía, ejecutó un operativo para desmantelar una estructura dedicada al tráfico de drogas.
Esta delinquía a través de una plataforma que ofrecía el «servicio de entrega de mercadería». Los imputados simulaban la entrega de paquetes para movilizar la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.
«Esta noche estamos ejecutando un operativo junto con la División Antinarcóticos —DAN— de la Policía, en el cual se están ejecutando 24 registros con prevención de allanamiento», indicó el fiscal del caso.
«El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo a sus familiares, quienes también han sido detenidos», indicó el fiscal del caso.
Las autoridades realizaron los registros en Santa Tecla y Lourdes, en La Libertad; y en Soyapango, en San Salvador, lu gares en los que la droga se distribuía y se comercializaba.
«Como resultado de los registros, se han decomisado varias porciones de cocaína y crac listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información importante para las investigaciones y más de $3,000 en efectivo», detalló el fiscal.
Las autoridades reportaron la captura de 17 imputados, quienes fueron identificados como José Antonio Pérez Montoya, Gloria América Gil, Josué Edenilson Bonilla Rivas, José Ezequiel Sosa Rodríguez, Julio Enrique Morales Quintanilla, Orlando Francisco Díaz, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina, Brenda Guadalupe Leones Navarrete y Bryan Moisés Pérez Valladares.
Además, William Alexánder Rivera Huezo, Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, Christian Enrique Mirón Noyola, Pamela Sa raí Acevedo Guevara, Maykol Francisco Pichinte Alfaro y Miguel Ángel González Villarán.
HAY MÁS IMPLICADOS
«El objetivo es capturar a un total de 34 personas que forman parte de una estructura que se dedica a distribuir cocaína en Santa Tecla y Lourdes», detalló el fiscal. La fuente aseguró que las de tenciones son producto de una investigación ejecutada desde enero de 2025.
«La investigación ha permitido determinar el modo de operar de esta estructura, logrando identificar a todos sus integrantes», señaló el funcionario.
La Fiscalía explicó que las personas que apoyaban a Pérez Montoya se ha cían pasar por «Ubers» para ingresar a diferentes lugares, simulando que iban a entregar paquetes comerciales.
«Sin embargo, lo que están entregando es droga, cocaína. Toda la estructura opera de la misma forma en la zona de Santa Tecla y Lourdes», destacó la fuente de la Fiscalía.
El pasado 25 de febrero, las autoridades también desarticularon una estructura criminal dedicada al contra bando de mercaderías que delinquía en el territorio nacional.
La investigación, que se desarrolló durante aproximadamente dos años, permitió identificar a los criminales.
De acuerdo con las investigaciones, la banda tenía distintos niveles de operación. Existían líderes, proveedores, encargados de introducir el producto por puntos fronterizos no habilitados —puntos ciegos— en la zona limítrofe con Guatemala y Honduras.
Luego, la mercadería era trasladada hacia San Salvador y distribuida a municipios de Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión. Finalmente, vendedores al detalle comercializaban los cigarrillos en mercados urbanos, completando así la cadena de distribución ilegal.
