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Gobierno busca proteger jurídicamente a las familias afectadas por casos de estafa en adquisición de lotes y viviendas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como prioridad crear las condiciones idóneas para proporcionar un techo digno a las familias salvadoreñas y llevar seguridad jurídica a cientos de personas que, desde décadas atrás, se han visto afectadas en casos de estafa en la compra de propiedades, lotes o viviendas.
Un ejemplo de ello fue la iniciativa de ley presentada por parte del Gobierno del Presidente Bukele, a través del Ministerio de Vivienda, a la Asamblea Legislativa, para solucionar la problemática de 245 familias que décadas atrás fueron afectadas en casos de estafa, en el rubro de vivienda, por parte de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES), una caja de crédito a la que FONAVIPO otorgaba fondos para que esta brindara créditos a las personas para obtener una propiedad. Sin embargo, FONAVIPO no controló el proceder de esta institución y las 245 familias que adquirieron lotes en 12 municipios del país, en el año 1998, nunca recibieron su título de propiedad, según destacó anteriormente la ministra de Vivienda de Vivienda, Michelle Sol.
Posteriormente, el Órgano Legislativo aprobó la Ley Especial para la legalización de los inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra PROCADES. La ley establece que estos inmuebles serán transferidos en donación a favor de las familias que los adquirieron y cancelaron de manera parcial o total su valor.
La ministra de Vivienda destacó que, como este caso, existen otros similares en el país y el Gobierno del Presidente Bukele prevé evitar que cesen este tipo acciones, sobre todo entre los sectores más vulnerables y garantizar una protección jurídica para actuales o posibles nuevos casos.
Además, de esta ley, en junio del presente año, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 81 votos, la Ley Especial Transitoria para la Regularización de las Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual permite que alrededor de 350 mil familias puedan legalizar sus inmuebles adquiridos en lotes o parcelas.
Por ello, la titular de Vivienda sostuvo una reunión con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en la cual abordaron temas relacionados a esta ley, ya que, durante años el Estado dejó sin control ni fiscalización, permitiendo el engaño y estafa a las familias.
“Muchos lotificadores han jugado con las necesidades de la gente y tenemos indicaciones del Presidente Nayib Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento”, puntualizó la ministra Sol, durante la reunión con el fiscal general de la República.
“Le solicitamos que, cumpliendo los procesos de ley, puedan hacer una investigación en los casos que hemos identificado. Así, las familias podrán tener justicia y que, las personas que intenten aprovecharse de nuestra gente, lo piensen dos veces”, enfatizó la funcionaria.
El objetivo principal es que muchos lotificadores se acerquen al Ministerio de Vivienda y puedan regularizar sus proyectos y seguir el proceso para proporcionar las escrituras a las familias afectadas. “Lo único que vamos a pedir es que hay lotes en zonas de alto riesgo, buscar una zona donde las familias estén seguras, que no corran riesgos y que no estén en zonas de barrancos”, sostuvo la ministra Sol y añadió que en caso de los lotificadores que no actúen apegados a la ley serán denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Proporcionar a las familias salvadoreñas la seguridad jurídica de sus patrimonios es uno de los objetivos principales del Gobierno del Presidente Bukele. Para ello, acudirá a todas las instancias correspondientes y seguirá dando seguimiento por medio del Ministerio de Vivienda.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
