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Gobierno busca proteger jurídicamente a las familias afectadas por casos de estafa en adquisición de lotes y viviendas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como prioridad crear las condiciones idóneas para proporcionar un techo digno a las familias salvadoreñas y llevar seguridad jurídica a cientos de personas que, desde décadas atrás, se han visto afectadas en casos de estafa en la compra de propiedades, lotes o viviendas.
Un ejemplo de ello fue la iniciativa de ley presentada por parte del Gobierno del Presidente Bukele, a través del Ministerio de Vivienda, a la Asamblea Legislativa, para solucionar la problemática de 245 familias que décadas atrás fueron afectadas en casos de estafa, en el rubro de vivienda, por parte de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES), una caja de crédito a la que FONAVIPO otorgaba fondos para que esta brindara créditos a las personas para obtener una propiedad. Sin embargo, FONAVIPO no controló el proceder de esta institución y las 245 familias que adquirieron lotes en 12 municipios del país, en el año 1998, nunca recibieron su título de propiedad, según destacó anteriormente la ministra de Vivienda de Vivienda, Michelle Sol.
Posteriormente, el Órgano Legislativo aprobó la Ley Especial para la legalización de los inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra PROCADES. La ley establece que estos inmuebles serán transferidos en donación a favor de las familias que los adquirieron y cancelaron de manera parcial o total su valor.
La ministra de Vivienda destacó que, como este caso, existen otros similares en el país y el Gobierno del Presidente Bukele prevé evitar que cesen este tipo acciones, sobre todo entre los sectores más vulnerables y garantizar una protección jurídica para actuales o posibles nuevos casos.
Además, de esta ley, en junio del presente año, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 81 votos, la Ley Especial Transitoria para la Regularización de las Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual permite que alrededor de 350 mil familias puedan legalizar sus inmuebles adquiridos en lotes o parcelas.
Por ello, la titular de Vivienda sostuvo una reunión con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en la cual abordaron temas relacionados a esta ley, ya que, durante años el Estado dejó sin control ni fiscalización, permitiendo el engaño y estafa a las familias.
“Muchos lotificadores han jugado con las necesidades de la gente y tenemos indicaciones del Presidente Nayib Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento”, puntualizó la ministra Sol, durante la reunión con el fiscal general de la República.
“Le solicitamos que, cumpliendo los procesos de ley, puedan hacer una investigación en los casos que hemos identificado. Así, las familias podrán tener justicia y que, las personas que intenten aprovecharse de nuestra gente, lo piensen dos veces”, enfatizó la funcionaria.
El objetivo principal es que muchos lotificadores se acerquen al Ministerio de Vivienda y puedan regularizar sus proyectos y seguir el proceso para proporcionar las escrituras a las familias afectadas. “Lo único que vamos a pedir es que hay lotes en zonas de alto riesgo, buscar una zona donde las familias estén seguras, que no corran riesgos y que no estén en zonas de barrancos”, sostuvo la ministra Sol y añadió que en caso de los lotificadores que no actúen apegados a la ley serán denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Proporcionar a las familias salvadoreñas la seguridad jurídica de sus patrimonios es uno de los objetivos principales del Gobierno del Presidente Bukele. Para ello, acudirá a todas las instancias correspondientes y seguirá dando seguimiento por medio del Ministerio de Vivienda.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
