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Gobierno busca proteger jurídicamente a las familias afectadas por casos de estafa en adquisición de lotes y viviendas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como prioridad crear las condiciones idóneas para proporcionar un techo digno a las familias salvadoreñas y llevar seguridad jurídica a cientos de personas que, desde décadas atrás, se han visto afectadas en casos de estafa en la compra de propiedades, lotes o viviendas.
Un ejemplo de ello fue la iniciativa de ley presentada por parte del Gobierno del Presidente Bukele, a través del Ministerio de Vivienda, a la Asamblea Legislativa, para solucionar la problemática de 245 familias que décadas atrás fueron afectadas en casos de estafa, en el rubro de vivienda, por parte de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES), una caja de crédito a la que FONAVIPO otorgaba fondos para que esta brindara créditos a las personas para obtener una propiedad. Sin embargo, FONAVIPO no controló el proceder de esta institución y las 245 familias que adquirieron lotes en 12 municipios del país, en el año 1998, nunca recibieron su título de propiedad, según destacó anteriormente la ministra de Vivienda de Vivienda, Michelle Sol.
Posteriormente, el Órgano Legislativo aprobó la Ley Especial para la legalización de los inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra PROCADES. La ley establece que estos inmuebles serán transferidos en donación a favor de las familias que los adquirieron y cancelaron de manera parcial o total su valor.
La ministra de Vivienda destacó que, como este caso, existen otros similares en el país y el Gobierno del Presidente Bukele prevé evitar que cesen este tipo acciones, sobre todo entre los sectores más vulnerables y garantizar una protección jurídica para actuales o posibles nuevos casos.
Además, de esta ley, en junio del presente año, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 81 votos, la Ley Especial Transitoria para la Regularización de las Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual permite que alrededor de 350 mil familias puedan legalizar sus inmuebles adquiridos en lotes o parcelas.
Por ello, la titular de Vivienda sostuvo una reunión con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en la cual abordaron temas relacionados a esta ley, ya que, durante años el Estado dejó sin control ni fiscalización, permitiendo el engaño y estafa a las familias.
“Muchos lotificadores han jugado con las necesidades de la gente y tenemos indicaciones del Presidente Nayib Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento”, puntualizó la ministra Sol, durante la reunión con el fiscal general de la República.
“Le solicitamos que, cumpliendo los procesos de ley, puedan hacer una investigación en los casos que hemos identificado. Así, las familias podrán tener justicia y que, las personas que intenten aprovecharse de nuestra gente, lo piensen dos veces”, enfatizó la funcionaria.
El objetivo principal es que muchos lotificadores se acerquen al Ministerio de Vivienda y puedan regularizar sus proyectos y seguir el proceso para proporcionar las escrituras a las familias afectadas. “Lo único que vamos a pedir es que hay lotes en zonas de alto riesgo, buscar una zona donde las familias estén seguras, que no corran riesgos y que no estén en zonas de barrancos”, sostuvo la ministra Sol y añadió que en caso de los lotificadores que no actúen apegados a la ley serán denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Proporcionar a las familias salvadoreñas la seguridad jurídica de sus patrimonios es uno de los objetivos principales del Gobierno del Presidente Bukele. Para ello, acudirá a todas las instancias correspondientes y seguirá dando seguimiento por medio del Ministerio de Vivienda.
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) anunció la realización de un webinar enfocado en estrategias para financiar el crecimiento empresarial, dirigido a micro y pequeñas empresas (MYPE) interesadas en fortalecer su estructura financiera.
Bajo el lema «Crecer no es vender más. Es financiar bien el siguiente paso», la institución destacó que el objetivo es brindar herramientas prácticas para que los emprendedores puedan escalar sus negocios sin poner en riesgo su estabilidad operativa.
El tema central del seminario virtual será «Estrategias para financiar el crecimiento» y se desarrollará el jueves 5 de marzo a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con la entidad, el crecimiento de una MYPE requiere no solo visión, sino también una estructura de capital adecuada que respalde la expansión de sus operaciones.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado por la institución. Con este tipo de iniciativas, CONAMYPE busca fortalecer las capacidades financieras del sector y promover un desarrollo empresarial sostenible.
Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.
Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.
Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.
En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.
La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.
La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
