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Gobierno busca proteger jurídicamente a las familias afectadas por casos de estafa en adquisición de lotes y viviendas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como prioridad crear las condiciones idóneas para proporcionar un techo digno a las familias salvadoreñas y llevar seguridad jurídica a cientos de personas que, desde décadas atrás, se han visto afectadas en casos de estafa en la compra de propiedades, lotes o viviendas.
Un ejemplo de ello fue la iniciativa de ley presentada por parte del Gobierno del Presidente Bukele, a través del Ministerio de Vivienda, a la Asamblea Legislativa, para solucionar la problemática de 245 familias que décadas atrás fueron afectadas en casos de estafa, en el rubro de vivienda, por parte de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES), una caja de crédito a la que FONAVIPO otorgaba fondos para que esta brindara créditos a las personas para obtener una propiedad. Sin embargo, FONAVIPO no controló el proceder de esta institución y las 245 familias que adquirieron lotes en 12 municipios del país, en el año 1998, nunca recibieron su título de propiedad, según destacó anteriormente la ministra de Vivienda de Vivienda, Michelle Sol.
Posteriormente, el Órgano Legislativo aprobó la Ley Especial para la legalización de los inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra PROCADES. La ley establece que estos inmuebles serán transferidos en donación a favor de las familias que los adquirieron y cancelaron de manera parcial o total su valor.
La ministra de Vivienda destacó que, como este caso, existen otros similares en el país y el Gobierno del Presidente Bukele prevé evitar que cesen este tipo acciones, sobre todo entre los sectores más vulnerables y garantizar una protección jurídica para actuales o posibles nuevos casos.
Además, de esta ley, en junio del presente año, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 81 votos, la Ley Especial Transitoria para la Regularización de las Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual permite que alrededor de 350 mil familias puedan legalizar sus inmuebles adquiridos en lotes o parcelas.
Por ello, la titular de Vivienda sostuvo una reunión con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en la cual abordaron temas relacionados a esta ley, ya que, durante años el Estado dejó sin control ni fiscalización, permitiendo el engaño y estafa a las familias.
“Muchos lotificadores han jugado con las necesidades de la gente y tenemos indicaciones del Presidente Nayib Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento”, puntualizó la ministra Sol, durante la reunión con el fiscal general de la República.
“Le solicitamos que, cumpliendo los procesos de ley, puedan hacer una investigación en los casos que hemos identificado. Así, las familias podrán tener justicia y que, las personas que intenten aprovecharse de nuestra gente, lo piensen dos veces”, enfatizó la funcionaria.
El objetivo principal es que muchos lotificadores se acerquen al Ministerio de Vivienda y puedan regularizar sus proyectos y seguir el proceso para proporcionar las escrituras a las familias afectadas. “Lo único que vamos a pedir es que hay lotes en zonas de alto riesgo, buscar una zona donde las familias estén seguras, que no corran riesgos y que no estén en zonas de barrancos”, sostuvo la ministra Sol y añadió que en caso de los lotificadores que no actúen apegados a la ley serán denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Proporcionar a las familias salvadoreñas la seguridad jurídica de sus patrimonios es uno de los objetivos principales del Gobierno del Presidente Bukele. Para ello, acudirá a todas las instancias correspondientes y seguirá dando seguimiento por medio del Ministerio de Vivienda.
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El Salvador refuerza la protección marina con el cuarto año de Misión Océano
El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador inició el cuarto año consecutivo de Misión Océano, una estrategia permanente de protección, restauración y gestión responsable de los ecosistemas marinos, que articula acciones desde la cordillera hasta la costa.
Durante una actividad en el Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, subrayó el valor ecológico, social y económico de este sitio, reconocido como el octavo humedal de importancia internacional Ramsar del país. «Estamos en uno de los tesoros naturales más valiosos de nuestro país, no solo por su belleza, sino por su enorme importancia ecológica, social y económica que Los Cóbanos tiene para El Salvador», afirmó.
El funcionario destacó que este ecosistema, de origen volcánico, alberga arrecifes coralinos y sistemas costero-marinos clave que funcionan como refugio, zona de reproducción y alimentación para especies emblemáticas como tortugas marinas, cetáceos y una amplia diversidad de peces. «Proteger Los Cóbanos es proteger la biodiversidad, el sustento de las comunidades, la economía local y el patrimonio natural», sostuvo.
López enfatizó que Misión Océano trasciende el discurso y se enfoca en la acción directa, enmarcada en la Política Nacional de Educación Ambiental. «No estamos aquí para hablar de educación ambiental, estamos aquí para ejercerla», dijo, al señalar que la premisa central es «pasar del papel a la acción».
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el ministro explicó que, por cuarto año consecutivo, esta conmemoración en El Salvador se traduce en intervenciones concretas. «Eso es lo que refleja Misión Océano», señaló, al definirla como una estrategia del Ministerio para proteger la biodiversidad marina y fortalecer las economías locales.
Entre los principales resultados, destacó el retiro de redes fantasma, limpiezas de playas con voluntarios, fortalecimiento de la vigilancia costera y acciones que han generado condiciones más seguras para especies como la ballena jorobada y las tortugas marinas. También mencionó la capacitación a emprendedores costeros para reducir plásticos de un solo uso y mejorar la separación de residuos, impulsando prácticas sostenibles.
Desde el Programa Nacional de Conservación de Cetáceos, el Ministerio capacitó a guías comunitarios, elaboró el primer Plan de Acción para la Atención de Varamientos y desarrolló una guía de buenas prácticas para el avistamiento responsable. «No son iniciativas aisladas: son reglas claras, conocimientos que se están aplicando y educación ambiental en acción», afirmó.
En cuanto a las tortugas marinas, López resaltó el fortalecimiento de viveros, el respaldo a viveristas y las liberaciones públicas con comunidades y turistas. Asimismo, informó que gracias a patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional Civil, guardarrecursos, voluntarios comunitarios y la Marina Nacional, se ha logrado una articulación interinstitucional sostenida.
Uno de los hitos más relevantes fue el registro de nacimientos de tortuga baula, especie en peligro crítico de extinción, un hecho que no se reportaba en El Salvador desde hace más de una década. «Este resultado no es casualidad; es reflejo del trabajo técnico, la vigilancia constante y el compromiso sostenido», afirmó.
Solo en el Complejo Los Cóbanos, a través de tres corrales de incubación del Ministerio, se han incubado más de 450 nidos y protegido más de 38,000 huevos durante la temporada 2025–2026. Estas acciones se complementan con esfuerzos a lo largo de toda la costa, mediante permisos de conservación, recolección controlada de huevos, traslado a viveros y marcaje de hembras anidantes para generar información científica.
«Misión Océano no es un proyecto aislado. Es una visión de país», concluyó el ministro, al asegurar que el Gobierno de El Salvador continuará demostrando que «cuando actuamos con decisión, la conservación es posible».
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Ordenan cárcel para dos narcolancheros capturados con 375 kg de cocaína
Por orden del Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, La Paz Centro, el guatemalteco Eduardo Morales Fajardo y el salvadoreño Ubaldo Reyes Juárez quedaron en detención provisional por el delito de tráfico ilícito de droga. Ambos fueron intervenidos el pasado 14 de enero por la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), con un cargamento de 375 kilos de cocaína, en la bocana del Río Jiboa, en La Paz.
Según la investigación judicial, el valor de la droga en el mercado es de aproximadamente $9,427,500. Como parte de las diligencias, el juzgado ordenó que la cocaína sea destruida el próximo viernes 30 de enero.
Mientras tanto el proceso penal pasará a conocimiento del Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, en el municipio de La Paz Oeste.
Los imputados fueron detenidos a mediados de enero, en una embarcación que provenía de Nicaragua e iba hacia Guatemala. Además de la droga, la Policía les decomisó dos celulares y un sistema de posicionamiento global (GPS). «Nuestra Muralla del Pacífico es cada vez más sólida y cada operación es un mensaje claro a las estructuras criminales: este país no será plataforma del crimen organizado», expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, tras la captura.
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La ASA firma acuerdo con Universidad Zamorano para fortalecer la gestión de los recursos hídricos
La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano firmaron un memorándum de entendimiento que establece una alianza estratégica orientada a fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos en El Salvador, a través de la formación académica, la investigación científica y la cooperación técnica.
Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones entre ambas instituciones que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas en el sector hídrico, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Entre las principales acciones incluye pasantías para estudiantes, programas de capacitación y formación continua, proyectos de investigación aplicada y actividades académicas vinculadas a la gestión sostenible del agua.
Asimismo, el convenio facilitará la participación de estudiantes, docentes y graduados de Zamorano en iniciativas impulsadas por la ASA, lo cual fortalece el vínculo entre la academia y la gestión pública del recurso hídrico.
«Con esta alianza, la ASA reafirma su compromiso de promover la innovación, el desarrollo de talento humano especializado y la generación de conocimiento técnico que contribuya a una gestión eficiente, sostenible y responsable del agua en beneficio del país», detalló.


