Judicial
FISCAL MELARA – Pandillas, drogas, deudas y venganza, las principales causas del alto índice de personas desaparecidas
El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que las principales causas del alto índice de personas desaparecidas en El Salvador son las pandillas, problemas relacionados a las drogas, migración, entre otros.
Datos de las autoridades de seguridad revelan que en el país desaparecen un promedio de nueve personas al día, una cifra que en los últimos días es más alta que la tasa de homicidios diarios. Por tal razón, dijo Melara, que se debe atacar la problemática.
En varias ocasiones, el jefe del ministerio público ha dicho que la Fiscalía va a enfilar esfuerzos con el tema y por eso creó la Unidad Especializada para casos de personas desaparecidas.
“Estamos hablando de población bastante joven que está desapareciendo, hay que ver que está sucediendo, hemos dado casos que a veces son venganza, drogas, pandillas inclusive hasta por deudas, gente que se siente agobiada y que se va y cree que con eso se le acaba el problema y lo que realmente trae es otro”, indicó Melara en la entrevista matutina de Noticiero Hechos.
El Fiscal agregó que se debe poder diferenciar entre las personas que quieren migrar y los que están siendo víctimas de la criminalidad y es ahí donde entra la unidad especializada que se creó.
“Es importante que podamos trabajar con Policía, que sinceremos los números y que trabajamos de la mano con Medicina Legal, leí que Medicina Legal hizo un convenio con Cruz Roja Internacional para tener un software para identificar restos, esto es importante y ojalá lo podamos utilizar en conjunto con la Fiscalía y Policía para poder esclarecer este problema”, añadió.
Dentro de la problemática, dijo Melara, hay cuestiones que dar falsos números, por ejemplo una persona desaparece y la familia pone las denuncias en la Fiscalía y en la Policía, pero a los días aparece pero la familia no avisa a las autoridades y oficialmente queda como una persona desaparecida.
Agregó que la FGR y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha trabajado un protocolo de acción urgente en estos casos, para que las personas pongan las denuncias en las sedes fiscales y las autoridades tienen 72 horas para realizar las diligencias, porque en ese plazo hay más probabilidades de lograr ubicar al desaparecido.
“Si en el plazo de 72 horas no se logró saber de la persona, el caso para a la Unidad de Desaparecidos, que estará con el protocolo activado durante 30 días y es ahí donde se va a tratar de depurar los procesos y en el caso de que esto no sea así, ya pasará a hacer una investigación normal en las unidades pertinentes”, explicó Melara.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
