Judicial
FISCAL MELARA – Pandillas, drogas, deudas y venganza, las principales causas del alto índice de personas desaparecidas
El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que las principales causas del alto índice de personas desaparecidas en El Salvador son las pandillas, problemas relacionados a las drogas, migración, entre otros.
Datos de las autoridades de seguridad revelan que en el país desaparecen un promedio de nueve personas al día, una cifra que en los últimos días es más alta que la tasa de homicidios diarios. Por tal razón, dijo Melara, que se debe atacar la problemática.
En varias ocasiones, el jefe del ministerio público ha dicho que la Fiscalía va a enfilar esfuerzos con el tema y por eso creó la Unidad Especializada para casos de personas desaparecidas.
“Estamos hablando de población bastante joven que está desapareciendo, hay que ver que está sucediendo, hemos dado casos que a veces son venganza, drogas, pandillas inclusive hasta por deudas, gente que se siente agobiada y que se va y cree que con eso se le acaba el problema y lo que realmente trae es otro”, indicó Melara en la entrevista matutina de Noticiero Hechos.
El Fiscal agregó que se debe poder diferenciar entre las personas que quieren migrar y los que están siendo víctimas de la criminalidad y es ahí donde entra la unidad especializada que se creó.
“Es importante que podamos trabajar con Policía, que sinceremos los números y que trabajamos de la mano con Medicina Legal, leí que Medicina Legal hizo un convenio con Cruz Roja Internacional para tener un software para identificar restos, esto es importante y ojalá lo podamos utilizar en conjunto con la Fiscalía y Policía para poder esclarecer este problema”, añadió.
Dentro de la problemática, dijo Melara, hay cuestiones que dar falsos números, por ejemplo una persona desaparece y la familia pone las denuncias en la Fiscalía y en la Policía, pero a los días aparece pero la familia no avisa a las autoridades y oficialmente queda como una persona desaparecida.
Agregó que la FGR y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha trabajado un protocolo de acción urgente en estos casos, para que las personas pongan las denuncias en las sedes fiscales y las autoridades tienen 72 horas para realizar las diligencias, porque en ese plazo hay más probabilidades de lograr ubicar al desaparecido.
“Si en el plazo de 72 horas no se logró saber de la persona, el caso para a la Unidad de Desaparecidos, que estará con el protocolo activado durante 30 días y es ahí donde se va a tratar de depurar los procesos y en el caso de que esto no sea así, ya pasará a hacer una investigación normal en las unidades pertinentes”, explicó Melara.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
