Judicial
FISCAL MELARA – Pandillas, drogas, deudas y venganza, las principales causas del alto índice de personas desaparecidas
El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que las principales causas del alto índice de personas desaparecidas en El Salvador son las pandillas, problemas relacionados a las drogas, migración, entre otros.
Datos de las autoridades de seguridad revelan que en el país desaparecen un promedio de nueve personas al día, una cifra que en los últimos días es más alta que la tasa de homicidios diarios. Por tal razón, dijo Melara, que se debe atacar la problemática.
En varias ocasiones, el jefe del ministerio público ha dicho que la Fiscalía va a enfilar esfuerzos con el tema y por eso creó la Unidad Especializada para casos de personas desaparecidas.
“Estamos hablando de población bastante joven que está desapareciendo, hay que ver que está sucediendo, hemos dado casos que a veces son venganza, drogas, pandillas inclusive hasta por deudas, gente que se siente agobiada y que se va y cree que con eso se le acaba el problema y lo que realmente trae es otro”, indicó Melara en la entrevista matutina de Noticiero Hechos.
El Fiscal agregó que se debe poder diferenciar entre las personas que quieren migrar y los que están siendo víctimas de la criminalidad y es ahí donde entra la unidad especializada que se creó.
“Es importante que podamos trabajar con Policía, que sinceremos los números y que trabajamos de la mano con Medicina Legal, leí que Medicina Legal hizo un convenio con Cruz Roja Internacional para tener un software para identificar restos, esto es importante y ojalá lo podamos utilizar en conjunto con la Fiscalía y Policía para poder esclarecer este problema”, añadió.
Dentro de la problemática, dijo Melara, hay cuestiones que dar falsos números, por ejemplo una persona desaparece y la familia pone las denuncias en la Fiscalía y en la Policía, pero a los días aparece pero la familia no avisa a las autoridades y oficialmente queda como una persona desaparecida.
Agregó que la FGR y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha trabajado un protocolo de acción urgente en estos casos, para que las personas pongan las denuncias en las sedes fiscales y las autoridades tienen 72 horas para realizar las diligencias, porque en ese plazo hay más probabilidades de lograr ubicar al desaparecido.
“Si en el plazo de 72 horas no se logró saber de la persona, el caso para a la Unidad de Desaparecidos, que estará con el protocolo activado durante 30 días y es ahí donde se va a tratar de depurar los procesos y en el caso de que esto no sea así, ya pasará a hacer una investigación normal en las unidades pertinentes”, explicó Melara.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Judicial
Cárcel para sujeto que asesinó brutalmente asesinó a su hija de 7 años y maltrató a otros tres niños
El Juzgado Especializado de Santa Ana condenó a 59 años de prisión a Neftalí Antonio Martínez Pimentel por feminicidio agravado y maltrato infantil.
La condena incluye 50 años por la muerte de su hija de 7 años, quien fue golpeada violentamente tras un incidente y sufrió graves lesiones que le causaron la muerte. Además, fue sentenciado a 9 años por maltratar a sus otros tres hijos.
La Fiscalía detalló que la víctima no recibió atención médica y falleció en la vivienda familiar en Ahuachapán, tras ser abandonada por los adultos responsables. La madrastra ya fue condenada en otro proceso relacionado al caso.
Judicial
Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.
Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.
Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.
Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.
Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.
De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.
