ENTREGA ESPECIAL
Develan presunta corrupción en Honduras que tiene como principal actor al presidente Juan Orlando Hernández
Honduras vive momentos de zozobra luego que saliera a la luz una trama de corrupción que tiene su raíz en el gobierno y en ciertos poderes del Estado.
La noticia se ha dado ha conocer por medio de un artículo de Univision Noticias, en el que señala al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, políticos y un sinfín de organizaciones sin fines de “lucro” que habrían recibieron más de $70 millones en la en la última década, gran parte de los cuales se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes.
La investigación señala que al menos 360 diputados y exdiputados habrían lavado en muy corto tiempo cientos de millones de dólares de fondos de desarrollo en uno de los países más pobres de la región, lo cual contribuye a estimular el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.
Las organizaciones, diputados y exdiputados están ligados directamente con el presidente Juan Orlando Hernández, según las investigaciones.
El destape de corrupción ha generado una ola de protestas por parte de los ciudadanos, quienes se ha mostrado indignados por el hecho la malversación de fondos públicos y lavado de dinero que implican a la familia del mandatario.
El Ministerio Publico hondureño ha tenido pruebas de la corrupción desde hace una década, según documentos obtenidos por Univisión. Sin embargo, sólo se han procesado tres casos contra dos docenas de políticos que revelan apenas la punta del iceberg de la corrupción, lo que ha provocado la indignación pública generalizada a causa de la impunidad.
Los políticos hondureños amenazados por la investigación anticorrupción han intentado obstruir a los investigadores mediante la aprobación de leyes que limitan la competencia de los fiscales y reducen las sentencias para posibles delitos.
Las revelaciones se producen en un momento en que el malestar ha causado protestas masivas en las calles y está en duda el futuro de un equipo especial de investigadores contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la MACCIH por sus siglas en español,luego de que expire su mandato en enero.
Mientras tanto, la corrupción en Honduras ha complicado las relaciones con la administración Trump, la cual quiere que los gobiernos de América Central cooperen más mediante la adopción de medidas que reduzcan la migración masiva hacia la frontera estadounidense. Muchos expertos resaltan la corrupción pública como un factor importante que obliga a los hondureños a migrar hacia el norte, pues erosiona los servicios públicos adecuados. En marzo, la administración Trump interrumpió la ayuda exterior a Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a la frustración porque dichos países no lograron detener el flujo de migrantes.
El presidente Hernández negó cualquier vínculo con la corrupción en una declaración proporcionada a Univision. «El presidente está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción», según la declaración enviada a Univisión por Mishcon de Reya, una firma de abogados de Londres que representa al gobierno hondureño.
Añadió que él estaba orgulloso de su papel al permitir que la MACCIH opere en Honduras, así como los esfuerzos «históricos» para limpiar la policía, y la implementación de un acuerdo de extradición con Estados Unidos «que desafió el poder que ejercían narcotraficantes dentro del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ejecutivo».
La corrupción política en Honduras no es nueva, pero la más reciente trama de corrupción se institucionalizó luego de que el Congreso Nacional aprobara una ley en 2006 que creó un Fondo de Desarrollo Departamental a disposición de los diputados. Conforme disponía de más fuentes de financiamiento, la trama amplió su alcance, hasta llegar incluso a un fondo reservado controlado por Hernández, con un presupuesto cuyos detalles de gastos de partidas están guardados en secreto.
«Nadie tiene licencia para recibir sobornos, no hay razones para que nadie saque un centavo de todo esto», dijo el exdiputado José Azcona, mientras tenía abierto un libro y señalaba fragmentos de la ley de 2006 que él mismo ayudó a redactar, y que fue diseñada para llevar asistencia necesaria a comunidades pobres y rurales.
El Fondo de Desarrollo Departamental se creó con un presupuesto anual de 20 millones de dólares para proyectos de infraestructura en los distritos legislativos. Se suponía que funcionaría como los proyectos tradicionales de clientelismo político en Estados Unidos, diseñados para mantener contentos a los electores de legisladores influyentes mediante el financiamiento de proyectos en sus comunidades, dijo Azcona, quien ahora es profundamente crítico con la forma en que se corrompió el programa.
Pero en uno de los países más corruptos de la región, la debilidad de las instituciones y la falta de supervisión produjeron resultados diferentes. En el mejor de los casos, fue un mecanismo para comprar votos de electores. En el peor de los casos, fue una trama para enriquecerse rápidamente, un fondo reservado para campañas políticas o una herramienta para comprar votos para el congreso de 128 escaños.
Carreteras, escuelas y otros proyectos para los que los diputados asignaron fondos nunca se completaron.
Poco después, el congreso –en aquel momento encabezado por Hernández–, modificó las reglas del fondo, dándoles a los diputados más discreción con respecto a los proyectos que eligieran financiar.
Como resultado, el dinero pasó de apoyar proyectos de infraestructura a iniciativas locales más pequeñas, como fumigaciones, talleres, útiles escolares y paquetes de alimentos, proyectos que no dejan huellas una vez que se ejecutan o se consumen y, por lo tanto, son más difíciles de verificar. Comenzaron a aparecer de la nada las organizaciones sin fines de lucro que recibían inmediatamente fondos del gobierno, según los documentos obtenidos por Univision. Las organizaciones sin fines de lucro fueron establecidas por quienes los investigadores han denominado «acopiadores», que acumularon vastas redes de ellas, según documentos y personas familiarizadas con sus operaciones.
Como pago por sus servicios, los acopiadores recibían un porcentaje de los fondos, según las tres acusaciones de la MACCIH contra los políticos.
Una de las redes que Univision descubrió consta de 24 organizaciones sin fines de lucro que recibieron al menos 23 millones de dólares en fondos públicos y están vinculadas a un trío de acopiadores.
En medio se encuentra un hombre llamado Geovanny Castellanos, quien ha sido acusado por su papel en la malversación de fondos mediante dos de esas organizaciones. Pero el alcance de su red era mucho mayor, según documentos judiciales y declaraciones de testigos. Castellanos y sus coconspiradores adquirían organizaciones sin fines de lucro ociosas, fundaban otras nuevas o colaboraban con activistas políticos para gestionar otras, según muestran los documentos.
La investigación de Univision reveló que las actividades de la red de 24 organizaciones sin fines de lucro dieron lugar al menos a 16 Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de la Comisión Bancaria, incluyendo seis durante la campaña de 2013. Además de los 15 diputados que resultaron acusados (todos los cuales se han declarado inocentes), las actas del Congreso y los registros judiciales muestran que al menos 34 diputados más solicitaron fondos del gobierno para estas sospechosas organizaciones sin fines de lucro.
Según documentos judiciales, Augusto Cruz, exdiputado de un partido minoritario, asignó fondos para al menos siete de las organizaciones sin fines de lucro. Y la legisladora del Partido Nacional, Gladis López, tiene vínculos con al menos cuatro. Tanto López como Cruz fueron acusados el año pasado por corrupción relacionada con esta red en la que presuntamente también se embolsaron dinero sin realizar los proyectos declarados.
Tanto López como Cruz se han declarado inocentes.
López apareció recientemente en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 20 funcionarios hondureños «contra quienes hay denuncias creíbles de que han cometido o facilitado actos de corrupción».
López no respondió a una solicitud de entrevista. Cruz no quiso hacer comentarios.
Univision también identificó numerosas redes similares. En algunos casos, el diputado también fungía como acopiador, eliminando así al intermediario. Renán Inestroza, quien hace parte del liderazgo del Congreso, también administra una red de al menos tres organizaciones sin fines de lucro que ha recibido casi seis millones de dólares de fondos públicos desde que ingresó al congreso en 2010, incluyendo solicitudes de financiamiento de al menos 15 legisladores, según las actas del Congreso.
Los informes de proyectos presentados a la Secretaría de Hacienda llevan las firmas de supuestos beneficiarios que difieren tanto que parecen haber sido falsificados o reciclados, según los documentos obtenidos por Univision. Ésta era una táctica común, como lo demuestran los numerosos nombres, huellas digitales y firmas que no concuerdan y aparecen en varios documentos.
Los recibos presentados incluían artículos como balones de fútbol y uniformes que la empresa de construcción privada de Inestroza supuestamente compró para las organizaciones sin fines de lucro. Inestroza no acepto una solicitud de entrevista.
En 2013, cuando Hernández se postuló por primera vez para Presidente de la República, el gasto del Fondo de Desarrollo Departamental alcanzó su punto máximo, y mostró tendencias políticas claras. Mientras que en años anteriores la mayoría de los fondos se desembolsaron en diciembre, ese año casi todos los fondos se gastaron en los meses previos a las elecciones de noviembre, entre ellos más de dos millones de dólares que se transfirieron a municipios en el departamento de origen de Hernández que se encontraban bajo el mandato de alcaldes pertenecientes a su partido.
«El presidente del Congreso es el que decide, el que maneja el fondo», dijo Marvin Ponce, exdiputado del partido minoritario Unificación Democrática quien ejerció como tal desde 2006 hasta 2014.
En ese momento, incluso los miembros del propio partido de Hernández cuestionaron públicamente su gestión del fondo. En una entrevista con el periódico local La Prensa, el político del Partido Nacional, Fernando Andurray, dijo que Hernández tenía «una pulpería particular con un enorme presupuesto» en el Congreso Nacional con el Fondo de Desarrollo Departamental.
«Las cuentas en cuestión fueron administradas por organismos burocráticos y estructuras institucionales, no estaban bajo el ‘control’ personal del presidente», fue la respuesta del mandatario Hernández a las preguntas que Univision envió relacionadas con las acusaciones de corrupción de su gobierno.
Según los registros de la Secretaría de Finanzas, ocho de los diez principales receptores de ese año eran organizaciones sin fines de lucro que fueron objeto de informes de actividad sospechosa o fueron vinculadas por Univision a redes sospechosas de corrupción. Las dos organizaciones restantes están vinculadas al gobernante Partido Nacional, incluida la FUNDEIH (Fundación para el Desarrolo Integral de Honduras) que está estrechamente vinculada a la familia y la administración del presidente Hernández.
La FUNDEIH fue incorporada en 2005 por la esposa de Hernández, Ana García Carias. Un documento obtenido por Univision que data de 2016 muestra que Ebal Díaz, ministro de la presidencia y mano derecha del presidente Hernández, formó parte de la junta directiva de la organización junto con un sobrino del presidente, Marco Hernández, y otras personas que trabajan en la Oficina de la Presidencia.
ENTREGA ESPECIAL
Abogados denuncian presunta injerencia de juez de EE. UU. en proceso penal de El Salvador
Representantes legales vinculados a Terra Towers y TBS Management solicitaron la intervención de la Fiscalía y Cancillería ante decisiones del juez federal Lewis A. Kaplan que, según sostienen, han producido efectos sobre actuaciones judiciales y bienes relacionados con un proceso penal abierto en territorio salvadoreño.
Abogados acuden a Fiscalía y Cancillería
Dos abogados salvadoreños acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la intervención de ambas instituciones frente a una serie de decisiones adoptadas por el juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York.
Los representantes legales de Terra Towers Corp. y TBS Management plantearon mediante escritos formales lo que consideran una injerencia en la jurisdicción salvadoreña, al sostener que determinadas resoluciones dictadas en Estados Unidos han terminado repercutiendo sobre procedimientos judiciales que se desarrollan en El Salvador.
La controversia forma parte de una prolongada disputa empresarial por el control y eventual venta de Continental Towers Latam Holdings Limited, compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura de telecomunicaciones en varios países de América Latina.
Documentos del tribunal federal estadounidense identifican a Terra Towers y TBS Management como accionistas mayoritarios de Continental, mientras que Telecom Business Solution y Latam Towers —vinculadas a Peppertree— y AMLQ Holdings figuran entre los inversionistas minoritarios. El mismo expediente señala que AMLQ es una afiliada de Goldman Sachs.
Una disputa empresarial que llegó a los tribunales
El conflicto entre los socios terminó trasladándose a un arbitraje en Nueva York y posteriormente a los tribunales estadounidenses. Desde entonces, las partes han protagonizado una extensa batalla jurídica que ha producido laudos arbitrales, órdenes judiciales, sanciones por desacato y decisiones relacionadas con el control y las acciones de Continental Towers.
La protesta presentada en El Salvador sostiene que las consecuencias de algunas de esas decisiones habrían trascendido la controversia estadounidense y alcanzado a sociedades y procedimientos sometidos a la jurisdicción salvadoreña.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con una resolución emitida en abril de 2025. Según los escritos de los abogados, Kaplan dispuso el desistimiento de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, además de la revocación de un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria del país.
La medida contemplaba multas coercitivas que comenzaban en $10,000 diarios y podían incrementarse cada 14 días mientras persistiera el incumplimiento. Los representantes legales salvadoreños sostienen que esa presión económica llevó a la representante de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.
El traspaso de las acciones eleva la controversia
El conflicto escaló nuevamente en 2026.
De acuerdo con la documentación presentada por los abogados, el 21 de enero de 2026 se produjo una nueva decisión relacionada con la entrega de las acciones que Terra Towers y TBS Management mantenían en Continental Towers Latam Holdings.
Posteriormente, el 7 de mayo, Kaplan declaró en desacato a las sociedades y estableció un plazo para concretar el traspaso. Ante el incumplimiento de la orden, el secretario del tribunal estadounidense quedó facultado para ejecutar los documentos necesarios para efectuar la transferencia.
Esta parte del conflicto también consta en el expediente federal de Nueva York. La resolución del 7 de mayo señala que Terra Towers y TBS Management habían incumplido una orden que exigía transferir sus acciones como satisfacción total o parcial de una sentencia superior a $300 millones a favor de los peticionarios. El tribunal estadounidense sostiene que las sociedades habían desobedecido reiteradamente resoluciones anteriores.
Esta última precisión resulta relevante porque muestra las dos posiciones enfrentadas: mientras los representantes salvadoreños cuestionan los efectos que las decisiones estadounidenses habrían producido sobre asuntos sometidos a la justicia de El Salvador, el tribunal de Nueva York sostiene que sus actuaciones forman parte de la ejecución de laudos arbitrales y sentencias previamente dictadas dentro de esa controversia.
Denunciantes señalan efectos sobre un proceso penal salvadoreño
Para los abogados que acudieron a la FGR y Cancillería, el problema adquiere una dimensión mayor porque el traspaso de las acciones habría generado consecuencias sobre bienes relacionados con un proceso penal que permanece activo en El Salvador.
El expediente es conocido por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador e incluye señalamientos por los delitos de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas contra cinco personas relacionadas con la disputa empresarial, según la documentación proporcionada por los denunciantes.
Los representantes legales afirman que existen órdenes de arresto contra los procesados y señalan que entre ellos figuran tres ejecutivos estadounidenses relacionados con Peppertree, a quienes describen como fugitivos. Asimismo, indican que esperan la tramitación de una difusión roja de INTERPOL para su localización y detención. La documentación base no señala que esa difusión roja ya haya sido emitida.
Terra Towers, TBS Management y las subsidiarias salvadoreñas aparecen, de acuerdo con los escritos, como víctimas reconocidas dentro de esa causa penal.
Piden valorar una protesta diplomática
Ante este escenario, los abogados solicitaron que las autoridades salvadoreñas informen al Gobierno de Estados Unidos sobre las actuaciones que cuestionan y que se valore la presentación de una protesta diplomática.
El argumento central de los denunciantes es que las resoluciones adoptadas por el tribunal de Nueva York podrían reducir la eficacia práctica de medidas dictadas por la justicia salvadoreña, especialmente aquellas relacionadas con consecuencias patrimoniales dentro del proceso penal.
El caso abre así un nuevo capítulo en una disputa corporativa que dejó de limitarse hace tiempo a un desacuerdo entre accionistas. El conflicto involucra ahora arbitraje internacional, resoluciones de una corte federal estadounidense, procedimientos judiciales en El Salvador y cuestionamientos sobre hasta dónde pueden extenderse los efectos de decisiones adoptadas en una jurisdicción extranjera.
Por ahora, la calificación de estas actuaciones como una “injerencia” corresponde a los abogados que presentaron los escritos ante las autoridades salvadoreñas. En paralelo, el expediente estadounidense muestra que el tribunal de Kaplan considera sus decisiones parte de la ejecución de obligaciones contractuales, laudos arbitrales y sentencias que ha confirmado durante el litigio. En junio de 2026, el mismo tribunal confirmó el laudo arbitral final y rechazó la solicitud presentada para anularlo.
ENTREGA ESPECIAL
VIDEO | Marbeli, la niña que enseñó que los sueños también se caminan de la mano de papá
El 15 de septiembre de 2026, entre música de bandas y celebraciones por la Independencia, Marbeli protagonizó una escena que conmovió las redes sociales. Vestida de cachiporra, avanzaba acompañada por su padre, quien la sostenía para que pudiera participar junto a sus compañeras. Las imágenes se viralizaron y despertaron el interés por conocer a aquella niña. Detrás del momento había una decisión muy suya: quería desfilar, y estaba dispuesta a prepararse para hacerlo.
Dos días después, el 17 de septiembre, nuestro equipo fue a buscarla en Ciudad Arce. El Colegio Reforma y su banda habían sido invitados a participar en un nuevo desfile, y aprovechamos la ocasión para conocer a Marbeli, a sus padres y a su instructora. Allí descubrimos una historia que merecía contarse más allá del video viral: la de una niña que reconoce sus propios avances y encuentra alegría en cada nueva experiencia.
«Siento que voy avanzando un paso más», Marbeli, estudiante y cachiporra del Colegio Reforma.
Su deseo de desfilar nació al observar a otras niñas realizar sus pasos. Marbeli quiso estar allí también y se lo pidió a su papá. Miguel Ángel Ramírez contó que no quería responderle con un no, pero necesitaba encontrar una manera de acompañarla tomando en cuenta sus necesidades. Habló con su esposa y consultaron con la fisioterapeuta. Consideraron alternativas, escucharon la insistencia de su hija y buscaron cómo prepararla. Después, al recordar los aplausos que recibieron durante el recorrido, describió lo que había sentido:
«Sinceramente, muy emotivo, muy alegre», Miguel Ángel Ramírez, papá de Marbeli.
Para Guadalupe Haydee Guevara, su mamá, acompañar ese deseo también significó organizar el tiempo y pensar en los apoyos necesarios. Marbeli tiene una rutina que incluye escuela, terapias y actividades de iglesia; incorporar la preparación del desfile requería dedicación. Su testimonio permitió conocer el trabajo que las imágenes virales apenas muestran: los horarios, los traslados y las decisiones de una familia que busca dar espacio a las aspiraciones de su hija.
«Se piensa primero cómo hacerlo», Guadalupe Haydee Guevara, mamá de Marbeli.
En esa preparación estuvo Adriana Bautista, conocida por Marbeli como Adri, instructora de cachiporras del Colegio Reforma. Ella explicó que se organizó con la mamá para realizar los ensayos. En el reportaje también la vemos peinar y maquillar a su alumna, compartiendo los preparativos de la presentación. Al hablar de sus cualidades, Adriana destacó su sonrisa y esa vitalidad que la acompaña. Marbeli, por su parte, reconoció en su instructora a alguien que la ayuda y la motiva.
«Siempre está con una energía increíble», Adriana Bautista, instructora de cachiporras del Colegio Reforma.
Durante el nuevo recorrido, Marbeli volvió a compartir las calles con sus compañeras, acompañada por sus padres y entre muestras de cariño del público. Sin embargo, su historia también abre una conversación sobre las oportunidades para participar. Miguel Ángel señaló que todavía existen barreras de accesibilidad y que la inclusión exige que el entorno responda a las necesidades de las personas con discapacidad. Su acompañamiento expresa amor familiar; su reflexión recuerda que las familias también necesitan condiciones que faciliten ese camino.
Marbeli tiene más sueños: durante la entrevista habló de ser actriz y pintora. El desfile es parte de una infancia con intereses, deseos y mucho por descubrir. Por eso, al recordarla como la princesa del 15 de septiembre, vale la pena escuchar lo que ella misma dice sobre su experiencia: siente que está avanzando. Su padre le ofrece las manos, su madre organiza y acompaña, su instructora enseña y anima. Marbeli pone el deseo de seguir.
Actualmente, Marbeli necesita una caminadora especial para continuar con su proceso de movilidad y rehabilitación. Por ello, las personas, empresas o instituciones interesadas en apoyarla mediante la donación completa de una caminadora médica y de rehabilitación neurológica pueden comunicarse con nosotros al teléfono 7599-9181.
Entre las especificaciones de la caminadora médica y de rehabilitación neurológica Dyaco Medical 8.0T, comercializada también bajo marcas como Spirit Fitness, se encuentran un motor de 3.0 HP de grado médico y capacidad de marcha bidireccional, tanto hacia adelante como en reversa. La velocidad hacia adelante puede regularse de 0.1 km/h a 22 km/h, en incrementos de 0.1 km/h, mientras que en reversa alcanza de 0.1 km/h a 8 km/h.
El equipo cuenta además con un rango de inclinación de -12 % hasta 25 %, regulable en incrementos de 0.5 % mediante dos motores independientes. Su superficie de cinta mide 22 por 60 pulgadas, equivalentes a aproximadamente 56 por 152 centímetros, e incluye marcas de seguridad visuales. También dispone de un sistema de elevación de plataforma con superficie autolubricada y una consola con pantalla táctil integrada de 10 pulgadas, que ofrece analítica en la nube y protocolos de pruebas de esfuerzo cardíaco.
Conoce la historia y escucha a sus protagonistas en el reportaje disponible en nuestras plataformas de Facebook, TikTok y YouTube.
👑🇸🇻 Todo comenzó con una pequeña princesa que conquistó las redes este 15 de septiembre. Pero detrás de aquel momento había una historia que merecía ser contada. ❤️
Hoy queremos que conozcas a Marbeli: sus sueños, su familia y a las personas que la acompañan en cada paso.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
ENTREGA ESPECIAL
Audios confirmados reabren cuestionamientos sobre negocios de Roberto Arzú con señalado líder de “Los Caradura” en Guatemala
El escenario político guatemalteco rumbo a las elecciones de 2027 vuelve a colocar bajo escrutinio a Roberto Arzú García-Granados. El excandidato presidencial, quien actualmente participa en la estructura del partido Cabal como secretario de Formación Política y busca reposicionarse de cara al próximo proceso electoral, ha enfrentado cuestionamientos tras la difusión de conversaciones con Francisco Edgar “Paco” Domínguez Higueros, señalado por autoridades e investigaciones como una figura vinculada a la estructura conocida como “Los Caradura”. Arzú confirmó públicamente a La Hora que una de las conversaciones divulgadas es auténtica.
En la grabación, Domínguez reclama a Arzú por una deuda millonaria, mientras el político hace referencia a un contrato mediante el cual un “canal” realizaría un pago. Consultado por La Hora, Arzú explicó que la conversación estaba relacionada con negocios de venta de publicidad en televisión abierta y negó que se tratara de operaciones con dinero ilícito. Según su versión, ha trabajado en el sector publicitario desde joven y desconocía los señalamientos criminales contra Domínguez cuando mantuvo relaciones comerciales con empresas relacionadas con él.
La figura de “Paco” Domínguez adquirió relevancia después de su muerte en 2025 y de la circulación de distintos audios en redes sociales. Investigaciones periodísticas han relacionado a Domínguez con “Los Caradura”, estructura señalada por actividades de narcomenudeo y otros delitos en la capital guatemalteca. República publicó posteriormente una extensa investigación en la que afirma haber revisado audios y documentos relacionados con deudas y operaciones comerciales entre Arzú y Domínguez; sin embargo, algunas de las conclusiones más graves planteadas por ese medio —como un eventual uso de dinero vinculado al narcotráfico para financiar la campaña de 2019— aparecen formuladas como señalamientos o hipótesis periodísticas y no como una sentencia judicial firme.
También han circulado versiones según las cuales Arzú habría utilizado certificados o contratos publicitarios que posteriormente no podían hacerse efectivos, e incluso acusaciones de una supuesta estafa. Sin embargo, la revisión de fuentes públicas realizada para esta nota no permitió confirmar mediante resoluciones judiciales, documentos oficiales o testimonios independientes suficientes que esos certificados fueran falsos, que Arzú supiera de antemano que no podían utilizarse o que existiera un esquema comprobado de fraude. Tampoco se encontró respaldo independiente suficiente para afirmar como hecho que un supuesto intermediario identificado como “Pablo Santos” formara parte de una trama de sobornos con una televisora.
En los multiples audios Roberto habla abiertamente de un señor Pablo y la conexión directa que existe es entre Pablo Santos que es el personaje que conecta a los políticos con una famosa televisora, lo cual evidencia no solo su vínculo directo con Los “Cara dura”, si no también sobornos y corrupción en la industria televisiva, que al final esos certificados jamás sus víctimas pudieron monetizar y esos mismos certificados los usaba para salir de sus múltiplos deudas, lo que constuía una gran estafa porque la televisora siempre ponía excusas para no dar nada, poniendo restricciones según fuentes que ayudaron a la investigación periodística.
En los mismos audios Roberto Arzú admite que en una de sus crisis económicas, desesperadamente fue con «Los Caradura» a “venderles” los cerficados publicitarios que él desde ya sabía, que jamás los iban a poder utilizar y lo usa como estrategia para sacarles dinero en efectivo.
El llamado «Junior» por sus amigos ya compitió por la Presidencia en 2019 mediante la coalición PAN-Podemos, cuando obtuvo 267,049 votos, equivalentes al 6.09 % de los sufragios válidos, según los resultados recogidos por la misión electoral de la OEA. El Tribunal Supremo Electoral mantiene además disponibles los informes financieros correspondientes a PAN y Podemos de aquella campaña. De cara a 2027, los audios, las relaciones comerciales reconocidas y las investigaciones periodísticas forman parte de los antecedentes que rodean su regreso a la actividad política; establecer si alguna de esas operaciones derivó en delitos corresponde, en todo caso, a las autoridades competentes y no puede darse por probado únicamente a partir de grabaciones difundidas en redes sociales.
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