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En 184 municipios salvadoreños no hubo homicidios en 2022
Los planes de seguridad ciudadana implementados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, así como la guerra contra las pandillas que dio paso al régimen de excepción permitieron que durante el 2022 no se hayan registrado homicidios en 184 municipios del país, esto equivale a un 70 % del territorio salvadoreño.
Estos datos fueron proporcionados, la noche del miércoles, por funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad Ampliado durante la exposición de los resultados del año que recién terminó. Estrategias como la puesta en marcha del régimen de excepción y la Fase 5 del Plan Control Territorial facilitó a las fuerzas del orden ir tras los pandilleros y sus principales cabecillas, así como colaboradores.
Los registros policiales detallan que a partir de la puesta en marcha del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, la operatividad policial y militar para arrestar a los criminales generó que 70 municipios más se sumaran a los ya existentes -hasta antes del régimen- que tenían registros de cero asesinatos.
Hasta antes de implementar esta medida el total de municipios en los que no habían ocurrido muertes violentas eran 114, lo que representaba un 44 % del territorio. Después de marzo se sumaron 70 más con los que al cierre del año pasado totalizaron 184, siendo la mayoría de los municipios, del norte de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán.
Las cifras oficiales indican también que durante el 2022 hubo 495 homicidios, de los cuales 323 fueron reportados antes del régimen, esto equivale un 65 % del total. El 35 % restante, es decir, 172 asesinatos sucedieron cuando ya estaba en marcha el régimen de excepción.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, externó sus valoraciones respecto al comportamiento en la reducción de la violencia homicida gracias a la visión de trabajo del presidente Nayib Bukele y la negativa de los gobernantes anteriores para enfrentar a las pandillas y permitir que se armaran y organizaran.
«Con estas cifras el presidente [Bukele] proclamó que habíamos recuperado el control sobre el territorio salvadoreño que los gobiernos anteriores le entregaron a estos grupos terroristas», afirmó Villatoro.
El funcionario explicó que «nuestros análisis a más de 20 años de este fenómeno confirman cómo el detonante de la tregua del expresidente Mauricio Funes [primer gobierno del FMLN] en el 2013 con el apoyo de esos organismos internacionales que hoy están velando por los derechos humanos de los criminales».
A su consideración del ministro Villatoro, que el gobierno del prófugo de Funes le haya tendido la mano a los mareros generó un crecimiento exponencial no solo en cantidad de miembros de pandillas, sino en la cantidad de estructuras terroristas [denominadas clicas, canchas, programas] que se tomaron las colonias y comunidades del país.
El ministro afirmó que si bien en diciembre de 2022 hubo 14 asesinatos, aclaró que en más del 50 % de los casos nada tenían que ver con el accionar de las pandillas, pues los resultados de las investigaciones determinaron que estuvieron relacionados con casos de ingesta de alcohol e intolerancia.
Villatoro afirmó que estos resultados positivos marcan la ruta a seguir para combatir la criminalidad, tal como sucedió con la captura de miles de pandilleros y las reformas a la normativa jurídica para garantizar que no salgan de la cárcel durante el régimen de excepción.
«Los números están reflejando que teníamos razón al implementarlo, en sacar de las calles a estos terroristas y que tenemos razón en todas las reformas hechas en la infraestructura judicial penal para que el Estado no vuelva hacer el monigote de estos grupos terroristas», advirtió el funcionario.
El titular de Seguridad también destacó que en este esfuerzo por generar condiciones de seguridad y tranquilidad de la población salvadoreña ha sido clave la operatividad policial y militar en todo el territorio.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
