Nacionales
En 184 municipios salvadoreños no hubo homicidios en 2022
Los planes de seguridad ciudadana implementados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, así como la guerra contra las pandillas que dio paso al régimen de excepción permitieron que durante el 2022 no se hayan registrado homicidios en 184 municipios del país, esto equivale a un 70 % del territorio salvadoreño.
Estos datos fueron proporcionados, la noche del miércoles, por funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad Ampliado durante la exposición de los resultados del año que recién terminó. Estrategias como la puesta en marcha del régimen de excepción y la Fase 5 del Plan Control Territorial facilitó a las fuerzas del orden ir tras los pandilleros y sus principales cabecillas, así como colaboradores.
Los registros policiales detallan que a partir de la puesta en marcha del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, la operatividad policial y militar para arrestar a los criminales generó que 70 municipios más se sumaran a los ya existentes -hasta antes del régimen- que tenían registros de cero asesinatos.
Hasta antes de implementar esta medida el total de municipios en los que no habían ocurrido muertes violentas eran 114, lo que representaba un 44 % del territorio. Después de marzo se sumaron 70 más con los que al cierre del año pasado totalizaron 184, siendo la mayoría de los municipios, del norte de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán.
Las cifras oficiales indican también que durante el 2022 hubo 495 homicidios, de los cuales 323 fueron reportados antes del régimen, esto equivale un 65 % del total. El 35 % restante, es decir, 172 asesinatos sucedieron cuando ya estaba en marcha el régimen de excepción.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, externó sus valoraciones respecto al comportamiento en la reducción de la violencia homicida gracias a la visión de trabajo del presidente Nayib Bukele y la negativa de los gobernantes anteriores para enfrentar a las pandillas y permitir que se armaran y organizaran.
«Con estas cifras el presidente [Bukele] proclamó que habíamos recuperado el control sobre el territorio salvadoreño que los gobiernos anteriores le entregaron a estos grupos terroristas», afirmó Villatoro.
El funcionario explicó que «nuestros análisis a más de 20 años de este fenómeno confirman cómo el detonante de la tregua del expresidente Mauricio Funes [primer gobierno del FMLN] en el 2013 con el apoyo de esos organismos internacionales que hoy están velando por los derechos humanos de los criminales».
A su consideración del ministro Villatoro, que el gobierno del prófugo de Funes le haya tendido la mano a los mareros generó un crecimiento exponencial no solo en cantidad de miembros de pandillas, sino en la cantidad de estructuras terroristas [denominadas clicas, canchas, programas] que se tomaron las colonias y comunidades del país.
El ministro afirmó que si bien en diciembre de 2022 hubo 14 asesinatos, aclaró que en más del 50 % de los casos nada tenían que ver con el accionar de las pandillas, pues los resultados de las investigaciones determinaron que estuvieron relacionados con casos de ingesta de alcohol e intolerancia.
Villatoro afirmó que estos resultados positivos marcan la ruta a seguir para combatir la criminalidad, tal como sucedió con la captura de miles de pandilleros y las reformas a la normativa jurídica para garantizar que no salgan de la cárcel durante el régimen de excepción.
«Los números están reflejando que teníamos razón al implementarlo, en sacar de las calles a estos terroristas y que tenemos razón en todas las reformas hechas en la infraestructura judicial penal para que el Estado no vuelva hacer el monigote de estos grupos terroristas», advirtió el funcionario.
El titular de Seguridad también destacó que en este esfuerzo por generar condiciones de seguridad y tranquilidad de la población salvadoreña ha sido clave la operatividad policial y militar en todo el territorio.
Nacionales
Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Este día, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Departamento de Investigaciones e Inteligencia Migratoria, realizó un operativo en la tienda “O” de El Salvador, dedicada a la venta de artículos para el hogar, ante la presunción de que se estarían cometiendo delitos relacionados con estafa y otras irregularidades migratorias y laborales.
La intervención se llevó a cabo luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber pagado por productos que nunca recibieron. Según los testimonios recopilados, tras concretar las compras, los responsables de la tienda brindaban diversas excusas para justificar la falta de entrega, como supuestos atrasos en embarcaciones, sin que los clientes obtuvieran respuesta ni devolución del dinero.
Las autoridades identificaron que en el establecimiento laboran tanto salvadoreños como ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, se determinó que los trabajadores de nacionalidad guatemalteca no poseen autorización ni permisos para ejercer actividades laborales en el país. Además, se constató que están recibiendo pagos en efectivo, lo que sugiere una posible evasión de impuestos por parte del empleador.
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De acuerdo con los registros migratorios, estas personas ingresaron a El Salvador en calidad de turistas durante el año 2024, por lo que su actual actividad laboral representa una infracción a la Ley migratoria vigente.
Asimismo, se ha establecido que el propietario de la tienda es de nacionalidad guatemalteca. Según los movimientos migratorios, debería encontrarse en territorio salvadoreño; sin embargo, a través de información recabada por otras fuentes no reveladas, indica que actualmente se encuentra en Guatemala, lo que sugiere que habría evadido los controles migratorios para salir del país.
Según lo establecido en la legislación nacional, corresponde a la DGME verificar las actividades que realizan las personas extranjeras en El Salvador.
A raíz de los hallazgos obtenidos en el operativo, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se proceda con las investigaciones necesarias y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Nacionales
Ministro Gustavo Villatoro: «Marina Nacional es la única que ha puesto orden y autoridad en aguas internacionales»
Tras la reciente incautación de una tonelada de cocaína al suroeste del Estero de Jaltepeque, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el papel de la Marina Nacional como una fuerza que ha logrado imponer autoridad en aguas internacionales, donde históricamente predominaba el tráfico de drogas.
La operación fue ejecutada el pasado martes 6 de mayo a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) de la Bocana El Cordoncillo, donde se interceptó una embarcación pesquera artesanal con el cargamento ilícito. En declaraciones posteriores, Villatoro aseguró que El Salvador está demostrando al mundo su capacidad para combatir el narcotráfico, incluso más allá de sus fronteras.
“La Fuerza Naval Tridente está demostrando lo que se puede lograr con decisión firme. Estamos tomando control en millas náuticas tan distantes como la 500, 600, hasta la 1,000”, afirmó el ministro, subrayando que solo la Marina salvadoreña ha logrado imponer orden en esa “autopista de aguas internacionales” por la que transitaba libremente la droga.
Villatoro también respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al señalar que el actual Gobierno no está vinculado al narcotráfico. “Estamos demostrando que no solo no tenemos nexos, sino que lideramos con firmeza el combate a este flagelo. Contamos con equipos de rayos X y políticas claras en nuestros puertos para escanear lo que sale hacia Europa y Estados Unidos”, enfatizó.
El titular de Seguridad comparó este esfuerzo con la guerra contra las pandillas, indicando que, al igual que en ese combate, se enfrentan a sectores que —según él— terminan defendiendo intereses criminales. “Solo en la cabeza de retrógradas pueden pensar que estamos vinculados con estas actividades”, afirmó.
Finalmente, Villatoro reiteró que seguirán trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República para mantener y reforzar el combate al narcotráfico. Según cifras oficiales, en el último año El Salvador ha incautado aproximadamente 28.2 toneladas de droga, valoradas en unos $706.8 millones.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
