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El Salvador tiene capacidad para vacunar niños, embarazadas y extranjeros
El Salvador cuenta con suficiente capacidad de vacunas para facilitar la vacunación anti-COVID-19 desde los niños de seis a los 11 años, quienes suman un aproximado de 700,000 salvadoreños. De igual forma, se cuenta con vacunas e instalaciones apropiadas para la vacunación de más de 80, 000 embarazadas, en quienes la vacunación es importante para protegerlas de la enfermedad.
Asimismo, la capacidad es suficiente para asegurar las vacunas de primera y segunda dosis para la población que aun no se ha vacunado, y para aplicar la tercera dosis a las personas mayores de 18 años y que ya tienen cuatro meses o más desde que recibieron la segunda dosis
Una de las estrategias de vacunación anti-COVID-19 más reciente fue la habilitación de las dosis para los extranjeros, con lo que también se está contribuyendo a que otras naciones avancen con los procesos de inmunización.
Todas estas medidas fueron destacadas por el ministro de Salud, quien aseguró que se está avanzando en convertir al país en una zona geográfica segura.
«Un dato importante que podemos resaltar en la estrategia de vacunación es precisamente que contamos con facilidad para la vacunación, desde los seis a los 11 años un total de cerca de 700,000 salvadoreños; la facilidad de poder vacunar de los 12 a los 18 años otras 600,000 personas; más 80, 000 personas en el embarazo y ya está disponible la vacunación de los 18 años en adelante y, por supuesto, la vacunación no solo con la primera y segunda dosis, sino con una tercera dosis. Todo esto, más la vacunación extramural, más la vacunación a extranjeros nos permite que cada día estemos en un país, en una región geográfica mucho más segura», aseguró el ministro de Salud en la entrevista de El Blog.
Además, el gobierno salvadoreño ha priorizado a los grupos de mayor riesgo para que reciban primero la vacuna, como los adultos mayores, el personal de primera línea y personas con enfermedades graves. Según estudios recientes, las embarazadas constituyen un grupo de riesgo.
«Está a ciencia cierta cada vez siendo más evidente es que las embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar la COVID-19 grave y podría estar relacionado con los factores del fenómeno de adaptación materna al embarazo y factores de riesgo asociados al embarazo como las comorbilidades», dijo la directora del Instituto Nacional de Salud, Xóchilt Sandoval.
Por lo tanto, cada día continúan las jornadas de vacunación móviles y en los 166 centros de vacunación distribuidos a escala nacional. Contar con suficiente cantidad de vacunas permite avanzar con agilidad en esta estrategia. El gobierno de El Salvador ha recibido 41 lotes hasta la fecha. El ultimo llegó el pasado 22 de octubre y arribó con 198,900 dosis de la farmacéutica Pfizer. Desde el 17 de febrero hasta la fecha han ingresado 12,952,400 dosis anti-COVID-19 al territorio salvadoreño.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
