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El Salvador tiene capacidad para vacunar niños, embarazadas y extranjeros
El Salvador cuenta con suficiente capacidad de vacunas para facilitar la vacunación anti-COVID-19 desde los niños de seis a los 11 años, quienes suman un aproximado de 700,000 salvadoreños. De igual forma, se cuenta con vacunas e instalaciones apropiadas para la vacunación de más de 80, 000 embarazadas, en quienes la vacunación es importante para protegerlas de la enfermedad.
Asimismo, la capacidad es suficiente para asegurar las vacunas de primera y segunda dosis para la población que aun no se ha vacunado, y para aplicar la tercera dosis a las personas mayores de 18 años y que ya tienen cuatro meses o más desde que recibieron la segunda dosis
Una de las estrategias de vacunación anti-COVID-19 más reciente fue la habilitación de las dosis para los extranjeros, con lo que también se está contribuyendo a que otras naciones avancen con los procesos de inmunización.
Todas estas medidas fueron destacadas por el ministro de Salud, quien aseguró que se está avanzando en convertir al país en una zona geográfica segura.
«Un dato importante que podemos resaltar en la estrategia de vacunación es precisamente que contamos con facilidad para la vacunación, desde los seis a los 11 años un total de cerca de 700,000 salvadoreños; la facilidad de poder vacunar de los 12 a los 18 años otras 600,000 personas; más 80, 000 personas en el embarazo y ya está disponible la vacunación de los 18 años en adelante y, por supuesto, la vacunación no solo con la primera y segunda dosis, sino con una tercera dosis. Todo esto, más la vacunación extramural, más la vacunación a extranjeros nos permite que cada día estemos en un país, en una región geográfica mucho más segura», aseguró el ministro de Salud en la entrevista de El Blog.
Además, el gobierno salvadoreño ha priorizado a los grupos de mayor riesgo para que reciban primero la vacuna, como los adultos mayores, el personal de primera línea y personas con enfermedades graves. Según estudios recientes, las embarazadas constituyen un grupo de riesgo.
«Está a ciencia cierta cada vez siendo más evidente es que las embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar la COVID-19 grave y podría estar relacionado con los factores del fenómeno de adaptación materna al embarazo y factores de riesgo asociados al embarazo como las comorbilidades», dijo la directora del Instituto Nacional de Salud, Xóchilt Sandoval.
Por lo tanto, cada día continúan las jornadas de vacunación móviles y en los 166 centros de vacunación distribuidos a escala nacional. Contar con suficiente cantidad de vacunas permite avanzar con agilidad en esta estrategia. El gobierno de El Salvador ha recibido 41 lotes hasta la fecha. El ultimo llegó el pasado 22 de octubre y arribó con 198,900 dosis de la farmacéutica Pfizer. Desde el 17 de febrero hasta la fecha han ingresado 12,952,400 dosis anti-COVID-19 al territorio salvadoreño.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
