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El Salvador tiene capacidad para vacunar niños, embarazadas y extranjeros
El Salvador cuenta con suficiente capacidad de vacunas para facilitar la vacunación anti-COVID-19 desde los niños de seis a los 11 años, quienes suman un aproximado de 700,000 salvadoreños. De igual forma, se cuenta con vacunas e instalaciones apropiadas para la vacunación de más de 80, 000 embarazadas, en quienes la vacunación es importante para protegerlas de la enfermedad.
Asimismo, la capacidad es suficiente para asegurar las vacunas de primera y segunda dosis para la población que aun no se ha vacunado, y para aplicar la tercera dosis a las personas mayores de 18 años y que ya tienen cuatro meses o más desde que recibieron la segunda dosis
Una de las estrategias de vacunación anti-COVID-19 más reciente fue la habilitación de las dosis para los extranjeros, con lo que también se está contribuyendo a que otras naciones avancen con los procesos de inmunización.
Todas estas medidas fueron destacadas por el ministro de Salud, quien aseguró que se está avanzando en convertir al país en una zona geográfica segura.
«Un dato importante que podemos resaltar en la estrategia de vacunación es precisamente que contamos con facilidad para la vacunación, desde los seis a los 11 años un total de cerca de 700,000 salvadoreños; la facilidad de poder vacunar de los 12 a los 18 años otras 600,000 personas; más 80, 000 personas en el embarazo y ya está disponible la vacunación de los 18 años en adelante y, por supuesto, la vacunación no solo con la primera y segunda dosis, sino con una tercera dosis. Todo esto, más la vacunación extramural, más la vacunación a extranjeros nos permite que cada día estemos en un país, en una región geográfica mucho más segura», aseguró el ministro de Salud en la entrevista de El Blog.
Además, el gobierno salvadoreño ha priorizado a los grupos de mayor riesgo para que reciban primero la vacuna, como los adultos mayores, el personal de primera línea y personas con enfermedades graves. Según estudios recientes, las embarazadas constituyen un grupo de riesgo.
«Está a ciencia cierta cada vez siendo más evidente es que las embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar la COVID-19 grave y podría estar relacionado con los factores del fenómeno de adaptación materna al embarazo y factores de riesgo asociados al embarazo como las comorbilidades», dijo la directora del Instituto Nacional de Salud, Xóchilt Sandoval.
Por lo tanto, cada día continúan las jornadas de vacunación móviles y en los 166 centros de vacunación distribuidos a escala nacional. Contar con suficiente cantidad de vacunas permite avanzar con agilidad en esta estrategia. El gobierno de El Salvador ha recibido 41 lotes hasta la fecha. El ultimo llegó el pasado 22 de octubre y arribó con 198,900 dosis de la farmacéutica Pfizer. Desde el 17 de febrero hasta la fecha han ingresado 12,952,400 dosis anti-COVID-19 al territorio salvadoreño.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
