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Diputadas del FMLN propone diferir pagos de agua, luz y telefonía y diputado no partidario solicita incentivos fiscales para pequeños empresarios
Las diputadas del FMLN, Yanci Urbina y Anabel Belloso, anunciaron la presentación de una pieza de correspondencia que contiene la propuesta de una nueva ley transitoria que permita diferir el pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, que de ser avalada por el Pleno Legislativo se aplicaría a las facturas de los meses de junio, julio y agosto del corriente año.
De acuerdo a las promotoras estas mociones, esos pagos diferidos se cancelarían en un período de hasta veinticuatro meses, en cuotas niveladas a partir del vencimiento del plazo postergado, en adición al cargo normal de la factura del respectivo mes; el valor de la factura por los servicios que se difiere su pago no deberán sufrir recargos por ningún concepto de mora, intereses u otra penalidad, de tal forma, que únicamente es el valor del servicio pendiente el que se traslada en pagos parciales, indica la pieza de correspondencia.
Se excluiría de la aplicación del presente decreto el pago de las tasas municipales cargadas en la factura del servicio de energía eléctrica. Los beneficiarios serían las personas naturales o jurídicas y municipalidades que hayan experimentado una disminución de sus ingresos directamente por los cierres parciales o totales que gradualmente se han establecido como medidas para contener la entrada y expansión del coronavirus (covid-19).
Mocionan incentivos fiscales para auxiliar a medianos y pequeños empresarios (MYPES)
El diputado no partidiario, Leonardo Bonilla, junto a representantes del Sindicato de Trabajadores la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (SITCO), presentó una pieza de correspondencia que contiene una propuesta para reactivar el 90% del parque empresarial en El Salvador, que representa a medianos y pequeños empresarios (MYPES), emprendedores y trabajadores por cuenta propia.
De acuerdo al documento, la población económicamente activa en el país se concentra principalmente en la economía informal y aproximadamente en un 60% ha sido altamente golpeada por la crisis generada por el covid-19; ante ello, se proponen cinco soluciones: Incentivos fiscales, Creación del Instituto de Abastecimiento de Alimentos y Productos Agrícolas de El Salvador, Aumentar el porcentaje de compras de las instituciones del Estado a las MYPES y castigar la violación al pronto pago e impulsar un Programa Nacional de Bancarización y Créditos flexibles.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que, tras el aparatoso accidente de un camión repartidor de bebidas sobre la carretera al Puerto de La Libertad, dos personas resultaron lesionadas.
“Al menos cinco personas resultaron lesionadas en el accidente ocurrido en el km 19½ carretera al Puerto de La Libertad”, reportó la PNC.
Las autoridades indicaron que en el percance estuvieron involucrados el camión repartido y otros vehículos particulares.
Agregaron que dos de los lesionados eran acompañantes del conductor del camión, quienes fueron trasladados a un centro médico cercano.
Por el momento el paso vehicular está cerrado debido a que el producto está esparcido sobre la carretera y equipos de primera respuesta realizarán el levantamiento de los escombros.
Como Jorge Ramírez, ha sido identificado el joven motociclista que falleció esta mañana al accidentase en el departamento de San Miguel Oeste.
Las autoridades informaron que la tragedia se reportó en carretera que conduce al distrito de San Jorge, cerca del cantón Placitas.
Según información compartida, Ramírez vivía en el cantón Conacastal, en cercanías donde se registró el accidente que acabó con su vida.
Las autoridades policiales llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas del trágico accidente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de cárcel a los colombianos Luis Alberto Cuero, Yulian Duván Ortiz y Herminsuk Victoria Gamboa, por el delito de tráfico ilícito. Historia
Los ahora condenados fueron capturados el 23 de noviembre de 2024, durante una intervención realizada por la Marina Nacional a una lancha localizada a 406 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz, en la cual transportaban 2,000 kilos de cocaína.
La droga está valorada en más de $50 millones. En la vista pública se valoraron las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, con base en las cuales el tribunal declaró responsables a los imputados.
