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Colegios privados destacan los beneficios de plan de seguridad en El Salvador
El presidente de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández, destacó ayer la efectividad de los planes de seguridad que implementa el Gobierno Central para combatir la criminalidad, cuyos resultados han beneficiado a la comunidad estudiantil en el sentido de que el nivel de amenaza que los grupos terroristas representaban para los alumnos ha disminuido considerablemente.
Hernández incluso aseguró que existen condiciones de seguridad que les permite a los estudiantes asistir a centros educativos donde antes no se podía por el temor a las pandillas.
«Estas medidas que se tomado han sido muy buenas porque ya no hay el temor de que los territorios están siendo dominados y amenazados y los estudiantes que pueden llegar de estos territorios. Esto es un factor muy positivo», afirmó Hernández durante la entrevista de Diálogo de Canal 21.
El año anterior, cuando se instauró el régimen de excepción, por ejemplo, no hubo un solo asesinato de estudiantes ni profesores por primera vez en la historia de El Salvador, a pesar de que miles retornaron a las aulas tras haber estado en clases virtuales obligados por la pandemia.
El régimen de excepción ha permitido la captura de más de 61,500 pandilleros y colaboradores, lo que ha reducido no solo los asesinatos al mínimo, sino también todos los delitos de alto impacto, como desapariciones, robos, extorsiones y secuestros.
El representante de los colegios agregó que están agradecidos por las medidas implementadas por las autoridades de seguridad en función de garantizar la tranquilidad de la población.
«Como colegios privados agradecemos estas medidas que ahora nos están llevando a tener mayor seguridad y retornando los estudiantes que habían abandonado las aulas; esto es algo positivo», dijo.
Añadió que este clima de tranquilidad «contribuye a que podamos vivir en un ambiente con mayor certeza de lo que estamos haciendo, porque la inseguridad se veía venir en el trayecto que había al colegio, era algo que había que pensarlo dos veces para inscribir a un hijo».
Hernández agregó que en una visita a colegios privados en Guatemala hubo padres de familia que le externaron de forma positiva el esfuerzo que el Gobierno salvadoreño ha desarrollado para proteger a los estudiantes, maestros, padres de familia y empleados de centros educativos que forman parte de la comunidad escolar.
En décadas pasadas, los gobiernos de turno poco o nada hicieron para garantizar la protección de los alumnos, pues era común el asesinato de jóvenes estudiantes a manos de las pandillas o, en su defecto, el reclutamiento para que se incorporaran a estructuras criminales. El fracaso de los planes de seguridad de los gobiernos pasados, que se caracterizaron por favorecer a los pandilleros, se tradujo en el asesinato de más de 140 estudiantes entre 2015 y 2016.
Solo en este último año las condiciones de inseguridad provocaron la deserción estudiantil de un estimado de 15,000 estudiantes, lo que representó cerca del 50 % de los jóvenes que dejaron de estudiar en 2016, según el Ministerio de Educación.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
