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Colegios privados destacan los beneficios de plan de seguridad en El Salvador
El presidente de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández, destacó ayer la efectividad de los planes de seguridad que implementa el Gobierno Central para combatir la criminalidad, cuyos resultados han beneficiado a la comunidad estudiantil en el sentido de que el nivel de amenaza que los grupos terroristas representaban para los alumnos ha disminuido considerablemente.
Hernández incluso aseguró que existen condiciones de seguridad que les permite a los estudiantes asistir a centros educativos donde antes no se podía por el temor a las pandillas.
«Estas medidas que se tomado han sido muy buenas porque ya no hay el temor de que los territorios están siendo dominados y amenazados y los estudiantes que pueden llegar de estos territorios. Esto es un factor muy positivo», afirmó Hernández durante la entrevista de Diálogo de Canal 21.
El año anterior, cuando se instauró el régimen de excepción, por ejemplo, no hubo un solo asesinato de estudiantes ni profesores por primera vez en la historia de El Salvador, a pesar de que miles retornaron a las aulas tras haber estado en clases virtuales obligados por la pandemia.
El régimen de excepción ha permitido la captura de más de 61,500 pandilleros y colaboradores, lo que ha reducido no solo los asesinatos al mínimo, sino también todos los delitos de alto impacto, como desapariciones, robos, extorsiones y secuestros.
El representante de los colegios agregó que están agradecidos por las medidas implementadas por las autoridades de seguridad en función de garantizar la tranquilidad de la población.
«Como colegios privados agradecemos estas medidas que ahora nos están llevando a tener mayor seguridad y retornando los estudiantes que habían abandonado las aulas; esto es algo positivo», dijo.
Añadió que este clima de tranquilidad «contribuye a que podamos vivir en un ambiente con mayor certeza de lo que estamos haciendo, porque la inseguridad se veía venir en el trayecto que había al colegio, era algo que había que pensarlo dos veces para inscribir a un hijo».
Hernández agregó que en una visita a colegios privados en Guatemala hubo padres de familia que le externaron de forma positiva el esfuerzo que el Gobierno salvadoreño ha desarrollado para proteger a los estudiantes, maestros, padres de familia y empleados de centros educativos que forman parte de la comunidad escolar.
En décadas pasadas, los gobiernos de turno poco o nada hicieron para garantizar la protección de los alumnos, pues era común el asesinato de jóvenes estudiantes a manos de las pandillas o, en su defecto, el reclutamiento para que se incorporaran a estructuras criminales. El fracaso de los planes de seguridad de los gobiernos pasados, que se caracterizaron por favorecer a los pandilleros, se tradujo en el asesinato de más de 140 estudiantes entre 2015 y 2016.
Solo en este último año las condiciones de inseguridad provocaron la deserción estudiantil de un estimado de 15,000 estudiantes, lo que representó cerca del 50 % de los jóvenes que dejaron de estudiar en 2016, según el Ministerio de Educación.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
