Nacionales
Colegios privados destacan los beneficios de plan de seguridad en El Salvador
El presidente de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández, destacó ayer la efectividad de los planes de seguridad que implementa el Gobierno Central para combatir la criminalidad, cuyos resultados han beneficiado a la comunidad estudiantil en el sentido de que el nivel de amenaza que los grupos terroristas representaban para los alumnos ha disminuido considerablemente.
Hernández incluso aseguró que existen condiciones de seguridad que les permite a los estudiantes asistir a centros educativos donde antes no se podía por el temor a las pandillas.
«Estas medidas que se tomado han sido muy buenas porque ya no hay el temor de que los territorios están siendo dominados y amenazados y los estudiantes que pueden llegar de estos territorios. Esto es un factor muy positivo», afirmó Hernández durante la entrevista de Diálogo de Canal 21.
El año anterior, cuando se instauró el régimen de excepción, por ejemplo, no hubo un solo asesinato de estudiantes ni profesores por primera vez en la historia de El Salvador, a pesar de que miles retornaron a las aulas tras haber estado en clases virtuales obligados por la pandemia.
El régimen de excepción ha permitido la captura de más de 61,500 pandilleros y colaboradores, lo que ha reducido no solo los asesinatos al mínimo, sino también todos los delitos de alto impacto, como desapariciones, robos, extorsiones y secuestros.
El representante de los colegios agregó que están agradecidos por las medidas implementadas por las autoridades de seguridad en función de garantizar la tranquilidad de la población.
«Como colegios privados agradecemos estas medidas que ahora nos están llevando a tener mayor seguridad y retornando los estudiantes que habían abandonado las aulas; esto es algo positivo», dijo.
Añadió que este clima de tranquilidad «contribuye a que podamos vivir en un ambiente con mayor certeza de lo que estamos haciendo, porque la inseguridad se veía venir en el trayecto que había al colegio, era algo que había que pensarlo dos veces para inscribir a un hijo».
Hernández agregó que en una visita a colegios privados en Guatemala hubo padres de familia que le externaron de forma positiva el esfuerzo que el Gobierno salvadoreño ha desarrollado para proteger a los estudiantes, maestros, padres de familia y empleados de centros educativos que forman parte de la comunidad escolar.
En décadas pasadas, los gobiernos de turno poco o nada hicieron para garantizar la protección de los alumnos, pues era común el asesinato de jóvenes estudiantes a manos de las pandillas o, en su defecto, el reclutamiento para que se incorporaran a estructuras criminales. El fracaso de los planes de seguridad de los gobiernos pasados, que se caracterizaron por favorecer a los pandilleros, se tradujo en el asesinato de más de 140 estudiantes entre 2015 y 2016.
Solo en este último año las condiciones de inseguridad provocaron la deserción estudiantil de un estimado de 15,000 estudiantes, lo que representó cerca del 50 % de los jóvenes que dejaron de estudiar en 2016, según el Ministerio de Educación.
Nacionales
Cuestionan la labor productiva de reos mientras el país transforma su infraestructura educativa
Una reciente polémica se ha generado a raíz de las declaraciones de Ingrid Escobar, militante del FMLN y autonombrada defensora de derechos humanos, quien calificó como “inconstitucional” el uso de privados de libertad para trabajos comunitarios, particularmente en labores de reconstrucción y mejora de escuelas públicas.
Escobar señaló que los reos que participan en estos programas son “obligados” a trabajar, lo cual, según su interpretación, contraviene preceptos constitucionales relacionados con los derechos humanos. Sus declaraciones han generado diversas reacciones, tanto en apoyo como en crítica, dentro del debate público nacional.
Lo que algunos sectores señalan como una violación de derechos, otros lo ven como una oportunidad de rehabilitación social para los privados de libertad, especialmente en un país donde históricamente se ha carecido de una política eficaz de reinserción penitenciaria.
Actualmente, cientos de reos en El Salvador participan en jornadas laborales en las que fabrican al menos 2,000 piezas diarias que son utilizadas para la construcción y renovación de centros escolares. Esta iniciativa forma parte de un programa gubernamental enfocado en dar una segunda oportunidad a quienes cumplen condena y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de infraestructura educativa en todo el país.
Los productos elaborados por los reos incluyen escritorios, ventanas, puertas, y otras estructuras metálicas que permiten avanzar en la dignificación de espacios educativos que durante décadas fueron abandonados por las autoridades.
Cabe recordar que durante los gobiernos del FMLN y de ARENA, muchas escuelas públicas fueron construidas con materiales precarios, incluyendo láminas metálicas y pisos de tierra. Esto fue duramente criticado por docentes, padres de familia y comunidades enteras que vieron limitada la calidad del proceso educativo.
Según informes oficiales, miles de estudiantes salvadoreños cursaron su educación básica en aulas improvisadas, sin ventilación adecuada, sin acceso a servicios sanitarios dignos y, en algunos casos, expuestos a condiciones de insalubridad que afectaban directamente su rendimiento académico.
La situación actual contrasta con esa realidad. El Gobierno ha priorizado la mejora de la infraestructura escolar y ha involucrado a los reos como parte activa del proceso, bajo estricta supervisión, con el objetivo de contribuir a la transformación social desde el sistema penitenciario.
Los accidentes de tránsito en El Salvador han aumentado un 6 % en lo que va de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, según datos proporcionados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Hasta la fecha, se reportan 8,879 accidentes, lo que representa una tendencia preocupante en la siniestralidad vial del país.
De acuerdo con el informe oficial, la principal causa de estos percances sigue siendo la distracción del conductor, responsable de al menos 2,202 accidentes. Esta situación incluye el uso del celular, manipulación de dispositivos o falta de atención a la vía mientras se conduce.
La segunda causa más común es la invasión de carril, que ha generado 1,911 accidentes, seguida por la falta de distancia reglamentaria entre vehículos, con un total de 1,225 casos.
En la cuarta posición se encuentra el irrespeto a las señales de tránsito, motivo de 1,125 siniestros viales registrados en lo que va del año.
Otras causas identificadas por el observatorio incluyen velocidad excesiva, conducción bajo efectos de alcohol o drogas, adelantamientos indebidos, maniobras en reversa, así como la inexperiencia del conductor.
Aunque en menor proporción, también se registran accidentes provocados por imprudencia del peatón, fallas mecánicas, giro incorrecto, carga mal acondicionada, mal estado del vehículo, enfermedades súbitas y hasta deslumbramiento.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial destaca la importancia de una conducción responsable para evitar tragedias. La institución hace un llamado a los automovilistas a respetar la normativa vial y mantener una actitud consciente y preventiva en las carreteras.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves sobre la carretera al Boquerón, en el departamento de La Libertad.
Según los primeros reportes, el conductor de un camión perdió el control del vehículo y terminó fuera de la vía, impactando a un costado de la carretera. Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas.
Equipos del Viceministerio de Transporte (VMT) se desplazaron al lugar del percance para coordinar el tráfico y evitar mayores complicaciones en la circulación vehicular.
Las autoridades investigan las causas del accidente.
