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CCR señala irregularidades en uso de fondos CONAB por parte de la Fiscalía General bajo la administración de Douglas Meléndez
Una auditoria de la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha puesto en evidencia el presunto uso ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR), habría hecho en el uso de fondos provenientes del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El reporte de la CCR, señala que la FGR bajo la administración del exfiscal General, Douglas Meléndez, utilizó un total de $74,814 de esos fondos que fueron traspasados en su momento a la fiscalía, ocupándolos de manera indebida.
Según el informe de la contraloría de la República, dichos fondos se utilizaron en compras para mobiliario y equipo para la equipación del centro de capacitación y desarrollo institucional en vez de destinarlos a mejorar la capacidad de investigación de unidades especiales contra el crimen organizado y el narcotráfico, revela el informe de auditoría de enero al 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, los auditores no lo responsabilizaron a Douglas Meléndez sino que al entonces Gerente General de la Fiscalía.
En el informe final de dicha auditoría se destaca que destinaron $19,840 a equipar el referido centro, situado en Apaneca, sin dar detalles del equipo adquirido. También que invirtieron $11,202 en compras de cafeteras, refrigeradoras de 10 y 14 pies, juego de comedor para seis personas, juego de sala, un camarote metálico y colchones.
En el detalle de compras para el centro de diversión aparece una barbacoa de 21 pulgadas, muebles multiusos, equipo de sonido con ocho bafles, dos amplificadores y dos micrófonos. Además de máquinas para ejercicios, 280 unidades de cerámica en maya para piso, espejos bocelados, servicio de cable de TV y restauración de área verde.
La Ley Especial de Extinción de Dominio le otorga a la Fiscalía General el 35 por ciento del dinero y los bienes confiscados a la delincuencia organizada, pero estos bienes tienen que ser destinados a mejorar la capacidad de las áreas especializadas encargadas de la investigación de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, extinción de dominio entre otros.
De la irregularidad detectada los auditores señalan en el informe como responsable al Gerente General que fungió en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, debido a que este “adjudicó mediante la modalidad de libre gestión la adquisición de bienes, servicios y activo fijo” para el equipamiento del referido centro con el fondo especial de los bienes extinguidos.
Además, dicen, autorizó “la utilización de recursos con finalidad diferente a lo establecido en la Ley”.
Según los auditores, esa “deficiencia ocasionó disminución de recursos disponibles del Fondo Especial de Dinero y Rendimientos de la Enajenación de los Bienes Extinguido (Fondos CONAB) para las Unidades Especializadas de la FGR, enunciadas en la Ley”.
El gerente general de la Fiscalía General de esa época justificó el uso de los fondos traspasados por el CONAB en que era “preciso fortalecer la formación y salud mental del personal de la institución, implicando con ello que se debe dar prioridad a invertir en la obtención de condiciones favorables para una enseñanza-aprendizaje efectivas que incrementen sus conocimientos y habilidades para el desempeño de las funciones ante el flagelo del crimen organizado que nos acecha como sociedad salvadoreña”.
Otros hallazgos.
Otras irregularidades encontradas fue que la empresa a la que le adjudicaron el contrato no presentó el desglose de precios unitarios que permitiera cuantificar la obra ejecutada que se estaba cancelando.
Señalan los auditores que la falta de ese desglose fue “una limitante para que el técnico asignado por la Corte de Cuentas determinara la obra física ejecutada y la razonabilidad del costo de la misma”.
Más irregularidades
Mientras que al ex fiscal Douglas Meléndez le cuestionan que no haya remitido a la Dirección Financiera Institucional la documentación de bienes digitales, donados por la embajada de Estados Unidos en 2018, para que se hiciera los registros correspondientes. Estos bienes tenían un valor de $287,417.
Meléndez argumentó a la Corte que la unidad beneficiada con las donaciones era la que tenía que notificar a la Dirección Financiera Institucional. “Dichos bienes están en uso y resguardo de la FGR no existe ningún tipo de afectación a la institución”, justificó Meléndez.
Los auditores también cuestionaron la adjudicación de las pólizas de seguro médico hospitalario y colectivo de vida por $419,581 y $2,688,823 respectivamente, a empresas que debieron ser descalificadas del proceso, debido a que no cumplieron con alguno de los términos de referencia establecidos en las bases de licitación.
Los responsables fueron los cinco miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) por no realizar la evaluación conforme a lo establecido en las bases de licitación, según los auditores de la Corte de Cuentas.
Nota con Información de elsalvador.com
El tren volverá a recorrer El Salvador por medio de una apuesta por implementar sistemas ferroviarios en el país.
Recientemente se dio a conocer el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística, y dentro de su contenido se menciona que El Salvador trabajará por desarrollar sistemas ferroviarios que faciliten el traslado de personas y mercaderías internamente, y que a la vez estén interconectados con el resto de las naciones de la región.
Sobre este aspecto, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detalló que el Tren del Pacífico será la nueva apuesta ferroviaria, el cual tendrá un trayecto desde el occidente del país y contará con una inversión de unos $700 millones para implementar todo el sistema.
«Estamos trabajando en la finalización de los diseños [del Tren del Pacífico]. Ya está el primer tramo desde Sonsonate hasta Acajutla. Estamos con el [segundo] tramo desde Acajutla hasta el cantón Sitio del Niño, en Opico. También se trabaja [en el tercer tramo] para llegar a San Salvador», dijo Rodríguez.
La implementación del Tren del Pacífico en la primera etapa contempla una distancia de 103 kilómetros. El proyecto final prevé que se interconecte con el tren de Guatemala y con el Tren Maya, en México, creando un corredor ferroviario que parte desde Canadá y recorre Estados Unidos.
También el Gobierno ha considerado la implementación de un monorriel en el Área Metropolitana de San Salvador, el cual contribuiría a mejorar el tránsito de pasajeros.
En Centroamérica, Honduras, El Salvador y Nicaragua no cuentan con trenes de carga o pasajeros, pero las tres naciones contemplan proyectos para tener un corredor. Por su parte, Costa Rica, Panamá y Guatemala sí tienen estos sistemas.
Con un corredor ferroviario también se harán conexiones marítimas, ya que los trenes estarán cerca de los principales puertos, permitiendo que las mercaderías puedan recorrer el istmo centroamericano.
El plan regional es una proyección a 2035 y contempla una inversión estatal de unos $52,000 millones, repartida entre las naciones centroamericanas. Cada país ha hecho proyecciones sobre las principales obras que planea desarrollar, las cuales se distribuyen entre carreteras, terminales marítimas, aéreas y ferroviarias.
La inversión total que El Salvador prevé ejecutar es de $10,700 millones hasta 2035, que se distribuirá entre 86 proyectos. Con las intervenciones en la infraestructura, el costo promedio para movilizar una tonelada de carga pasará de $0.17 por kilómetro a $0.05, así como una reducción en el tiempo de traslado de 16 km/h a 60 km/h.
Algunas de las obras que se contemplan en el plan ya están en ejecución, como el megaproyecto de Los Chorros.
La primera locomotora que tuvo El Salvador funcionó en 1882, cuando se trajeron desde Inglaterra, y cuyo primer recorrido era entre Sonsonate y Acajutla, y su tracción era con animales de tiro. Desde entonces, hasta la década de 1980, el tren sirvió como un aliado importante para la evolución del país, ya que las actividades comerciales se fortalecían y se hacía más fácil el traslado de mercaderías.
En 2002, finalmente Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (Fenadesal) dejó de operar, y el acorazado de hierro ya no hizo crujir los rieles.
Entre 2007 y 2012 se intentó volver a revitalizar, pero ya no fue una posibilidad, principalmente porque el paso del tiempo había dañado las locomotoras.
En el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, el Despacho de la Primera Dama, en coordinación con los ministerios de Educación, Cultura, Salud y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD), desarrolló el sexto Festival de Tradiciones inclusivo en el Parque Balboa, en el que participaron más de 100 niños de educación parvularia y primer grado de diferentes centros educativos públicos del país.
Este festival, que está dividido en seis estaciones, tiene como objetivo que los menores conozcan, participen y disfruten de las tradiciones y costumbres salvadoreñas, como Las Flores y Las Palmas de Panchimalco, los Farolitos de Ahuachapán, las Bolas de Fuego de Nejapa, el Día de la Cruz y los Chanchules, entre otros.
Los menores participan además de diferentes juegos y dinámicas, en las cuales se involucran dentro de estas tradiciones, al tiempo que conocen de las mismas, a través de la explicación por parte de personal que ha sido capacitado en temas de inclusión en estas actividades de niños discapacitados.
A través de esta iniciativa, los niños con diferentes discapacidades comparten con su familia y el personal especializado de una mañana alegre en la que conocen las distintas tradiciones del país.
La sexta edición tuvo como lema: «Una experiencia lúdico-cultural de inclusión social» y las tradiciones incluidas forman parte de la colección literaria «Árbol de Vida», encabezada por el despacho de la Primera Dama de la República, que plasma la cultura, tradiciones, gastronomía, colores y todo los que caracteriza a los salvadoreños.
El 20 de junio de 2010, un ataque que estremeció al país reveló ser un «acto de venganza». Carlos Alberto Avendaño Dubon, junto a otros criminales ya condenados, buscaba venganza por la muerte de un miembro de su pandilla. Planeaban atacar a motoristas y cobradores de la ruta 32, alegando su colaboración con «una clica contraria».
Se ejecutaron dos atentados el mismo día: uno donde incendiaron un microbús con pasajeros adentro, y otro liderado por Carlos Avendaño, quien disparó hacia una unidad de transporte. En este segundo ataque, perdieron la vida un hombre y una niña de 11 años, además de herir a otros dos pasajeros.
Después de analizar las pruebas, el juez del Tribunal 5° Contra el Crimen Organizado condenó a Carlos Avendaño a 80 años de prisión: 50 años por los dos homicidios agravados y 30 por dos homicidios agravados tentados. Cabe destacar que Avendaño ya cumplía condena en La Esperanza por el delito de agrupaciones ilícitas.
