Nacionales
Caso “Chepe Diablo”: Fiscalía extingue 44 inmuebles más propiedad las familias Salazar Umaña y Umaña Samayoa
La Fiscalía General de la República (FGR) extinguió este día 44 inmuebles propiedad de las las familias Salazar Umaña y Umaña Samayoa, luego de que el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, admitiera la solicitud.
Este proceso de extinción de dominio sobre las numerosos bienes del empresario José Adán Salazar Umaña, “Chepe Diablo”, y su círculo familiar inició a inicios del mes de enero y con esto dichos bienes pasarán a control del Estado de El Salvador.
El reporte fiscal señala que la petición que se ha girado es por un total de 81 inmuebles, entre hoteles y residencias; 259 vehículos; 21 participaciones accionarias; 57 cuentas bancarias y 17 sociedades, entre otros bienes que se presume fueron obtenidos de manera ilícita.
Sin embargo, este día se hizo efectiva solo la segunda fase que comprende de 44 inmuebles.
La información fiscal señala que el empresario, también conocido como “Chepe Diablo”, habría utilizado a no menos de 30 personas para intentar ocultar el origen de las propiedades y objetos confiscados.
Tanto “Chepe Diablo” como su familia y se incluye a los parientes de Umaña Samayoa, su esposa Mirian Haydee Salazar de Umaña; su ex compañera de vida Romelia Guerra Argueta y los hijos, Sara Lissette Umaña Salazar y Karen Patricia Umaña de Ventura y Tránsito Ruth Mira de Guerra, esposa de Guerra.
La Fiscalía señala que las familias señaladas movilizaban grandes de cantidades de dinero en triangulación utilizando el sistema financiero, ocultando-colocando, estratificando fondos, incluido el reparto de utilidades, utilizando la constitución de sociedades involucrando a personas cercanas.
Actualmente Salazar Umaña se encuentra enfrentando un proceso judicial por el delito de lavado de dinero, por el cual estuvo preso durante varios meses en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, pero fue puesto en libertad por orden de una Cámara.
El Ministerio de Salud (MINSAL) informó sobre nueve muertes, suscitados ayer, a causa de la pandemia por COVID-19, en el territorio nacional.
Los fallecidos rondan entre las edades de 60 a 80 años, residentes de varias zonas del país, lo que sumaría a 1,894 decesos a causa de este virus letal en el territorio nacional.
Entre los fallecidos se encuentran, 4 hombres entre los 60 a 80 años, y 3 mujeres, también, de 60 a 80 años.
Actualmente, Salud, reporta 27 personas en estado crítico y 248 en estado grave; quienes se encuentran ingresados en la red hospitalaria del estado.
Sin embargo, 24 personas fueron de alta ayer, gracias a la atención médica del sistema público de salud.
La institución instó a la población a no bajar la guardia y continuar aplicando las medidas de bioseguridad, para prevenir el contagio y evitar las muertes por la COVID-19.
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador y la Comandos de Salvamento reportaron, esta noche, un hombre atrapado en su vehículo al colisionar contra un árbol en el kilómetro 17 de la carretera Comalapa, a la altura del desvío que conduce al municipio de Santo Tomás.
El motorista del sedán se conducía en el sentido que dirige hacia el Aeropuerto de Comalapa, cuando se salió hacia al arriate de la arteria, colisionando posteriormente contra el árbol.
Preliminarmente se conoció que iban varias personas a bordo, sin embargo, solo se conducía una persona de género masculino, de aproximadamente 40 años de edad.
El accidentado resultó con lesiones, por lo que fue asistido por los cuerpos de rescate y trasladado a un centro asistencial.
La Policía Nacional Civil hizo un llamado a los automovilistas, a respetar los límites de velocidad, para evitar este tipo de percances viales.
Judicial
Empresario Enrique Rais pide a Sala de lo Penal abordar resolución de instancia de la ONU que califica de “arbitraria” su privación de libertad
El empresario Enrique Rais llamó a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) a ejercer el principio de “pronta y cumplida justicia” a su favor, a partir de la resolución emitida en su beneficio por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), organismo constituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su Opinión 67-2020, el GTDA estableció que “la privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Al respecto de tal decisión del organismo de la ONU, el empresario hizo llegar una misiva a manos de los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, donde expone la opinión del Grupo de Trabajo.
“Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar ‘pronta y cumplida justicia’, y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a mi persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la fabricación de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de órdenes de prisión preventiva arbitrarias, y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas, por tener calidad de cosa juzgada fraudulenta”, manifestó en su misiva el empresario.
Rais explica que ante la ejecución de un proceso en su contra, “basado en pruebas ilícitas, espúreas y fraudes procesales”, interpuso ante la Fiscalía General de la República sendas denuncias en contra de Wil Walter Ruiz Ponce, ex jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del ex fiscal general, Douglas Meléndez, así como contra un grupo de agentes y exagentes del Ministerio Público que recurrieron maniobras ilegales para incriminarlo.
También denunció a personal técnico de la Fiscalía por participar con acciones ilícitas en la presentación de pruebas.
“Los fiscales y exfiscales de crimen organizado, usando ‘testigos sin rostro’, ‘escuchas telefónicas Ilegales’ y ‘pruebas adulteradas’ violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA”, señaló el empresario.
Recordó Rais que en ese momento inició una batalla legal en favor de sus derechos humanos ante el atropello del que era objeto por parte de agentes fiscales, pero que el juez 5° de Paz de San Salvador consideró que todos los graves hechos en su contra eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados.
“Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA, la cual establece en su numeral 64 lo siguiente: ‘El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del señor Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos'”, instó el empresario
