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Cafetaleros se unen y planifican junto al Gobierno hoja de ruta para el rescate del sector
Por primera vez en la historia, los líderes de las asociaciones y gremiales cafetaleras más representativas del país unificaron esfuerzos con el Gobierno de la República, para ejecutar la hoja de ruta y rescatar el sector, que durante más de tres décadas sufrió el sistemático desmontaje de la cadena productiva nacional.
Y es que, ante la iniciativa del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), David Martínez, el Ejecutivo ha montado una mesa de diálogo con más de 15 gremiales y asociaciones cafetaleras de todo el país, con el objetivo de recopilar los insumos necesarios para ejecutar las acciones integrales y afinar el Plan de Despegue Sostenible del Café, contemplado en la estrategia gubernamental del Plan Maestro de Rescate Agropecuario.
“Estamos muy satisfechos de ver que el Gobierno tiene el tema café entre las prioridades de su agenda agrícola. Es un tema eminentemente técnico y lo están viendo desde ese punto de vista, porque es un sector que genera muchísimo empleos y beneficios intangibles, que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Estamos muy entusiasmados”, indicó el directivo de la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFÉ), Ricardo Esmahan.
En menos de una semana, el Gobierno demostró su voluntad para ofrecer al sector cafetalero verdaderas soluciones para que sean el inicio del rescate a la caficultura nacional, como la reingeniería de la deuda con una nueva línea de créditos por parte de la banca estatal por medio del Banco de Fomento Agropecuario (BFA); así como una línea de créditos para el fomento del agroturismo; pero además, se planteó la integración del sector, como parte integral en la Ley General de Recursos Hídricos, que discute actualmente la Asamblea Legislativa, al reconocer la importancia de los bosques cafetaleros en la recarga hídrica nacional.
“Estamos trabajando de la mano para ofrecer verdaderas soluciones al sector cafetalero, para que este se vuelva rentable y resurja como un eje principal de nuestra economía”, indicó el Ministro David Martínez.
A pesar de que el Gobierno se encuentra en la búsqueda de fondos para el fideicomiso de $640 millones, el Ministro Martínez, aseguró que este se empezará a ejecutar con capital propio, ya que se habilitó una ingeniosa línea de crédito para el sector, que será orientada en $5 millones para la reingeniería de la deuda y $10 millones más para créditos de avío, para que nuestros caficultores inicien la reactivación integral de las fincas. Esos $15 millones serán distribuidos en tres líneas de crédito inéditas en BFA, las que tendrán una tasa de 9% con un año de gracia.
Además, se habilitará una línea de crédito especial para agro turismo, que será a partir de $100,000 para transformar las fincas en centros turísticos. Esta tendrá una tasa del 7%.
“Hasta hoy estamos viendo la luz después de tantos años de abandono. Eso le va a dar sostenibilidad al parque cafetalero nacional y a la producción de café”, dijo el vicepresidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, Amílcar Vega.
Gobierno destinará $1.5 millones para Instituto de Investigación del Café
Otro de los anuncios que recibieron con buenos ojos los líderes cafetaleros es que, en octubre, el Ministro Martínez presentará a la Asamblea Legislativa la ley para la creación del Instituto de Investigación del Café, que tendrá como objetivo del estudio científico y la asistencia de primer nivel para mejorar el cultivo.
Este nuevo instituto cumplirá las funciones que tenía la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (Procafe), que fue desmontada por administraciones pasadas hasta que llegara a su quiebra por falta de recursos en 2011, un momento crítico para el sector, ya que se enfrentaba la crisis de la roya, que redujo la producción a la mitad en el ciclo 2012-2013.
El instituto tendrá asistencia técnica de primer nivel, para convertirse en el referente de la tecnología de la región.
“Es importante reconocer que el Gobierno está empeñado en reactivar este sector y retomar el camino que alguna vez tuvimos; y ser uno de los países productores más importantes del mundo”, concluyó el empresario cafetalero Mario Acosta Oertel.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
