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Cafetaleros se unen y planifican junto al Gobierno hoja de ruta para el rescate del sector
Por primera vez en la historia, los líderes de las asociaciones y gremiales cafetaleras más representativas del país unificaron esfuerzos con el Gobierno de la República, para ejecutar la hoja de ruta y rescatar el sector, que durante más de tres décadas sufrió el sistemático desmontaje de la cadena productiva nacional.
Y es que, ante la iniciativa del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), David Martínez, el Ejecutivo ha montado una mesa de diálogo con más de 15 gremiales y asociaciones cafetaleras de todo el país, con el objetivo de recopilar los insumos necesarios para ejecutar las acciones integrales y afinar el Plan de Despegue Sostenible del Café, contemplado en la estrategia gubernamental del Plan Maestro de Rescate Agropecuario.
“Estamos muy satisfechos de ver que el Gobierno tiene el tema café entre las prioridades de su agenda agrícola. Es un tema eminentemente técnico y lo están viendo desde ese punto de vista, porque es un sector que genera muchísimo empleos y beneficios intangibles, que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Estamos muy entusiasmados”, indicó el directivo de la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFÉ), Ricardo Esmahan.
En menos de una semana, el Gobierno demostró su voluntad para ofrecer al sector cafetalero verdaderas soluciones para que sean el inicio del rescate a la caficultura nacional, como la reingeniería de la deuda con una nueva línea de créditos por parte de la banca estatal por medio del Banco de Fomento Agropecuario (BFA); así como una línea de créditos para el fomento del agroturismo; pero además, se planteó la integración del sector, como parte integral en la Ley General de Recursos Hídricos, que discute actualmente la Asamblea Legislativa, al reconocer la importancia de los bosques cafetaleros en la recarga hídrica nacional.
“Estamos trabajando de la mano para ofrecer verdaderas soluciones al sector cafetalero, para que este se vuelva rentable y resurja como un eje principal de nuestra economía”, indicó el Ministro David Martínez.
A pesar de que el Gobierno se encuentra en la búsqueda de fondos para el fideicomiso de $640 millones, el Ministro Martínez, aseguró que este se empezará a ejecutar con capital propio, ya que se habilitó una ingeniosa línea de crédito para el sector, que será orientada en $5 millones para la reingeniería de la deuda y $10 millones más para créditos de avío, para que nuestros caficultores inicien la reactivación integral de las fincas. Esos $15 millones serán distribuidos en tres líneas de crédito inéditas en BFA, las que tendrán una tasa de 9% con un año de gracia.
Además, se habilitará una línea de crédito especial para agro turismo, que será a partir de $100,000 para transformar las fincas en centros turísticos. Esta tendrá una tasa del 7%.
“Hasta hoy estamos viendo la luz después de tantos años de abandono. Eso le va a dar sostenibilidad al parque cafetalero nacional y a la producción de café”, dijo el vicepresidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, Amílcar Vega.
Gobierno destinará $1.5 millones para Instituto de Investigación del Café
Otro de los anuncios que recibieron con buenos ojos los líderes cafetaleros es que, en octubre, el Ministro Martínez presentará a la Asamblea Legislativa la ley para la creación del Instituto de Investigación del Café, que tendrá como objetivo del estudio científico y la asistencia de primer nivel para mejorar el cultivo.
Este nuevo instituto cumplirá las funciones que tenía la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (Procafe), que fue desmontada por administraciones pasadas hasta que llegara a su quiebra por falta de recursos en 2011, un momento crítico para el sector, ya que se enfrentaba la crisis de la roya, que redujo la producción a la mitad en el ciclo 2012-2013.
El instituto tendrá asistencia técnica de primer nivel, para convertirse en el referente de la tecnología de la región.
“Es importante reconocer que el Gobierno está empeñado en reactivar este sector y retomar el camino que alguna vez tuvimos; y ser uno de los países productores más importantes del mundo”, concluyó el empresario cafetalero Mario Acosta Oertel.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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