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Cafetaleros se unen y planifican junto al Gobierno hoja de ruta para el rescate del sector
Por primera vez en la historia, los líderes de las asociaciones y gremiales cafetaleras más representativas del país unificaron esfuerzos con el Gobierno de la República, para ejecutar la hoja de ruta y rescatar el sector, que durante más de tres décadas sufrió el sistemático desmontaje de la cadena productiva nacional.
Y es que, ante la iniciativa del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), David Martínez, el Ejecutivo ha montado una mesa de diálogo con más de 15 gremiales y asociaciones cafetaleras de todo el país, con el objetivo de recopilar los insumos necesarios para ejecutar las acciones integrales y afinar el Plan de Despegue Sostenible del Café, contemplado en la estrategia gubernamental del Plan Maestro de Rescate Agropecuario.
“Estamos muy satisfechos de ver que el Gobierno tiene el tema café entre las prioridades de su agenda agrícola. Es un tema eminentemente técnico y lo están viendo desde ese punto de vista, porque es un sector que genera muchísimo empleos y beneficios intangibles, que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Estamos muy entusiasmados”, indicó el directivo de la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFÉ), Ricardo Esmahan.
En menos de una semana, el Gobierno demostró su voluntad para ofrecer al sector cafetalero verdaderas soluciones para que sean el inicio del rescate a la caficultura nacional, como la reingeniería de la deuda con una nueva línea de créditos por parte de la banca estatal por medio del Banco de Fomento Agropecuario (BFA); así como una línea de créditos para el fomento del agroturismo; pero además, se planteó la integración del sector, como parte integral en la Ley General de Recursos Hídricos, que discute actualmente la Asamblea Legislativa, al reconocer la importancia de los bosques cafetaleros en la recarga hídrica nacional.
“Estamos trabajando de la mano para ofrecer verdaderas soluciones al sector cafetalero, para que este se vuelva rentable y resurja como un eje principal de nuestra economía”, indicó el Ministro David Martínez.
A pesar de que el Gobierno se encuentra en la búsqueda de fondos para el fideicomiso de $640 millones, el Ministro Martínez, aseguró que este se empezará a ejecutar con capital propio, ya que se habilitó una ingeniosa línea de crédito para el sector, que será orientada en $5 millones para la reingeniería de la deuda y $10 millones más para créditos de avío, para que nuestros caficultores inicien la reactivación integral de las fincas. Esos $15 millones serán distribuidos en tres líneas de crédito inéditas en BFA, las que tendrán una tasa de 9% con un año de gracia.
Además, se habilitará una línea de crédito especial para agro turismo, que será a partir de $100,000 para transformar las fincas en centros turísticos. Esta tendrá una tasa del 7%.
“Hasta hoy estamos viendo la luz después de tantos años de abandono. Eso le va a dar sostenibilidad al parque cafetalero nacional y a la producción de café”, dijo el vicepresidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, Amílcar Vega.
Gobierno destinará $1.5 millones para Instituto de Investigación del Café
Otro de los anuncios que recibieron con buenos ojos los líderes cafetaleros es que, en octubre, el Ministro Martínez presentará a la Asamblea Legislativa la ley para la creación del Instituto de Investigación del Café, que tendrá como objetivo del estudio científico y la asistencia de primer nivel para mejorar el cultivo.
Este nuevo instituto cumplirá las funciones que tenía la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (Procafe), que fue desmontada por administraciones pasadas hasta que llegara a su quiebra por falta de recursos en 2011, un momento crítico para el sector, ya que se enfrentaba la crisis de la roya, que redujo la producción a la mitad en el ciclo 2012-2013.
El instituto tendrá asistencia técnica de primer nivel, para convertirse en el referente de la tecnología de la región.
“Es importante reconocer que el Gobierno está empeñado en reactivar este sector y retomar el camino que alguna vez tuvimos; y ser uno de los países productores más importantes del mundo”, concluyó el empresario cafetalero Mario Acosta Oertel.
Principal
BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
