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Cafetaleros se unen y planifican junto al Gobierno hoja de ruta para el rescate del sector
Por primera vez en la historia, los líderes de las asociaciones y gremiales cafetaleras más representativas del país unificaron esfuerzos con el Gobierno de la República, para ejecutar la hoja de ruta y rescatar el sector, que durante más de tres décadas sufrió el sistemático desmontaje de la cadena productiva nacional.
Y es que, ante la iniciativa del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), David Martínez, el Ejecutivo ha montado una mesa de diálogo con más de 15 gremiales y asociaciones cafetaleras de todo el país, con el objetivo de recopilar los insumos necesarios para ejecutar las acciones integrales y afinar el Plan de Despegue Sostenible del Café, contemplado en la estrategia gubernamental del Plan Maestro de Rescate Agropecuario.
“Estamos muy satisfechos de ver que el Gobierno tiene el tema café entre las prioridades de su agenda agrícola. Es un tema eminentemente técnico y lo están viendo desde ese punto de vista, porque es un sector que genera muchísimo empleos y beneficios intangibles, que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Estamos muy entusiasmados”, indicó el directivo de la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFÉ), Ricardo Esmahan.
En menos de una semana, el Gobierno demostró su voluntad para ofrecer al sector cafetalero verdaderas soluciones para que sean el inicio del rescate a la caficultura nacional, como la reingeniería de la deuda con una nueva línea de créditos por parte de la banca estatal por medio del Banco de Fomento Agropecuario (BFA); así como una línea de créditos para el fomento del agroturismo; pero además, se planteó la integración del sector, como parte integral en la Ley General de Recursos Hídricos, que discute actualmente la Asamblea Legislativa, al reconocer la importancia de los bosques cafetaleros en la recarga hídrica nacional.
“Estamos trabajando de la mano para ofrecer verdaderas soluciones al sector cafetalero, para que este se vuelva rentable y resurja como un eje principal de nuestra economía”, indicó el Ministro David Martínez.
A pesar de que el Gobierno se encuentra en la búsqueda de fondos para el fideicomiso de $640 millones, el Ministro Martínez, aseguró que este se empezará a ejecutar con capital propio, ya que se habilitó una ingeniosa línea de crédito para el sector, que será orientada en $5 millones para la reingeniería de la deuda y $10 millones más para créditos de avío, para que nuestros caficultores inicien la reactivación integral de las fincas. Esos $15 millones serán distribuidos en tres líneas de crédito inéditas en BFA, las que tendrán una tasa de 9% con un año de gracia.
Además, se habilitará una línea de crédito especial para agro turismo, que será a partir de $100,000 para transformar las fincas en centros turísticos. Esta tendrá una tasa del 7%.
“Hasta hoy estamos viendo la luz después de tantos años de abandono. Eso le va a dar sostenibilidad al parque cafetalero nacional y a la producción de café”, dijo el vicepresidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, Amílcar Vega.
Gobierno destinará $1.5 millones para Instituto de Investigación del Café
Otro de los anuncios que recibieron con buenos ojos los líderes cafetaleros es que, en octubre, el Ministro Martínez presentará a la Asamblea Legislativa la ley para la creación del Instituto de Investigación del Café, que tendrá como objetivo del estudio científico y la asistencia de primer nivel para mejorar el cultivo.
Este nuevo instituto cumplirá las funciones que tenía la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (Procafe), que fue desmontada por administraciones pasadas hasta que llegara a su quiebra por falta de recursos en 2011, un momento crítico para el sector, ya que se enfrentaba la crisis de la roya, que redujo la producción a la mitad en el ciclo 2012-2013.
El instituto tendrá asistencia técnica de primer nivel, para convertirse en el referente de la tecnología de la región.
“Es importante reconocer que el Gobierno está empeñado en reactivar este sector y retomar el camino que alguna vez tuvimos; y ser uno de los países productores más importantes del mundo”, concluyó el empresario cafetalero Mario Acosta Oertel.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
