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Nacionales

C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad

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La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.

Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.

La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.

En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad  presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.

El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.

Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.

En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.

Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.

Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.

Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.

Judicial

Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador

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El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.

Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.

La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.

Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.

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Principal

VMT intensifica controles al transporte de carga en El Salvador con más de 60 operativos diarios

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El Viceministerio de Transporte (VMT) mantiene desplegados equipos de inspección en diferentes carreteras de El Salvador para verificar que los vehículos de carga cumplan con las disposiciones de tránsito y las condiciones de seguridad exigidas por la ley. Los operativos incluyen revisiones mecánicas, documentación reglamentaria y controles de circulación, con el objetivo de reducir los riesgos de accidentes y garantizar una movilidad más segura para conductores y peatones.

De acuerdo con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, las autoridades realizan entre 60 y 65 operativos diarios en todo el territorio nacional, que comprenden inspecciones en carretera, controles de pesaje, verificación de horarios restringidos y revisiones técnicas. Estas acciones están dirigidas a un parque vehicular de aproximadamente 160,000 unidades de transporte de carga, entre camiones, rastras y otros vehículos utilizados para el traslado de mercancías.

Los controles también se desarrollan en la zona oriental del país y en importantes corredores viales como la carretera Panamericana, el tramo de Los Chorros, la autopista a Comalapa, el bulevar del Ejército, el bulevar Constitución y la carretera al Puerto de La Libertad. En estos sectores, los gestores de tránsito verifican el cumplimiento de las restricciones de circulación, especialmente durante los horarios de mayor congestionamiento vehicular, así como las condiciones de las unidades y sus respectivos permisos.

Las inspecciones han permitido detectar más de 30 vehículos de carga con irregularidades, entre ellas fallas mecánicas, exceso de peso y modificaciones no autorizadas. Como parte del fortalecimiento de la seguridad vial, desde el 5 de octubre se exige la revisión técnica a los vehículos de volteo, mientras se amplían los diagnósticos preventivos para el transporte comercial. Las infracciones pueden generar multas de $50, $100 o $150, según su gravedad, además de sanciones específicas por sobrepeso que pueden alcanzar montos superiores.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en diferentes puntos del país para identificar unidades que representen riesgos en las carreteras. El VMT también mantiene la vigilancia sobre el estado de los neumáticos, sistemas de frenos, luces, dispositivos de seguridad y condiciones de la carga. Estas medidas forman parte de los esfuerzos para prevenir siniestros viales y promover el cumplimiento de las normas entre las empresas transportistas y los conductores de vehículos pesados.

 

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Sucesos

Motociclista resulta lesionado tras caer a una cuneta en San Rafael Obrajuelo, La Paz

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Un motociclista resultó con múltiples lesiones luego de sufrir un accidente de tránsito y caer a una cuneta durante la noche del viernes 9 de octubre, en el departamento de La Paz. El percance ocurrió a la altura del cantón La Palma, en el distrito de San Rafael Obrajuelo, municipio de La Paz Este, donde fue necesaria la intervención de equipos de emergencia para auxiliar al conductor.

De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento, voluntarios de la seccional de Zacatecoluca recibieron una alerta sobre el accidente y se desplazaron hasta el lugar para atender a la víctima. Los socorristas realizaron una evaluación inicial de las lesiones y brindaron asistencia prehospitalaria para estabilizar al motociclista antes de su traslado a un centro asistencial.

El conductor fue trasladado al Hospital Nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca, donde recibiría una evaluación médica más completa para determinar la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre su identidad, edad o condición de salud posterior al ingreso hospitalario.

Las circunstancias que provocaron la caída todavía no han sido esclarecidas. Tampoco se ha confirmado si el accidente estuvo relacionado con el estado de la carretera, una maniobra del conductor u otros factores. El incidente ocurre en una semana en la que los cuerpos de socorro han atendido otros accidentes de motocicleta en La Paz, incluidos dos percances registrados en el distrito de Zacatecoluca que dejaron varias personas lesionadas.

Los accidentes de motocicleta continúan siendo una preocupación para la seguridad vial en El Salvador, debido a la vulnerabilidad de sus conductores ante caídas y colisiones. Las autoridades recomiendan utilizar casco certificado, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y extremar las precauciones durante la conducción nocturna, especialmente en carreteras con poca iluminación o condiciones adversas.

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