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C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
Un hombre de 60 años resultó lesionado tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba trabajos sobre una escalera en el centro del distrito de Santa Ana.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la 7ª calle poniente, entre la 6ª y 8ª avenida sur, donde la víctima cayó mientras desarrollaba sus labores.
Socorristas de la Cruz Azul Salvadoreña, seccional Santa Ana, acudieron al lugar para estabilizar al hombre.
Posteriormente, fue trasladado hacia el Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.
Más de 200 auditores inician labores de verificación en vacaciones de Semana Santa.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició hoy el Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales, mediante el despliegue de auditores gubernamentales en puntos estratégicos del territorio salvadoreño, tal como lo anunció la semana pasada en conferencia de prensa.
Durante este periodo vacacional, la CCR verificará que los recursos del Estado sean utilizados exclusivamente para el beneficio público. Asimismo, auditores de las direcciones regionales de Santa Ana, San Miguel y de la zona central supervisaron que los servidores que hacen uso de vehículos nacionales cumplan con los requisitos necesarios para su circulación, entre ellos: la portación de misiones oficiales debidamente autorizadas por funcionarios competentes, la definición de la finalidad de la misión, fecha y horario, así como la identificación del conductor. También se comprueba que los vehículos porten placas y distintivos institucionales, y que cuenten con la tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes.
Con estas acciones, la CCR ejerce un rol determinante en la supervisión del parque vehicular estatal y garantiza el cumplimiento estricto de la normativa aplicable.
Durante la semana, se tiene previsto que el presidente Walter Sosa, junto a los magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores, supervisen en distintos puntos de control a nivel nacional el trabajo realizado por los equipos de auditoría.
La Cruz Roja Salvadoreña graduó a 25 socorristas especializados en rescate urbano, en el marco del lanzamiento de su plan institucional para la atención de emergencias en Semana Santa.
Los participantes, provenientes de distintas seccionales de la zona oriental del país, fortalecieron sus capacidades en áreas como rescate vehicular y rescate vertical, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de alto riesgo.
De acuerdo con la institución, la capacitación incluyó formación teórica y práctica desarrollada durante seis fines de semana, en los que los socorristas pusieron a prueba técnicas modernas de extracción vehicular, uso de equipo hidráulico y maniobras de ascenso y descenso mediante sistemas de cuerdas.
