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C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
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El Salvador registra aumento del 35 % en turismo internacional y suma 1.7 millones de visitantes hasta abril
El turismo en El Salvador mantiene una tendencia al alza durante 2026. Entre enero y abril, el país recibió 1.7 millones de visitantes internacionales, una cifra que representa un crecimiento del 35 % en comparación con el mismo período del año pasado, según informó la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán.
Solo en abril ingresaron al país 473,000 visitantes, convirtiéndose junto con febrero y marzo en los meses con mayor llegada de turistas internacionales en lo que va del año.
«Febrero, marzo y abril del 2026 han sido los meses en los que han venido más visitantes internacionales; solo en abril tuvimos 473,000», afirmó Durán.
La funcionaria destacó que el país ya ha alcanzado más del 40 % del objetivo turístico proyectado para este año, que es recibir 4.2 millones de visitantes. La meta supera ligeramente el registro de 2025, cuando El Salvador cerró con 4.1 millones de turistas.
De acuerdo con Corsatur, el crecimiento ha sido impulsado, en parte, por el desarrollo de eventos internacionales y una estrategia de promoción enfocada en mercados clave de la región.
«Hemos estado llenos de eventos internacionales, los que más nos han visitado son procedentes de Guatemala, Estados Unidos y Honduras. Con la Cámara Salvadoreña de Turismo tenemos una fuerte campaña en los países vecinos para que conozcan todas las actividades y nos está yendo bien, porque muchas personas están llegando a nuestro territorio», señaló.
Además de estos mercados principales, El Salvador también está recibiendo visitantes provenientes de Canadá, México, Panamá y Colombia, lo que refleja una mayor diversificación del turismo internacional hacia el país.
El incremento en la llegada de turistas consolida al sector como uno de los motores de crecimiento económico para 2026, en medio de los esfuerzos del Gobierno y del sector privado por fortalecer la oferta turística.
«¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste? Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron». Así reaccionó el presidente Nayib Bukele tras el asesinato de un elemento de la Policía Nacional Civil (PNC) en Nueva Concepción, Chalatenango, en 2023, que fue atacado por pandilleros mientras realizaba un patrullaje junto con otros agentes.
Al igual que en este caso, el mandatario ha reiterado en distintas ocasiones su postura de mantener medidas firmes contra las estructuras criminales, especialmente cuando policías o soldados han sido atacados durante operativos. Bukele ha sostenido que, a diferencia de años pasados, actualmente las fuerzas de seguridad han logrado recuperar el control del territorio y responder con rapidez ante cualquier agresión.
«No estamos combatiendo angelitos, sino al mismo demonio», dijo también luego del asesinato de tres policías en 2022 en una emboscada de terroristas de la pandilla 18. El ataque ocurrió en el sector de la línea férrea, cerca de la comunidad La Realidad, en Santa Ana. «Esto no va quedar así, van a pagar caro el asesinato de estos tres héroes».
Casos como estos han marcado las reacciones del presidente ante los cada vez más aislados ataques dirigidos contra policías y soldados que participaban en operativos contra pandillas; postura no adoptada en administraciones pasadas cuando cientos de integrantes de cuerpos de seguridad y sus familias fueron amenazados e incluso asesinados.
Por ejemplo, en 2015, los registros históricos detallan que 67 agentes fueron atacados y asesinados. Entre los crímenes se registra un doble asesinato, ocurrido en San Matías, departamento de La Libertad, el 4 agosto de ese año, tras una emboscada perpetrada por un grupo de pandilleros.
Las autoridades mencionaron, en esa ocasión, que los agentes llegaron en una patrulla al cantón Santa Rosa para ubicar a criminales que se escondían en esa zona.
Los datos oficiales reflejan que, en años anteriores, las pandillas atentaron de forma constante contra miembros de la PNC. Por ejemplo, en 2009 fueron asesinados 24 agentes; en 2010, la cifra fue de 23; en 2011 se reportaron 19; en 2012, 16; en 2013, 13; mientras que en 2014, el número incrementó a 39 policías fallecidos en ataques perpetrados por estructuras delincuenciales.
En los años siguientes, la violencia contra elementos de seguridad no se detuvo. En 2016 se registró la muerte de al menos 47 policías a manos de pandillas, una de las cifras más altas en ese período. Asimismo, en 2018, se contabilizaron 33 casos; en 2019, 29; y en 2020, 13 policías perdieron la vida en hechos atribuidos a estos grupos delictivos.
Posteriormente, los ataques a cuerpos de seguridad disminuyeron, pese a que no hay una cifra oficial de casos acumulados, solo se han registrado algunos aislados. Como en noviembre de 2025, cuando un equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía fue atacado con un arma de fuego mientras realizaba un patrullaje en una zona boscosa del caserío Los Montanos, en el distrito de Santa Clara, San Vicente Norte.
En distintas ocasiones, Bukele ha señalado la prioridad de su administración en garantizar la protección de la población y de los elementos de seguridad que diariamente participan en tareas de patrullaje, investigaciones y capturas de integrantes de grupos criminales. Asimismo, ha destacado que, a diferencia de años anteriores, actualmente las autoridades cuentan con mayor capacidad operativa para responder de manera inmediata ante cualquier agresión.
Los pocos ataques contra policías o soldados que se han registrado bajo la administración Bukele han sido respondidos inmediatamente con operativos de búsqueda, implementación de cercos de seguridad y procesos judiciales para evitar la impunidad.
Por ejemplo, por el homicidio de los tres policías en Santa Ana, ocho terroristas del Barrio 18, que delinquían en Chalchuapa, fueron condenados a penas de hasta 175 años de prisión. Fueron procesados por el homicidio agravado de las tres víctimas y por agrupaciones ilícitas.
Hay parejas que se juran amor hasta que la muerte los separe, pero hay otras que permanecen juntas hasta que el crimen los lleva a la cárcel, este es el caso de al menos cinco parejas de esposos que han sido condenadas en lo que va del año con penas que van desde los 10 hasta los 43 años de prisión.
Según los reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1.° de enero y el 18 de mayo de este año, los cinco matrimonios han sido condenados por los delitos de homicidio, estafa, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas y hurto.
El pasado 15 de mayo, la Fiscalía consiguió que los esposos Keiry Yarissa Lizama Carranza y Edwin Antonio Hernández Sorto fueran condenados a 10 y 20 años de cárcel, respectivamente. La pareja fue procesada por el delito de tráfico de drogas.
Según la acusación fiscal, Hernández Sorto fue capturado el 27 de marzo de 2025 mientras conducía un vehículo en la 8.ª avenida sur y la 3.ª calle poniente, en la ciudad de San Miguel.
«El procesado al observar la presencia policial se puso nervioso e intentó darse a la fuga. Al ver esa acción, la Policía lo detuvo y realizó un registro preventivo», señaló el fiscal del caso.
La Policía Nacional Civil (PNC) localizó en el interior del vehículo más de 10 gramos de cocaína y $2,000 en efectivo.
«Mientras que, en un registro con prevención de allanamiento, el 28 de marzo del mismo año en la vivienda de Hernández Sorto, en la residencial San Francisco, en San Miguel, fue capturada su pareja, Lizama Carranza», detalló el fiscal.
En la vivienda, la PNC decomisó 53 gramos de marihuana, una balanza electrónica y varias bolsas. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel.
LOS GÁMEZ AVILÉS SON ESTAFADORES
A 16 años de cárcel fueron condenados Óscar Adilio Gámez Leiva y su esposa, Roxana del Carmen Avilés de Gámez, por estafar a 12 víctimas al ofrecerles visas falsas de trabajo en el extranjero.
«Los ofendidos le entregaron a la pareja en diferentes fechas diversas cantidades de dinero con la promesa de obtener una visa de trabajo en Estados Unidos y en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos», explicó la fiscal del caso.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, a inicios de octubre de 2021, los esposos promovieron en una oficina y mediante varias reuniones en un restaurante del distrito de Dolores, en Cabañas Este, el engaño al tramitar y obtener visas de trabajo en el extranjero.
«Las víctimas les entregaron cantidades entre los $2,500 y $5,000 con la esperanza de viajar fuera del país para obtener un trabajo», indicó la fiscal.
La pareja fue condenada por el juez del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que además dictaminó que ambos les paguen a las víctimas $20,000 en concepto de responsabilidad civil.
CONDENA MÁS ALTA
El 24 de abril, en Usulután, Wendy Saraí Gómez y Víctor Geovanny Melgar fueron condenados a 43 años de prisión por el homicidio en perjuicio de un bebé de dos años.
La pareja cometió el crimen en el distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste. Según las investigaciones, los imputados son la madre y el padrastro de la víctima; ambos ejercían violencia sobre el menor de edad.
«En mayo de 2024, el imputado asfixió al bebé y momentos después lo llevaron al hospital por un supuesto ataque de epilepsia; sin embargo, los médicos activaron el protocolo de muerte sospechosa al ver los signos de violencia en el cuerpo de la víctima», explicó el fiscal del caso.
ESPOSOS DEBEN DEVOLVER MÁS DE $289,000 AL ESTADO
En febrero, la robusta investigación desarrollada por la Fiscalía permitió la condena civil de Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, exdirector ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia) y la de su esposa, Violeta de Jenkins, por enriquecimiento ilícito de $289,567.89, producto de 14 irregularidades financieras realizadas entre 2006 y 2010, período en el que Jenkins Lorenzana estuvo en el cargo.
