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C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
El Banco Central de Reserva (BCR), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abrió una convocatoria masiva de empleo temporal que supera las 1,400 oportunidades en todo el país.
Se trata de plazas vinculadas al levantamiento de la Cartografía Económica, un componente clave dentro del Programa de Modernización del Sistema Estadístico.
Las vacantes disponibles corresponden a dos perfiles: Gestor de Información y Supervisor de Campo, ambos con contratación por servicios profesionales.
Para el puesto de Gestor de Información de Cartografía Económica, el BCR busca contratar hasta 1,167 personas, además de contar con una reserva de 350 candidatos elegibles.
Este cargo ofrece un pago mensual de $800 líquidos (tras el descuento del 10% de ISR) y está dirigido a personas con estudios universitarios o graduados en áreas como Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo, Ingeniería o Ciencias Sociales.
Entre los requisitos clave destaca haber participado al menos en un proyecto de levantamiento de información, como censos o encuestas. También se solicita manejo de dispositivos móviles, conocimiento básico de aplicativos, técnicas de entrevista y familiaridad con clasificaciones económicas.
Por otro lado, el BCR también abrió 296 plazas para el cargo de Supervisor de Campo de Cartografía Económica, con una reserva adicional de 89 candidatos. En este caso, el salario mensual asciende a $1,000 líquidos.
Este perfil exige un nivel más avanzado, los aspirantes deben ser graduados universitarios en carreras afines y contar no solo con experiencia en levantamiento de información, sino también, de preferencia, haber desempeñado roles de supervisión o coordinación en proyectos similares.
Además, se requiere manejo de herramientas ofimáticas como Word, Excel y PowerPoint, elaboración de informes, uso de dispositivos móviles y conocimiento en clasificaciones económicas y técnicas de entrevista.
Ambas posiciones son contratos temporales de aproximadamente dos meses, aunque podrían extenderse dependiendo del avance del proyecto. El trabajo será presencial en distintos puntos del país, según asignación.
Las plazas están distribuidas en todos los departamentos, siendo San Salvador el que concentra la mayor cantidad de oportunidades, seguido por La Libertad, Santa Ana y San Miguel.
En cuanto al proceso de aplicación, los interesados deben completar su registro en línea y subir la documentación requerida, que incluye: currículum vitae, DUI vigente, comprobantes de estudios, constancias de experiencia laboral, antecedentes penales y solvencia policial.
El periodo para aplicar es del 24 al 30 de abril de 2026, y según advierte el BCR, cualquier omisión en los requisitos será motivo de exclusión inmediata del proceso.
Otro punto importante es la modalidad de pago, los honorarios se entregarán mensualmente contra cumplimiento de metas y entrega de productos, lo que implica que los contratados deberán trabajar bajo objetivos específicos.
Para quienes facturan con IVA, deberán emitir factura de consumidor final, aunque los ingresos estarán exentos de este impuesto.
El proceso ya está abierto y puede realizarse en línea a través del sitio oficial del BCR:
https://formularios.bcr.gob.sv/vacantes
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Periodista de El Faro a favor de juicio para 486 mareros pero exige que sea con base a ley y no por caprichos
El periodista de El Faro, Carlos Martínez d’Aubuisson, se mostró de acuerdo del juicio en contra de 486 mareros de la MS, pero indicó que es necesario que el proceso se desarrolle con base a pruebas con contra de los sujetos y que no sea solo por caprichos de un sector o netamente propagandístico
Según Martínez Martínez d’Aubuisson, espera que recibieran un juicio «solido y con el amparo de la ley» para que reciban su condena por los hechos delictivos cometidos.
Además, el periodista de El Faro está pidiendo que se individualice cada caso para que sean castigados «correctamente» estos miembros de la Mara Salvatrucha MS-13.
Estos 486 terroristas de la MS son quienes ostentan rangos de ranfleros históricos, ranfleros de las calles y corredores de programa, los cuales ordenaron crimenes y afectaron a muchas familias salvadoreñas.
En el transcurso de 2026, el régimen de excepción ha permitido a las autoridades mantenerse firmes para localizar y capturar a integrantes de estructuras pandilleriles que aún permanecen activos o en la clandestinidad.
Entre el 1.° de enero y el 15 de abril, las autoridades han localizado a 1,110 vinculados a pandillas, entre integran tes y colaboradores.
Las estadísticas de Seguridad detallan que desde el 27 de marzo de 2022 hasta el cierre de 2025 se efectuaron 90,844 detenciones. Esta cifra aumentó a 91,954 hasta el pasado 15 de abril.
Durante el régimen de excepción, las autoridades también han decomisado a estas estructuras 5,361 armas de fuego, 12,038 vehículos, 24,673 celulares y droga con un valor económico de $1,533,948,635.
El régimen de excepción ha facilitado investigaciones más ágiles, intervenciones y detenciones. De igual forma, las fuerzas de seguridad mantienen operativos constantes en distintas zonas del país, y se enfocan en desarticular remanentes de estos grupos para evitar que se reorganicen. Hasta la fecha, la medida constitucional ha sido prorrogada 49 ocasiones; la última extensión está vigente desde el 1.º hasta el 30 de abril de 2026.
Entre los últimos detenidos está Henry Ernesto Carballo Telule, de 26 años. La Policía Nacional Civil informó que está perfilado como un homeboy de la MS-13, clica Francis Locos Salvatruchos.
Además, Carballo tiene antecedentes desde 2017 por homicidio tentado y portación ilegal de arma de fuego. «Según las investigaciones se encargaba de movilizar las armas y droga de la pandilla», estableció la corporación policial.
El detenido será remitido a las autoridades correspondientes para que sea procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
