Nacionales
C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
Una rastra impactó esta tarde contra dos vehículos en la carretera que conduce de Izalco a Sonsonate, a la altura de Tropigas, y uno de esos automotores terminó golpeando a un motociclista. El percance dejó al menos ocho personas atendidas. No se reportan fallecidos. Comandos de Salvamento de Sonsonate confirmó la atención en el sitio. Un reporte ubica el hecho también en jurisdicción de Sonzacate.
Los socorristas indicaron que la mayoría presentaba crisis nerviosa, presión arterial elevada y golpes en distintas partes del cuerpo. El caso más delicado fue el del motociclista, de 25 años, con lesiones en la pierna izquierda, la espalda y el tórax. Fue evaluado en la escena y trasladado a un hospital de Sonsonate. No se han publicado nombres de las demás víctimas ni de los conductores.
La causa exacta sigue en investigación: aún no hay parte de la PNC sobre velocidad, invasión de carril o falla mecánica. El choque ocurre el mismo día de otros dos siniestros graves —el múltiple del redondel Integración, en San Salvador, y el de la carretera Litoral en San Nicolás Lempa— y refuerza la alerta sobre el tránsito de carga pesada en vías mixtas. Quienes circulen por Izalco-Sonsonate deben tomar precaución mientras se retiran las unidades.
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Judicial
Capturan al representante legal de la empresa dueña de la volqueta del choque en Integración
La PNC capturó este miércoles a Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa propietaria de la volqueta que desencadenó el choque múltiple en el bulevar Constitución, cerca del redondel Integración, rumbo a Apopa. La Policía informó que será remitido a las instancias correspondientes. No detalló, por ahora, el delito exacto que se le imputa. La detención se suma a la del motorista y abre la línea de investigación sobre la empresa, no solo sobre quien iba al volante.
Horas antes había sido detenido Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, conductor de la unidad. Resultó con una lesión en el brazo izquierdo y quedó bajo custodia en un hospital. La PNC lo remitirá por homicidio culposo y lesiones culposas. El ministro de Obras Públicas precisó un punto que varios posts resumieron mal: el motorista sí tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para circular con esa volqueta. “Al no tener los permisos cometió una irresponsabilidad al manejar una unidad por la cual esta persona no estaba autorizada”, dijo.
El siniestro, reportado a las 9:22 a.m., dejó dos muertos, ocho heridos y 15 vehículos; cuatro se incendaron. La Corte Suprema de Justicia confirmó que una de las víctimas es María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango. La segunda es un hombre de 30 años que murió en el traslado. El funcionario indicó que la volqueta perdió los frenos y que la revisión de la carga descartó sobrepeso. Desde el 8 de agosto se han inspeccionado 1,653 unidades de carga antiguas y anunció más controles. La Fiscalía deberá establecer si, además de la falta de permiso, hubo fallas de mantenimiento atribuibles a la empresa.
Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años de edad, es el responsable de ocasionar un accidente de tránsito esta mañana en las cercanías del redondel Integración, con sentido hacia Apopa, San Salvador Oeste.
Capturamos al representante legal del GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa responsable de la volqueta que ocasionó el accidente de tránsito está mañana en las cercanías del redondel Integración, Apopa, San Salvador Oeste.
Lo identificamos como Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27… https://t.co/gfGDiomgCU pic.twitter.com/lLNv3V6JZt
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 30, 2026
La Corte Suprema de Justicia confirmó que María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango, es una de las dos personas que murieron este miércoles en el choque múltiple del bulevar Constitución, entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel, rumbo a Apopa. El órgano judicial emitió una esquela y expresó condolencias a su familia. La PNC cerró el balance en dos fallecidos, ocho lesionados y 15 vehículos; cuatro se incendieron.
Hernández Portillo viajaba en uno de los automóviles alcanzados cuando una volqueta de GRUPO GEA S.A. de C.V. perdió los frenos y colisionó en cadena. Protección Civil reportó la emergencia a las 9:22 a.m. Los socorristas usaron equipo hidráulico para extraer a una persona atrapada. La Policía no ha identificado de forma oficial a esa víctima como la jueza: dijo que el segundo fallecido es un hombre de 30 años, conductor de quien fue rescatada, y que murió en el traslado a un hospital.
El ministro de Obras Públicas indicó que se revisó la carga y se descartó sobrepeso. El motorista, Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para esa unidad. Quedó herido en un brazo, bajo custodia en un hospital, y será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas. También fue capturado Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de la empresa.
El gobierno anunció más controles al transporte de carga. Cronio lamenta la muerte de la funcionaria y acompaña a su familia y al sector judicial.
