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C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
