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C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
Un automóvil tipo sedán quedó empotrado en el separador de carriles de la carretera Troncal del Norte, luego de sufrir un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en el paso a desnivel ubicado en la entrada al distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
Una niña que viajaba en el vehículo resultó lesionada y fue atendida en el lugar por socorristas de Brigadistas Voluntarios. Debido a que sus lesiones eran leves, no fue necesario trasladarla a un centro médico.
La responsabilidad de este nuevo siniestro vial será determinada mediante la inspección correspondiente de la Policía Nacional Civil (PNC).
El cielo estará mayormente despejado durante la mañana de este martes, mientras que por la tarde se prevé poca nubosidad, con lluvias puntuales en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en sectores del norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Morazán.
Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado y podrían registrarse lluvias puntuales en la zona paracentral y central del país, principalmente en los departamentos de Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y La Libertad.
En caso de que las lluvias se intensifiquen, estas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora.
El viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora. Asimismo, el ambiente será muy cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este acelerado y una vaguada en Centroamérica. Sin embargo, ambos sistemas no cuentan con suficiente apoyo para favorecer una mayor formación de nubosidad, por lo que se prevén únicamente lluvias puntuales en diferentes sectores del territorio nacional.
Los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) mantendrán sus protecciones migratorias mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no tome una decisión sobre el futuro del programa, según una declaración oficial difundida ayer.
“Se hará un anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”, señala la declaración enviada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
El mismo mensaje fue incorporado a la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
La protección migratoria para los salvadoreños estaba programada para expirar el 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, mientras el DHS no anuncie una determinación, se mantiene vigente el mecanismo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta disposición establece que, si no se determina que un país ha dejado de cumplir las condiciones necesarias para mantener el TPS, la designación se extiende por un período adicional de seis meses. La ley también permite una extensión de 12 o 18 meses, a discreción del secretario.
Este mecanismo ya tiene precedentes. Uno de ellos ocurrió con el TPS del Líbano, cuya designación vencía el 27 de mayo, pero, al no existir una decisión final del DHS, se extendió automáticamente por seis meses.
El TPS para El Salvador se encuentra vigente desde 2001, cuando fue otorgado después de los dos terremotos que afectaron al país. Desde entonces, la designación ha sido extendida en múltiples ocasiones.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) recordó que, al no pronunciarse el DHS, se activa automáticamente la extensión de seis meses contemplada en la INA, por lo que considera que continúan vigentes las medidas de protección migratoria y los permisos de trabajo.
“Exigimos que el Gobierno cumpla con la extensión automática de seis meses para que los neoyorquinos salvadoreños puedan vivir y trabajar sin miedo”, señaló la organización.
La última vigencia del TPS para El Salvador deriva de una extensión de 18 meses aprobada por el DHS en enero de 2025. Esta estableció el período comprendido entre el 10 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de 2026.
La designación había sido previamente objeto de una larga disputa judicial. En junio de 2023, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rescindió aquella decisión de terminación y posteriormente el DHS aprobó una nueva extensión de 18 meses para los salvadoreños.
Actualmente, el Pew Research Center estima que cerca de 170,100 salvadoreños permanecen bajo el TPS en Estados Unidos. Esta cifra no incluye a quienes ya obtuvieron la residencia permanente o se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.
Después de 25 años, algunos grupos de beneficiarios del TPS pueden contar con otras vías para regularizar su situación migratoria, entre ellos quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, padres de ciudadanos mayores de 21 años, hijos de ciudadanos o personas que mantienen algún otro proceso migratorio o una solicitud de asilo pendiente.
Según FWD.us, una organización estadounidense de defensa de políticas públicas, alrededor de 170,000 salvadoreños beneficiarios del TPS viven en Estados Unidos.
Los principales estados donde residen son California, con 36,000; Texas, con 28,000; Maryland, con 23,000; Nueva York, con 17,000; y Virginia, con 11,000.
FWD.us también estima que los salvadoreños bajo el TPS aportan $5,400 millones anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de $1,500 millones cada año en impuestos federales, estatales y locales.
En cuanto a los sectores laborales, alrededor de 36,000 salvadoreños con TPS trabajan en la construcción; 32,000, en edificios y mantenimiento de terrenos; 23,000, en transporte; 18,000, en manufactura; y 12,000, en servicios de alimentación.
La organización advierte que retirar a los beneficiarios del TPS de sus empleos podría elevar los costos para los estadounidenses. Además, estima que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones de sus padres salvadoreños beneficiarios del TPS, lo que representa otro frente de debate sobre el futuro del programa.
