Nacionales
C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
Judicial
¡35 AÑOS DE CÁRCEL! Dos hombres son condenados por asesinar a su compañero de tragos tras una discusión en La Libertad
Dos hombres fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de una persona con quien compartían bebidas alcohólicas en el distrito de Chiltiupán, municipio de La Libertad Costa. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los responsables fueron identificados como Germán Majano y Rubis Misael Palma Escobar, quienes enfrentaron un proceso judicial por el crimen.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los condenados se encontraban departiendo con la víctima cuando se produjo una fuerte discusión. El altercado escaló hasta convertirse en una agresión física, luego de que ambos hombres se abalanzaran sobre su acompañante y lo inmovilizaran, impidiéndole defenderse.
La Fiscalía estableció que, durante el ataque, los agresores utilizaron una piedra para golpear repetidamente a la víctima, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar con la intención de evitar su captura. Sin embargo, las investigaciones permitieron identificarlos y posteriormente fueron detenidos para enfrentar el proceso penal correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 35 años de cárcel a los responsables, luego de valorar las pruebas presentadas durante el juicio. Con esta resolución, la Fiscalía logró una sentencia condenatoria por el homicidio ocurrido en Chiltiupán, cerrando una etapa del proceso judicial relacionado con este hecho de violencia.
Nacionales
¡ATENCIÓN, CONDUCTORES! CAM NOTIFICA A DUEÑOS DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA RÁBIDA Y ADVIERTE SOBRE POSIBLES MULTAS
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro realizó acciones de notificación a propietarios de vehículos en aparente estado de abandono en la colonia La Rábida, como parte de los esfuerzos municipales para recuperar los espacios públicos y mejorar la circulación vehicular y peatonal en la capital salvadoreña.
La intervención busca que los propietarios retiren voluntariamente los automotores que permanecen estacionados durante períodos prolongados en calles y otros espacios públicos. Estas acciones forman parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, mediante el cual la municipalidad desarrolla inspecciones y procedimientos para reducir las obstrucciones que afectan la movilidad y el uso adecuado de las vías.
De acuerdo con la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador Centro, los propietarios de vehículos considerados abandonados pueden enfrentar multas de entre $51 y $900. La normativa establece que un automotor puede ser clasificado en esa condición cuando permanece estacionado sin interrupción durante 30 días o más. Tras recibir la notificación correspondiente, el dueño dispone de 72 horas para retirarlo voluntariamente; de lo contrario, las autoridades municipales pueden proceder a su remoción mediante grúa, siguiendo el procedimiento legal.
La Alcaldía de San Salvador Centro mantiene estas intervenciones en diferentes colonias y comunidades con el objetivo de recuperar calles, aceras y otros espacios de uso colectivo. Además de las posibles sanciones económicas, los propietarios pueden asumir los gastos derivados del traslado y resguardo de los vehículos retirados. Las autoridades reiteran la importancia de atender las notificaciones y evitar que automotores sin uso permanezcan abandonados en la vía pública.
Judicial
¡BIENES DEL EXFISCAL LUIS MARTÍNEZ PODRÍAN PASAR AL ESTADO! Juzgado admite pruebas por presunto origen ilícito
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió las pruebas presentadas en un proceso judicial que busca transferir al Estado varios bienes vinculados al exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González. La Fiscalía General de la República (FGR) pretende demostrar que las propiedades y vehículos investigados están relacionados con presuntas actividades ilícitas cometidas durante la administración del exfuncionario, quien dirigió la institución entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.
De acuerdo con la información del proceso, la acción de extinción de dominio comprende seis inmuebles y 11 vehículos relacionados con ocho personas afectadas. Entre las propiedades señaladas figuran dos inmuebles ubicados en La Libertad y un automóvil Chevrolet registrados a nombre de Martínez. La investigación también incluye otros cuatro inmuebles situados en La Libertad, San Salvador y Sonsonate, además de diez vehículos de diferentes marcas, entre ellos tres BMW y dos Porsche, algunos vinculados a exfuncionarios de la Fiscalía.
La FGR sostiene que los bienes podrían tener relación con delitos como lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito y la utilización de recursos de procedencia irregular. Según las investigaciones, durante la gestión de Martínez habría funcionado una presunta estructura de corrupción integrada por funcionarios y particulares que supuestamente participaron en operaciones para ocultar el origen de determinados bienes. Las indagaciones también señalan posibles irregularidades en el manejo de fondos provenientes de decomisos, gastos institucionales y beneficios recibidos de terceros.
La admisión de las pruebas representa un avance en el proceso, pero no significa que los bienes hayan pasado definitivamente a manos del Estado. Será durante la audiencia de sentencia cuando el tribunal valore los elementos presentados por las partes y determine si procede la extinción de dominio. La resolución establecerá el destino de las propiedades y vehículos investigados, en un expediente relacionado con las presuntas irregularidades atribuidas a la administración del exfiscal general.
