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C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
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PNC captura a joven de 18 años por tráfico de marihuana y cocaína en Acajutla, Sonsonate Oeste
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.
«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.
Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.
El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.
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