Nacionales
C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) conmemoró el jueves los 25 años de cooperación con España.
En ese marco, el SICA presentó el libro «25 años de cooperación y contribución al Proceso de Integración Centroamericana y el Desarrollo Regional», una publicación que refleja la historia compartida, la visión de largo plazo y el compromiso.
El SICA detalló que esta edición destaca los esfuerzos orientados a generar impactos positivos en la población.
«Gracias al trabajo articulado con la institucionalidad del SICA, Gobiernos y los diferentes actores que, a lo largo de 25 años, han contribuido a impulsar un desarrollo más justo inclusivo y sostenible», añadió la institución.
Durante el evento conmemorativo, representantes del SICA y de la cooperación española reconocieron logros alcanzados, así como las proyecciones a futuro de su alianza estratégica.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de tres personas acusadas de tráfico ilícito de drogas durante un operativo realizado en San Salvador.
Los detenidos fueron identificados como Irvin Stanley Vanegas Ramírez, de 36 años; Karen Marcela Ávila de Marroquín, de 34; y Gustavo Heriberto Coto Caballero, de 37 años.
Según las autoridades, las capturas fueron posibles gracias a un trabajo coordinado entre unidades de Investigación Policial y la División Antinarcóticos.
Durante registros efectuados en dos viviendas, los agentes incautaron 2.5 kilogramos de cocaína, valorados en más de $63 mil, además de $15,910 en efectivo y tres vehículos.
La PNC indicó que los tres capturados serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Durante una audiencia en un tribunal al norte de Toronto, Kenneth Law, un excocinero de 60 años, admitió su culpabilidad en relación con 14 muertes ocurridas en Canadá, después de que los fiscales dijeran que ya no intentarían condenarlo por asesinato.
Desde su detención en 2023, los detalles sobre los foros en línea en los que aconsejaba a personas angustiadas sobre cómo quitarse la vida han provocado la indignación pública y han dado lugar a investigaciones en varios países.
Law habría enviado paquetes a cientos de personas en docenas de países. También fue investigado por la policía de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Australia y Nueva Zelanda.
La noticia de que no será juzgado por asesinato en Canadá supuso una decepción para algunas familias.
Thomas, el hijo de David Parfett, tenía 22 años cuando se quitó la vida en 2021 con materiales que habría suministrado Law, en uno de los numerosos suicidios presuntamente vinculados a sus foros en línea.
Parfett, que ahora aboga por una legislación más rigurosa para hacer frente a los espacios en línea que incitan a las personas a causarse daño, declaró a la AFP que las autoridades canadienses estaban perdiendo una oportunidad para establecer la gravedad de la conducta de Law.
