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C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
La apuesta por la innovación y la tecnología del Gobierno del presidente Nayib Bukele, en conjunto con el empuje de la iniciativa privada, ha propiciado el ingreso de El Salvador en el «Índice global del ecosistema de startups 2026» de StartupBlink.
En la edición de este año, StartupBlink, centro global de investigación y mapa interactivo que clasifica el ecosistema de emprendimiento y startups en el mundo, coloca a El Salvador en el puesto 80 a escala global; esta también es la primera vez que el país aparece en este listado.
«El Salvador es el país ingresante mejor clasificado en el índice y debuta en el puesto 80 a escala mundial», resaltó la entidad en la descripción del país.
A su vez, remarcó que «El Salvador ocupa el primer lugar en Centroamérica en el pilar de valor de marca del ecosistema, lo que refleja el posicionamiento global más sólido de la subregión, impulsado por el atractivo, la madurez y la visibilidad del ecosistema», señaló StartupBlink.
Para el centro de investigación, esto sugiere que las condiciones subyacentes del entorno empresarial de los países ya están dadas para albergar ecosistemas de startups de rápido crecimiento.
En su análisis también destacó que El Salvador ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe en la categoría funcional de visibilidad del ecosistema, «lo que indica un alto grado de reconocimiento global en la región, impulsado por “influencers” de startups, eventos, organizaciones influyentes y la tracción de las startups».
En América Latina, el país destacó como el décimo más innovador en una lista en la que Brasil lidera en el puesto 26, seguido por Colombia en el 35 y por Chile en el 39. La nación más innovadora del mundo según este ranking es Francia.
Estos avances responden a la generación de condiciones para el desarrollo del sector innovador, las cuales se materializan en normativas como la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías y la Ley de Inteligencia Artificial, impulsadas por la administración Bukele.
«El Salvador ofrece a las startups una entrada estratégica al mundo con un ecosistema de innovación en rápida evolución. Su entorno propicio para la experimentación, sumado al acceso a incentivos fiscales y al talento cualificado y motivado hacen de El Salvador el lugar ideal para que las startups prueben, desarrollen y expandan sus proyectos», mencionó la ministra de Economía, María Luisa Hayem, respecto al ecosistema innovador.
El año pasado, la capital salvadoreña mostró un importante avance en la lista mundial de las ciudades que se perfilan como nichos con potencial para el desarrollo y crecimiento de startups, y se ubicó en el lugar 300, lo que implicó un salto de 405 ubicaciones con respecto a la puntuación de 2024, que fue de 705.
Según datos del Ministerio de Economía (Minec), para agosto de 2025, el ecosistema de startups local equivalía a más de $330 millones en El Salvador, dentro del que destaca el aceleramiento de las fintech.
Nueve miembros de la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) integrará la comitiva del sector laboral que participará el 1 de junio en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde junto a las representaciones del sector empleador y el Gobierno buscarán la salida de El Salvador de la lista corta.
Durante una conferencia, la USS reiteró su posición para lograr el hito de sacar al país de este listado en el que ha permanecido en los últimos 15 años.
«Lograr la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT representa un hecho importante para el desarrollo del país, y un reconocimiento a los esfuerzos realizados en materia sindical, y derechos laborales», dijo el representante de la USS, Adolfo Sánchez.
«Este posible logro es resultado del trabajo internacional técnico y estratégico impulsado por la USS mediante un proceso permanente de diálogo social, incidencia, y cabildeo nacional e internacional ante centrales sindicales, y organismos multilaterales vinculados al sistema normativo de la OIT», añadió.
En este sentido, Sánchez también reconoció el papel fundamental desempeñado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para conseguir la coordinación tripartita que pone al país en la brecha final para salir del listado de países que no cumplen con los derechos laborales.
«La actuación intersectorial del ministro Rolando Castro ha estado orientada al fortalecimiento de la posición internacional de El Salvador en materia laboral ante la comunidad internacional, promoviendo espacios de diálogo tripartito, concertación, y cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la OIT», subrayó.
Asimismo, sostuvo que este avance deberá traducirse en el país en mayores oportunidades para la clase trabajadora mediante el fortalecimiento de los derechos laborales en todos los sectores productivos.
«La posible salida de esta lista fortalece la confianza internacional en El Salvador y abre oportunidades para atraer inversión, generar empleo formal, y mejorar las condiciones económicas y sociales de toda la población salvadoreña»
También mencionó que, durante la conferencia, el sector trabajador salvadoreño también participará en espacios sobre libertad sindical, cumplimiento de convenios internacionales, diálogo social, y derechos laborales
«Nuestra participación en la Misión Ginebra 2026 representa una oportunidad estratégica para fortalecer los vínculos internacionales del movimiento sindical salvadoreño y posicionar a la clase trabajadora salvadoreña ante la comunidad internacional».
En diversas oportunidades, el titular del ministro de Trabajo, ha reiterado que el país cuenta con argumentos sólidos para conseguir el objetivo de ser excluidos del mencionado listado.
«Iremos preparados para justificar ante todos los países del mundo que El Salvador debe salir de la lista corta de la OIT. Nuestros argumentos están muy sólidos y ya estamos a pocos días del evento central y la toma de decisión final. Será inédito para nuestra nación», declaró recientemente.
Castro ha explicado que de los 197 países del mundo,187 forman parte de la OIT a los cuales se les envía la lista corta, pero que esta también es enviada a los países no miembros, informando de vulneración laboral.
«Es un lunar o mancha de la imagen del país, así hemos estado por décadas en nuestro El Salvador, ante la mirada del mundo. Tendremos la oportunidad de convertir a nuestra nación en un ejemplo de desarrollo y avances ante la inversión internacional y la opción de relaciones laborales modernas y justas para todos», ha reiterado el titular.
El Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición del público datos globales de los activos y pasivos de funcionarios públicos, una obligación según la nueva Ley Anticorrupción y uno de los compromisos del Gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el sitio web de la Asamblea Legislativa, puede ingresar a “Consulta Activos y Pasivos”, colocar el nombre completo de la persona, su cargo exacto y también el nombre de la institución de ser colocado en forma completa.
Las cifras generales de activos y pasivos, según el sitio, incluye al declarante, cónyuge, conviviente e hijos.
Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, aparece con activos por $594,000 y pasivos por $385,651, por lo que su patrimonio resultaría de $208,349.
El presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, posee activos por $4,561,160.23 y pasivos por $94,681.99, por lo que su patrimonio resulta de $4,466,478.24.
También, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, posee $321,580.15 en activos y $89,205 en pasivos. Ello implica que posee un patrimonio de $232,375.15.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, aparece con activos por $175,000 y pasivos por $27,000, por lo que posee un patrimonio de $148,000.
De la misma manera, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Seledonia Soriano de Viaud, también aparece en el registro, con activos por $244,500 y pasivos por $56,500.
También, por ejemplo, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, aparece con pasivos por $312,177.36 y sin activos, por lo cual su patrimonio sería negativo.
El registro interactivo puede ser consultado por cualquier ciudadano sin necesidad de introducir una identificación, correo y contraseña, a diferencia del registro de compras públicas. Para ingresar puede buscar el link de «Consulta Activos y Pasivos» o puede ingresar directamente al link https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/consulta/pasivosActivos/.
El Salvador se comprometió en el acuerdo con el FMI a «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» que fuera coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».
El compromiso se dio en el marco de los objetivos de gobernanza y transparencia en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
Así, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción el 7 de febrero de 2025. Esta normativa obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar informes de activos y pasivos cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados.
En el pasado, las declaraciones patrimoniales con sus adendas fueron públicas; concretamente en 2015 y 2016 pero a partir de 2020 se empezaron a emitir reservas a esta información. En 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales eran confidenciales.
