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C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.
El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.
La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.
Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.
Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.
La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.
Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.
Los registros inflacionarios de El Salvador mostraron una disminución en el inicio de 2026, según el último informe publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), dato que es coincidente con la tendencia mostrada el año pasado.
Las estadísticas muestran que, hasta el 31 de enero de 2026, el índice exhibió un 0.65 %, lo que implica una reducción de 26 puntos porcentuales con respecto al cierre de diciembre de 2025, cuando se ubicó en 0.91 %.
El reporte del primer mes de este año refleja que sectores importantes de la economía mostraron estabilidad en sus tasas inflacionarias, entre estas destaca el sector de alimentos, que mostró un 0.89 %.
Este caso específico es atribuido por las autoridades de Gobierno a la estabilidad de precios lograda gracias a los más de 60 agromercados distribuidos en el país, y centros de ventas que junto a la Central de Abastos de Soyapango se han convertido en una alternativa real para el acceso a alimentos.
Estos lugares mantienen precios bajos debido a que eliminan los intermediarios al facilitar la compra directa de productores e importadores, lo que al mismo tiempo garantiza la frescura y calidad de los productos.
Otros rubros que también reflejaron inflación moderada o baja en enero de 2026 fueron los bienes y servicios con 1.05 %; y la educación con un 0.46 %
En el análisis también resaltaron ítems que mostraron comportamientos de inflación negativa, entre los que se encuentra el transporte con -3.27 %; recreación y cultura con -0.61 %; comunicaciones con -0.53 %; prendas de vestir y calzado con -0.49%; muebles y artículos para el hogar con -0.13 %.
Los resultados reportados en enero son consistentes con la estabilidad mostrada por este índice en 2025, cuando mantuvo su promedio en 0.93 %.
En información compartida de forma reciente con «Diario El Salvador», el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, indicó que el registro del año pasado se ubicó por debajo del promedio de 1.77 % de los últimos 15 años.
El funcionario explicó que los resultados obtenidos en 2025 implican que «los ingresos de los hogares están manteniendo su poder adquisitivo para realizar sus gastos de consumo».
«También son beneficiarios del incremento de 12 % en el salario mínimo aplicado desde junio de 2025 y del aumento de 17.8 % en las remesas familiares a lo largo del año», aseguró.
Añadió que el panorama estuvo a favor del bolsillo de las familias salvadoreñas que no se vio presionado por repentinas escaladas de precios o desabastecimiento de productos de primera necesidad.
En el análisis de los resultados hasta diciembre de 2025, Rodríguez puso de relieve que apartados con gran perspectiva de consumo reflejaron tasa de inflación a la baja a lo largo del año pasado, entre ellos mencionó transporte con -1.64 %; comunicaciones con -0.88 %; prendas de vestir y calzado con -0.48 %; recreación y cultura con -0.24 %.
Apuntó que este comportamiento se atribuye a las oscilaciones de los precios internacionales, y de estrategias empresariales para impulsar la demanda interna.
Por otra parte, el titular del banco estatal también destacó que, la inflación de El Salvador estuvo en 2025 entre las tres más bajas de Latinoamérica, siendo los países de la región con menores tasas de inflación: Panamá (-0.2 %) y Costa Rica (-1.2 %).
A lo largo de 2025, el país no registró saltos pronunciados en cuanto a este indicador económico, según los datos estadísticos del BCR, en enero la tasa reflejó 0.31 %; en febrero 0.06 %; y en marzo 0.14 %.
Mientras tanto, de abril a agosto, los registros inflacionarios de El Salvador fueron negativos con -0.11 % en el cuarto mes del año, -0.21 % en mayo; -0.17 % en junio; -0.14 en julio; y -0.11 % en agosto.
Mientras que, en la última brecha de 2025, las métricas se presentaron en positivo y con leves oscilaciones con 0.36 % en septiembre; 0.93 % en octubre; 1.14 % en noviembre; y 0.91 en diciembre.
El mercado de valores salvadoreño concluyó el 2025 con un desempeño positivo que refleja una mayor utilización de los instrumentos bursátiles por parte de inversionistas y agentes económicos. Durante el año, se realizaron 7,992 transacciones que sumaron $6,031.6 millones, superando los $5,429.4 millones negociados en 2024 y marcando un crecimiento interanual de 11.1 %, según el Boletín de Mercado de Valores de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El aumento en el monto negociado estuvo acompañado por una participación activa de distintos segmentos del mercado, lo que evidenció un mayor volumen promedio por operación y una consolidación del mercado de capitales como mecanismo para canalizar inversiones y gestionar liquidez. Solo en el último tramo del año se reportaron 507 operaciones por $586.7 millones, contribuyendo al cierre positivo del ejercicio.
Por tipo de mercado, los reportos se mantuvieron como el principal motor de la actividad bursátil. Este segmento, donde se realizan operaciones de recompra de valores para obtener liquidez de corto plazo, transó $2,832.7 millones, equivalente al 47 % del total negociado. La mayoría de estas operaciones se pactaron a plazos de uno a cuatro días, por un monto de $1,269.2 millones, con un rendimiento promedio ponderado de 4.34 %.
En este mercado, las personas naturales concentraron el 61.3 % de la demanda de liquidez, mientras que los fondos de inversión abiertos aportaron el 57.7 % de los recursos, reflejando el papel de estos vehículos como proveedores clave de financiamiento dentro del sistema financiero.
El mercado primario de renta fija y variable, donde se colocan por primera vez los valores emitidos por empresas y el sector público, registró un monto acumulado de $1,005 millones. Aunque esta cifra fue inferior a los $1,514.2 millones de 2024, el segmento continuó siendo relevante para el financiamiento de proyectos y necesidades de inversión de los emisores.
Por su parte, el mercado secundario, en el que se compran y venden valores ya emitidos, transó $249.3 millones y representó el 4.1 % del total negociado, contribuyendo a la liquidez del mercado y permitiendo a los inversionistas ajustar sus portafolios.
Las operaciones internacionales mostraron un comportamiento dinámico a lo largo del año. Las compras y ventas de instrumentos internacionales sumaron $1,668.3 millones, con una mayor presencia de deuda soberana extranjera y local. En el mercado accionario, el monto negociado alcanzó $276.4 millones, impulsado principalmente por instrumentos de origen extranjero, reflejando una mayor diversificación de las opciones de inversión disponibles.
Fondos de inversión fortalecen su presencia
El crecimiento del mercado también se reflejó en el desempeño de los fondos de inversión. Al cierre de 2025, el patrimonio total de los fondos abiertos y cerrados alcanzó $1,893.6 millones. De este total, los fondos abiertos concentraron $552.4 millones, mientras que los fondos cerrados alcanzaron $1,341.2 millones, consolidándose como vehículos relevantes para inversiones de mediano y largo plazo.
Adicionalmente, la integración bursátil entre El Salvador y Panamá continuó avanzando. Durante 2025, la bolsa integrada registró 867 operaciones por un monto de $272.9 millones. Desde el inicio de este mecanismo en 2017 y hasta el cierre de 2025, el monto acumulado negociado ascendió a $879.8 millones, con la participación de 12 intermediarios bursátiles autorizados, seis salvadoreños y seis panameños.
En conjunto, los resultados del cierre de 2025 confirman un mayor dinamismo y profundidad del mercado de valores salvadoreño, reflejado en el crecimiento del volumen negociado, el liderazgo de los reportos, la actividad del mercado primario y el fortalecimiento de los fondos de inversión, consolidando al mercado de capitales como un componente clave del sistema financiero nacional.
