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C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
Con el objetivo de mantener la excelencia técnica y consolidar una fiscalización pública de alto nivel, la Corte de Cuentas de la República (CCR) firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA).
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa; el primer magistrado, Julio Guillermo Bendek; y el segundo magistrado, José Rodrigo Flores, junto a la directora presidenta del CVPCPA, Cecilia Pereira.
Durante el evento, el presidente Walter Salvador Sosa destacó la importancia de esta cooperación como un paso decisivo hacia una administración pública más sólida y confiable. “Avanzamos con firmeza hacia una gestión pública más profesional, más transparente y cercana a la ciudadanía. Este acto constituye un
peldaño más hacia la formación continua y el desarrollo del talento humano”, expresó.
Uno de los principales beneficios para los auditores de la Corte de Cuentas consiste en facilitar la formación especializada que será impartida en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de la CCR, para cumplir las 40 horas anuales de actualización requeridas por la Norma de Educación Continuada del CVPCPA.
La misión del CVPCPA es regular y supervisar el desempeño profesional de quienes ejercen la contaduría pública, promoviendo la ética, las buenas prácticas de control de calidad, la educación continua y el cumplimiento regulatorio.
Esta alianza interinstitucional contribuye a la coordinación de
cursos técnicos especializados desarrollados de manera conjunta por ambas instituciones; al cumplimiento del artículo 5 de la Ley de la Corte de Cuentas y al avance de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2025-2028, reafirmando
el compromiso de la CCR con la modernización y el fortalecimiento de la gestión pública.
La Corte de Cuentas de la República reafirma su apuesta por la profesionalización como eje fundamental de una fiscalización innovadora, fortaleciendo la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía y contribuyendo al desarrollo de El Salvador.
El acto oficial se desarrolló en las instalaciones del CINCAP de la CCR
Dos personas resultaron lesionadas este miércoles, durante un percance vial ocurrido sobre el km 25 de la carretera hacia el Puerto de La Libertad, en las cercanías del desvío al Distrito de Zaragoza.
La Policía Nacional Civil informó que un camión que transportaba tierra chocó contra los separadores de la carretera, dejando escombros sobre la vía.
La tierra esparcida sobre la carretera también provocó que un motociclista que transitaba por el lugar derrapara y también resultó lesionado.
Tanto el conductor del conductor del camión como el motociclista fueron trasladados a un centro hospitalario.
El comercio de bienes salvadoreños cerró el 2025 con cifras positivas. Las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que el país comercializó $6,428.5 millones en los distintos mercados internacionales, cifras superiores a las de 2024.
En ese sentido, el flujo comercial representó un crecimiento del 1.9 % comparado con lo registrado en 2024. En detalle, los datos indican que el año pasado, las exportaciones sumaron $117 millones más que en 2024, cuando fueron de $6,311.5 millones.
En el caso del volumen, las exportaciones registraron un crecimiento del 2.9 %, totalizando 3,560.7 millones de kilogramos, lo que representa 99.8 millones de kilogramos más que en 2024.
Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de bienes salvadoreños, con $2,086 millones.
Sin embargo, Centroamérica también se posiciona entre los principales destinos, en los que destacan Guatemala, con $1,262.9 millones (+2.5 %); Honduras, con $1,076.2 millones (+5.6 %); Nicaragua con $586.1 millones (+3.9 %) y Costa Rica con $286.3 millones.
A estos mercados se les une también México, con $251.9 millones; Panamá, con $123.5 millones; República Dominicana, con $109.8 millones; España, con $71.6 millones; Bélgica, con $54.8 millones, y el resto del mundo con $519.5 millones.
El BCR indicó que las exportaciones de café alcanzaron los $167.7 millones en 2024, mientras que en el azúcar $161 millones.
Las exportaciones de maquila totalizaron $880.7 millones, con un crecimiento del $0.4 %, mientras que las corrientes fueron $5,447.8 % millones, un 2.1 % más.
Por otra parte, entre los productos más comercializados destacan: «T-shirts» y camisetas, de punto (7.7 %); Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto (6.1 %); los artículos para el transporte o envasado, de plástico (4.9 %), así como hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad (3.4 %).
