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C.C.R. señala a alcalde de Santa Tecla, Roberto D’abuisson, de pagar $1,338,629.16 a empresa PULSEM de empresario Salume que no cuenta con los permisos ambientales para operar en relleno sanitario de La Libertad
La Corte de Cuentas de la República, concluyó que el Alcalde Roberto D’aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, pagaron ilegalmente sólo durante el año 2017, la suma de $1,338,629.16 a una empresa propiedad del señor Salume, por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento.
Esto de acuerdo a la auditoria Especial de Corte de Cuentas al proceso de contratacion del Servicio de Disposición Final de desechos sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, del año 2017, al que este medio, tuvo acceso, por una fuente que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias.
La empresa señalada es PULSEM, propiedad del empresario salvadoreño en mención, la cual tiene bajo su cargo la administración del botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido reiteradamente señalado de estar contaminando la zona litoral y de estar afectando a varios pobladores que habitan en los linderos del sector, esto también presentan una problemática para el corredor turístico importante del país.
En la actualidad el botadero municipal del Puerto de La Libertad presenta diversas denuncias por no cumplir con los estándares de calidad ambiental que se exigen para su funcionamiento.
El sitio no presenta el tratamiento adecuado para la basura que se recibe y en muchos de los casos, los deshechos sólidos sobrepasan su capacidad por todo lo que llega de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.
Actualmente tiene varias denuncias penales por estar incumpliendo las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada.
En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume, PULSEM, carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, la compañía de Salume, únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios” se lee en la resolución del Tribunal contralor. Adicionalmente, todavía el Alcalde D’aubuisson, realizó pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM y también creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con MIDES.
Según los Auditores de Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos, generando una deuda por $241,146.06. Para finalizar no cumplió los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia.
Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental, pues en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad, sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes como el metano que se concentran en la zona, que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población.” cerró diciendo.
Otro abogado consultado, hizo énfasis en que “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también han fraguado una Estafa contra las arcas municipales.” Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por D’aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.
El Salvador recibió entre el sábado 28 de marzo y miércoles 1o. de abril a 121,000 visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 49 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron registrados 81,000 visitantes, según cifras oficiales.
Por nacionalidad, un poco más de la mitad [55 %] proceden de Guatemala, mientras que el 18 % son originarios de Honduras, 17 % proceden de Estados Unidos y 10 % del resto del mundo.
Los cinco principales lugares más buscados y visitados por los turistas internacionales son Surf City 1, que comprende las playas de La Libertad, El Tunco y El Zonte; la ciudad de San Salvador en segundo lugar; seguida por el renovado Centro Histórico de San Salvador; en cuarto lugar está la Ruta de la Flores, en la zona occidental del país; y en quinto lugar la ciudad de San Miguel, en el oriente.
En cuanto a lugares públicos con más turistas en dicho periodo de Semana Santa, totalizan 927,000, que también representa un alza respecto a los registros del año pasado, cuando sumaron 645,000; es decir, un incremento del 44 %.
El Centro Histórico de San Salvador recibió a 445,000, las playas públicas tuvieron 197,000 visitantes, los sitios turísticos públicos 152,000, mientras que los sitios culturales públicos registraron 77,000. Los sitios administrados por el Ministerio de Obras Públicas recibieron a 46,000 y en las áreas naturales protegidas se tuvo a 10,000 turistas.
De entre los sitios públicos más visitados destacan el centro Histórico de San Salvador, Surf City 1, Biblioteca Nacional de El Salvador y Surf City fases 4 [playas de la zona occidental] y 2 [playas de la zona oriental].
El 28 de febrero de 2027, los salvadoreños elegirán presidente, vicepresidente, diputados y concejos municipales.
Cinco de los 11 partidos inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han contemplado ya la presentación de candidaturas para presidente y vicepresidente de la república para las elecciones de febrero de 2027.
De acuerdo con las convocatorias a elecciones internas, los partidos FMLN, PDC, PCN, GANA y Fuerza Solidaria prevén competir con sus fórmulas para dirigir el Ejecutivo durante el sexenio 2027-2033.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, confirmó esta semana que competirán en la elección presidencial.
«Vamos a participar, claro que sí. Hay cientos de miles de salvadoreños que no quieren este régimen y lo van a demostrar en las urnas. Nosotros somos una opción», manifestó Flores.
Guillermo Gallegos, del partido GANA, aseveró en la entrevista El Urbano que evalúan tener candidato para la presidencia de la república.
En tanto, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), a través de su secretario de Asuntos Jurídicos, Nelson Alvarado, informó que no competirían en la elección presidencial; sin embargo, en su convocatoria para el proceso interno indicaron que elegirán candidatos para el referido cargo.
De igual manera, el Partido de Concertación Nacional (PCN) en su convocatoria indicó que hará proceso de elección para aspirar al Ejecutivo.
Fuerza Solidaria también tendrá representación presidencial, legislativa y municipal en los comicios. Mientras que VAMOS descartó su participación en la carrera por la presidencia.
Otros partidos aún no informan su proceso interno y las candidaturas por las que entrarían en la contienda. Todos los institutos políticos interesados en competir deberán tomar en consideración la última fecha para elegir a sus candidatos: 29 de julio de 2026. El martes 7 de abril finalizará el período establecido para que convoquen a dicho proceso interno.
La reforma del inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República entrará en vigencia hasta que la CSJ adecúe las enmiendas de las leyes secundarias.
El experto en criminología Ricardo Sosa aclaró, en la entrevista Las cosas como son, que en El Salvador no existía la pena perpetua como algunas personas han opinado en distintos medios de comunicación, incluyendo redes sociales.
«Es lamentable que un profesional de las ciencias del derecho diga que lo que se ha hecho es elevar a rango constitucional algo que ya existía, porque no es cierto», afirmó Sosa, agregando que con dicho argumento «lo único que logran es confundir a la población».
De acuerdo con el experto, en la ley que estaba vigente «la pena máxima de prisión era de 60 años, de ahí todo lo que ha ocurrido en el presente siglo son condenas que acumulan delitos que no tienen relación entre ellos, y el juez establece una condena por cada delito».
Sosa aclaró que, bajo ese marco normativo, si la persona condenada sigue con vida después de cumplir los 60 años en prisión, debe salir libre.
A su juicio, el motivo para que algunos abogados estén enviando el mensaje de que la pena perpetua ya existía es porque necesitan mantener un discurso que le haga pensar a las personas condenadas que podrán salir de la cárcel; y seguir ofreciéndoles sus servicios de jurídicos.
«Engañan a la gente diciéndole que en la primera audiencia le van a sacar a su pariente», indicó, y reiteró que algunos abogados mantienen ese discurso y prometen que en la segunda audiencia sacarán libre al procesado, pero terminan culpando a los familiares de no presentar los arraigos a tiempo.
El jueves 26 de marzo, la Asamblea Legislativa ratificó la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas, la cual entrará en vigencia una vez sea publicada en el «Diario Oficial» y se haya capacitado al personal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha solicitado un mes para adecuación de leyes secundarias.
Sosa también se refirió al informe sobre derechos humanos en El Salvador que presentó recientemente Gipes, encabezado por Santiago Cantón, Susana Sácouto, Claudia Marín, José Antonio Guevara y Gino Costa.
«Usted cree que estas cinco personas con sus hojas de vida, títulos universitarios y cantidad de cursos de ese sistema, de esa ideología, van a redactar capturas arbitrarias, 89,000, y luego se confunden y dan otra cifra. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de rigurosidad tiene?», dijo.
Sosa aprovechó para invitar a miembros de Gipes para que vengan a El Salvador y se muestren como querellantes de los 89,000 reclusos que aseguran fueron detenidos de forma arbitraria.
