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Autoridades tienen identificados los sectores donde hay más pandilleros concentrados en Soyapango
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, dice que en la ejecución del cerco de seguridad establecido en Soyapango se han establecido 40 puntos de extracción donde se tiene registro que están mayormente concentrados los pandilleros.
Merino indicó que tienen el listado de identificación de quienes son los pandilleros pendientes por capturar y su ubicación. «De esa lista se van eliminando los que se van capturando», añadió.
El titular de Defensa asegura que el objetivo de implementar el cerco en Soyapango se está logrando. Hasta las 8:00 pm de ayer se registraban 185 mareros capturados.
El funcionario destaca que el cerco en Comasagua les ayudó para planificar la operación que se está ejecutando. «Ambos municipios tienen una gran diferencia, principalmente por la cantidad de población y la actividad del municipio».
«Eso hace que las operaciones sean de diferente manera, así como la cantidad de personal de la Fuerza Armada que se ha puesto a disposición», añade.
«En el teatro de operaciones, como se ha denominado, tenemos 3 divisiones, una es la parte norte, la parte central y la parte sur. En cada zona hay una Brigada», explicó.
Merino destaca que «ahora que se cerca el municipio, no les deja a los pandilleros libertad de acción y eso es lo que permite la extracción».
El ministro de explicó que «hay denuncias de movilización de pandilleros por lo que esto nos indica que se debe cercar otros municipios».
Reiteró que «nosotros cuando hicimos el plan ya teníamos la experiencia de Comasagua. Tenemos unidades de reacción por si hay pandilleros que busquen movilizarse a otras zonas o se intenten esconderse».
El titular de Defensa expresó que el plan de seguridad de esta administración es flexible para lograr el objetivo que es que las pandillas en El Salvador desaparezcan.
Hasta ahora, las autoridades han logrado capturar este año a más de 59,092 pandilleros y han debilitado estas estructuras con el decomiso de drogas, armas, dinero efectivo, vehículos y más.
Con el objetivo de eliminar «la plaga [las pandillas» que causan daño a El Salvador y a la población honrada, el presidente de la República, lanzó hace unas semanas la quinta fase del Plan Control Territorial (PCT) denominada «Extracción».
El mandatario explicó que esta nueva fase consiste en extraer a todos los pandilleros que aún siguen delinquiendo en las colonias y barrios de todo el país.
El PCT, estrategia de seguridad implementada por el presidente Bukele en junio de 2019, incluye diferentes fases y que tiene como principal propósito «garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población».
El mandatario explicó que en esta nueva etapa del plan insignia del actual Gobierno se incluirá la modalidad de cercos como se estableció hace algunos meses en Comasagua.
«Hemos incluido lo que se hizo en el cerco de Comasagua. Se cercarán municipios para lograr extraer a los criminales. No será en municipios pequeños sino en municipios grandes», detalló.
El mandatario dijo que esta nueva fase requiere de mucha tecnología e investigación de la Policía Nacional Civil que va coordinarse con la Fuerza Armada.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
