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Autoridades tienen identificados los sectores donde hay más pandilleros concentrados en Soyapango
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, dice que en la ejecución del cerco de seguridad establecido en Soyapango se han establecido 40 puntos de extracción donde se tiene registro que están mayormente concentrados los pandilleros.
Merino indicó que tienen el listado de identificación de quienes son los pandilleros pendientes por capturar y su ubicación. «De esa lista se van eliminando los que se van capturando», añadió.
El titular de Defensa asegura que el objetivo de implementar el cerco en Soyapango se está logrando. Hasta las 8:00 pm de ayer se registraban 185 mareros capturados.
El funcionario destaca que el cerco en Comasagua les ayudó para planificar la operación que se está ejecutando. «Ambos municipios tienen una gran diferencia, principalmente por la cantidad de población y la actividad del municipio».
«Eso hace que las operaciones sean de diferente manera, así como la cantidad de personal de la Fuerza Armada que se ha puesto a disposición», añade.
«En el teatro de operaciones, como se ha denominado, tenemos 3 divisiones, una es la parte norte, la parte central y la parte sur. En cada zona hay una Brigada», explicó.
Merino destaca que «ahora que se cerca el municipio, no les deja a los pandilleros libertad de acción y eso es lo que permite la extracción».
El ministro de explicó que «hay denuncias de movilización de pandilleros por lo que esto nos indica que se debe cercar otros municipios».
Reiteró que «nosotros cuando hicimos el plan ya teníamos la experiencia de Comasagua. Tenemos unidades de reacción por si hay pandilleros que busquen movilizarse a otras zonas o se intenten esconderse».
El titular de Defensa expresó que el plan de seguridad de esta administración es flexible para lograr el objetivo que es que las pandillas en El Salvador desaparezcan.
Hasta ahora, las autoridades han logrado capturar este año a más de 59,092 pandilleros y han debilitado estas estructuras con el decomiso de drogas, armas, dinero efectivo, vehículos y más.
Con el objetivo de eliminar «la plaga [las pandillas» que causan daño a El Salvador y a la población honrada, el presidente de la República, lanzó hace unas semanas la quinta fase del Plan Control Territorial (PCT) denominada «Extracción».
El mandatario explicó que esta nueva fase consiste en extraer a todos los pandilleros que aún siguen delinquiendo en las colonias y barrios de todo el país.
El PCT, estrategia de seguridad implementada por el presidente Bukele en junio de 2019, incluye diferentes fases y que tiene como principal propósito «garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población».
El mandatario explicó que en esta nueva etapa del plan insignia del actual Gobierno se incluirá la modalidad de cercos como se estableció hace algunos meses en Comasagua.
«Hemos incluido lo que se hizo en el cerco de Comasagua. Se cercarán municipios para lograr extraer a los criminales. No será en municipios pequeños sino en municipios grandes», detalló.
El mandatario dijo que esta nueva fase requiere de mucha tecnología e investigación de la Policía Nacional Civil que va coordinarse con la Fuerza Armada.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
