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ATENCIÓN: Mauricio Funes enfrenta grave estado de salud en Nicaragua
El ex presidente salvadoreño Mauricio Funes Cartagena, actualmente refugiado en Nicaragua, se encuentra en un estado de salud crítico, según un comunicado del Ministerio de Salud nicaragüense emitido este martes. Funes, de 65 años, ha estado recibiendo atención médica en el país centroamericano desde 2016, cuando el régimen de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense, lo que le ha permitido eludir su extradición a El Salvador.
Funes es objeto de múltiples procesos judiciales por corrupción, enfrentando graves acusaciones relacionadas con su mandato presidencial entre 2009 y 2014. En 2024, fue condenado a ocho años de prisión por recibir una avióneta como soborno en el marco de un proyecto de infraestructura. Además, ha sido señalado por su papel en la controvertida «Tregua con pandillas» que tuvo lugar entre 2011 y 2013, donde se le acusa de negociar con grupos criminales a cambio de beneficios políticos. También ha sido condenado por evasión fiscal por un monto superior a 85 mil dólares.
La Fiscalía General de la República de El Salvador ha iniciado diversos procesos judiciales en su contra, incluyendo su implicación en el caso «Saqueo Público», donde se le atribuye el lavado de más de 351 millones de dólares provenientes de fondos públicos. Asimismo, enfrenta órdenes de captura por presuntos sobornos al ex fiscal general Luis Martínez y por malversación de fondos en la construcción de la presa El Chaparral. A pesar de las condenas y las investigaciones en curso, Funes continúa protegido por el gobierno de Ortega.
El comunicado sobre su salud, autorizado por su familia, señala que su condición es «de extrema gravedad», aunque no se especifican los detalles de su enfermedad. A pesar de su inactividad en redes sociales desde el 7 de enero, Funes sigue siendo una figura activa en medios y plataformas afines al régimen que lo resguarda.
Este caso pone de manifiesto la protección que el gobierno de Ortega ha extendido a Funes y a otros ex funcionarios de su administración, como el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, quien también se encuentra refugiado en Nicaragua afrontando cargos similares en El Salvador.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
