Nacionales
Asamblea supera vetos de Presidente Bukele para traer a los varados en el exterior
Con 60 votos, la Asamblea Legislativa ratificó el Decreto Legislativo n° 621 -en su totalidad y sin variación alguna- que contiene Disposiciones Transitorias para regular el retorno de salvadoreños que al momento de la declaración de emergencia por la pandemia del virus covid-19 se encontraban fuera del país. La medida fue vetada por la presidencia de la República al considerarla inconstitucional.
La normativa en cuestión tiene a la base el artículo 5 de la Constitución de la República, el cual señala que “toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca […] No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio, sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes”.
La medida aprobada el 1 de abril del 2020 establecía que, independientemente de la condición migratoria del salvadoreño, se le debían brindar las facilidades para que regresen al país; por lo que el Gobierno debía permitir su ingreso, ya sea vía aérea, terrestre o marítima.
Asimismo, el gobierno deberá gestionar medios para su transporte, en la medida que fuere posible, para las personas que tuvieron alguna dificultad con su traslado. Se tomará en cuenta el tiempo y las condiciones en que se encuentren estos ciudadanos.
Según este decreto legislativo, el retorno sería de acuerdo a un protocolo de atención y protección elaborado por el Ministerio de Salud y dependiendo de la capacidad instalada del país con respecto a la disponibilidad de centros de cuarentena para alojar a estas personas.
Al respecto, los diputados se pronunciaron y externaron su satisfacción al ratificar una normativa que permitiría a los salvadoreños en espera en el exterior que puedan regresar al país.
En ese sentido, la diputada Patricia Valdivieso (ARENA) reiteró el respaldo a los miles de salvadoreños que por la emergencia nacional quedaron fuera del territorio salvadoreño. “Estamos superando el veto que evitaba que nuestros hermanos salvadoreños regresaran a su país, a El Salvador. Nunca me imaginé que nuestras generaciones verían una pandemia, nunca me lo imaginé, pero tampoco imaginé jamás ver que se les negara la entrada a hermanos salvadoreños a su país”.
La diputada Karina Sosa (FMLN) precisó en la disposición de apoyar la superación del veto para hacer posible que regresen al país los compatriotas en el exterior. “Compatriotas salvadoreños varados, nuestros votos siempre han estado listos para ustedes […] Creemos que ustedes tienen derecho a volver a El Salvador, creemos que también tienen la obligación de asumir la cuarentena y los protocolos que se les implementen por parte de la autoridad competente, pero también sabemos que su familia está pasando un momento difícil por esta separación producto de no tener una respuesta a su situación”.
Para el diputado Lorenzo Rivas (GANA), al abordar el tema, es necesario recordar que tras las medidas implementadas en las fronteras al restringir o anular el ingreso al país “ha sido posible que no tengamos una curva tan alta y que se ha mantenido en unos niveles bastante regulares o bajos podemos decir, en comparación a los otros países de Centroamérica, como Panamá que tiene más de 6,500 infectados, al igual que Guatemala, Honduras e incluso Costa Rica”.
“La Asamblea legislativa, como representación del pueblo -porque ese es su trabajo-, en atención a múltiples peticiones, a miles de peticiones, emite un decreto legislativo para que se establecieran garantías desde una plataforma legal, para que no hubiese medidas de ningún tipo o barreras de ningún tipo que les impidiesen retornar a su país, a El Salvador, ese es el decreto que en consecuencia como Asamblea Legislativa emitimos”, precisó el diputado Rodolfo Parker (PDC).
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
