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Asamblea supera vetos de Presidente Bukele para traer a los varados en el exterior
Con 60 votos, la Asamblea Legislativa ratificó el Decreto Legislativo n° 621 -en su totalidad y sin variación alguna- que contiene Disposiciones Transitorias para regular el retorno de salvadoreños que al momento de la declaración de emergencia por la pandemia del virus covid-19 se encontraban fuera del país. La medida fue vetada por la presidencia de la República al considerarla inconstitucional.
La normativa en cuestión tiene a la base el artículo 5 de la Constitución de la República, el cual señala que “toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca […] No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio, sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes”.
La medida aprobada el 1 de abril del 2020 establecía que, independientemente de la condición migratoria del salvadoreño, se le debían brindar las facilidades para que regresen al país; por lo que el Gobierno debía permitir su ingreso, ya sea vía aérea, terrestre o marítima.
Asimismo, el gobierno deberá gestionar medios para su transporte, en la medida que fuere posible, para las personas que tuvieron alguna dificultad con su traslado. Se tomará en cuenta el tiempo y las condiciones en que se encuentren estos ciudadanos.
Según este decreto legislativo, el retorno sería de acuerdo a un protocolo de atención y protección elaborado por el Ministerio de Salud y dependiendo de la capacidad instalada del país con respecto a la disponibilidad de centros de cuarentena para alojar a estas personas.
Al respecto, los diputados se pronunciaron y externaron su satisfacción al ratificar una normativa que permitiría a los salvadoreños en espera en el exterior que puedan regresar al país.
En ese sentido, la diputada Patricia Valdivieso (ARENA) reiteró el respaldo a los miles de salvadoreños que por la emergencia nacional quedaron fuera del territorio salvadoreño. “Estamos superando el veto que evitaba que nuestros hermanos salvadoreños regresaran a su país, a El Salvador. Nunca me imaginé que nuestras generaciones verían una pandemia, nunca me lo imaginé, pero tampoco imaginé jamás ver que se les negara la entrada a hermanos salvadoreños a su país”.
La diputada Karina Sosa (FMLN) precisó en la disposición de apoyar la superación del veto para hacer posible que regresen al país los compatriotas en el exterior. “Compatriotas salvadoreños varados, nuestros votos siempre han estado listos para ustedes […] Creemos que ustedes tienen derecho a volver a El Salvador, creemos que también tienen la obligación de asumir la cuarentena y los protocolos que se les implementen por parte de la autoridad competente, pero también sabemos que su familia está pasando un momento difícil por esta separación producto de no tener una respuesta a su situación”.
Para el diputado Lorenzo Rivas (GANA), al abordar el tema, es necesario recordar que tras las medidas implementadas en las fronteras al restringir o anular el ingreso al país “ha sido posible que no tengamos una curva tan alta y que se ha mantenido en unos niveles bastante regulares o bajos podemos decir, en comparación a los otros países de Centroamérica, como Panamá que tiene más de 6,500 infectados, al igual que Guatemala, Honduras e incluso Costa Rica”.
“La Asamblea legislativa, como representación del pueblo -porque ese es su trabajo-, en atención a múltiples peticiones, a miles de peticiones, emite un decreto legislativo para que se establecieran garantías desde una plataforma legal, para que no hubiese medidas de ningún tipo o barreras de ningún tipo que les impidiesen retornar a su país, a El Salvador, ese es el decreto que en consecuencia como Asamblea Legislativa emitimos”, precisó el diputado Rodolfo Parker (PDC).
Con una inversión de 3 millones de dólares, 82 familias que habitaban en zonas de alto riesgo recibieron las llaves de su nuevo hogar gracias al Programa de Reasentamiento que lidera el Ministerio de Vivienda.
«Este proyecto ha costado $3 millones, los fondos incluyen urbanización, materiales para viviendas y todo para que la comunidad tenga condiciones dignas y seguras», dijo la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
Las casas forman parte del Proyecto Habitacional 10 de Mayo, ubicado en la comunidad 10 de Mayo, en el cantón Llano de La Laguna, distrito de Ahuachapán, Ahuachapán Centro.
El proyecto incluye obras de urbanización, así como los servicios básicos. Las viviendas cuentan con dos dormitorios, comedor, cocina, sala y baño.
«Este proyecto es parte del Programa de Reasentamiento, con el que buscamos proteger a miles de salvadoreños que, históricamente, han vivido en zonas de alto riesgo. Con esta iniciativa, a escala nacional, se han invertido y ejecutado $56 millones», añadió Sol.
Las familias beneficiadas formaron parte del proceso de construcción bajo la modalidad de ayuda mutua.
«Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por recibir nuestras llaves. Son muchos sentimientos encontrados porque es el patrimonio de nuestros hijos. Fuimos trabajando todos de la mano; soy madre soltera, estoy muy feliz y agradecida con el presidente Nayib Bukele», expresó Ruth Serrano, beneficiada con el proyecto habitacional.
Recientemente, el Gobierno de El Salvador, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el acto de certificación de electricistas de 4. ° categoría de 25 salvadoreños retornados.
El evento fue presidido por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, quien remarcó que con este tipo de apuestas generan oportunidades de fortalecimiento de capacidades e inclusión, enfocadas en la reintegración económica y social de las personas migrantes retornadas.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, entrega su certificado a uno de los salvadoreños retornados beneficiados con dicho programa. Foto: Cancillería de El Salvador
Este tipo de proyecto se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas, que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, informó Cancillería en su sitio web.
«Desde el “Proyecto para la protección a población en movilidad”, impulsado por la Cancillería, se cuenta con una visión centrada en los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible. Por ello, la reintegración económica de las personas retornadas requiere trabajo articulado entre instituciones públicas, cooperación internacional, academia y gobiernos locales», aseguró Godínez.
Parte de los capacitados en electricidad. Foto: Cancillería de El Salvador
Asimismo, subrayó que, además de las competencias técnicas, se fortalecieron habilidades blandas en cada uno de los participantes (como el desarrollo integral, la confianza y la resiliencia).
En tanto, la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros, recordó que la reintegración no ocurre de manera inmediata ni depende de una sola institución, sino que requiere articulación interinstitucional, acompañamiento continuo y oportunidades que permitan a las personas fortalecer sus capacidades y construir nuevas perspectivas para su desarrollo laboral.
La jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros. Foto: Cancillería de El Salvador
A su vez, Medeiros, señaló que los participantes fueron beneficiados con jornadas de atención psicosocial, con las que se pretende reforzar capacidades profesionales, sociales y personales.
La Universidad Don Bosco estuvo a cargo de capacitar y certificar a los participantes, aseguró la cancillería.
América Latina y el Caribe encadenaron en 2025 desastres climáticos y olas de calor sofocaron a sus poblaciones, pero la región es incapaz de contabilizar las muertes causadas por esas temperaturas extremas, alertó un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento «El estado del clima en América Latina y el Caribe 2025», presentado este lunes en Brasilia, registra un año de récords en casi todos los frentes.
Lluvias torrenciales, con inundaciones y deslizamientos de tierra, golpearon varios países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.
El huracán Melissa devastó Jamaica, con pérdidas de más del 40 % de su PIB.
El 85 % del territorio mexicano fue golpeado por una sequía, mientras los glaciares andinos, de cuya agua dependen unas 90 millones de personas, aceleraron su deshielo.
El informe destaca las recurrentes e intensas olas de calor que asolaron gran parte de América del Norte, Central y del Sur, con temperaturas por encima de los 45 ºC en varios puntos.
El documento apunta que el calor extremo implica «una carga creciente para la salud pública».
Pero la mayoría de los países no publica de forma sistemática datos sobre los fallecimientos por calor, y los impactos suelen deducirse a partir del análisis del exceso de mortalidad.
El organismo calcula que en América Latina mueren alrededor de 13,000 personas al año por causas atribuibles al calor, según un promedio de 17 países entre 2012 y 2021. Pero advierte que esa cifra es, casi con certeza, una subestimación.
«A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable solo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud», alerta la OMM.
Existe «una necesidad imperiosa de integrar las alertas meteorológicas tempranas con los sistemas de activación de la salud pública», señala la OMM en un comunicado.
Brasil ilustra tanto la magnitud del problema como sus límites. El Instituto Nacional de Meteorología del país registró siete olas de calor a lo largo de 2025.
En febrero, Rio de Janeiro alcanzó 44 ºC y Sao Paulo batió en diciembre su récord histórico con 37.2 ºC en 64 años de mediciones.
Las escuelas retrasaron su regreso a clases, hubo gente que buscó alivio en playas y en los «refugios climáticos» habilitados por las autoridades municipales.
Pero las muertes directamente atribuidas al calor en ese período siguen siendo, en gran parte, invisibles en las estadísticas oficiales.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, dijo que el informe «es un llamado a la acción».
«Nos insta a fortalecer las observaciones, invertir en servicios, subsanar las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan», afirmó la funcionaria en un comunicado.
El Plan de Acción en Salud de Belém, aprobado en la COP30 de la ONU en noviembre, establece una hoja de ruta para adaptar los sistemas de salud a la crisis climática, recuerda la OMM, que llama en su informe a aplicarla.
