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Asamblea supera vetos de Presidente Bukele para traer a los varados en el exterior
Con 60 votos, la Asamblea Legislativa ratificó el Decreto Legislativo n° 621 -en su totalidad y sin variación alguna- que contiene Disposiciones Transitorias para regular el retorno de salvadoreños que al momento de la declaración de emergencia por la pandemia del virus covid-19 se encontraban fuera del país. La medida fue vetada por la presidencia de la República al considerarla inconstitucional.
La normativa en cuestión tiene a la base el artículo 5 de la Constitución de la República, el cual señala que “toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca […] No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio, sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes”.
La medida aprobada el 1 de abril del 2020 establecía que, independientemente de la condición migratoria del salvadoreño, se le debían brindar las facilidades para que regresen al país; por lo que el Gobierno debía permitir su ingreso, ya sea vía aérea, terrestre o marítima.
Asimismo, el gobierno deberá gestionar medios para su transporte, en la medida que fuere posible, para las personas que tuvieron alguna dificultad con su traslado. Se tomará en cuenta el tiempo y las condiciones en que se encuentren estos ciudadanos.
Según este decreto legislativo, el retorno sería de acuerdo a un protocolo de atención y protección elaborado por el Ministerio de Salud y dependiendo de la capacidad instalada del país con respecto a la disponibilidad de centros de cuarentena para alojar a estas personas.
Al respecto, los diputados se pronunciaron y externaron su satisfacción al ratificar una normativa que permitiría a los salvadoreños en espera en el exterior que puedan regresar al país.
En ese sentido, la diputada Patricia Valdivieso (ARENA) reiteró el respaldo a los miles de salvadoreños que por la emergencia nacional quedaron fuera del territorio salvadoreño. “Estamos superando el veto que evitaba que nuestros hermanos salvadoreños regresaran a su país, a El Salvador. Nunca me imaginé que nuestras generaciones verían una pandemia, nunca me lo imaginé, pero tampoco imaginé jamás ver que se les negara la entrada a hermanos salvadoreños a su país”.
La diputada Karina Sosa (FMLN) precisó en la disposición de apoyar la superación del veto para hacer posible que regresen al país los compatriotas en el exterior. “Compatriotas salvadoreños varados, nuestros votos siempre han estado listos para ustedes […] Creemos que ustedes tienen derecho a volver a El Salvador, creemos que también tienen la obligación de asumir la cuarentena y los protocolos que se les implementen por parte de la autoridad competente, pero también sabemos que su familia está pasando un momento difícil por esta separación producto de no tener una respuesta a su situación”.
Para el diputado Lorenzo Rivas (GANA), al abordar el tema, es necesario recordar que tras las medidas implementadas en las fronteras al restringir o anular el ingreso al país “ha sido posible que no tengamos una curva tan alta y que se ha mantenido en unos niveles bastante regulares o bajos podemos decir, en comparación a los otros países de Centroamérica, como Panamá que tiene más de 6,500 infectados, al igual que Guatemala, Honduras e incluso Costa Rica”.
“La Asamblea legislativa, como representación del pueblo -porque ese es su trabajo-, en atención a múltiples peticiones, a miles de peticiones, emite un decreto legislativo para que se establecieran garantías desde una plataforma legal, para que no hubiese medidas de ningún tipo o barreras de ningún tipo que les impidiesen retornar a su país, a El Salvador, ese es el decreto que en consecuencia como Asamblea Legislativa emitimos”, precisó el diputado Rodolfo Parker (PDC).
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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