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Alumnos de escuela Apaneca reciben clases en el mismo salón donde celebran bodas, cumpleaños hasta velorios
Esta es una escuela situada en Apaneca en la que los 32 estudiantes de la escuela de la comunidad El Tigre 4, los estudiantes deben de compartir su salón de clases con diferentes actividades como bodas, celebraciones religiosas, cumpleaños y hasta velorios.
La infraestructura está construida de lámina y madera, de forma que ésta se ha convertido durante los últimos dos años en la escuela que alberga a estudiantes que van de parvularia hasta cuarto grado, los niños que asisten al salón escolar improvisado son del cantón San Ramoncito de ese municipio.
Alguno de los padres de familia han manifestado su desagrado ante la situaciòn, diciendo que no envían a sus pequeños a otros centros educativos debido a algunos peligros en su trayecto.
«Vivimos cerca de una quebrada que aumenta mucho su caudal cuando llueve, y en la zona se han registrado varios asaltos y no queremos que a nuestros niños les suceda algo malo mientras caminan por las veredas» dijo Yanira Ortíz, madre de familia. Además de estos factores el no contar con un local propio se ha convertido en un problema para los estudiantes y la única profesora que atiende, de manera simultánea, todas las secciones.
Ahora en dia el problema se agrava debido a que, por las múltiples actividades realizadas en el local, los niños han sufrido pérdidas de alimentos o daños en el material didáctico que utilizan, además deben limpiar el desorden que en algunas ocasiones dejan los asistentes a esos eventos.
«Aquí si alguien de la comunidad se muere y lo velan en la casa comunal se paran las clases, si hay alguna otra actividad la gente no está acostumbrada a ser ordenada y respetuosa y algunas veces les han roto los libros o se han perdido el poco alimento que les dan a los niños» comenta María Belén Rosales, residente del caserío.
Añadió que el proyecto recibe el apoyo de la alcaldía municipal, subsiste prácticamente con las pocas regalías, esto debido a que no poseen un código por parte del Ministerio de Educación para gozar directamente de beneficios como la alimentación, paquetes escolares y uniformes.
«La escuelita aparece como un anexo a la parvularia nacional de Apaneca y al Centro Escolar General Francisco Menéndez y ellos nos pasan un poco de alimento el cual no alcanza para dar de comer a los 32 niños» agrega la madre de familia.
«Buscamos la ayuda de las nuevas autoridades de educación y al principio se mostraron muy receptivas, pero luego en la departamental nos dijeron que debemos presentar la documentación para la acreditación de la escuela hasta marzo del 2020 para que salga el código en el 2021», dijeron.
Información y fotografía cortesía de La Prensa Gráfica.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
