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“Alcaldes y alcaldesas de todo el país se reúnen para continuar gestiones a finde agilizar FODES y $75 millones BID”
La Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), llevo a cabo este día, una Reunión General de Alcaldes y Alcaldesas Municipales de todo el país, a fin de dar seguimiento a las diferentes gestiones que se realizan para el Fortalecimiento Financiero Municipal.
Esta es la segunda Reunión de carácter urgente, realizada por los Ediles en menos de un mes, preocupados ante el retraso en la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre; así como, del desembolso de $75 millones del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la primera Reunión que tuvo lugar el 17 de septiembre pasado, los Jefes Edilicios acordaron: 1. Agotar todas las instancias legales, 2. Brindar un compás de espera hasta martes 22 de septiembre, a Ministerio de Hacienda, para hacer efectivo el pago del FODES atrasado; 3. Profundizar las demandas en Fiscalía General de la República (FGR); 4. Solicitar a Corte de Cuentas de la República, realice Auditoria Especial para determinar suficiencia de fondos; y 5. Gestionar en Asamblea Legislativa, reforma a Ley del FODES, que establezca la entrega en los primeros 10 días calendario de cada mes.
Durante la actividad de hoy, la Junta Directiva, Consejo de Directores, Comisión Asesora y de Enlace Territorial de COMURES informaron las acciones administrativas y legales efectuadas por esta Corporación desde marzo a la fecha, con énfasis de junio a octubre de este año, ya que la última vez que las Municipalidades recibieron el FODES (de mayo), fue el 29 de junio. Entre estas, han solicitado una reunión al Señor Presidente de la República, para este 16 de octubre.
Los Alcaldes y Alcaldesas resaltaron que al no depositarse el FODES, el Ministerio de Hacienda está incumpliendo la Constitución de la República, la Ley de Creación del FODES y la Ley del Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal Financiero de 2020. Asimismo, el Decreto Legislativo No. 728 que designa la transferencia directa e inmediata de los $75 millones del BID a las Municipalidades, que ya es Ley de la República y de obligatorio cumplimiento, ya que fue sancionado y publicado en Diario Oficial.
Explicaron que a solicitud de COMURES, Asamblea Legislativa emitió el 27 de agosto, un Dictamen Recomendable para que Ministro de Hacienda hiciera entrega efectiva e inmediata del FODES de junio y julio, que tampoco se ha cumplido, por lo que en reunión con Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, se informó que se realizaría Auditoria Especial por retraso FODES y $75 millones de crédito BID.
Aclararon que el 10% del FODES a las 262 Municipalidades que se distribuye mensualmente, a partir de este año 2020, no depende de empréstitos, sino que proviene de los Ingresos Corrientes del Estado, asignado ya en el Presupuesto Nacional vigente.
Los Ediles dijeron que el retraso del FODES y $75 millones, afecta el trabajo de los Gobiernos Municipales, principalmente a las comunidades, para las actividades de apoyo por COVID-19, la recuperación económica, y porque estos recursos se invierten en obras y proyectos de inversión social, que están siendo paralizados, la dinamización de economías locales por la inyección de circulante en los territorios, y porque podría suspenderse la prestación de servicios básicos, como desechos sólidos, agua potable, energía eléctrica. Se suma el pago a proveedores, trabajadores en proyectos, y empleados municipales, a quienes se vulnera su derecho, entre otros.
COMURES ha realizado varias acciones, desde envió de comunicación oficial, reuniones con sectores de la vida nacional (Asamblea Legislativa, Ministerio de Hacienda, Cuerpo Diplomático), publicación de comunicados, conferencias de prensa, presentación de Avisos y otros.
Autoridades del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) confirmó que el voraz incendio originado un incendio estructural registrado en una bodega de electrodomésticos ubicada sobre la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, la tarde del jueves, no dejó a ninguna persona lesionada.Show aéreo
Fue el subteniente del CBES, Amir Osorio, quien confirmó que el siniestro no dejó víctimas.
“Se realizó una extinción de incendio estructural, nivel dos. Recibimos la llamada a eso de las 3:35 p. m., llegamos al lugar y brindamos una respuesta eficaz. Pudimos controlar el incendio cerca de cinco minutos después haber llegado a la escena y posteriormente nos hemos quedado realizando maniobras de ventilación, remoción de escombros y liberando el edificio de todo el calor que se había acumulado”, agregó el subteniente Osorio.
Osorio añadió que, tras controlar por completo las llamas, trabajarían en el lugar para indagar qué originó el fuego.
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Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas
El vicepresidente Félix Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas del derecho del trabajo ante la inteligencia artificial, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” en la República Dominicana.
En su intervención, el Vicepresidente Ulloa reflexionó sobre la evolución tecnológica de la humanidad, desde las revoluciones industriales hasta la actual revolución algorítmica, señalando que, a diferencia de los procesos anteriores, hoy los algoritmos comienzan a sustituir funciones cognitivas propias del ser humano. Este escenario, plantea un desafío central para el derecho laboral contemporáneo: cómo garantizar la dignidad humana.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones laborales, modernizar la administración del trabajo frente a nuevas formas de empleo y capacitar a jueces, abogados y operadores jurídicos ante los desafíos tecnológicos emergentes. “La justicia laboral continúa siendo el último resguardo de la dignidad humana frente a los abusos dentro del entorno económico, corporativo o tecnológico”, señaló.
El Vicemandatario, también hizo un llamado a avanzar hacia una gobernanza latinoamericana del trabajo digital, mediante la construcción de estándares regionales compatibles que permitan garantizar condiciones de protección equivalentes para los trabajadores en toda la región. Finalmente, reiteró el compromiso de El Salvador con una visión de la tecnología al servicio del desarrollo y la protección de derechos, promoviendo políticas públicas que integren innovación y justicia social en el ámbito laboral.
Durante la jornada, el Vicepresidente Ulloa, fue distinguido con una medalla de reconocimiento por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del derecho laboral y la institucionalidad democrática en la región.
El evento, desarrollado en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, reunió a destacadas personalidades, entre ellas el Rector de la Universidad UFHEC, Sr. Alberto Ramírez Cabral; la Presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Romana y Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sra. Cleopatra González Almonte; el Ministro de Trabajo de la República Dominicana, Sr. Eddy Olivares Ortega, entre otras figuras del ámbito académico y jurídico.
La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.
El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.
La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.
Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.
Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.
La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.
Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.
