Judicial
Juzgado Ambiental de Santa Ana realiza inspección en Río Ostúa por denuncia
El Juzgado Ambiental con sede en Santa Ana, recibió una denuncia el pasado 26 de noviembre interpuesta por el señor Wilber Armando Figueroa Sandoval en su calidad de dueño de una propiedad que linda con el Río Ostúa que está intermedio entre El Salvador y Guatemala, considerando que existen daños al medio ambiente con la hacienda propiedad de Figueroa de nombre La Portada con otra hacienda El Platanal que linda con Guatemala.
Por otra parte, la Alcaldía Municipal de Metapán decidió realizar una obra de paso (un puente) lo cual aduce dicha municipalidad que lo realizó en vista de una solicitud realizada por una Adesco de la población de Metapán. Dicha obra beneficiaría a un grupo de trabajadores de la ciudad calera que van a laborar a dicha finca ya en la República de Guatemala en el rubro del cultivo de melones.
La población del lugar al realizar la primera inspección se acercaron a las autoridades para explicar que ellos tienen trabajo seguro por siete meses en dicha finca y que es una de las fuentes de trabajo que año con año tiene esa comunidad ya que por la ausencia de trabajo ellos logran esos siete meses tener un salario fijo y así hacer un ahorro para los meses que no realizan dicha actividad. Sin embargo, el propietario de La Portada quien han conformado una fundación y que entre unos de sus rubros está la protección al medio ambiente aduce que cuando se realizó esa obra se desvió el cauce del río y en las épocas de invierto provoca un rebalse para el lado de El Salvador.
Esta ha sido la segunda inspección realizada en dicho lugar ya que anteriormente se tuvo otra denuncia por una contaminación en el río.
La denuncia actual se recibió porque hay una propiedad afectada en territorio salvadoreño. Al llegar a Metapán los técnicos de la Alcaldía informaron que la obra de paso no está en este país sino que está realizada en territorio guatemalteco y fue realizada en base a un recalculeo de la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro donde dice que la línea fronteriza ya no está a mitad del río, porque antiguamente era considerado que a la mitad de los ríos era la división entre ambas repúblicas.
En base al recalculeo realizado el cual dice que está más atrás la línea fronteriza se suspendió la audiencia y se reprogramó para ser realizada el lunes de esta semana con la participación de todos los actores locales involucrados como son la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro, la Alcaldía de Metapán, la Fiscalía General de la República, la Policía de Medio Ambiente, Soberanía Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y los afectados quienes decidieron convocar también a los señores de Aduanas por la razón que ahí se ha realizado un punto ciego de paso.
Para la juzgadora no es de su competencia si existe o no un punto ciego. A ella le corresponde determinar el daño ambiental. Si el daño ambiental efectivamente se da por esta obra de paso y como ellos lo argumentan viene de la República vecina y como jueza no podría hacer nada más que dar los informes a las instituciones respectivas para lo cual ella ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente haga un estudio de esas circunstancias denunciadas por dicha obra que ha desviado el cauce del río y está haciendo afectaciones. Las obras que se pueden hacer aquí en el país para evitar esas circunstancias las podría resolver la señoría pero si fuese necesaria una demolición del puente ya no es de su jurisdicción al no ser vista como objeto de imposición de una medida cautelar y si está en el país vecino ya no se tiene competencia.
La jueza encomendó a la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del CNR que realice un levantamiento topográfico en base a los antecedentes históricos y que ellos determinen hasta donde llega la línea fronteriza de El Salvador. Ellos argumentan que eso no tendrá validez para Guatemala pero si lo tendrá para este país y eso le permitirá a la señoría tener el marco de actuación para dicho juzgado.
En este caso, es evidente que hay un daño pero lo que mantiene en suspenso es determinar hasta donde la jueza puede actuar y en base a dicha investigación se podrá ver esta problemática denunciada, ayudando a que se activen todas las instituciones inmersas en la protección del medio ambiente y evitar que a raíz de esas circunstancias se ha visto una actuación con falta de orientación para la municipalidad metapaneca en qué trámites realizar y qué tener a la mano antes de hacer una obra como la que ya fue realizada. Al mismo tiempo les servirá de sustento por estar en una zona fronteriza para conocer hasta donde llega su jurisdicción territorial para acceder a las peticiones de su misma comunidad.
Este caso es importante porque ayudará a determinar estas afectaciones al medio ambiente en este caso al recurso hídrico como es el del Río Ostúa y permitirá tener a las demás instituciones con un margen de actuación para poder abordar esta problemática ya que no solo se da en ríos sino en muchas partes del territorio nacional y es importante no solo contar históricamente hasta donde llega la línea fronteriza sino documentalmente para tener el bien claro y específico en el marco de actuación. Se les dio 25 días hábiles y se espera próximo de la semana santa ya tener una respuesta antes del invierno que es donde se sufre más por estos impactos que los denunciantes han hecho del conocimiento de dicha sede judicial.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
