Internacionales
VIDEO | ¿Dónde está Maia? El secuestro de una niña de 7 años que conmociona a Argentina
La desaparición de Maia Yael Beloso, una niña de siete años que vivía en la calle junto con su mamá y que fue secuestrada el lunes pasado en la ciudad de Buenos Aires, provocó una conmoción social en Argentina, en donde se están llevando a cabo operativos nacionales de búsqueda y campañas para dar con su paradero.
«¿Dónde está Maia?», es la pregunta que comenzó a replicarse en redes sociales y en medios de comunicación desde que se emitiera el Alerta Sofía, un mecanismo de emergencia operado por el Ministerio de Seguridad de la Nación ante casos de niños, niñas o adolescentes que puedan encontrarse en grave peligro y que debe su nombre a Sofía Herrera, una niña de tres años desaparecida en septiembre de 2008 y que todavía no ha sido localizada.
«Buscamos a Maia Yael Beloso. La niña fue vista por última vez el 15 de marzo de 2021 a las 09:17 en el cruce de la colectora Dellepiane y Larrazábal, Barrio Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La niña podría encontrarse en compañía de una persona de sexo masculino, de alrededor de 40 años de edad y aproximadamente 1,70 metros de altura», señala el aviso oficial que ya recorre el país.
Como señas particulares, agrega que la niña es delgada, de tez trigueña, de cabello negro, lacio y largo hasta la cintura y ojos oscuros. Se muestra una foto en la que Maia posa sonriente, vestida de camisa blanca y un lazo rosa alrededor del cuello.
En otro aviso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indica que la menor tiene una cicatriz por quemadura en el brazo derecho y que la última vez que fue vista vestía una camiseta rosa con el dibujo de un oso, un short rosa con flores y sandalias del mismo color.
«Desapareció junto a un hombre que le prometió una bicicleta más grande de la que ya tenía. El lugar donde aparece la bici toda rota es Dellepiane y Miralla. Maia no aparece y el hombre tiene denuncias por abusos de menores», advierte otro cartel que muestra imágenes del hombre con el que la niña fue vista por última vez. Se llama Carlos Savanz y tiene 35 años. Es delgado, moreno y vestía una gorra.
Denuncia
Estela, la madre de la niña, explicó en varias entrevistas en televisión que ambas viven en la calle, en el Barrio Cildañez, y que hace un mes conocieron a «Carlitos», un hombre con el que comenzó a «cartonear», es decir, a separar residuos que luego revenden a empresas recicladoras.
Agregó que el lunes por la mañana autorizó a que el hombre se llevara a la niña para cambiarle la bicicleta porque le tenía confianza, pero nunca más volvió, por lo que acudió a la comisaría de la zona para interponer una denuncia. Vecinos del barrio incluso cortaron una autopista para dar a conocer el caso y el martes se lanzó el Alerta Sofía.
Ese mismo día, un hombre fue detenido en la provincia de Buenos Aires ya que tenía el mismo nombre que el acusado, pero luego se descubrió que era su primo y que tenía un pedido de captura en una causa por trata de personas.
Mientras en las redes sociales se viralizaban los pedidos de búsqueda, policías de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires realizaron rastrillajes, algunos de ellos acompañados por la madre de Maia.
Además, gracias a las cámaras de seguridad se pudo comprobar el recorrido que siguió la niña junto a su secuestrador. Las imágenes los muestran en una estación de tren que atraviesa ambas localidades.
Mientras sigue la búsqueda, la madre ya imploró: «Lo único que quiero es que baje la fiscalía y que aparezca Maia con vida».
Cecilia González
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador realizó hoy domingo un simulacro a nivel nacional en el que se probó de manera total el sistema informático y logístico de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales programada para el próximo 13 de abril, informó el organismo.
El CNE indicó en un comunicado que el proceso se desarrolló de manera simultánea en las 24 delegaciones electorales provinciales y en el exterior, al poner a prueba todos los aspectos técnicos y operativos del proceso electoral, así como el funcionamiento de las Juntas Receptoras del Voto.
Durante el ejercicio se evaluó también el Sistema de Procesamiento y Transmisión de Resultados, además de ponerse en práctica la aplicación de un plan de riesgos y contingencias ante la actual temporada invernal en el país.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, inauguró la mañana de este domingo el simulacro nacional en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, cuya capital es Quito, en un acto que contó con la presencia de delegados de organizaciones políticas y observadores internacionales.
«A siete días de realizar la jornada de votación estamos cumpliendo hoy con un nuevo hito democrático, al ejecutar el simulacro nacional en cada provincia del país y también en el exterior», dijo la funcionaria electoral.
Añadió que el simulacro es una muestra de que Ecuador se prepara con rigor, con planificación y con transparencia para que el día de la elección no haya algún margen de error.
«Cada voto cuenta y cada voto, como siempre lo hemos hecho, será absolutamente respetado para que sea el soberano el que se pronuncie», apuntó.
Atamaint indicó que el CNE junto con otras entidades estatales monitorea el impacto de las fuertes lluvias que afectan a varias provincias para decidir eventuales cambios de recintos de votación.
Indicó, además, que hasta ahora 14 de las 24 provincias del país ya han recibido las papeletas de votación y el material electoral para los comicios venideros.
Poco más de 13,7 millones de ecuatorianos, dentro y fuera del país podrán elegir el 13 de abril al nuevo mandatario entre los candidatos presidenciales Luisa González, afín al izquierdista expresidente Rafael Correa (2007-2017), y el actual presidente y candidato a la reelección, el empresario Daniel Noboa.
El balotaje se avizora reñido, después de una primera vuelta ajustada efectuada el 9 de febrero pasado, en la que Noboa obtuvo el 44,17 por ciento de los votos y superó por estrecho margen (16.746 votos) a González, quien alcanzó el 44 por ciento.
La campaña electoral que inició el 23 de marzo pasado terminará el próximo 10 de abril, luego de lo cual regirá un silencio electoral para meditar el voto.
La cifra de muertes a causa del terremoto de Myanmar llegó a 3.564 hasta este domingo por la noche, reportó el Equipo de Información del Consejo de Administración Estatal de Myanmar.
Además, se confirmó que, hasta este mismo día, otras 5.012 personas resultaron heridas y 210 siguen desaparecidas debido al terremoto.
Las autoridades locales, así como organizaciones de rescate locales e internacionales informaron que han brindado atención a 653 personas atrapadas en edificios tras el terremoto y recuperaron 682 cuerpos de entre los escombros.
La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.
El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres años con comerciantes y transportistas principalmente.
Su poder de intimidación desafía al impopular Gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del Ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima.
«Hasta la fecha tenemos […] 500 colegios extorsionados» a escala nacional, señala a la AFP Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.
De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.
Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron bajo reserva.
«Es prácticamente como una pandemia, pero con armas», afirma un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima.
A las afueras un grupo de cinco militares y policías vigilan el ingreso de los alumnos.
MIEDO
En la primera semana de marzo la institución que recibe a 1,200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no causó víctimas, pero sí daños en la puerta principal y obligó a iniciar clase de manera virtual.
Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a las directivas 100,000 soles (unos $27,000) para no atacar.
Después del atentado llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del colegio San Vicente bajo anonimato. «Ya te exploté tu colegio y aún sin darme solución», se lee en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece en la grabación.
El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o un «padre de familia dentro o fuera del colegio».
Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.
Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17,000 instituciones y 2.5 millones de estudiantes forman parte de la red privada.
Ante «tanto miedo y tensión», familias están considerando no enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.
COSTO POLÍTICO
El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.
El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a la Policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de millones de peruanos.
«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha una explosión», se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de 30 años.
Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió sus actividades también por extorsión.
Según la Policía, en 2024 recibió 19,443 denuncias por este delito frente a las 22,294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo.
